Derechos o Prerrogativas político-electorales de los ciudadanos.

342.76568C134dCarrancá y Rivas, Raúl.Derechos o prerrogativas político-electorales de losciudadanos : Alcance constitucional y posible suspensión porcausa penal / Raúl Carrancá y Rivas ; notas introductorias acargo de Fidel Quiñones Rodríguez, Juan Manuel SánchezMacías. -- México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de laFederación, 2011.69 pp; + 1 cd-rom .-- (Serie Comentarios a las Sentenciasdel Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 38)Contiene sentencias SUP-JDC-670/2009, SUP-JDC-85/2007.ISBN 978-607-708-064-01. Derechos electorales – México. 2. Suspensión de garantías.3. Derechos políticos – México. 4. Derechos del ciudadano –juicios. 5. Caso Godoy. 6. Sentencias – Tribunal Electoral delPoder Judicial de la Federación – México. I. Quiñones Rodríguez,Fidel. II. Sánchez Macías, Juan Manuel. III. Serie.Serie Comentarios a las Sentencias del Tribunal ElectoralEdición 2011D.R. © Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.Carlota Armero núm. 5000, colonia CTM Culhuacán,Delegación Coyoacán, México, DF, CP 04480,Tels. 5728-2300 y 5728-2400.Coordinador de la serie: Dr. Enrique Ochoa Reza,Director del Centro de Capacitación Judicial Electoral.Edición: Coordinación de Comunicación Social.Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva de los autores.ISBN 978-607-708-064-0Impreso en México

Presentación ....................................9Nota introductoriaSUP-JDC-670/2009 .............................13SUP-JDC-85/2007. ..............................21Derechos o prerrogativaspolítico-electorales de los ciudadanos.Alcance constitucional y posiblesuspensión por causa penal .......................27SUP-JDC-670/2009SUP-JDC-85/2007. ................... Incluidas en CD7

En esta entrega de Comentarios a las Sentencias del Tribunal Electoral,el reconocido jurista de la Facultad de Derecho de la UniversidadNacional Autónoma de México, Raúl Carrancá y Rivas, abordaun tema sumamente sensible: la suspensión de los derechos político-electoralesdel ciudadano por causa penal.El análisis del doctor Carrancá toma como objeto de estudiodos resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación (tepjf) que se refieren a este asunto,se trata de la SUP-JDC-670/2009 y la SUP-JDC-85/2007.La primera de estas sentencias derivó de un hecho que causóenorme controversia entre la opinión pública y la ciudadaníaen el año 2009, Julio César Godoy Toscanopromovió un juicio para la protección de los derechos políticoelectoralesdel ciudadano en contra de funcionarios de lamesa directiva de la Cámara de Diputados del Congresode la Unión, por la negativa de éstos para registrarlo comodiputado federal electo y expedirle la credencial atinente alcargo. La Sala Superior del tepjf confirmó el acto impugnadocon fundamento en que la situación jurídica del promoventeera la de un prófugo de la justicia, en virtud de haberse libradoen su contra una orden de aprehensión. 1Este asunto se ventiló ampliamente en los medios de comunicación,en razón de que Godoy mantenía un lazo sanguíneodirecto con el gobernador de Michoacán y porque las acusacionesen su contra se relacionaban con el crimen organizado y delitoscontra la salud.1Véase página 30 de este mismo texto.9

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralLa segunda sentencia que analiza Carrancá se desprende deun caso promovido por un ciudadano de nombre José GregorioPedraza Longi, quien al solicitar su credencial para votar con fotografíale fue negada por considerarse suspendidos sus derechospolítico-electorales. Ello, por estar sujeto a un proceso penal derivadodel auto de formal prisión dictado por el juez mixto de SanJuan de los Llanos Libres, Puebla.Para este caso, los magistrados de la Sala Superior estimaronque no obstante que el actor se encontraba sujeto a proceso,no estaba privado de la libertad, por lo que se le debía permitirejercer el derecho a votar y, por consiguiente, expedir la credencialde elector.Los argumentos vertidos en ambas sentencias son fríamenteescudriñados por el autor, exponiendo su discordancia en algunospuntos de manera abierta y sin cortapisas. La discusión lacentra en torno a lo que dispone el capítulo IV de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum), de maneraparticular el artículo 38, en el que se determinan los supuestosen que pueden ser suspendidos los derechos políticos del ciudadano.En este sentido, también pasa revista a algunas leyes secundariasque regulan estos principios constitucionales, como elCódigo Penal Federal.El texto de Carrancá es por demás polémico, partiendo delhecho de que pareciera no considerar al tepjf una autoridad judicial,sino administrativa. El prestigiado académico sugiere quequien debiera estar facultado para suspender los derechos políticoses el juzgador penal y no los magistrados del TribunalElectoral. En al menos un par de ocasiones señala que, en funciónde lo que establece el artículo 21 constitucional, es única yexclusivamente la autoridad judicial quien está facultada para laimposición de las penas, asumiendo que la autoridad a la que serefiere es la penal y que, por tanto, el tepjf no tiene atribucionespara decidir al respecto.El lector es quien tendrá la última palabra en torno a éstey otros controvertidos dilemas expuestos por el autor, versus10

los argumentos de los magistrados ponentes de las dos resolucionesanalizadas. Para ello, como en todos los números deesta serie, se incluye un disco compacto con las sentenciascompletas para que el lector cuente con más elementos paraformarse su propio juicio.El comentario del doctor Carrancá es doblemente valioso. Contarcon una opinión tan calificada como la de él significa un importanteaporte a esta colección y, por otro lado, refleja fielmente elpropósito de la misma, el cual es difundir el trabajo que el Tribunalrealiza en materia jurisdiccional electoral, al tiempo que se muestraabierto a la crítica constructiva y al debate fundamentado.Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralTribunal Electoraldel Poder Judicial de la Federación11

SUP-JDC-670/2009Fidel Quiñones Rodríguez *AntecedentesComo antecedentes relevantes del asunto en análisis, se tieneque el ciudadano Julio César Godoy Toscano, en su oportunidadfue registrado ante la autoridad electoral administrativa como candidatoa diputado federal. Al resultar electo en los comicios celebradosen 2009, en consecuencia le fue otorgada la constanciade mayoría. El secretario general y el subdirector general de laDirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputadosacordaron detener el trámite de registro y expedición decredencial del enjuiciante para el acceso al recinto oficiala efecto de rendir su protesta en el cargo público al queresultó electo; ello, con base en la comunicación efectuadapor el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionalesde la Procuraduría General de la República en el sentido deque Julio César Godoy Toscano se ubica en la hipótesisde suspensión de derechos contenida en la fracción Vdel artículo 38 de la Constitución Federal, dado que en lacausa penal 3/2009, seguida contra el actor por su probableresponsabilidad en los delitos de “delincuencia organizaday contra la salud en su modalidad de colaborar de cualquiermanera al fomento para posibilitar la ejecución de algún delito* Secretario de estudio y cuenta de la Sala Superior del tepjf, adscrito a la ponenciadel magistrado Constancio Carrasco Daza.13

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralcontra la salud”, radicada ante el Juez Primero de Distrito deProcesos Penales Federales en Tepic, Nayarit, el dieciochode junio de dos mil nueve, se decretó orden de aprehensiónen su contra (esto es, antes de la jornada electoral de cinco dejulio de dos mil nueve) sin que a la fecha de esa comunicaciónse hubiera ejecutado (SUP-JDC-670/2009).Agravios expresadosLos planteamientos del actor se circunscribieron a los siguientestemas:• Ilegalidad de la negativa de su registro como diputado federalelecto y de la expedición de su credencial atinente, porque asu juicio, las citadas autoridades del Congreso de la Unióncarecen de facultades para suspender los derechos políticosde un ciudadano, en la medida que dicha suspensión requierela declaración de los órganos jurisdiccionales.• La elegibilidad del actor ya había sido calificada por la SalaSuperior al confirmarse la validez de la elección, en laque resultó ganador, por lo que tal aspecto constituía cosajuzgada y, en consecuencia, ya no podía analizarsenuevamente.• Falta de actualización en el caso concreto de la hipótesisde restricción de derechos prevista en la fracción V del artículo38 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos (cpeum).• El supuesto normativo de la suspensión de derechos encuestión, a partir de un ejercicio de ponderación de valores,debe entenderse que se configura sólo con el dictadode la sentencia condenatoria ejecutoriada, atendiendoal principio de presunción de inocencia.14

Consideraciones esenciales de la sentenciaComentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralEn relación con el primer planteamiento del actor, se sostuvo enel fallo que las citadas autoridades del Congreso de la Uniónen ningún momento decretaron la inhabilitación o suspensión delos derechos políticos del promovente, sino que se limitaron ―enejercicio de sus funciones instrumentales― a detener el trámitedel registro y la expedición de credencial, con base en el informede las autoridades de procuración de justicia correspondientessobre la actualización de la hipótesis normativa prevista enla fracción V del invocado artículo 38, con motivo del dictado de laorden de aprehensión en su contra. Esta actuación se estimó ajustadaa derecho, toda vez que conforme a la interpretación gramaticaly sistemática del precepto constitucional invocado, basta conque un ciudadano se coloque o ubique en ese supuesto normativo(sustraerse de la justicia con la finalidad de evitar ser sujetoa proceso penal, por el libramiento de la orden de aprehensión),para que sus derechos político-electorales se entiendan suspendidos.Es decir, esa inhabilitación opera con pleno derecho por lasola actualización de la hipótesis constitucional en cuestión, sinque antes sea necesario que dicha suspensión quede declaradajudicialmente o por alguna otra autoridad, como lo pretendíael actor.En cuanto al segundo agravio reseñado, se señaló que contrariamentea lo aseverado por el incoante, en la sentencia dictadaen el expediente SUP-REC-41/2009, no formó parte de lamateria de estudio lo atinente a la elegibilidad de dicho actor, sinoque el análisis respectivo en ese juiciogiró en torno a los agravios expresados sobre la presuntacoacción del voto por la entrega de cemento a ciudadanospor parte del gobierno del Estado; medio de impugnación,que acorde con lo dispuesto por el artículo 23, párrafosegundo, de la Ley General del Sistema de Medios de15

