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Esta institucionalización democrática —más allá de vacíos y limitaciones— ha sido uno de los principales logrosen el periodo en cuanto a la lucha contra la pobreza, pues es de vital importancia para encauzar capacidades dedecisión de las poblaciones que viven en esa situación. Sin embargo, estas reformas democráticas demandabanuna reforma integral del Estado —particularmente del Poder Ejecutivo—, así como de diversos sistemas e instrumentosde la administración pública. Estas reformas no se llegaron a concretar, lo que restó fuerza y efectividad ala nueva institucionalidad.3.2. Las políticas económicasPor el contrario, el marco general de la política económica no dio prioridad a la lucha contra la pobreza sino a lareducción del riesgo-país para las grandes inversiones foráneas, por sobre la atención a la demanda social internay la reactivación de los mercados internos. Se actuó bajo el supuesto de que, al favorecer las grandes inversiones—orientadas fundamentalmente a la exportación—, el crecimiento que estas generan repercutiría luego, de por sí,en los sectores en pobreza, sin desarrollar suficientemente y fortalecer mecanismos de redistribución y conexiónde ese crecimiento hacia el conjunto del país. Si bien el mantenimiento de la estabilidad de la economía fue unlogro favorable para el objetivo de enfrentar la pobreza, la orientación de la política macroeconómica, el pobreinterés en el agro y una política laboral que, no obstante la restitución de algunos derechos, mantuvo altos nivelesde desprotección del trabajador, fueron elementos sustantivos para que el crecimiento económico no repercutierasignificativamente en la reducción de la pobreza y, a la vez, se reprodujera y ampliara la desigualdad.3.3. Las políticas socialesEn el campo de las políticas sociales, hubo una renovación importante en el diseño de políticas y en elaboracionesnormativas, como la nueva Ley General de Educación, la estrategia nacional de seguridad alimentaria, regulacionesen salud, planes nacionales de equidad y otros. En general, se puso mucho interés en la responsabilidad públicadel Estado, la calidad y la equidad. No obstante, si bien en la aplicación práctica hubo avances parciales en esadirección —entre los que se puede destacar aspectos de atención a la infancia, medidas en la revalorización delmagisterio o el establecimiento del Seguro Integral de Salud—, sus concreciones e impacto aún son débiles. Asu vez, con relación a los programas sociales de asistencia, se plantearon enfoques para superar la orientaciónasistencialista y el manejo clientelista, pero no se llegó a materializar una efectiva reestructuración de estos programas.Un avance renovador —aunque aún desarticulado— fue el inicio del programa de transferencias directas“Juntos”. Trabas importantes han sido la inadecuación e ineficiencia del propio aparato estatal y, particularmente,el desencuentro entre las políticas sociales y el marco de la política económica, que dejó poco espacio para lainversión social en este periodo, amén de la escasa voluntad política para darle prioridad.3.4. Otras políticas prioritariasOtras políticas clave en la lucha contra la pobreza han sido las propuestas de reforma en el sector Justicia (queincorporaron importantes aspectos de equidad) y las fuerzas policiales (orientadas a la seguridad ciudadana). Sinembargo, la primera no se llegó a aplicar y la segunda fue parcialmente desactivada. Ha sido importante el iniciode la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y la aprobación del PlanNacional de Reparaciones. En servicios públicos como agua, saneamiento y electrificación no hubo una atenciónimportante y primó la tendencia al estancamiento.24Sección 1: Balance de la lucha contra la pobreza 2001–2006