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Estas restricciones son recogidas luego en la nuevaLey Orgánica de Municipalidades para el funcionamientode los Comités de Coordinación Local (provincialesy distritales). La Ley también establece las Juntas deDelegados Vecinales Comunales, lo que, si bien amplíaformas más permanentes de participación, en varias desus funciones se cruza con las de los Consejos de CoordinaciónLocal. A la vez, esta ley reconoce un significativoconjunto de mecanismos de democracia directaya previstos en el ordenamiento jurídico.Posteriormente, la Ley Marco del Presupuesto Participativoy su reglamento abren un poco los cauces a laparticipación que las anteriores leyes estrecharon. Ademásde definir los objetivos 132 y las fases del procesoparticipativo, amplía los marcos de la participación alestablecer que el conjunto del presupuesto debe definirseparticipativamente, en particular cuando se tratade inversiones. Asimismo, al considerar la participaciónde otros actores más allá de la composición de losConsejos de Coordinación Regionales y Locales. Paraello, la Ley define la categoría de “agentes participantes”,que abarca a “representantes de la sociedad civilidentificados para este fin”, así como a otras instanciasdel Estado. Por otro lado, se crean mecanismos parapromover mayores vínculos entre los acuerdos del procesoparticipativo ampliado y su aprobación y posteriorgestión por los Consejos Regionales y Locales, comoson la formalización de los acuerdos en actas de compromisoy el establecimiento de Comités de Vigilancia.Tomando en cuenta este conjunto de disposiciones, asícomo diferentes normativas sectoriales —entre las quedestaca la nueva Ley General de Educación, pródigaen el establecimiento de instancias participativas para lagestión educativa—, en comparación con otros paísesde la región hemos producido una mayor normatividadpara promover y regular la participación ciudadana en elactual contexto de la descentralización.En diálogo con este marco normativo, impulsándolo yexpresándolo, se desarrollaron en este periodo diversosespacios de participación y encuentro entre el Estadoy la sociedad civil, tanto a escala nacional como enlos ámbitos regionales y locales, así como también enmicroespacios vinculados con la gestión.Participación y concertación en laspolíticas sectorialesEl Gobierno de Transición impulsó particularmente laapertura de espacios de diálogo y concertación para ladefinición de las políticas públicas sectoriales, buscandoafirmar una manera diferente de hacer política, ademásde ampliar las bases de sustento del gobierno como productode una rápida negociación que no contaba conuna fuerza partidaria propia de apoyo nacional.Se abrieron Consejos Nacionales, Consejos Consultivoso espacios de diálogo en diversas áreas de política,en muchos casos reactivando organismos creados porreformas ministeriales durante el Gobierno de Fujimori—como el caso del Consejo Nacional de Educación—o introducidos en leyes orgánicas durante el Gobiernode García de 1985 —como los de Agricultura, Trabajo ySalud—. La mayoría de estos fueron abandonados luegodel autogolpe de 1992. Más tarde, con el Gobierno132 El Reglamento de la Ley plantea los siguientes objetivos del Presupuesto Participativo: mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos;reforzar la relación entre el Estado y la sociedad; comprometer a la sociedad civil en las acciones que hay que llevar adelante para el cumplimiento delos objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico; fijar prioridades en la inversión pública estableciendo un orden de prelación para la ejecución de los proyectosdeclarados viables bajo las normas establecidas en la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública; garantizar la sostenibilidad de la inversión ya ejecutada, yreforzar el seguimiento, control, vigilancia de la ejecución del presupuesto y fiscalización de la gestión, fortaleciendo las capacidades regionales y locales parafines del proceso participativo.Parte 2: Desempeño de los actores 105