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralImpugnación en Materia Electoral, ciñe su objeto de examena los planteamientos expuestos por quien lo promueve, enrazón de que se rige conforme al principio de estricto derecho(SUP-JDC-670/2009).De tal manera que era inexacto que la elegibilidad del promoventeconstituyera cosa juzgada.En lo que respecta al tercer motivo de inconformidad, se consideróque tal y como lo estimaron las autoridades responsables, en elcaso concreto se actualizó la hipótesis de suspensión en comento.Sobre el particular, se sostuvo que la intención del poder constituyenteen el invocado numeral 38, fracción V, ha estado dirigidahistóricamente a considerar que aquellos sujetos contra quienesse ha librado una orden de aprehensión y se encuentren prófugosde la justicia, se vean suspendidos en sus derechos políticos,puesto que dicho poderidentificó que la condición de prófugo de la justicia resultaincompatible con el ejercicio pleno de los derechos políticos, enla medida que, la sustracción de un sujeto del proceso penal,impide, por razones jurídicas y materiales, que se dé plenafuncionalidad a ese ejercicio (SUP-JDC-670/2009).De tal suerte que el Constituyente, en el diseño constitucionalde la hipótesis de suspensión citada, buscó el establecimientode un orden mínimo, en el cual la condición de prófugo de lajusticia derivara en la suspensión de los derechos políticos delciudadano, con el claro propósito de preservar el Estado democráticode derecho.En el fallo se argumentó también que la racionalidad de la previsiónconstitucional en análisis se justifica, ya que es a todas lucesinaceptable que la persona que evade la acción de la justiciapueda gozar legalmente de los derechos políticos que la Constituciónotorga. No sería dable estimar que quien se sustrae a laacción de la justicia, y con ello evidencia su salida del orden jurí-16

dico, se viera protegido por los principios inherentes al enjuiciamientopenal, tales como el derecho a una adecuada defensa, elprincipio de presunción de inocencia y otras prerrogativas que sematerializan o concretan precisamente en tanto se está inmersoen el proceso penal atinente. Esto es, tales derechos operandurante el proceso penal, por lo que mientras no se logre la presentacióndel indiciado ante la autoridad jurisdiccional, el procesono puede iniciar y, consecuentemente, tampoco pueden activarsedichas prerrogativas.Se sostiene, además, que la hipótesis de suspensión de derechosse ajusta a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidadreconocidos por el ámbito internacional para la limitacióno restricción de derechos fundamentales, toda vez que la suspensiónde los derechos en comento se encuentra prevista en la propiaCarta Magna (legalidad); dicha suspensión está regulada parapreservar el orden jurídico nacional, lo cual se orienta en beneficiodel interés de la colectividad, que presupone la necesidad de quese hagan valer los mecanismos para desterrar los ilícitos que trastocangravemente el orden social (necesidad); resulta aceptableque la persona contra quien se libra una orden de aprehensión yse encuentra prófuga, no esté en condición material y jurídica paraejercer sus derechos políticos (proporcionalidad).Finalmente, se llegó a la conclusión de que el acervo probatorioaportado en autos revela, al menos en forma indiciaria, que elactor se encuentra prófugo, ya que de los informes rendidos porlas autoridades policiales desde el 7 de julio de 2009, se habíanrealizado una serie de acciones tendentes a lograr su captura, sinque en el expediente obre dato o elemento alguno del que pudieradesprenderse que a la fecha se haya ejecutado la detención, loque se corrobora con su pretensión en la demanda de que la tomade protesta se realice por escrito y no en forma personal.Tocante al cuarto motivo de disenso, se señaló que era factiblerealizar una ponderación de valores entre los derechos fundamentales;por una parte, de votar y ser votado, y por otra, de certezaen la consolidación del sistema democrático, ya que el mandatoComentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoral17

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralconcreto del poder constituyente está dirigido sin reticencia algunaa establecer la hipótesis de suspensión de los derechos políticostratándose de la condición de prófugo de la justicia, previsiónque deviene objetiva y razonable; además, tampoco era posibleaplicar al caso el criterio empleado al resolver el diverso expedienteSUP-JDC-85/2007, en la medida que ambos asuntos tienendiferencias sustanciales que no permiten emplear el mismocriterio, por ejemplo, en el expediente SUP-JDC-85/2007:a) La hipótesis de suspensión de derechos analizada fue laprevista en la fracción II, del artículo 38, de la Constituciónfederal, que se configura por estar el actor sujeto aun proceso criminal por delito que merezca pena corporal,a contar desde la fecha del auto de formal prisión.b) El actor estaba sujeto a un proceso criminal, el cual enfrentabaen plena libertad.c) El ilícito por el cual se le seguía dicho proceso penal nose trataba de un delito calificado como grave, sino culposo,en términos de la ley penal aplicable.En cambio, en el expediente SUP-JDC-670/2009:a) La hipótesis de suspensión de derechos políticos analizadaes la contemplada en la fracción V, del artículo 38 constitucional.b) El ciudadano actor se encontraba sustraído de la justiciapenal.c) El delito por el que se le perseguía está calificado comograve por la legislación penal aplicable (delincuencia organizaday delitos contra la salud).De ahí que tales características específicas del caso Godoyno permitieron a la Sala Superior un ejercicio de interpretaciónsimilar al efectuado en el primer juicio indicado.18

Tesis derivada del criterio jurídico sustentadoen el caso GodoyComentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralSUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES.TRATÁNDOSE DE PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA, NOREQUIERE DECLARACIÓN JUDICIAL.—De la interpretaciónsistemática del artículo 38, fracción V, de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte quela suspensión de derechos político electorales del ciudadanopor estar prófugo de la justicia, desde el dictado de la ordende aprehensión hasta que prescriba la acción penal, norequiere declaración judicial o de alguna otra autoridad queasí lo determine, puesto que surte efectos de pleno derechoal actualizarse el supuesto normativo consistente en que selibre la orden de aprehensión, y la exigencia material atinentea que el sujeto contra quien se emitió evada la acción de lajusticia; lo que se corrobora con la interpretación sistemáticade la citada disposición jurídica con las diversas fraccionesIV y VI del propio precepto constitucional, que establecenlas hipótesis de vagancia, ebriedad consuetudinaria y lasuspensión de derechos impuesta como pena, casos enlos cuales el constituyente sí estableció expresamente lanecesidad de su declaración judicial.Juicio para la protección de los derechos político-electoralesdel ciudadano. SUP-JDC-670/2009.—Actor: Julio César GodoyToscano.—Autoridad responsable: Secretario General de laCámara de Diputados del Congreso de la Unión y otros.—1°de octubre de 2009.—Unanimidad de seis votos en elcriterio.—Ponente. Constancio Carrasco Daza.—Secretarios:Fidel Quiñones Rodríguez, José Luis Ceballos Daza y OmarOliver Cervantes.Tesis IX/2010 aprobada por la Sala Superior en sesiónpública celebrada el treinta y uno de marzo de dos mildiez, por unanimidad de votos.19

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralTrascendencia del criterio jurídico parala impartición de justicia electoralEl fallo en análisis es trascendente para la justicia electoral en lamedida que es el primer precedente judicial de la Sala Superiorque se ocupa de determinar si un candidato electo sobre quienpesa una orden de aprehensión, por su presunta vinculacióncon la delincuencia organizada, puede o no ejercer la representaciónpopular conferida mediante el sufragio de la ciudadanía.En esa medida, la decisión adoptada por la Sala Superior puedeservir de criterio orientador (dado que aún no constituye jurisprudencia)a los diversos tribunales judiciales para la soluciónde otros casos similares.20

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralSUP-JDC-85/2007Juan Manuel Sánchez Macías *AntecedentesLos precedentes del asunto que se comenta, conforme a las constanciasque obran en el expediente, son los siguientes:I. Solicitud de inscripciónEl once de diciembre del dos mil seis, José Gregorio PedrazaLongi acudió al módulo de atención ciudadana 210622,correspondiente a su domicilio, a efecto de iniciar el trámite deinscripción al Padrón Electoral, al cual correspondió el formatoúnico de actualización y recibo número 0621062213821.II. Negativa de expedición de credencialEn razón de lo anterior, el diecinueve de enero del presentese constituyó de nueva cuenta en el módulo de referencia,con el objeto de recoger su credencial de elector, en dondese le informó de la no procedencia de su trámite derivadode su situación judicial.III. Instancia administrativaEl treinta y uno de enero del presente año, al no recibir sucredencial para votar con fotografía, José Gregorio PedrazaLongi promovió, ante el módulo de referencia, la solicitud deexpedición de credencial para votar con fotografía, a la cualle fue asignado el número de folio 0721062202379.* Secretario de estudio y cuenta de Sala Superior, adscrito a la ponencia de lamagistrada presidenta María del Carmen Alanis Figueroa.21

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralIV. Respuesta de la autoridadEl dieciséis de febrero del año en curso, el Vocal del RegistroFederal de Electores de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estadode Puebla, emitió resolución respecto del expediente VDRFE/06/PUE/SECPV/01/07 integrado con motivo de la solicitud deexpedición de credencial para votar con fotografía...V. Juicio para la protección de los derechos políticoelectoralesdel ciudadanoEn la misma fecha, a través del formato correspondiente puestoa su disposición por la propia autoridad, el ciudadano JoséGregorio Pedraza Longi, promovió juicio para la protección delos derechos político-electorales del ciudadano en contrade la resolución precisada en el resultando que antecede(SUP-JDC-85/2007).En la ejecutoria se resolvió, fundamentalmente, lo siguiente:el agravio esencial formulado por el actor se estimó fundado ysuficiente para acoger su pretensión, a partir de la suplencia ensu deficiencia de conformidad con el artículo 23, párrafo 1, de lalgsmime, en virtud de que la autoridad responsable infringió loprevisto en los artículos 35, fracción I, de la cpeum; y 4, apartados1, 139, 140 y 145, del Código Federal de Instituciones yProcedimientos Electorales (Cofipe), como se explica, brevemente,a continuación.En efecto, Pedraza Longi solicitó su credencial para votar confotografía, la cual le fue negada sobre la base de considerarsesuspendidos sus derechos político-electorales, por estar sujetoa un proceso penal, derivado del auto de formal prisión dictadopor el titular del juzgado mixto de San Juan de los LlanosLibres, Puebla. De la copia certificada de dicho mandamientojudicial, al cual se le otorgó pleno valor probatorio en términosde lo dispuesto por el artículo 16 de la lgsmime, se derivóque el actor se encontraba sujeto a un proceso penal, como presuntoresponsable de la comisión de diversos delitos de carácterculposo o imprudencial.22

Conforme con esa determinación, la autoridad administrativaelectoral negó al demandante la expedición de la credencialde elector, sustentada en el artículo 38, fracción II, de lacpeum, en el cual se establece la suspensión de derechos yprerrogativas del ciudadano.En la ejecutoria emitida por la Sala Superior del tepjf se revocótal determinación sobre la base de que, si bien era cierto quePedraza Longi estaba sujeto a proceso penal como presunto responsablede la comisión de diversos delitos de carácter imprudencial, eracierto también que gozaba de la libertad bajo caución, puesto quelas faltas que se le imputaron no eran de carácter grave.La Sala Superior valoró entonces que como no existía una penaprivativa de libertad que lo reprimiera en su esfera jurídica yle impidiera materialmente ejercer los derechos y prerrogativasconstitucionales, tampoco había razones que justificaran la suspensiónde su derecho político-electoral de votar.Lo anterior, apoyado también en diversos tratados internacionalessuscritos por México y, por tanto, obligatorios. En lo queaquí importa establecen las siguientes consideraciones:La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 dediciembre de 1948, en su artículo 11, párrafo 1, prevé:Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralToda persona acusada de un delito tiene derecho a quese presuma su inocencia mientras no se compruebe suculpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en elque se hayan asegurado todas las garantías necesarias parasu defensa.La Declaración Americana de los Derechos y Deberes delHombre, aprobada por la Novena Conferencia Internacional Americanaen Bogotá, Colombia, el 2 de mayo de 1948, señala en suartículo XXVI: “Se presume que todo acusado es inocente, hastaque se demuestre que es culpable”.En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, abiertoa firma en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 19 de di-23

