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En este contexto, el cambio se hace más difícil y la reformaha <strong>pe</strong>rdido prioridad. No obstante, se ha podidoavanzar en algunas medidas de importancia, como lasseñaladas res<strong>pe</strong>cto al acceso, la reducción de la provisionalidadde los jueces, el desarrollo de los tribunalesanticorrupción y es<strong>pe</strong>cializados en terrorismo o la reducciónde com<strong>pe</strong>tencias de la justicia militar por jurisprudencia.364 La promesa del Poder Judicial de autorreformarseno se ha concretado, se ha avanzado poco yno existe un movimiento interno de reforma que impulselos cambios estructurales que se requieren.Ampliación de recursos para el PoderJudicialLos recursos para el Poder Judicial se incrementaron demanera importante: entre 2001 y 2006 el presupuestocreció 52 por ciento. Se aumentaron sustantivamentelos sueldos de los magistrados, <strong>pe</strong>ro no así los del <strong>pe</strong>rsonaladministrativo.Aprobación del Plan Integral deReparaciones a las víctimas de la violenciapolítica y débil prioridad en la asignaciónde recursosEn materia de justicia en el país, cabe resaltar el reconocimientode la deuda que tiene el Estado con las<strong>pe</strong>rsonas, familias y con comunidades enteras afectadasen sus derechos fundamentales como consecuenciade la violencia política, así como su derecho auna efectiva reparación y a la sanción de los responsables.En 2001, el Gobierno de Transición creó laComisión de la Verdad, y luego, al iniciar su <strong>gob</strong>ierno,el presidente Alejandro Toledo amplió su composicióny denominación pasando a llamarse Comisión de laVerdad y Reconciliación (CVR). Su finalidad fue esclarecerlos hechos y responsabilidades de violación dederechos humanos producidos entre mayo de 1980y noviembre del año 2000, y proponer iniciativas paraafirmar la paz, la justicia y la reconciliación nacional.Uno de las conclusiones fundamentales del InformeFinal de la CVR fue el señalamiento de que la mayoríade víctimas fueron los pobres del campo quechuahablanteso de lenguas nativas.Luego de que la CVR entregara su Informe al país, enagosto de 2003, se dio una respuesta más o menosrápida del Gobierno al estudiar y aceptar las recomendaciones,y establecer los canales para viabilizarlas. Enfebrero de 2004 se creó la Comisión Multisectorial deAlto Nivel (CMAN), encargada del seguimiento de las accionesy políticas del Estado en los ámbitos de la paz,la reparación colectiva y la reconciliación nacional. Mientrasse elaboraba el Plan Integral de Reparaciones, sefue avanzando en la aplicación de algunas recomendaciones,en particular reparaciones materiales y simbólicascolectivas y, limitadamente, en as<strong>pe</strong>ctos de judicialización.La CMAN solicitó para las reparaciones unpresupuesto de 111 millones de soles para el <strong>pe</strong>riodo2005-2006; no obstante, el Ejecutivo —y luego el Congreso—solo aprobaron 10 millones para 2005 y luego15 millones (sujetos a recursos del FEDADOI) para 2006,sin incorporar las reparaciones individuales. Finalmente,en julio de 2005, se aprobó el Plan Integral de Reparaciones(PIR), y en 2006 su reglamento. Dos asuntos departicular importancia que aún están <strong>pe</strong>ndientes son elRegistro Nacional de Víctimas y la resolución de mecanismospara viabilizar las reparaciones individuales.Si bien la implementación de canales y medidas parallevar a cabo las recomendaciones de la CVR ha sidorelativamente rápida en comparación con otros casossimilares en América Latina, los recursos asignados364 Sentencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema estableciendo que los delitos de función solo pueden ser cometidos por militares en actividad ysolo pueden tratarse en las cortes militares casos en los que se lesionen bienes jurídicos de naturaleza militar.Parte 2: Desem<strong>pe</strong>ño de los actores 211

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