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propiedad, se pasó a privilegiar el principio de la competitividad,con lo cual los principales agentes capacesde asegurarla eran los inversionistas y empresarios. 209Sobre esa base, en 1995 se promulgó la ley 26505,llamada Ley de Tierras, que eliminó los límites al tamañode la propiedad así como las restricciones a su uso,y autorizó la privatización individualizada de las tierrasde las comunidades nativas y campesinas y su transferenciaa terceros. Cabe señalar que estos cambios enla propiedad de la tierra favorecieron el surgimiento deun empresariado agrario exportador, principalmente enla costa. No obstante, el mercado de tierras se ha venidodesarrollando de manera bastante incipiente. 210 Lainformalidad de los derechos de propiedad, la inseguridadjurídica, la escasez de información y la atomizaciónde la propiedad han sido señaladas como factores queimpiden el desarrollo de tal mercado. 211La política del control del agua no siguió el mismo camino.Los intentos por crear un mercado de derechosde aguas no han prosperado, entre otras razones por laoposición de los agricultores y por dificultades de ordentécnico. La Ley de Aguas de 1969 se ha mantenidoy solo se han introducido algunas modificaciones parareducir el control estatal. En 1987 se transfirió la gestióndel agua a las juntas de usuarios y a sus comisiones deregantes, y en 1994 se autorizó la concesión y mantenimientode los grandes proyectos hidráulicos al sectorprivado. 212Continuando con las orientaciones de la etapa anterior, seha avanzado en algunas iniciativas como las siguientes:• En marzo de 2006 se aprobó la Ley General dePueblos Originarios, Comunidades Campesinasy Nativas, basada en la revisión de toda la legislaciónexistente sobre comunidades campesinasy nativas, buscando actualizarla y concordarla.La ley incorpora las recomendaciones de la OITsobre derechos de pueblos indígenas y otros derechosde la legislación actual, como el derechoal acceso a los recursos naturales existentes ensus tierras, la propiedad intelectual de los conocimientostradicionales sobre recursos genéticos,así como la consulta previa e informada cuandose proyecten medidas que afecten sus intereses.Sin embargo, esta ley se enmarca dentro de loslímites fijados por la Constitución de 1993, actualmentevigente.• Se elaboró un nuevo proyecto de Ley de Aguas, porprimera vez multisectorial y con consultas en onceaudiencias públicas, pero que no expresa un mayorcambio de políticas y aún no ha sido aprobada porel Congreso. Asimismo, se continúa la ejecución delProyecto Subsectorial de Irrigación en los valles dela costa para mejorar el riego.Continuidad en la liberalización de preciosy comercioEn la década anterior, se liberalizaron totalmente los preciosagrícolas 213 y se eliminó la intervención del Estadoen la comercialización de la producción doméstica y delas importaciones, lo que afectó negativamente sobretodo a los productores pequeños y campesinos. El retirodel Estado permitió, nuevamente, el surgimiento de209 Eguren, F. “Políticas agrarias, cambios institucionales…”, ob. cit., p. 128.210 El censo agropecuario de 1994 mostró que, del total de parcelas con propietario, solo 27 por ciento había sido adquirido por compraventa.211 Zegarra Méndez, Eduardo. El mercado de tierras rurales en el Perú. Santiago de Chile: Cepal-GTZ, 1999, citado por F. Eguren en “Políticas agrarias, cambiosinstitucionales…”, ob, cit.212 Eguren, F., ibíd., pp. 132-133.213 Anteriormente el Estado intervenía en la fijación de algunos precios de productos alimenticios de consumo masivo.Parte 2: Desempeño de los actores 137