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralciembre de 1966, señala en su artículo 14, párrafo 2: “Toda personaacusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocenciamientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pactode San José de Costa Rica, adoptado el 22 de noviembre de1969, establece en su artículo 7, párrafo 5, con el título “Derechoa la Libertad Personal”, que:Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora,ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley paraejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgadodentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sinperjuicio de que continúe en proceso. Su libertad podrá estarcondicionada a garantías que aseguren su comparecenciaen el juicio.Finalmente, en la Convención Americana de Derechos Humanos,en su numeral 8, se dice: “Toda persona inculpada de delitotiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no seestablezca legalmente su culpabilidad”.En la ejecutoria se determinó que dichos instrumentos, al habersido reconocidos por el Estado mexicano, forman parte delorden jurídico nacional, toda vez que fueron suscritos, aprobadosy ratificados por nuestro país, en términos del artículo 133 de laCarta Magna, por lo que es obligación del Estado velar y respetaren todo momento el derecho fundamental en comento.Por lo anterior, en la sentencia se resolvió que si la DirecciónEjecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto FederalElectoral (ife), tiene entre sus obligaciones la de manteneractualizado el catálogo general de electores y el padrón electoral,debe observar que el legislador ordinario le encomendórecabar de los órganos de las administraciones públicas federaly estatal la información necesaria para registrar todo cambioque lo afecte, por lo que resulta incuestionable que se encuentrainvestida de facultades suficientes para requerir a las autori-24

DERECHOS OPRERROGATIVASPOLÍTICO-ELECTORALESDE LOS CIUDADANOS.Alcance constitucionaly posible suspensión porcausa penalRaúl Carrancá y Rivas *SERIEEXPEDIENTES:SUP-JDC-670/2009SUP-JDC-85/2007SUMARIO: I. Caso Godoy; II. Análisisde sentencia complementaria.Caso Pedraza; III. Nota importante,IV. Fuentes consultadas.I. Caso GodoyComentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralMe parece de vital importancia para lavida democrática de México un análisisserio, a fondo, atendiendo de maneraprimordial el espíritu del texto,su ratio legis, de las fracciones II y V delartículo 38 de la Constitución. Se tratanada menos que de la posible suspensiónde los derechos o prerrogativas delos ciudadanos; en rigor, de los derechospolítico-electorales,* Doctor en Derecho Magna cum laude y profesorde Carrera Titular (FD-unam). Medalla al MéritoAcadémico y Premio Universidad Nacional (unam).Miembro de número de la Academia Mexicana deCiencias Penales.27

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralpor estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezcapena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión[o] por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la ordende aprehensión hasta que prescriba la acción penal.En ambas hipótesis —que tienen relación directa con los doscasos que comentaré— se presenta el problema de la falta desentencia definitiva de la “cosa juzgada”, hallándose el asunto subiudice, es decir, sin sentencia irrecusable e irrevocable.Es cierto que la fracción VI prescribe la suspensión de los derechoso prerrogativas “por sentencia ejecutoria que imponga comopena esa suspensión”, lo que lleva a considerar una diferenciasustancial con las otras fracciones porque cada una de ellas serefiere a circunstancias diferentes. No hay duda de que en los casossometidos a estudio las situaciones son distintas. En uno, elacusado está sustraído a la acción de la justicia, prófugo; en otrono, es decir, tiene capacidad de ejercer el derecho a votar. Sin embargo,prevalece en ambos —a mi ver— la garantía constitucionalconsagrada y tutelada en el artículo 14, párrafo segundo, de laCarta Magna; a saber, que “nadie podrá ser privado de la libertadsino mediante juicio seguido ante los tribunales”. Lo que significa,en el marco jurídico de tal artículo, que el juicio debe ser pleno, total,agotándose todas las instancias. Sólo entonces se decretarála culpabilidad con sus consecuencias jurídicas, las que implican laposible suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos.Cuestión trascendente a dilucidar en el tepjf, que porsu propia naturaleza es la instancia con mayor autoridad con laque cuenta México en la materia. Al efecto, siempre he sostenidoque aquel juicio ha de culminar en el último grado jurisdiccional.La declaración de la culpabilidad es gradual en el curso deun proceso que en realidad son varios procesos correspondientes―o etapas de un mismo proceso―, distintas instancias hastallegar a su grado más elevado. Lo contrario sería injusto, aunqueuna instancia puede ser definitiva —salvo la final— si no sela recusa en tiempo.28

Es de notar que no hay una correlación normativa, una unidad,en el cuerpo del artículo 38. En lo que atañe a este estudio,pienso que no es razonable ni tampoco justo que se suspendanlos derechos o prerrogativas de la especie sólo por estar sujetoa un proceso criminal (fracción II), sin que previamente se hayadeterminado la culpabilidad en la res iudicata; e igualmente en loque corresponde al hecho de estar prófugo de la justicia (fracciónV). Si en el contexto global y formal —meramente formal— delartículo 38 fuera imprescindible la “sentencia ejecutoria” (fracciónVI), entonces saldrían sobrando las fracciones II y V. Lo indiscutiblees que están allí y hay que acatarlas como “letra de laley”, independientemente de la ausencia de una correlaciónnormativa, de una unidad en el cuerpo del artículo; lo que no empeceutilizar los instrumentos lógico-jurídicos de la interpretacióny determinar la ratio legis, el espíritu del artículo.En el espacio de la teoría y de la doctrina es posible disentir,diferir, enriquecer y no aceptar ciegamente lo afirmado o defendidopor distintas corrientes de pensamiento o por diversos autores; enel de la ley y su aplicación no tanto, salvo que se incursioneen el alma normativa (summun jus, summa injuria, lo cual significaque suelen cometerse iniquidades aplicando la ley de mododemasiado riguroso). Y en lo tocante a la interpretación, éstase halla sujeta a determinadas reglas. Lo cierto es que de acuerdocon las fracciones I, II, III y V se suspenden los derechos oprerrogativas del ciudadano que consagra y tutela el artículo 35.Lo raro es que la fracción I condiciona la suspensión (“durará unaño”), irrumpiendo en los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal,en perjuicio del arbitrio judicial y de la individualización delas penas reconocidos y consagrados allí. Una interpretación válidadel texto —en particular la finalista— permite concluir lógicamenteque un artículo constitucional, aunque formado por diversosincisos o fracciones, no pierde su condición de cuerpo ni de unidad,es decir, de un todo.En tal sentido es claro que los derechos o prerrogativas de losciudadanos únicamente son susceptibles de suspenderse mediante“sentencia ejecutoria”, en palabras de la fracción VI, que es la másfiel al espíritu de la norma. Y con mayor razón si nos remitimos alComentariosa las Sentenciasdel Tribunal29Electoral

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralartículo 24, número 12, del Código Penal Federal (2011), que definecomo pena la “suspensión o privación de derechos”, siendo queel párrafo tercero del artículo 21 de la Constitución ordena que “laimposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial”.En consecuencia, con base en aquella interpretación finalistay yendo al fondo de la palabra legal, única y exclusivamente sepueden suspender los derechos o prerrogativas de los ciudadanospor “sentencia ejecutoria” dictada por un juez.Abordo ahora el análisis del caso de Julio César Godoy Toscano,quien promovió un juicio para la protección de los derechospolítico-electorales del ciudadano en contra de funcionarios de lamesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso dela Unión, por la negativa de éstos para registrarlo como diputadofederal electo y expedirle la credencial atinente al cargo. LaSala Superior del tepjf confirmó el acto impugnado con fundamentoen que la situación jurídica del promovente era la de unprófugo de la justicia, en virtud de haberse librado en su contrauna orden de aprehensión y encontrarse, por tanto, en los términosde la fracción V del artículo 38 de la Constitución. Al margende las consideraciones minuciosas de naturaleza legal que hacenlos magistrados de la Sala Superior, todas ellas necesariasen el estudio del caso, es procedente —en mi opinión— un previoenfoque general de estricto carácter constitucional para definirclaramente la litis, sus causas y consecuencias. Lo evidentees que con este enfoque se distinguirá mejor el verdadero contenidodel agravio que alega el quejoso. En efecto, la fracción IIdel artículo 35 y las fracciones I, III, V y VI del artículo 38 de laConstitución, en lo que concierne al voto, son la materia medulardel presente caso y de aquí hay que derivar con absoluta escrupulosidadjurídica la corriente normativa que va desde la CartaMagna hasta la ley secundaria. 1 Y considerar como fundamental301Excluyo la fracción IV, que se refiere a vagancia o ebriedad, porque ya fuederogado el delito de vagancia y malvivencia (artículo 255 del Código PenalFederal), aunque en lo que corresponde a la ebriedad o embriaguez hay queconfrontar el artículo 15 de ese código en sus fracciones I y VII (ausencia devoluntad y estados específicos de inconsciencia).

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralcredencial atinente y para acceder al recinto oficial para la tomade protesta legal en ese cargo. ‡En lo transcrito, lo primero que se aprecia con claridad esque el actor había decidido asistir al recinto oficial de la Cámarade Diputados, y si no se presentó fue porque tuvo conocimiento dela orden de aprehensión en su contra, volviéndose así prófugo.En consecuencia, su condición de prófugo no implica vicio de lavoluntad, dolo o “dañada intención” de serlo; en una palabra, noentraña anĭmus profŭgus. Acoto que la fracción V del artículo 38de la Constitución es de naturaleza penal, es decir, lleva en sí loconcerniente a la culpabilidad, elemento positivo del delito quees inexistente sin la dañada intención, sin el ánimo de ser prófugo.Abundando en el tema —y me remito a Luis Jiménez deAsúa (2005), quien se basa en Francesco Carrara—, el prófugo,el que huye de la justicia o de otra autoridad legítima, estáamparado por una excusa absolutoria similar a la del preso quese fuga de la cárcel en un afán irresistible y humanamente explicablede alcanzar la libertad o de impedir que lo despojen deella. Entiendo los argumentos de los magistrados que integran laSala Superior del tepjf, en cuanto son de naturaleza estrictamenteformal, objetiva; es decir, apegados a la letra de la ley y a lasdisposiciones expresas de ésta, pero no los comparto. “Las palabrasde la ley no son nada sin la intención de la ley” (Soler 1962).Reitero mi criterio en el sentido de que la fracción V del artículo38 de la cpeum, aplicable específicamente al caso, lo mismoque las fracciones I, II, III, y VI, son de estricta condición penal;lo cual significa que es imperativo atender los elementos subjetivosde la conducta del actor para definir con absoluta claridadsu grado de culpabilidad. Se sostiene, a fojas 29 de la sentencia,que de las constancias de autosno se advierte que el Secretario General y el SubdirectorGeneral de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara‡Énfasis añadido.32

de Diputados hubieran efectuado una declaratoria sobresuspensión de derechos político-electorales del ciudadanoactor, es decir, dichas autoridades en ningún momentodeterminaron esa suspensión de derechos.Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralY a continuación se añade:Tales autoridades, en realidad, acordaron detener el trámitede registro y expedición de credencial del enjuiciante (sic)para el acceso al recinto oficial a efecto de rendir su protestaen el cargo público al que resultó electo; ello, con base enla comunicación efectuada por el Subprocurador Jurídico yde Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de laRepública en el sentido de que Julio César Godoy Toscano seubica en la hipótesis de suspensión de derechos contenida enla fracción V del artículo 38 de la Constitución Federal, dadoque en la causa penal 3/2009, seguida contra el actor porsu probable responsabilidad en los delitos de “delincuenciaorganizada y contra la salud en su modalidad de colaborarde cualquier manera al fomento [sic] para posibilitar laejecución de algún delito contra la salud, radicada ante elJuez Primero de Distrito de Procesos Penales Federalesen Tepic, Nayarit, el dieciocho de junio de dos mil nueve, sedecretó orden de aprehensión en su contra (esto es, antesde la jornada electoral de cinco de julio de dos mil nueve) sinque a la fecha de [sic] esa comunicación se hubiera ejecutado(SUP-JDC-670/2009).De lo transcrito, son de resaltar los siguientes componentesjunto con las observaciones que acompaño.Primero, que las autoridades de la especie acordaran detenerel trámite de registro y expedición de la credencial del actorpara su acceso al recinto oficial de la Cámara de Diputados, adonde iba a prestar la protesta de rigor como diputado electo,no implica que esto no fuera —y sea en realidad— el equivalen-33

