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monitorear estas políticas. Asimismo, por mandato dela ley, se van constituyendo comités regionales, provincialesy distritales, incorporando también a autoridadesestatales y organizaciones de la sociedad civil con la funciónde formular diagnósticos y planes locales de seguridadpública, canalizar recursos comunales para el apoyodel trabajo policial, y evaluar y supervisar las actividadespoliciales. El avance en la instalación de los comités hasido significativo —en las 26 regiones, 193 provincias y82 por ciento de los distritos—, sin embargo, por ser unapropuesta reciente y no muy conocida, todavía es pococonsiderada por los diversos actores locales, lo que imponela necesidad de potenciar estos espacios.Tomando en cuenta que la población tiene una importantetradición organizativa para enfrentar problemas deseguridad, en el periodo analizado se buscó su consolidación.Así, se estimuló la organización de juntasvecinales que la policía ya venía promoviendo desdefines de la década de 1990 a partir de la Dirección deParticipación Ciudadana. También se dio impulso a laparticipación en el ámbito rural promulgando una leyespecífica sobre rondas campesinas, que reconocesus campos de acción e institucionalidad, y se firmó unconvenio de cooperación entre el MININTER y la CoordinadoraNacional de Rondas Campesinas con el fin decoordinar acciones.Presupuesto: más recursos y deficienteasignaciónLos recursos asignados al MININTER y a la seguridadciudadana, como hemos visto, fueron insuficientes. Espreciso fortalecer las comisarías y se calcula que hacenfalta 150 comisarías 345 nuevas. Los sueldos de los policíassiguen siendo bajos y se requiere un incrementoneto de efectivos policiales, particularmente para atenderde manera adecuada los conos de Lima y muchaszonas no cubiertas en las regiones. El presupuesto delMININTER para 2006 asciende a 3’168.000 de soles,habiéndose solicitado 4’436.000.En el periodo se hicieron esfuerzos por aumentar estosrecursos. Por un lado, hubo incrementos de recursosregulares destinados al sector y, por otro, se establecieronmecanismos para canalizar nuevos recursos; elmás significativo fue la creación del Fondo de DefensaNacional y Seguridad Ciudadana, con recursos provenientesde la explotación minera, que se inició con unpresupuesto de 40 millones de dólares. El 25 por cientodel fondo debe destinarse a la seguridad ciudadana.No obstante, medidas más recientes 346 han generadopreocupación sobre su efectiva orientación a las necesidadesmás apremiantes de los servicios de seguridadseñalados. También cabe mencionar iniciativas paracanalizar recursos de los sectores empresariales y lasociedad civil, como la campaña “Amigos de la Policía”,en una primera etapa.Niveles de impactoEs muy difícil conocer el impacto efectivo de estas políticas.Las cifras que se manejan son poco confiables ydispersas, habiéndose medido con mayor frecuencia laspercepciones sobre seguridad ciudadana más que suincidencia en el delito. Basándonos aún en informaciónparcial, 347 se pueden señalar las siguientes tendencias:345 Solo 1.000 de los 7.700 patrulleros entregados están operativos y en algunas comisarías ni siquiera hay teléfono ni sistemas de comunicación.346 En 2004 se disponen aumentos desproporcionados en los sueldos de los grados altos (50 por ciento para los generales y 100 por ciento para los coroneles),y por otro lado, se reinician gastos en infraestructura de cuestionable prioridad. Se gasta 1’200.000 dólares en 76 vehículos de uso particular de generales ycoroneles, cuando todo el presupuesto del Ministerio del Interior para infraestructura en 2005 fue de 2’100.000 dólares. Rospigliosi, F. “La frustración de lareforma…”, ob. cit. p. 88.347 Para esta parte recogemos los datos de encuestas de IMASEN, encargadas por IDL y citadas por C. Basombrío en Perú 2003: Inseguridad ciudadana…, ob. cit.206Sección 1: Balance de la lucha contra la pobreza 2001–2006