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En lo que se refiere a las percepciones de inseguridaden Lima Metropolitana, la tendencia sigue más o menosestable, aunque pareciera haber una leve mejoría. Segúnencuestas de IMASEN, 6,9 por ciento de las personasconsideraban en 1998 su zona segura y en 2003,9 por ciento, mientras que las personas que considerabansu zona insegura eran 41,7 por ciento en 1998 y34,3 por ciento en 2003.Respecto a la incidencia de robos, esta parece más omenos estable. Entre 2001 y 2003, las personas quedeclararon haber sido ellas o sus familias objeto de algúnrobo descendieron muy levemente de 38 por cientoa 35 por ciento, siendo su incidencia mayor en lossectores medios y altos (45,7 por ciento). Por otro lado,si bien la preocupación por los robos continúa siendomayoritaria, ha disminuido en el periodo 2001-2003 de66,3 por ciento a 54,1 por ciento, mientras que ha aumentadola preocupación por el pandillaje (de 17 porciento a 23,5 por ciento), que afecta principalmente alas zonas más pobres, y la drogadicción (de 7,9 porciento a 20,4 por ciento).Finalmente, en cuanto a la aprobación de la PNP porla población, según encuestas aplicadas por IMASEN,se aprecia una cierta evolución favorable: pasó de 39,6por ciento en 2001 a 47,3 por ciento en 2003.4.2. Acceso a la justiciaEl sistema de justicia en el país es una de las áreas dela gestión pública en la que se manifiesta con mayordramatismo la discriminación y la desprotección de lossectores más débiles de la población. Expresa las profundasdesigualdades sociales —“no hay igualdad anteel policía, el juez, el fiscal” — y, a la vez, las alimentay reproduce. Su transformación demanda un esfuerzonacional colectivo y prolongado.El 35 por ciento de la población no tiene acceso a la justicia348 porque existen diversos tipos de barreras que selo impiden: geográficas (lejanía), económicas (costos),sociales (racismo, exclusión social), culturales y lingüísticas(no se respeta las diferencias culturales y se impartela justicia en castellano 349 ), y de género (machismo e inequidad).A su vez, hay muy pocos jueces y fiscales, asícomo defensores de oficio (para atender a la poblaciónen pobreza que no cuenta con dinero). Hay seis jueces,5,6 fiscales y un defensor de oficio por cada 100 milhabitantes, lo que ha incrementado paulatinamente lacarga procesal haciendo cada vez más lentos, engorrosose ineficientes los procesos. 350 Por estas razones,así como por su falta de independencia frente al poderpolítico y económico, y por los altos niveles de corrupciónque presenta, el sistema de justicia tiene una bajacredibilidad y la ciudadana desconfía de él.Esta falta de presencia y eficacia del sistema judicial,particularmente en las zonas rurales, es reemplazadapor la pervivencia de formas comunales de administraciónde justicia, las rondas campesinas y la justicia depaz, pero también por formas violentas en vista de lacarencia de autoridades que hagan cumplir la ley. 351En la década de 1990 se dieron varios impulsos ala reforma del Poder Judicial, todos frustrados por la348 PNUD, Informe 2001.349 La mayoría de jueces no conocen la lengua o los dialectos que se hablan en las localidades donde ejercen sus funciones.350 La Rosa, Javier. “Pobreza y acceso a la justicia en el Perú”. Ponencia presentada al grupo de trabajo de la MCLCP. Lima, octubre de 2005.351 Según un informe de la Policía Nacional, en 2004 se registraron en el Perú 1.993 linchamientos contra varones y mujeres acusados de actos delictivos. Lamayoría de infractores fueron sorprendidos en flagrante delito. La Rosa, J. ,ibíd.Parte 2: Desempeño de los actores 207