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralte de una “declaratoria” (un acuerdo es una declaración), de unpronunciamiento, de suspensión de sus derechos político-electorales,puesto que produce exactamente los mismos resultadoso consecuencias. Son actos idénticos y generadores del mismoefecto. Segundo, la comunicación del subprocurador jurídico y deAsuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República,manifestando que la conducta de Godoy Toscano se ubicaen la hipótesis de suspensión de derechos a que se refierela fracción V del artículo 38 de la Constitución, no entraña másque una suposición de responsabilidad penal, ya que el MinisterioPúblico no puede rebasar sus facultades estrictamente acusatoriasy nunca resolutivas en materia de culpabilidad. A mayorabundamiento en la cita que la comunicación del subprocuradorhace de la causa penal 3/2009 se dice que ésta es “seguida contrael actor por su probable responsabilidad” en diversos delitos(SUP-JDC-670/2009). ¿Y cómo es posible, jurídica y constitucionalmentehablando, que con fundamento en tal probabilidad sele suspendan a una persona sus derechos político-electorales,omitiendo que sólo una sentencia ejecutoria dictada por un juezlo puede hacer?Por otra parte, tampoco concuerdo con la apreciación de laSala Superior, que hace suyo el criterio del magistrado ponente yque aparece a fojas 30 de la sentencia, cuando afirma que:es inconcuso que las autoridades responsables de que se trata,en modo alguno decretaron la inhabilitación o suspensión delos derechos políticos del promovente, sino que se limitaron, enejercicio de sus funciones instrumentales, a detener el trámitedel registro y expedición de credencial del propio actor, por laactualización de la hipótesis normativa prevista en la fracciónV del invocado artículo 38 (SUP-JDC-670/2009).Las funciones “instrumentales” son aquéllas de las que nosservimos para hacer algo; o sea, son una mera herramienta paralograr un fin, que en la especie fue sin duda ―lo hayan “decretado”34

o no― la inhabilitación y suspensión de que se trata, además deque “detener” el trámite en cuestión ―que es interrumpir algo, impedirque siga adelante, equivalente a suspender, que es a su vezfrenar o diferir por algún tiempo una acción u obra― no era ni esfacultad de esas autoridades que sobrepasaron la potestad judicial.En este orden de ideas, el que detiene suspende y el que suspendedetiene, insisto. Tampoco participo del criterio sostenido a fojas 31de la sentencia, y que hasta donde entiendo es uno de los pilaresmás importantes de su argumentación, en el sentido que:Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralla determinación de las autoridades responsables fueconsecuente con la información que le allegó el órgano deprocuración de justicia quien a ese momento aun conserva lacalidad de autoridad, por no haber dado inicio el enjuiciamiento,la cual, informó que dado el libramiento de captura y lacondición particular que revelaba el sujeto (prófugo dela justicia), se actualizaba la hipótesis de suspensión encomento (SUP-JDC-670/2009).La determinación o resolución de una autoridad no tiene porqué ser consecuente, obsequiosa, con la información que le allegueel Ministerio Público (mp) para decretar nada menos que lasuspensión de un derecho (la cual es una pena). Y no es válidoargumentar que el mp aún conservaba en ese momento “lacalidad de autoridad, por no haber dado inicio el enjuiciamiento”,pues precisamente la falta de éste pone de manifiesto que nohabía aún una resolución de la autoridad competente que suspendieralos derechos político-electorales del actor; además, la faltade enjuiciamiento no faculta al Ministerio Público para arrogarsela función de juez, volviéndose parte acusadora y juzgadora. Elmp es una “autoridad intermedia” (Carnelutti [1956], Calamandrei[1920], Franco Sodi [1957] y otros) entre la denuncia de los hechos,o la acción de oficio, y el juicio o proceso que culminará enuna sentencia; y me parece equivocado suponer que la autoridaddel representante social pueda sustituir a la potestad judicial,35

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralporque el juez es el único que tiene la facultad para determinar lasuspensión de derechos en estricto apego a los artículos 21, párrafotercero, de la Constitución; y 24, número 12, del Código PenalFederal. Retomo aquí una idea que ya manejé, a saber, la de queel quid del caso cuyo estudio me ocupa es rigurosamente constitucional-penal;es decir, las fracciones enumeradas del artículo 38de la Carta Magna son el punto de partida y apoyo para enfocaracertadamente el asunto. En tal virtud creo que es inconducentepara la suspensión de los derechos político-electorales todo lo quepueda establecer o prescribir el artículo 14 de la Ley Orgánica delCongreso General de los Estados Unidos Mexicanos (locgeum),si no tiene su origen en una supeditación obviamente absoluta ala Constitución. Y con mayor razón tratándose de la suspensión dederechos en general. Por eso es improcedente, a mi entender, lainsistencia en recurrir a leyes secundarias que de ninguna maneray bajo ningún pretexto pueden ser opuestas ―ya sea directa oindirectamente mediante una equivocada interpretación― a la LeySuprema. Lo digo porque no es relevante el señalamiento de queel secretario general de la Cámara de Diputados tiene entre otrasfunciones y tareas la de llevar a cabo el inventario de:las notificaciones de las sentencias inatacables del órganojurisdiccional electoral sobre los comicios a diputados,a efecto de entregar, en la temporalidad ahí precisada,las credenciales de identificación para el acceso de losdiputados electos a la sesión constitutiva, y elaborar lalista correspondiente para la toma de protesta de dichosfuncionarios al cargo al que resultaron electos.Como se lee a fojas 31-32 de la sentencia. Y se concluye enla misma que el secretario general…es el encargado de coordinar, organizar y preparar los actosconducentes y preliminares, necesarios para la celebraciónde la sesión constitutiva de ese órgano legislativo (registro,36

credencialización y comparecencia de los diputados electosa efecto de que tomen protesta al cargo), es decir, detentafacultades para dar funcionalidad [sic], a través de lainstrumentación atinente, a lo ordenado en la ConstituciónFederal en cuanto a la debida integración y conformaciónde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión parael adecuado y oportuno ejercicio de sus funciones (SUP-JDC-670/2009).Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralPero lo que pasa es que el secretario general de la Cámara deDiputados, incluidas todas las funciones que lo caracterizan, presentauna relación nula, inexistente, con la facultad jurisdiccional exclusivade suspender los derechos o prerrogativas de los ciudadanos.La propia sentencia a la que aludo habla de “actos conducentes ypreliminares”, es decir, de reglas ceremoniales que en mi perspectivason de protocolo legislativo, “para dar funcionalidad, a través de lainstrumentación atinente, a lo ordenado en la Constitución Federal”;¡pero nunca para suplantarla o sustituirla! Creo que se confundendos situaciones diferentes. Una cosa es la funcionalidad ―cualidadde funcional― con el objeto de que algo funcione, y otra, aunque enparte similar, la instrumentación que precisamente sirve para prepararlos elementos necesarios y organizarlos. Pero son cosas radicalmentedistintas a impedir que se entre en funciones y se tomeposesión del cargo. El hecho es que mediante tal instrumentación yfuncionalidad las autoridades de la Cámara de Diputados se arrogaronfacultades que no les correspondían, irrumpiendo en el espacioconstitucional de la autoridad jurisdiccional. Desde mi punto de vistaes un paralogismo extender o derivar facultades constitucionalesde las facultades o atribuciones simplemente reglamentarias. Y hayparalogismo en lo que a continuación transcribo de la sentencia quese me ha encomendado estudiar, y que se lee a fojas 32-33:Por tanto, se insiste, si de acuerdo con la referida instrumentaciónlegal, el Secretario General de la Cámara de Diputados tienefacultades expresas para llevar a cabo el trámite de registro y37

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralentrega de credenciales a los diputados federales electos parael acceso al recinto oficial a efecto de rendir protesta al cargopúblico, entonces debe estimarse que al advertir que no secumplen los requisitos que exige la propia normatividad (porejemplo, la inasistencia para realizar dicho trámite, que tieneentre otros objetivos la corroboración de la identidad entre eldiputado electo y el compareciente), está en posibilidad deno dar curso al procedimiento de registro y credencializacióncorrespondiente (SUP-JDC-670/2009).Me parece sorprendente que, usurpando funciones, el secretariogeneral haya impedido el registro y la entrega de la credencialen perjuicio del actor, con la consecuente imposibilidad detener acceso al recinto oficial, y después alegue que por ser ésteprófugo de la justicia no prestó la protesta de rigor en dicho recinto.En última instancia, y en espera de una resolución judicialconstitucional, ―que es la única con que se pueden suspenderlos derechos político-electorales―, debería rendir protesta el diputadosuplente electo. A lo anterior añado, insistiendo en precedenteobservación, que no es quién el subprocurador jurídicoy de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de laRepública para determinar que por haber una orden de aprehensiónen contra del actor él “se ubica en la hipótesis de suspensiónde derechos políticos, contemplada en el artículo 38, fracción V, dela Constitución General de la República”, razón por la que inconstitucionalmenteel secretario general de la Cámara de Diputadoshizo nugatorios los derechos político-electorales de Julio CésarGodoy Toscano. Recuérdese que la orden de aprehensión la solicitael Ministerio Público al juez en pleno periodo de averiguaciónprevia, y sin que haya aún sentencia en la que se defina elgrado de culpabilidad del presunto responsable. Repito que a mijuicio y a partir de una cuidadosa lectura de las fracciones I, II,III, V y VI del artículo 38 de la Constitución, 2 se deduce que es2Véase pp. 27-30.38

imposible, constitucionalmente hablando, suspender derechos oprerrogativas de los ciudadanos sin que haya sentencia ejecutoriaque imponga como pena esa suspensión (véase el párrafotercero del artículo 21 constitucional y el artículo 24, número 12,del Código Penal Federal). Por ello no comparto, ―reconociendodesde luego que en el derecho se suelen enfrentar distintasclases de criterios y diferentes puntos de vista―, la que a mi veres una síntesis o conclusión del criterio sostenido por la Sala Superiory que aparece a fojas 34 de la sentencia.Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralAcorde a ese imperativo constitucional, basta que unciudadano se coloque o ubique en ese supuesto normativo(sustraerse de la justicia a fin de evitar ser sujeto a procesopenal, por el libramiento de la orden de aprehensión), para quesus derechos político-electorales se entiendan suspendidos,es decir, esa inhabilitación opera de pleno derecho por la solaactualización de la hipótesis constitucional en cuestión, sinque sea necesario que previamente dicha suspensión seadeclarada judicialmente o por alguna otra autoridad [sic], como enforma inexacta lo pretende el actor. Ello es así, porqueen primer lugar, el artículo constitucional en esa porciónnormativa no condiciona los efectos o consecuencias jurídicasde la suspensión de derechos políticos, a la declaraciónprevia de una autoridad jurisdiccional en ese sentido (SUP-JDC-670/2009).Al respecto, sostengo que la inhabilitación o suspensión ipsojure de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos es unaviolación, como ya se señaló, al texto constitucional en las fraccionesI, II, III, V y VI del artículo 38 y al Código Penal Federalen el artículo 24, número 12. Igualmente, la inhabilitación o suspensiónipso jure desconoce flagrantemente la garantía de legalidaddel inculpado que consagra y tutela el párrafo segundo delartículo 14 constitucional. No puede operar de forma automáticay a semejanza de como, según algunos, se pretende que opere39

