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la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Susprincipales propuestas son las siguientes: 357• Establecimiento de una política de acceso a la justiciacon la mejora y ampliación de la cobertura deservicios (construcción de nuevos módulos básicosde justicia 358 y fortalecimiento de los existentes).• Desarrollo de Consultorios Jurídicos Populares 359y Defensorías de Oficio, ampliando los servicios delos consultorios y reestructurando y ampliando losservicios de defensa de oficio.• Fomento del uso voluntario de la conciliación extrajudicialy desconcentración de los centros deconciliación.• Fortalecimiento de la defensa de los intereses judicialesdel Estado adecuando el marco normativo,es<strong>pe</strong>cializando a los procuradores públicos y aplicandoun sistema de control y su<strong>pe</strong>rvisión.• Establecimiento de políticas para su<strong>pe</strong>rar las barreraseconómicas, lingüísticas y culturales, como elsinceramiento de costos de las tasas judiciales y laexoneración de su pago para las <strong>pe</strong>rsonas de bajosrecursos, la designación de magistrados bilingües, eluso de intérpretes y el empleo del <strong>pe</strong>ritaje cultural. 360• Fortalecimiento de la justicia de paz 361 y complementariedadcon la justicia comunal. Entre otrasmedidas, se propone la elección directa de los juecesde paz, la creación de juzgados de paz, la leyde desarrollo constitucional de la justicia comunal yprogramas de sensibilización y capacitación sobreel estado pluricultural de derecho.Por último, otra política importante en relación al accesoa la justicia fue la elaboración del Plan Nacional de DerechosHumanos, bajo la dirección del Ministerio de Justicia,en cumplimiento de las recomendaciones de la CVR.Si bien el plan alude al conjunto de derechos humanos—y, por lo tanto, al conjunto de políticas públicas—, esun referente sustantivo en el campo de la justicia, particularmenteres<strong>pe</strong>cto de los derechos civiles y políticos.El Plan plantea promover la universalidad, inde<strong>pe</strong>ndenciae indivisibilidad de los derechos humanos, así como elderecho al desarrollo, y señala que se proporcionará unamayor protección a los grupos vulnerables.Desem<strong>pe</strong>ños y resultadosRestitución de la inde<strong>pe</strong>ndencia básica delPoder JudicialEl Gobierno de Transición tomó medidas de urgenciapara desmontar el control externo del Poder Judicial.Para ello se propusieron y aprobaron leyes en el Congresoque limitaron la función de los magistrados provisionalesy desactivaron las Comisiones Ejecutivas delPoder Judicial y del Ministerio Público, creándose ConsejosTransitorios en su reemplazo. También fue crucialla restitución de las potestades del Tribunal Constitucionaly del Consejo Nacional de la Magistratura, luego dela renuncia de sus miembros en el año 2000.Durante el Gobierno de Alejandro Toledo se dejaron losasuntos de la justicia en manos de las autoridades judiciales,res<strong>pe</strong>tando las iniciativas de reforma que venían357 La Rosa, J. “Pobreza y acceso a la justicia…”, ob. cit.358 Los módulos básicos de justicia se desarrollan en la década de 1990 y tuvieron buenos resultados como centros de atención múltiple con la presencia del juez,el fiscal y la policía.359 Los consultorios jurídicos populares se ocupan de asuntos civiles y no <strong>pe</strong>nales. Se plantea ampliarlos pues en la actualidad solo hay treinta.360 Orientado a ilustrar al juez para que tenga en cuenta la cultura de la otra <strong>pe</strong>rsona.361 El juez de paz administra justicia en delitos menores (las faltas). Es la forma más importante de resolución de conflictos en las zonas rurales. Pueden ayudar aeliminar barreras geográficas, culturales y económicas (no se les paga; a veces cobran para los trámites). Su<strong>pe</strong>ran en número a jueces y fiscales: estos suman1.600 y los jueces de paz son aproximadamente 5.400. En general, el apoyo que se les da es débil.Parte 2: Desem<strong>pe</strong>ño de los actores 209

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