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del propio Poder Judicial. Aun cuando la CERIAJUS seconformó a iniciativa del Ejecutivo, integró a las distintasinstancias del sistema de justicia y apostó por construirconsensos en conjunto. En general, y en comparacióncon la década pasada, en los últimos cinco años lasinstituciones de justicia actuaron con relativa independenciade los otros poderes del Estado.Medidas iniciales de mayor acceso a lajusticia y grandes retos pendientes 362Algunos pasos para mejorar el acceso a la justicia hansido la exoneración del pago de aranceles judicialesa los habitantes de 516 distritos en situación de pobreza,la creación de juzgados de paz letrados en lascomisarías, así como la simplificación de algunos procedimientoscomo el de la demanda de alimentos o lainstalación de juzgados comerciales. Otro paso significativoha sido el desarrollo del programa AsesoríaLegal Gratuita (ALEGRA) del Ministerio de Justicia, dirigidoa los sectores más pobres de la población. Tienesiete oficinas descentralizadas, 363 atiende asuntos defamilia y derechos humanos y cuenta con oficinas enocho penales del país. Los logros aún son limitados yel número de oficinas insuficiente para responder a lademanda, siendo aún un reto fundamental el garantizarla defensa y asesoría legal gratuitas a las personasde escasos recursos.En cuanto al fortalecimiento de la justicia de paz, losavances son importantes pero aún insuficientes. Se hacreado la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia dePaz (ONAJUP), y también instalado juzgados de paz enciudades de alta densidad poblacional. No obstante,pese a que los jueces de paz atienden cerca de 40por ciento de la demanda de administración de justicia,no han merecido aún la atención que requieren del PoderJudicial desde la perspectiva de su fortalecimientoinstitucional: reconocimiento de la función jurisdiccionalque desempeñan, dotación presupuestal y capacitaciónpermanente, y aún está pendiente su verdaderaintegración en el sistema judicial.Dos retos pendientes, importantes para el acceso a lajusticia, son, por un lado, en lo económico, la eliminacióno asignación equitativa de las tasas judiciales, y porotro lado, en lo cultural, la obligación de contar con intérpretesen las dependencias policiales y judiciales, asícomo de incorporar en la formación y evaluación de losmagistrados el conocimiento de los idiomas habladosen los distritos donde se ubican los despachos.Pérdida de prioridad de la reforma judicialy poca voluntad de cambio de jueces yfiscalesLas recomendaciones de la CERIAJUS fueron asumidascon suma lentitud por las instancias correspondientes.En el Congreso, los proyectos planteados,salvo algunas excepciones, no recibieron mayor atención.De los 52 proyectos de reforma legal enviados,22 por ciento se concretó en leyes. En el Ejecutivo,luego de la salida del ministro Kresalja, la reforma parecehaber perdido fuerza, y el Poder Judicial y el MinisterioPúblico muestran una resistencia cada vez mayor.Salvo algunos aspectos puntuales como la ampliaciónde funciones de la justicia anticorrupción o la exoneraciónde tasas judiciales a distritos en extrema pobreza,el grueso del plan sigue sin ser asumido. Por su parte,los partidos políticos no le han dado importancia altema y no se han pronunciado sobre el contenido delplan de reforma.362 Para identificar estas medidas nos hemos basado en el documento de trabajo presentado por el Acuerdo Nacional, el Consejo de la Prensa Peruana y el GrupoGobernabilidad de la Cooperación Internacional al “Diálogo sobre Gobernabilidad”, realizado en Lima en noviembre de 2005, en la parte referida a Justicia, pp.23-24.363 Arequipa, Lima (San Juan de Miraflores, Los Olivos), Trujillo, Huancayo, Huaraz e Ica.210Sección 1: Balance de la lucha contra la pobreza 2001–2006