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralla tristemente célebre “razón de Estado”. La suspensión ipso jurede los derechos es una negación del mismo derecho. Y eso deque “dicha suspensión sea declarada judicialmente o por algunaotra autoridad…” carece de fundamento. ¿A qué “otra” autoridadse refiere? “La imposición de las penas es propia y exclusiva dela autoridad judicial”, reza el párrafo tercero del artículo 21 de laConstitución. Y en lo tocante a que el artículo 38 “en esa porciónnormativa” que es la fracción V, “no condiciona los efectos o consecuenciasjurídicas de la suspensión de derechos políticos, ala declaración previa de una autoridad jurisdiccional en ese sentido”,me remito otra vez a las páginas 27-30 de estos comentariosy abundo en lo ya argumentado.Es de explorada doctrina que una Constitución es un cuerpounitario y lo es asimismo cada uno de los artículos que la componen.En cada artículo debe haber una unidad normativa correspondientea la unidad general de la propia Constitución. En otrostérminos, no es admisible que una Constitución se contradigarompiendo su unidad. He concebido la idea del “discurso constitucional”que implica la unidad cuantitativa (numérica) y cualitativa(normativa). O sea, lo que se diga en un artículo no puede―ni tampoco debe― ser contradicho en uno posterior, porqueha de haber una “consonancia”, una “armonía constitucional”. Eneste sentido es categórico el párrafo segundo del artículo 14 dela Carta Magna cuando en él leemos, y cito lo conducente, que“Nadie podrá ser privado de sus derechos, sino mediante juicioseguido ante los tribunales previamente establecidos”, lo que sereconoce en el artículo 24, número 12, del Código Penal Federalal definir como pena la “suspensión o privación de derechos”. 3¿Y cuál es la única autoridad que puede imponer esta pena? Laautoridad judicial, conforme al párrafo tercero del artículo 21 dela Constitución. La consecuencia es aplastante. Y en cuanto al403Para mí lato y stricto sensu; el texto alude a derechos específicos como lospolítico-electorales y a otros que aunque igualmente específicos se concretan enun ejercicio general de la voluntad: el derecho a la salud, a la educación, al libretránsito, a profesar la creencia religiosa que más agrade, etcétera.

artículo 38, añado a lo ya dicho en páginas atrás 4 que en mi opiniónlas fracciones I, II, IV y V violan lo dispuesto en el párrafo segundodel artículo 14 de la Constitución, lo contradicen y rompenla unidad del discurso constitucional. En tal virtud y atendiendoa la tesis sostenida sobre la unidad de ese “discurso” (unidadgeneral) y la de los artículos que componen el cuerpo constitucional(unidad particular), creo que la interpretación teleológicalleva a la conclusión irrefutable de que la suspensión de los derechoso prerrogativas a que se refiere el artículo 38 sólo se puedellevar a cabo mediante juicio y su correspondiente sentenciaacusatoria. Más aún, el juicio debe ser pleno, total, “cosa juzgada”,agotados todos los recursos e instrumentos legales deimpugnación, lo que se reconoce en la fracción VI del mencionadoartículo al decirse “por sentencia ejecutoria”.Ahora bien, a partir a fojas 35 de la sentencia en adelante, esreiterativa la argumentación del magistrado ponente ConstancioCarrasco Daza (lo que se demuestra a fojas 40, en su párrafoprimero), volviendo a dar aquí, en mi opinión, una interpretaciónequivocada de la fracción V del artículo 38 de la Constitución; lacual ratifica la Sala Superior en la resolución y notificación queaparecen a fojas 88-90. Es irrelevante la cita que de FrancescoCarnelutti hace a fojas 49 el magistrado ponente, sobre la ordende captura o de aprehensión, puesto que el mismo Carnelutti reconoceque la orden de captura es el acto de coerción preventivaque tiende a asegurar al proceso penal la disponibilidad delindiciado; medida indispensable sobre la que descansará toda laedificación del proceso. ¿Disponibilidad para qué? Para que se lejuzgue en un proceso penal, por lo que antes de ser enjuiciado nose le puede ni debe imponer una pena. Y si no se dispone del indiciadopor estar prófugo de la justicia, y siendo entonces imposibleque se le juzgue y sentencie, habría que recurrir in absentĭa deltitular al diputado electo suplente. Por cierto, es Carnelutti quienha escrito las siguientes admirables palabras:Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoral4Véase pp. 27-30.41

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoral[…] para proporcionar al juicio los medios necesarios, entrelos cuales tiene gran trascendencia la disponibilidad físicadel imputado, la ley consiente, para los casos más graves,su captura preventiva; ahora bien, ésta no debería ser, peroen realidad no puede dejar de ser, un sufrimiento y por eso,una pena; el hecho es, desgraciadamente, que en prisión losimputados están como los condenados, y hasta, a menudo,están junto con ellos o peor que ellos; y cuando un imputadoinocente ha sido recluido por meses y hasta, a veces, tambiénpor años, el error a su cargo ¿quién lo puede negar? ¿Cómono reconocer, con San Agustín, una “calamitas innocentis”en aquella “ignorantia iudicis”, que no es de este o de aqueljuicio, sino de todos los “iudicia hominum de hominimus…?Así se aclara el inevitable altísimo costo del instituto penal;nosotros nos encontramos, en definitiva, encerrados en estecírculo vicioso, de que para saber si se debe castigar, sedebe comenzar por castigar. Esta es, quizá, la verdad por lacual ha sido más gravemente conmovida mi fe en el derecho(Carnelutti 1956, 96-7).Es fácil distinguir la incertidumbre que genera en Carnelutticualquier restricción de la libertad y, por ende, de los derechosdel individuo, y es fácil comprender que al prófugo ―ya lo señalécon anterioridad― lo impulsa el anhelo de ser libre, que se traducejurídicamente en una excusa absolutoria. Y para no perderla fe en el derecho, diríase, hay que ahondar en la ratio legisde la Constitución, en su espíritu, en su unidad discursiva, y usarla interpretación teleológica que permita andar por buen camino.La cita de la fracción I del artículo 468 del Código Federal de ProcedimientosPenales a la que recurre el magistrado ponente, afojas 49-50 de la sentencia, es oportuna como referencia general.Sin embargo, el texto es muy claro y hay que invocarlo, aplicarloe interpretarlo sin perder de vista su contenido. En él se lee ala letra que: “Iniciado el procedimiento judicial no podrá suspenderse‡ sino en los casos siguientes: I. Cuando el responsable se‡Énfasis añadido.42

hubiere sustraído a la acción de la justicia”. Es evidente que laexpresión no podrá suspenderse es facultativa, es decir, opcionaly no obligatoria o potestativa si nos atenemos a las reglasgramaticales y de sintaxis. “No podrá suspenderse”, o sea, enel caso de que se decida suspender ―pudiéndose decidir locontrario―, si es que el responsable se halla sustraído a laacción de la justicia. Otra cosa sería que en el texto se dijera“se suspenderá”, que es imperativo. Pero es de observar quesi se suspende el procedimiento judicial se suspende también lasentencia con su consecuente pena y ejecución de la suspensiónde los derechos político-electorales. Y lo concerniente al artículo470 del mismo código penal en comento (“lograda la capturadel prófugo, el proceso continuará su curso”), al que también seacoge el magistrado ponente a fojas 50-51, sólo es invocable yaplicable si facultativamente se ha suspendido el procedimientojudicial. De un tiempo a esta parte es frecuente recurrir a los organismosinternacionales y a su jurisprudencia. Al efecto, a fojas51 de la sentencia se menciona el artículo 133 de la Constituciónpara referirse después al artículo 8 de la Convención Americanasobre Derechos Humanos, vigente en México por adhesión de 24de marzo de 1981. El artículo 133 es contundente:Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralEsta Constitución [declara en lo que corresponde], las leyesdel Congreso de la Unión que emanen de ella y todos lostratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y quese celebren por el Presidente de la República, con aprobacióndel Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.El orden jerárquico es impecable: primero Constitución, despuésleyes secundarias y por último, tratados. Y es requisitoconstitucional indispensable para los tratados “que estén deacuerdo” con la Constitución (cpeum, artículo 133). Por lo tantoy conforme a una interpretación analítica, lógica y teleológicadel artículo 38 constitucional, no es invocable ni aplicable elartículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Huma-43

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralnos, por no estar de acuerdo con nuestra Carta Magna. Por otraparte, el artículo 8 garantiza una serie de derechos, en plenaigualdad, de cualquier individuo que sea sujeto a proceso, despuésde declarar en su número 2 que “Toda persona inculpadade delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientrasno se establezca legalmente su culpabilidad”. Es decir, si se presumela inocencia del sujeto se lo debe procesar con todas las garantíasdel caso y finalmente se lo debe sentenciar, siendo que sila sentencia es condenatoria, sólo entonces, y únicamente entonces,se le pueden suspender sus derechos. En tal virtud, nocoincido, por parecerme una proposición paralogística, con la afirmaciónque a fojas 52-53 de la sentencia hace de lo transcrito elmagistrado ponente, en los siguientes términos:Una vez establecido lo anterior, se hace patente que la intencióndel poder constituyente [sic], ha estado dirigida históricamentea considerar que aquellos sujetos contra quienes se ha libradouna orden de aprehensión y se encuentran prófugos de lajusticia, se vean suspendidos en sus derechos políticos.A lo que habría que preguntar, haciendo a un lado la presunciónde inocencia y sin que se establezca legalmente su culpabilidad,¿es esto justo, equitativo, razonable, conforme a derecho?No se niega el aserto de que “la condición de prófugo de la justiciaresulta incompatible con el ejercicio pleno de los derechospolíticos” (SUP-JDC-067/2009, fojas 53), lo que bajo ningún conceptoimplica la suspensión de esos derechos, ya que el sujetoprófugo sólo no los ejerce o no hace uso de ellos. ¿Cuántos derechoshay que no se ejercen o se usan permanentemente sinohasta que la ocasión lo requiere?Hay algo muy importante y que es imposible omitir. Me refiero—otra vez— a la presunción de inocencia de toda persona imputada“mientras no se declare su responsabilidad mediante sentenciaemitida por el juez de la causa”, en los términos del artículo22, fracción I del apartado B de la Constitución. Cabe aclarar que44

en el espacio teórico y doctrinal se enfrentan hoy en el derechopenal, para decirlo de alguna manera, dos tendencias o corrientesideológicas: la clásica, humanista y liberal, y la condicionadapor el interés público ―prefiero decir por “un” interés público―que encabeza o impulsa el jurista alemán Günther Jakobs (2005)con su famoso “derecho penal del enemigo”; la cual se podría definirmuy sintéticamente diciendo que sólo opera un derecho penalrespetuoso de las garantías individuales si el sujeto ha sidoy es, asimismo, respetuoso del orden jurídico; en caso contrario,ya no es un ciudadano civilizado, acorde con los principios rectoresde la polis, sino un enemigo que se ha alejado, renegandode él, del Estado de Derecho. El magistrado ponente, sin duda,reproduce la idea a fojas 54-55 de la sentencia.Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralNo sería dable estimar [dice], que quien se sustrae a la acciónde la justicia y con ello evidencia su salida del orden jurídico,se viera protegido con los propios principios inherentes alenjuiciamiento penal, tales como el derecho a una adecuadadefensa, el principio de presunción de inocencia y otrasprerrogativas que se materializan o concretan precisamente,en tanto se está inmerso en el proceso penal atinente (SUP-JDC-670/2009).O sea, que “quien se sustrae a la acción de la justicia” es un“enemigo” que no goza “de los derechos de toda persona imputada”a que se refiere el apartado B del artículo 20 de la Constitución.¿Habrá querido decir esto el magistrado ponente? 5 Aclaroque la corriente ideológica de Jakobs, quien por cierto la ha rectificadoen distintas ocasiones, es muy discutida y obviamente noaceptada por todos los juristas; de preferencia invocándosela oaplicándosela ―y con gran cuestionamiento― a la delincuenciaorganizada y en concreto al narcotráfico.Me cuesta trabajo entender, de acuerdo con mi concepcióndel derecho y con la lectura y el análisis del texto constitucional5Véase 51-52.45

