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la sociedad civil y el Estado. 150 También está favoreciendola valoración de la planificación y el desarrollode diversas capacidades, así como la construcciónde alianzas entre instituciones de la sociedad civil, lacooperación internacional y los gobiernos regionales ylocales, propiciando la legitimación de las autoridadesrepresentativas y la gobernabilidad.Entre las debilidades importantes que es preciso enfrentarestán la necesidad de mejorar los mecanismosparticipativos y de decisión, evitando alejar lasdecisiones finales de ejecución de los consensoslogrados en el espacio participativo. Ampliar razonablementelos montos y tipos de recursos sujetosal presupuesto participativo y, asimismo, mejorar lasarticulaciones entre el presupuesto participativo y losplanes de desarrollo, entre los niveles distritales, provincialesy regionales y entre la inversión territorial yla sectorial, son otros desafíos para fortalecer estosespacios y mecanismos de democratización de lagestión pública.Los Consejos de Coordinación Regionaly LocalLa instalación de los Consejos de Coordinación, instanciasde participación consultiva en los gobiernosregionales y locales, ha encontrado resistencias entrelas autoridades políticas, y su funcionamiento es relativamentepoco eficaz debido a las restricciones legalesen su composición y funcionamiento, así comoal poco interés de las autoridades y la debilidad de lasociedad civil.En el caso de los Consejos de Coordinación Regional(CCR), se tuvo que dar una ley especial (la Ley 28013)para fijar un plazo perentorio para su instalación, puesla mayoría no lo hizo dentro de los plazos establecidosinicialmente. Al final, todos los gobiernos regionales losinstalaron, pero con fuertes deficiencias en la convocatoriay difusión. La participación de la sociedad civil engeneral ha sido escasa. En 2003 se registró un númerolimitado de organizaciones para participar en la elección:1.118 organizaciones en las veintiséis regiones(en promedio 43 organizaciones por departamento), resultandoelegidos, en total, representantes de 170 organizaciones.Cerca de 40 por ciento de provincias sequedaron sin representación pues no lograron inscribirorganizaciones. 151 Entre los representantes de la sociedadcivil elegidos primaron aquellos de los sectoresprofesionales (34 por ciento) y de sectores económicos(34 por ciento). 152En 2005 debieron renovarse los CCR, pero tampocose logró cumplir con los plazos estipulados en la ley.Los distintos problemas producidos 153 expresan elpoco interés de las autoridades regionales por estosorganismos. No obstante, se han registrado avancesen la aplicación de mecanismos de transparencia parala elección de los representantes (reglamentos y comitéselectorales). A la vez, la inscripción de organizacionesde la sociedad civil se redujo (llegando a unpromedio de 34 por departamento), hecho que podríaestar mostrando una disminución del interés por participaren esta instancia, así como problemas de comprensiónde su función en ella. 154150 Construcción de confianzas, información, transparencia, mayor conocimiento del funcionamiento del Estado, así como de los límites de los recursos disponibles.151 López Ricci, J. “Balance de los procesos de participación...”, ob. cit., pp. 24-27.152 Fuente: Defensoría del Pueblo. “Estado de los procesos de constitución de los Consejos de Coordinación Regional a Nivel Nacional”. Agosto de 2003. Citado porRemy, M.I. en Los múltiples campos…, ob. cit., p. 145.153 Entre los que se puede precisar fuertes deficiencias en las convocatorias, muchas veces hechas de manera rápida y sesgada.154 López Ricci, J. “Balance de los procesos de participación...”, ob. cit., pp. 27-31.114Sección 1: Balance de la lucha contra la pobreza 2001–2006