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ello, sin fuerza ni com<strong>pe</strong>tencia para recaudar los fondosnecesarios para ejercer sus funciones públicas.En un estudio desarrollado por Agenda Perú a fines de1999, 89 se señalan los siguientes problemas principalesque deben ser enfrentados para una reforma del PoderEjecutivo: (i) la concentración y centralización del poder;(ii) la falta de equipos técnicos y políticos de primernivel y la excesiva rotación de <strong>pe</strong>rsonal; (iii) la escasezde políticas sectoriales claramente definidas surgidasde un amplio debate y capaces de generar consensoso<strong>pe</strong>rativos; (iv) un proceso de privatizaciones —particularmentede los servicios públicos— desvinculado deobjetivos de mediano y largo plazo y con débil capacidadde regulación desde la gestión pública; (v) la ausenciade esfuerzos de concertación con los diversosgrupos de la ciudadanía —incluyendo la oposición política—en asuntos que requieren un horizonte temporalde largo plazo y, finalmente, (vi) la carencia e ineficienciade programas sociales de mediano y largo plazo (salud,educación, empleo) que contribuyan a la igualación deoportunidades, pues más bien se ha otorgado prioridada programas temporales de lucha contra la pobreza ycom<strong>pe</strong>nsación social.Desde el enfoque de la MCLCP, la democratización dela institucionalidad estatal y su fortalecimiento son componentesindis<strong>pe</strong>nsables en la lucha contra la pobreza.Es necesario democratizar el Estado para que expresey represente al conjunto de la sociedad, canalizando ypotenciando el protagonismo de la propia población enpobreza —y, sobre esa base, su fortalecimiento comoinstitución pública—, para garantizar el ejercicio de losderechos y responsabilidades de todos los <strong>pe</strong>ruanos,la construcción de equidad y la promoción de un desarrollointegral que articule la política económica y laspolíticas sociales con objetivos de desarrollo humano.Desde este enfoque, revisaremos lo avanzado en este <strong>pe</strong>riodopor el Estado en lo que res<strong>pe</strong>cta a la construcción deinstitucionalidad democrática y a la orientación y desem<strong>pe</strong>ñode algunas políticas públicas sectoriales más directamenterelacionadas con la su<strong>pe</strong>ración de la pobreza.1. La construcción de lainstitucionalidad democráticaEntre fines del año 2000 y 2006, el Gobierno de Transiciónde Valentín Paniagua, y luego el Gobierno de AlejandroToledo, actuaron bajo el impulso democratizadordel movimiento social y el bloque antidictatorial (partidospolíticos, Iglesias, organizaciones sociales y la OEA) quelograron la caída del Gobierno de Fujimori. Ambos <strong>gob</strong>iernosrestablecieron y res<strong>pe</strong>taron las reglas básicas del juegodemocrático: libertad en el Congreso, en los medios decomunicación, libertad de movilización y protesta, y en general,res<strong>pe</strong>to por las libertades civiles y políticas básicas.Además, en este <strong>pe</strong>riodo hubo un impulso importantea la a<strong>pe</strong>rtura y desarrollo de mayores nexos entre elEstado y la sociedad. Se promovió la descentralizaciónpolítica y administrativa, se abrieron múltiples espaciosde diálogo y concertación entre el Estado y la sociedadcivil y se institucionalizó el ejercicio de la transparencia yla rendición de cuentas.Ello no obstante, no se llegó a enfrentar la reestructuracióndel conjunto del Estado (el Congreso no concretala reforma amplia de la Constitución de 1993,salvo en importantes as<strong>pe</strong>ctos relativos a la descentralizacióny la promoción de la participación), y no seabordaron —o quedaron a medias— otras reformascruciales para su democratización, como las del PoderEjecutivo, del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadasy de la Policía.89 Guerra García, Gustavo. La reforma del Estado en el Perú: Pautas para reestructurar el Poder Ejecutivo. Lima: Agenda Perú, 1999.86Sección 1: Balance de la lucha contra la pobreza 2001–2006

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