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoraly de las leyes secundarias emanadas de él, afirmaciones comola siguiente, a fojas 55-56 de la sentencia:es posible observar que la hipótesis de suspensión que sirvióde apoyo a las autoridades responsables para determinarno dar curso al procedimiento de registro a que se refiere elartículo 14 de la Ley Orgánica del Congreso General de losEstados Unidos Mexicanos se presenta razonable y objetiva,toda vez que se ajusta a los principios de legalidad [sic],necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática.¿Cuál ajustamiento al “principio de legalidad”?, si el párrafosegundo del artículo 14 de la Constitución es categórico enla especie: “Nadie podrá ser privado de sus derechos sino mediantejuicio seguido ante los tribunales previamente establecidos”.No es discutible el criterio de la Corte Interamericana deDerechos Humanos, citado a fojas 56 de la sentencia y que establecelos alcances del artículo 29, inciso b, de la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, al sostenerque “la previsión y aplicación de requisitos para ejercitarlos derechos políticos, no constituyen, per se, una restricción indebidade estos”, porque al no ser derechos absolutos “puedenválidamente estar sujetos a limitaciones”; aunque “su reglamentacióndebe observar los principios de legalidad [sic], necesidady proporcionalidad en una sociedad democrática”. De acuerdo, ypor eso, muy al margen del artículo 38 de la Constitución quesólo se refiere a la “suspensión” de los derechos o prerrogativas delos ciudadanos, la fracción II del artículo 35 constitucional prescribeque para “poder ser votado para todos los cargos de elecciónpopular” hay que tener “las calidades que establezca la ley”. Locual no guarda la menor relación con la mencionada suspensiónde derechos, puesto que “calidad” es el estado de una persona,su naturaleza, edad y demás circunstancias y condiciones que serequieren para aspirar a un cargo o dignidad; siendo que por extensiónlógica e interpretación analítica y teleológica del texto, pa-46

a poder ser votado se requiere la circunstancia y condición deser miembro activo de un partido político, conforme a lo establecidoen la fracción I del artículo 41 de la Carta Magna. De todo loanterior se deduce que nada tiene que ver el “principio de legalidad”con el hecho de que la ley defina los requisitos para que losciudadanos participen en el proceso electoral (véase página 56de la sentencia). Pienso que hay ocasiones en que puede haberun error de apreciación, obviamente involuntario, producto de unapercepción equivocada del texto o de una idea. En mi opinión, tales el caso de lo que el magistrado ponente dice a fojas 57-58 dela sentencia y que transcribo a continuación:Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralEn la especie, la legalidad se cumple, en la medida que, comose vio, el precepto constitucional delimita con claridad cuálesson las hipótesis de suspensión de los derechos políticos, deahí que resulte patente que la voluntad expresa del PoderConstituyente fue implementar, diversas causas de suspensiónde derechos, todas ellas, con carácter excepcional porquela regla general es que los derechos políticos se ejerzana plenitud.Una cosa es la legalidad (cualidad de legal) y otra el “principiode legalidad” (párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución)ampliamente explorado por la doctrina y la jurisprudencia. No coincidoen que “la legalidad se cumple” en el caso y en el sentido quea la expresión le da el magistrado; se cumplirá, en el extremo, enlo que atañe al aspecto de reglamentación, pero el “principio delegalidad” tiene que estar sujeto, a fortiori, al párrafo segundo delartículo 14 constitucional. Es decir, no se puede suspender underecho o una prerrogativa de los ciudadanos si no es mediantejuicio. Y cuando en la sentencia se analizan los principios de necesidady proporcionalidad, creo que es una interpretación exagerada,fuera de contexto, decir que la necesidad de la suspensiónde derechos que se defiende “se justifica en tanto que fue reguladapor el Constituyente para preservar el orden jurídico”, pues-47

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralto que éste es inconcebible en un Estado de verdadero derechosin que se cumpla cabalmente lo dispuesto en el párrafo segundodel artículo 14 constitucional. La pretensión del magistrado ponentesupone, entonces, que a un ciudadano se le puede privarde sus derechos sin previo juicio seguido ante los tribunales. Ademáshay algo muy delicado que desconcierta en un fallo emitidopor un tribunal de naturaleza constitucional, a saber, que se califiquede delictiva una acción; ─no de presunta o probablementedelictiva, sino de delictiva─, antes de que haya una resoluciónjudicial al respecto en la que se determine el grado de culpabilidad.Lo digo porque a fojas 58 de la sentencia, y a propósito delprincipio de necesidad, se lee esto: que el Constituyente…estimó imperativo que se suspendieran los derechos políticosa aquellas personas contra quienes se librara una ordende aprehensión y su condición particular revelara que seencontrara prófugo, siendo que su establecimiento se orientaen beneficio del interés de la colectividad que presupone lanecesidad de que se efectivicen [sic] [mejor, efectiven] losmecanismos para desterrar aquellos ilícitos [sic] que trastocangravemente el orden social.Entonces, ¿hay un ilícito o delito nada más porque así lo señalael Ministerio Público? ¿No es necesario que la acusaciónsea calificada por la autoridad judicial? Y en lo que concierne alprincipio de proporcionalidad, al que alude el magistrado ponentea fojas 58-59 de la sentencia, se dice que “es aceptable quela persona contra quien se libra una orden de aprehensión y seencuentre prófugo no esté en condición material y jurídica paraejercer ese derecho”. Pienso al respecto, y con fundamento en laratio legis del artículo 38 constitucional, que aunque no se esté encondición material y jurídica de ejercer un derecho político-electoral,ello no implica que se le suspenda al sujeto. Y repito, en elextremo habría que convocar al diputado electo suplente.48

A fojas 61 y siguientes de la sentencia, el magistrado ponenteaborda lo relacionado con el agravio que en su perjuicio alegay reclama el actor. Se refuta tal agravio pretendiendo demostrarque el secretario general, el subdirector general de Asuntos Jurídicos,el presidente y los integrantes de la Mesa Directiva, todosmiembros de la Cámara de Diputados y señalados como autoridadesresponsables, no le negaron al actor la credencial que loacreditaba como diputado federal electo a la LXI Legislatura delCongreso de la Unión, ni tampoco le impidieron el acceso al recintooficial para prestar la protesta de ley. Me remito al respectoa lo que ya he opinado 6 y reitero que el hecho de que al actorse le hubiera dictado una orden de aprehensión no implicaba que sele suspendieran sus derechos políticos. Lo digo otra vez porquees el argumento más fuerte que se utiliza en la sentencia, apoyándolocon diversas constancias de autos ―de valor probatoriorelativo― que a mi juicio carecen de contenido jurídico en laespecie: libramiento de orden de aprehensión por delito que merecepenal corporal (fojas 62); copia certificada del oficio númeroPF/JEM/SIII/1296/2009, de agosto 6 de 2009 (fojas 63), suscritopor dos suboficiales de la policía federal quienes informan alMinisterio Público de los actos que realizaron para cumplimentarla orden de aprehensión de referencia; copia certificada deloficio PF/JEM/2307/2009, de septiembre 22 de 2009 (fojas 65),suscrito por los mismos suboficiales en el que informan al MinisterioPúblico de los actos que volvieron a realizar con lafinalidad de ejecutar la citada orden de aprehensión; convocatoriaa diputados propietarios electos para integrar la LXI Legislaturade la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, arecibir la credencial de identificación y acceso al Salón de Sesionesdel Palacio Legislativo de San Lázaro, para la Sesión Consultiva,publicada en el Diario Oficial de la Federación de agosto17 de 2009 y a la que no asistió el actor, por lo que consta en lapágina 34 de los presentes comentarios. De tal manera que unaComentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoral6Véase pp. 33-36.49

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralcosa es convocar y otra obstruir la presencia del diputado propietarioelecto. Razón por la que sabiendo esto el actor, aunado alconocimiento de que se iba a ejecutar una orden de aprehensiónen su contra, decidió ser prófugo de la justicia, lo que también yahe analizado desde mi punto de vista. 7 En resumen, no coincidoen que con los “elementos de prueba que se citan”, a saber, unaorden de aprehensión y distintas diligencias de las autoridadespoliciales para ejecutarlas, así como la convocatoria a diputadospropietarios electos a integrar la LXI Legislatura de la Cámarade Diputados del Congreso de la Unión y recibir la credencial deidentificación y acceso al Salón de Sesiones del Palacio Legislativode San Lázaro, con el objeto de asistir a la Sesión Consultiva,haya suficiente razón constitucional y legal para suspenderlos derechos político-electorales del actor. En consecuencia, nocomparto las afirmaciones que el magistrado ponente hace a fojas72 de la sentencia, y que son las siguientes:Todos los elementos anteriores, a través del enlace lógico yarmónico que de ellos se efectúa, en términos de lo dispuestopor el artículo 14, párrafo 1, inciso d), de la Ley General delSistema de Medios de Impugnación, devienen útiles paraestablecer, en forma indiciaria [sic] que la condición queactualmente asiste tanto jurídica como materialmente a JulioCésar Godoy Toscano, actualiza los extremos necesarios paraestimar que se encuentra suspendido en sus derechos políticosen términos del artículo 38, fracción V, de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos.Llamo la atención especialmente sobre la expresión “en formaindiciaria”, es decir, relativa a los indicios, siendo que éstosson “un fenómeno que permite conocer o inferir la existencia deotro no percibido” (rae 2010). Y cosa notable, el diccionario ofrececomo ejemplo el siguiente: “La fuga del sospechoso fue un in-7Véase supra p. 34.50

dicio de su culpa”. En derecho, la prueba indiciaria, conforme almismo diccionario, es “la que se obtiene de los indicios más omenos vehementes, relacionados con un hecho, generalmentecriminal, que se pretende esclarecer”. En conclusión, un indiciopermite más o menos inferir, deducir, pero no probar plenamentela culpabilidad que el juez ha de calificar a plenitud para dictaruna resolución condenatoria. Para ampliar, repito, sólo se actualizanlos extremos necesarios para determinar que un ciudadanose encuentra suspendido de sus derechos políticos, en los términosde la fracción V del artículo 38 de la Constitución, si hay depor medio una sentencia judicial definitiva.No acepto, y ya quedó debidamente dicho y razonado,que la condición de prófugo de la justicia sea suficiente per separa que se le suspendan a un ciudadano sus derechos políticoelectorales;por lo que deducir de aquella condición circunstancias,causas y motivos para que sea lo contrario, me parece quees sobrepasar los límites de la interpretación jurídica. Me refieroa que a fojas 76 de la sentencia se presume que el pedimentodel actor, en el sentido de que el acto de prestar protesta porescrito como diputado pone de manifiesto que era prófugo. Noveo que lo uno guarde relación con lo otro; insistiéndose ademásen que el autor “permanece fuera del orden legal”, lo que es unareferencia tácita al “derecho penal del enemigo”. 8Por último, en lo que atañe a la presunción de inocencia, aparecea fojas 83 de la sentencia la siguiente afirmación, quieroentender que interpretando el artículo 20 constitucional, párrafoI, apartado B (toda persona imputada tiene derecho “a que sepresuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidadmediante sentencia emitida por el juez de la causa”): “De talmanera que al estar sujeto a proceso penal lo arropa el derechofundamental de presunción de inocencia” (aunque refiriéndoseal caso de José Gregorio Pedraza Longi). No obstante, éste esun criterio válido a juicio del magistrado ponente. ¿O sea que noComentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoral8Véase p. 45.51

