Untitled - Bvs.minsa.gob.pe

Queda entonces pendiente establecer políticas y accionesfirmes para enfrentar esta inequidad, expresadaen brechas tan contrastantes. Asimismo, hacer frente ala inequidad en la calidad del servicio. Si bien ha habidoalgunas mejoras en el trato policial, la discriminaciónejercida contra la población pobre, particularmente deraíz indígena, es extendida en todo el país: abusos, coimas,maltrato.Tensión entre un enfoque preventivo eintegral y un enfoque punitivoLa tensión entre un enfoque que da prioridad a la prevencióny la articulación del sistema penal y un enfoqueque pone al centro la penalización, sigue siendo uno delos puntos centrales de debate con respecto al tratamientodel delito en el país. En el Congreso siguió primandouna visión punitiva, mientras que en el Ejecutivoha prevalecido un enfoque preventivo y de articulacióndel sistema penal.Mayor valoración de las políticaspreventivasEn el periodo se impulsó la atención a políticas y accionespreventivas. Este tratamiento más integral trasciendela labor policial y favorece una vinculación más estrechaentre los problemas de seguridad y las situaciones depobreza y desigualdad en diferentes contextos, como elde la problemática educativa, la atención a la juventud enriesgo, la prevención del consumo de drogas, de la violenciafamiliar o aspectos como la recuperación de espaciosurbanos y el orden en el transporte y la circulación.Una de los logros de esta orientación es una mayorconciencia y valoración de las políticas preventivas, tantoen la policía como en la población. Sin embargo, losesfuerzos son aún dispersos y poco sistemáticos.Endurecimiento de penas y desarrollo dealternativas a la sanción penalEn relación a la sanción del delito, en este periodose han promulgado un conjunto de normas en dosdirecciones:(i) Mejorar la eficacia de la represión policial al delito yla sanción penal, endureciendo en algunos casos laspenas. Una de las leyes aprobadas por el Congresoen la última etapa, teóricamente dirigida a favorecer alos más pobres, disminuye a la cuarta parte el montodel valor de lo robado para ser considerado solo faltay no delito. Los efectos de esta norma son contraproducentespara la población en pobreza, particularmentela rural, pues sacan de la administración de losjueces de paz 339 un conjunto de acciones consideradasanteriormente como faltas; ahora la poblaciónmás pobre del campo tiene que viajar a las ciudadespara que los jueces, cargados con otros casos, lesadministren justicia.(ii) Desarrollar penas alternativas a la sanción penalpara los delitos menores. Para ello, se promovió lapresencia de jueces de paz en las comisarías a fin deque sancionaran los delitos menores con trabajos afavor de la comunidad, medida que favorece particularmentea la población en pobreza sujeta a mayoresabusos por su debilidad, sin recursos para contratarapoyo legal y con frecuencia, cuando comete delitosmenores, abandonada en las cárceles sin juicio alguno.El avance en el sistema de penas alternativas hasido lento y poco visible para la comunidad, por lo queno ha tenido el efecto simbólico que se buscaba. Sinembargo, pese a la falta de recursos y la lentitud delPoder Judicial, a fines de 2005 se logró que funcionarancinco juzgados de paz en diversas comisarías339 Que solo pueden administrar justicia frente a lo que es considerado falta.204Sección 1: Balance de la lucha contra la pobreza 2001–2006