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Constitución de 1993 amplía los derechos de participacióndirecta de la población, y en 1994 se promulga,por primera vez en el país, una Ley de Derechos deParticipación y Control Ciudadano que abrió espaciosinstitucionales de participación (iniciativa legislativa yreferéndum) y de control (rendición de cuentas, remociónde funcionarios y revocatoria de autoridades).Sin embargo, las fuertes exigencias de acreditaciónpara los nuevos espacios institucionales, finalmente,no <strong>pe</strong>rmitieron su puesta en práctica, salvo en el casode la revocatoria. 114A su vez, en la década de 1990 muchos municipiosabrieron la gestión a la participación popular, presentandoalternativas a la centralización del poder. Sus alcaldesconvocaron a mesas de concertación, consejosde participación o comités de desarrollo. Una característicageneral de estas ex<strong>pe</strong>riencias fue que tuvieronuna influencia básicamente local, estuvieron poco articuladasy su visibilidad en la esfera pública nacionalfue escasa.Es con la caída del régimen de Fujimori y la instalacióndel Gobierno de Transición —él mismo productode un complejo proceso de negociación y concertación—cuando se abrieron diversos espacios de encuentroy concertación entre el Estado y la sociedadpara la redefinición de las políticas públicas. Luego,el Gobierno de Alejandro Toledo retomaría y ampliaríaestos espacios.El Acuerdo Nacional y la MCLCPEl Acuerdo Nacional y la Mesa de Concertación de Luchacontra la Pobreza han sido los espacios de diálogoy concertación entre el Estado y la sociedad civil demayor incidencia nacional.Frente al debilitamiento de la democracia representativay sus instituciones, el Acuerdo Nacional buscócontribuir a la <strong>gob</strong>ernabilidad democrática en el entendidode que esta solo es posible con el ejercicio yvaloración del diálogo y la concertación y con el logrode consensos de largo plazo. Tiene como antecedentesinmediatos la Mesa de Diálogo por el Desarrollo yla Democracia, convocada por el Gobierno de Transiciónen mayo de 2001, así como los compromisos detodos los candidatos democráticos durante el procesoelectoral de 2001.El Acuerdo Nacional se constituyó en marzo del año2002 a partir de un foro de <strong>gob</strong>ernabilidad convocadopor el Gobierno de Alejandro Toledo, con el objetivode servir de base para “la transición y consolidación dela democracia, la afirmación de la identidad nacional yel diseño de una visión compartida del país a futuro,a través de la formulación de políticas de Estado”. 115Se instaló como un foro de diálogo y concertación yestaba conformado por siete partidos políticos 116 (conrepresentación en el Congreso de la República), sieteorganizaciones nacionales de la sociedad civil 117 y elGobierno, 118 presidido por el presidente del Consejo de114 Véase Remy. M.I. Los múltiples campos…, ob. cit., pp. 32-56.115 “Compromiso de diálogo para lograr el Acuerdo Nacional”, suscrito en Palacio de Gobierno el 5 de marzo de 2002.116 Partido Aprista Peruano, Acción Popular, Perú Posible, Unidad Nacional, Frente Inde<strong>pe</strong>ndiente Moralizador, Somos Perú y Unión por el Perú.117 CGTP, CONFIEP, Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Conferencia Episcopal Peruana, Concilio Nacional Evangélico del Perú, Coordinadora Nacional de FrentesRegionales, MCLCP.118 Representado por el Presidente de la República (quien lo preside), el presidente del Consejo de Ministros y cinco ministros de Estado (Defensa, Educación, Salud,Trabajo y Mujer y Desarrollo Social).100Sección 1: Balance de la lucha contra la pobreza 2001–2006

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