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralse presume la inocencia en un prófugo de la justicia que no estásujeto a proceso penal? ¿Por qué? ¿Ha dejado de ser imputado?Desde luego “imputado” es la persona contra quien se dirigeun proceso penal, e “imputar” es atribuir a alguien la responsabilidadde un hecho reprobable. Es decir, que en un proceso penalse le atribuye a alguien tal responsabilidad, siendo el juez quiendetermina si la hay o no; mientras tanto, se presume la inocencia,ya que no hacerlo sería prejuzgar (juzgar a priori) e invadirlas facultades y funciones jurisdiccionales. Suponer que la presunciónde inocencia opera exclusivamente al estar la personasujeta a proceso es algo infundado y que altera el sentido del artículo20 de la Constitución, párrafo I, apartado B.En resumen y como conclusión de este apartado, consideroque la litis se centra en los artículos 35, fracción II; 36, fracciónIV; y 38, fracciones I, II, III, V y VI, de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos. Al efecto, y como lo he sostenidoen el curso de mis comentarios, sólo una sentencia emanadade la autoridad judicial puede suspender los derechos o prerrogativasde los ciudadanos, habida cuenta de que el párrafotercero del artículo 21 constitucional única y exclusivamente facultaa la autoridad judicial para la imposición de las penas; siendo,asimismo, que el artículo 24, número 12 del Código PenalFederal tipifica como penas la suspensión o privación de derechos.En tal virtud, y como ha quedado dicho, no comparto el criteriodel magistrado ponente, recogido y sustentado por la SalaSuperior del tepjf.II. Análisis de sentencia complementaria.Caso PedrazaLa suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanosse debe llevar a cabo en estricto acatamiento a las disposicionesde la Constitución y de la ley; en concreto, conforme a loprescrito en los artículos 21 de la Carta Magna, párrafo tercero,52

y 38; así como 24, número 12, y 45 del Código Penal Federal. 9Este caso en estudio, a diferencia del anterior (en adelante, comentarioI), corresponde a la fracción II del artículo 38 de la Constitución,la que determina que los derechos o prerrogativas de losciudadanos se suspenden “por estar sujeto a un proceso criminalpor delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha delauto de formal prisión”. Me parece imprescindible confrontar estetrabajo con mi comentario I para no ser repetitivo. Desde luegome referiré en términos generales a puntos de vista o criteriostratados en aquél. Estoy de acuerdo en que si bien es cierto queel promovente José Gregorio Pedraza Longi se encontraba sujetoa proceso, no estaba sin embargo privado de su libertad; razónpor la cual se le debía permitir el derecho a votar, expidiéndolesu credencial de elector. Pero no por las razones que aduce laSala Superior del tepjf, sino porque el hecho de ser sometido aproceso no implica la pérdida de los derechos político-electorales,ya que para ello debe haber una sentencia definitiva, provenientede la autoridad judicial que así lo determine. Al respectome remito a lo que he sostenido sobre el “discurso constitucional”y la unidad cuantitativa y cualitativa del mismo. 10 Al igual queen mi comentario I, insisto aquí en que el caso de estudio y reflexiónamerita un tratamiento de naturaleza estrictamente constitucional,puesto que su materia prima tiene que ver nada menosque con uno de los más importantes derechos o prerrogativas delciudadano, incluso trascendentes en la vida jurídica, democráticay política del país.En la controversia del caso el promovente se inconformó conla resolución emitida por la Dirección Ejecutiva del Registro Federalde Electores, a través de su vocalía en la 06 junta distritalejecutiva en el estado de Puebla, de fecha 16 de febrero de 2007y en el expediente VDRFE/06/PUE/SECPV/01/07, mediante lacual se declaró improcedente su solicitud de expedición de cre-Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoral9Véase pp. 29-31.10Véase p. 44.53

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoraldencial para votar con fotografía. Realizados los trámites inicialesde rigor, la autoridad responsable manifestó y demostró queen los archivos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal deElectores había información proporcionada por el juez del JuzgadoMixto de San Juan de los Llanos Libres, Puebla, en la que seseñala que en la causa penal 30/205 se dictó un auto de formalprisión en contra del promovente Gregorio Pedraza Longi, “porlo que fue suspendido de sus derechos políticos conforme a lodispuesto en el artículo 38 constitucional” (fojas 3 de la sentenciade la Sala Superior). Lo anterior se confirmó con el desahogoque del requerimiento que se le hizo llevó a cabo el juez dereferencia (fojas 5 de la sentencia), y en el que remitió a la SalaSuperior las constancias que integran la causa penal 30/2005 instruidaen contra de José Gregorio Pedraza Longi por su presuntaresponsabilidad en la comisión de diversos delitos. Reitero loque ya sostuve en el sentido de que la única forma de suspendera un ciudadano en el ejercicio de sus derechos político-electoraleses con una sentencia emitida por la autoridad judicial. 11 Hayque insistir en que según el informe del juez, se habla de “presuntaresponsabilidad en la comisión de diversos delitos”, lo quesirve de fundamento a la autoridad responsable para determinarque se suspendan los derechos políticos del quejoso “conformea lo dispuesto en el artículo 38 constitucional”. La conclusión essorprendente, una autoridad administrativa le impone una penaa un ciudadano por hallarse sujeto a proceso en calidad de “presuntoresponsable”, en la comisión de distintos delitos; ignora dichoacto, el párrafo tercero del artículo 21 constitucional, en quese dispone que “la imposición de las penas es propia y exclusivade la autoridad judicial”, y el número 12 del artículo 24 del CódigoPenal Federal que define como pena la “suspensión o privaciónde derechos”. Añado que un presunto responsable lo es porqueaún no se ha dictado sentencia que lo califique de responsable,11Véase pp. 27-30.54

o sea, de culpable, siendo que la sentencia ha de ser definitiva,ejecutoria, cosa juzgada. 12 La pena, y no hay qué decirlo o recordarlo,es la consecuencia jurídica del delito y éste su presupuesto(Mezger 1955). Además, no se debe olvidar que aunque el MinisterioPúblico ejercita la acción penal con la mera presunción deresponsabilidad, el juez ha de establecer en su sentencia la plenaresponsabilidad (y anoto que en un auto de formal prisión sóloes suficiente la presunta responsabilidad y la plena comprobacióndel cuerpo del delito, llamado absurdamente “hecho” a partir dela reforma constitucional de 2008). Sólo así es aplicable y justificablela pena. ¿Cómo sancionar entonces recurriendo única yexclusivamente a la presunción de responsabilidad?Todo acto de autoridad ha de estar fundamentado en el “edificiolegal” o en una de sus partes, y también motivado. El fundamentoes el asiento legal y la motivación es el razonamiento quedepende de aquél: el “ensayo mental preparatorio de una acciónpara animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia” (rae2010). Hay un binomio patente: fundamentación-motivación. Semotiva con apoyo en la fundamentación, ya que motivar es “dar oexplicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer algo” (rae2010). De donde resulta que es imposible motivar, so riesgo decaer en el paralogismo, si se recurre a una fundamentación o unfundamento falsos o equivocados. El artículo 16 de la Constitucióndice de manera clara y terminante que:Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralNadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escritode la autoridad competente, que funde y motive la causa legaldel procedimiento.En tal virtud, no hay fundamentación ni motivación constitucionalesen el acto de autoridad que se reclama, porque una autoridadadministrativa carece de facultades para imponer una pena12Véase nota 2.55

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralque es potestad de la autoridad judicial. Es grave que los derechospolíticos, y en concreto los político-electorales de los ciudadanos,estén sujetos a las decisiones de autoridades que rebasanlos límites de la Carta Magna, atribuyéndose funciones que noson de su competencia, porque en el entorno de las garantías individualeses de vital importancia la político-electoral para la coexistencialegal y pacífica en sociedad. El respeto absoluto a laConstitución es la mayor garantía con que cuenta la democracia,de suyo sometida a temporales y temporalidades de los interesespolíticos. Asimismo, la fundamentación y motivación han decorresponder al texto citado, no por derivación sino directamente.Me explico, pretender fundar y motivar una decisión de elevadocarácter constitucional en una ley secundaria es soslayar a lanorma suprema. El principio de definitividad no opera aquí porqueaunque éste determina que una parte procesal agote los recursosque la ley prevé antes de interponer un recurso mayor, loevidente es que cuando hay de por medio una proposición constitucionala su vez definitiva, categórica, no hay entonces recursoque obstruya el camino directo hacia aquella norma suprema. Tales el caso que me ocupa. En efecto, la supremacía constitucionalno es circunstancial ni tampoco está condicionada. La supremacíaes preeminencia, superioridad jerárquica, y no hay dudade que la suspensión de un derecho es una atribución exclusiva dela autoridad judicial. Si se violan los derechos o prerrogativasde los ciudadanos, como suspendiéndolos sin tener la atribución dehacerlo, hay que ir directamente al mandato constitucional parareclamarlo e impedirlo. Si fuera constitucional o legal que una instanciadistinta de la judicial tuviera la facultad de suspender losderechos o prerrogativas de los ciudadanos, habría que recurrirprimero a ella; pero no siéndolo carece de relevancia y sentidola definitividad. Por eso en el caso hay que centrarse en el núcleoconstitucional y desviarse de éste es dilatar el proceso dela justicia expedita, pronta, completa e imparcial a que obliga elartículo 17 constitucional en su párrafo segundo. No se dilata dichoproceso, obviamente, si hay recursos intermedios antes de56

llegar al mayor. La justicia tiene sus tiempos, como el ritmo delas estrellas (Calamandrei 1956).A fojas 10 y 11 de la sentencia se desarrolla un punto muyimportante, el de la suplencia y la litis, en aplicación de lo que disponeen la materia la lgsmime. El hecho es que el promoventesólo alegó que el acto impugnado le causó agravio porque se lenegó la expedición y entrega de su credencial para votar con fotografía,a pesar de haber cumplido con los requisitos y trámitesque la ley exige para obtenerla, por lo cual se le impedía ejercerel derecho al voto activo conforme al artículo 35 de la Constitución,en su fracción I. La Sala Superior, sin embargo, suplió laqueja aduciendo que el agravio causado consistíaComentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralen que el acto impugnado constituye un impedimento paraemitir en su oportunidad el sufragio en los comicios localesque tendrán verificativo en el Estado de Puebla el próximo mesde noviembre del año en curso para elegir al Congreso y losAyuntamientos de la entidad… (SUP-JDC-85/2007, fojas 11).Lo anterior es innegable, aunque creo que en la especie setrata de ambas cosas, es decir, tanto de una violación al derechode voto en general como en particular, deduciéndose esto de aquello,formando una unidad. Pero lo importante es que, al margen delseñalamiento y según mi punto de vista, en eso no consiste lalitis. Desde luego, sería imposible violar en sus dos aspectos elderecho al voto si el promovente no hubiera cumplido con losrequisitos que se señalan en el artículo 34 de la Constitución.Pero la litis se centra en si una autoridad administrativa, no judicial,tiene facultades para suspender los derechos o prerrogativasde los ciudadanos. Es de observar que la Sala Superiorno respalda tal suspensión pero por razones diferentes (el actorse encontraba sujeto a proceso pero no privado de su libertad,por lo que debía permitírsele ejercer el derecho a votar), alejándosede la que para mí, repito, es la verdadera litis. En este casola litis es de rigurosa naturaleza constitucional, y pienso que es57

