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con lo anterior— de las poblaciones o familias que vivenexcesivamente aisladas y dispersas, a las cuales les resultadifícil llegar al propio programa. Por eso, es precisoreplantear la forma de presencia del Estado en esoslugares por medio de un nuevo modelo de atención enel contexto de la descentralización y la necesaria integralidadde los servicios.oportunidades. Frente a esta situación, el Estado havenido diseñando y aplicando —con frecuencia poriniciativa de movimientos sociales comprometidos—diversas políticas públicas orientadas a identificar ypromover la modificación de los comportamientos yregulaciones discriminatorias y a favorecer la igualdadde oportunidades.Además de aliviar la pobreza en las zonas rurales ypromover el desarrollo de capacidades, particularmenteen la niñez, 314 el programa Juntos está sirviendopara identificar y atender a un número importantede población indocumentada, niños sin registro denacimiento y mujeres sin DNI, 315 así como para hacerevidente la falta de llegada de servicios fundamentalescomo la salud y la educación, por lo tanto sirve deimpulso para resolver estas dificultades. Ello planteadiversos problemas administrativos, de organizacióny de financiación en los sectores, frente a los cualeses necesario desarrollar alternativas. El impacto de unprograma de esta naturaleza, en cuanto articulacióncon las políticas sociales universales, reestructuraciónde los sectores para llegar a los más excluidos,y por sus frutos en el desarrollo de capacidades, demandauna larga duración, sostenibilidad en el financiamientoy capacidad de seguimiento a las familias.Su continuidad y profundización pueden ayudar a replantearel conjunto de programas de asistencia.En el área social, estas políticas se han expresadoprincipalmente en planes nacionales de equidad—hoy bajo rectoría del MIMDES— orientados a sectoresespecíficos de la población que sufren discriminaciónsocial y exclusión. Estos planes, por su naturaleza—es decir, por tener como objeto a personas y gruposdiscriminados o en riesgo—, tienen un carácter transversalal conjunto de políticas del Estado y, a la vez,han tendido a involucrar la movilización de los sectoresdiscriminados y de instituciones de la sociedad civil,en el marco de campañas, acciones y acuerdos internacionalesen esa dirección. En la década de 1990se aprobaron e impulsaron los primeros Planes Nacionalesde Acción por la Infancia (1992-1995 y 1996-2000), en cumplimiento de la Declaración Mundial porla Supervivencia, Protección y Desarrollo del Niño, yen febrero del año 2000, en el marco de una conferenciade CEPAL en Lima, se aprobó el primer PlanNacional de Igualdad de Oportunidades entre Hombresy Mujeres 2000-2005.3.6. Políticas de equidadPara muchas personas y familias en el país, el tratodiscriminatorio por razones socioeconómicas, étnicas,de género, de edad o de discapacidad es una causaimportante de pobreza y dificulta la posibilidad de salirde ella, profundizando las desigualdades y cerrandoDesarrollo de planes y acciones deconstrucción de equidad orientados adiversos sectores que sufren exclusiónEn el periodo 2001-2006 se continuó con los planesanteriores y se amplió la elaboración de planes de equidadpara atender a otros sectores discriminados y connecesidades de atención preferente. Así, en julio de314 Las primeras evaluaciones del programa reportan efectivamente un incremento de asistencia a los servicios de salud y a la escuela.315 Para que opere el programa, se ha entregado DNI a 16 mil mujeres. Es a ellas a quienes se entrega el subsidio.192Sección 1: Balance de la lucha contra la pobreza 2001–2006