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralmuy delicado ignorarlo u omitirlo dada la excepcional trascendenciadel derecho al voto, que proviene de la fuente constitucionalsin interrupciones ni alteraciones.A fojas 12 de la sentencia la Sala Superior hace el estudiode fondo del caso. La argumentación es muy simple, se sostienequeEl agravio formulado por el actor se estima fundado… envirtud de que la autoridad responsable infringió lo previstoen los artículos 35, fracción I, de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos; y 4, apartado 1, 139, 140 y145, del Código Federal de Instituciones y ProcedimientosElectorales…Repito que, en mi criterio, el agravio se ubica únicamente en laConstitución, por lo dicho líneas atrás acerca del principio de definitividad.Estoy de acuerdo en invocar el artículo 35 constitucionalen su fracción I (“Son prerrogativas del ciudadano votar en laselecciones populares”), pero también es de acogerse el artículo38 constitucional en su fracción II (“Los derechos o prerrogativasde los ciudadanos se suspenden por estar sujeto a un procesocriminal por delito que merezca pena corporal, a contar desdela fecha del auto de formal prisión”). Éstos son los dos únicosartículos relevantes y trascendentes. Adquiridos esos derechos,en ejercicio de ellos o preparándose para ejercerlos, ¿qué autoridadpuede suspenderlos? Es lo que debe dilucidar el tepjf; essu responsabilidad como Tribunal de control constitucional en materiaelectoral. Control constitucional, teniendo en cuenta por supuestoque hay una serie de leyes secundarias, que emanan dela Carta Magna, pero cuya invocación y aplicación debe cedersitio a la preponderancia de ésta. Y hay preponderancia cuandose halla de por medio un derecho estrictamente constitucionalen su más elevado nivel; uno sin el que no sería posible larepresentación democrática y por ende la conformación del Estadode Derecho y del propio gobierno.58

Abro un paréntesis para hacer una reflexión que considerotrascendente. A fojas 12 in fine de la sentencia, leo:Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralQue de la copia certificada de dicho mandamiento judicial,al cual se le otorga pleno valor probatorio en términos delo dispuesto por el artículo 16 de la citada Ley General [delSistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral],se deriva que el actor se encuentra sujeto a proceso comopresunto responsable de la comisión de diversos delitos decarácter culposo.Ahora bien, en el contexto del artículo 38 constitucional sólo sehabla de delito sin precisar el grado de la culpabilidad, dolo o culpa.Al respecto, es de considerar que aunque tradicionalmente se hacreído menos grave la culpa que el dolo ―criterio que prevalece enciertas áreas del derecho penal―, lo cierto es que en la sociedadmoderna la culpa (falta de reflexión, de atención o de cuidado quecausa un daño similar al del dolo) equivale a egoísmo o falta de solidaridadsocial capaz de generar no sólo el mismo daño o perjuicioque el dolo, sino aún mayor. Todo dependerá del caso en particular.En tal virtud, y habida cuenta de la composición normativa delartículo 38 constitucional, sugeriría que el tepjf, a semejanza de loque acontece en otros tribunales del mundo, electorales o no (porejemplo, Suecia, Finlandia o Dinamarca), asumiera la facultad deinformarle al Poder Legislativo de las deficiencias de la ley en suaplicación ―errores, lagunas y otras― con el objetivo de que ellegislador, teniendo en cuenta esas observaciones provenientesde un poder aplicador de la ley en la praxis social, estudiara lasposibles imperfecciones y las corrigiera si fuese procedente.A mí no me satisface el razonamiento de que el actor, por nohaber perdido su libertad, esté en condiciones de ejercer su derechode votar, implicando esto un factor decisivo para no suspenderaquél. Por cierto, y a contrario sensu, ello se adujo en el caso59

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoraldel demandante Julio César Godoy Toscano. 13 Libre o no, presoo no, sujeto a proceso o no, prófugo de la justicia o no, el ciudadanotiene la garantía constitucional ―el derecho― de no ser suspendidode éste más que por la autoridad competente, que es lajudicial. Si el tepjf lo declarara así, sentando sólida jurisprudencia,consolidaría el sistema democrático nacional al amparo delderecho y de la Constitución. Hay prerrogativas constitucionalesque son insustituibles e irrenunciables. El verdadero Estado deDerecho depende de ello. Admito que la suspensión de los derechoso prerrogativas de los ciudadanos “no es absoluta ni categórica”(SUP-JDC-85/2007) porque desde lo más hondo de lameditación filosófico-jurídica se sabe que los derechos tienen unavertiente social dinámica, dialéctica, sujeta a una serie de modificacioneshistóricas. No sucede así con su naturaleza intrínseca,de derecho per se. Pero ello no obsta para que la competenciaexclusiva de su posible suspensión esté sólo en las manos de laautoridad judicial. En la especie la sentencia invoca los tratadosinternacionales (fojas 14-15). Aquí es de considerar lo siguiente.El artículo 133 de la Constitución es muy claro y la interpretaciónjurisprudencial devendría de suyo en una interpretación arbitraria,e incluso anticonstitucional, si supliendo al legislador legislara.El control constitucional no es una substitución constitucional. Lodigo por la cita que en la sentencia se hace de una tesis aisladade la Suprema Corte de Justicia de la Nación; tesis aislada y nojurisprudencia “obligatoria”. El artículo 133 de la Constitución, repito,es clarísimo. La Ley Suprema es: primero la Constitución, despuéslas leyes del Congreso de la Unión que emanen de ellay, por último, los tratados “que estén de acuerdo con la misma”,etcétera. Es un orden jerárquico evidente que no se presta aconfusión ni a desviación, ni a interpretación o substitución arbitraria.¿De dónde entonces la tesis aislada de la Suprema Corte,clave P. IX/2007? A la letra dice algo absolutamente contrario altexto constitucional y a la misma idea constitucional: “TRATADOS13Véase Comentario I.60

INTERNACIONALES. Son parte integrante de la Ley Suprema dela Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales(sic), federales y locales” (citada en SUP-JDC-85/2007).¡En mi opinión es una barbaridad! “Tesis aislada” que en sentidoestricto no es obligatoria, conforme al artículo 192 de la Ley deAmparo, y que implica un desbordamiento de las funciones yatribuciones de la Suprema Corte. ¿Ante ella qué debe hacer unórgano como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?Acatar en sus términos el artículo 133 de la Constitución y el192 de la Ley de Amparo, y con mayor razón si se tiene en cuentaque los tratados deben estar de acuerdo con la Constitución(artículo 133). En consecuencia, no comparto el criterio de la SalaSuperior que obra a fojas 14-16 de la sentencia.Me llama poderosamente la atención que en el caso de JoséGregorio Pedraza Longi se haya seguido un criterio diferente alde Julio César Godoy Toscano, que también he comentado, enmateria de presunción de inocencia. 14 Transcribo a continuaciónestas líneas que aparecen a fojas 18 de la sentencia.Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralPor ello se considera, en la dogmática penal, que la piedraangular de todo proceso acusatorio es el reconocimientoy respeto de uno de los derechos humanos de mayortrascendencia, conocido como el derecho de presunciónde inocencia, pues toda persona a quien se imputa un delitotiene derecho a ser considerado inocente, mientras no sepruebe legalmente su culpabilidad en un proceso seguido contodas las garantías previstas en la ley (sic).El referido principio es un derecho fundamental, pues configurala libertad del sujeto, al grado que su observancia debidaen un sistema penal, permite al procesado ser libre frentea acusaciones aun no comprobadas (sic) por las cuales sepretende privar de la libertad. Así, este derecho tiene porobjeto el mantenimiento y la protección jurídica de la inocencia14Véase pp. 50, 51 y 59.61

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoraldel procesado mientras no se produzcan pruebas concretascapaces de generar la certeza necesaria para establecerla responsabilidad a través de una declaración judicial decondena firme [sic].En este orden de ideas, la mencionada presunción de inocenciaconstituye un derecho atribuible a toda persona [sic] por elcual debe considerarse, a priori [sic], como regla general,que su actuación se encuentra de acuerdo con la recta razóny en concordancia con los valores, principios y reglas delordenamiento jurídico, mientras un órgano jurisdiccional noadquiera la convicción [sic], a través de los medios de pruebalegal, de su participación y responsabilidad en el hechopunible determinada por una sentencia firme y fundada [sic],obtenida respetando todas y cada una de las reglas del debidoproceso…Ya sé que en la sentencia del caso de Godoy Toscano se sostuvoque por estar prófugo de la justicia no podía gozar del derechofundamental a la presunción de inocencia, ya que éste sóloopera dentro de un proceso. Con lo que, según ya lo expresé, noestoy de acuerdo. 15No tengo la menor duda de que aunque el promovente JoséGregorio Pedraza Longi ha reclamado, primero, su derecho devotar para ejercerlo, y en segundo lugar, que en las eleccionesque se efectuaron en el estado de Puebla, 16 la Constitución Políticadel Estado de Puebla se debe supeditar a la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos. Lo señalo porque a fojas36-38 de la sentencia se cita la fracción III de la Constitución deese estado, que a la letra dice: “Los derechos y prerrogativasde los ciudadanos se suspenden por estar procesados por delito intencional…”.Terminología desusada e imperfecta 17 porque la intenciónpuede ser tanto dolosa como culposa, o sea, hay intención lo15Ídem.16En la sentencia se recurrió a la suplencia en pp. 10-11.17Véase Código Penal anotado (2007), notas 32*, 33*, 34 y 35 al art. 8.62

mismo en el dolo que en la culpa. Lo que pasa es que en el dolola intención se encamina hacia la producción del resultado final yen la culpa nada más se quiere o se busca el resultado intermedio,es decir, generador del resultado final. Acoto que la fracciónII del artículo 38 de la Constitución sólo se refiere a “delito quemerezca pena corporal”, sin aludir para nada a si es intencional ono. Pero el hecho es, repito, que la Constitución de Puebla se debesometer a la de la República. Lo sorprendente, a mi juicio, esque en la materia el razonamiento de la Sala Superior, partiendode la terminología errónea a la que me acabo de referir, resuelveque como al actor le fueron dictados diversos autos de formalprisión como presunto responsable de diferentes delitos “decarácter culposo”, sólo se le podrían suspender sus derechospolítico-electorales si se le hubiese dictado un auto de formal prisiónpor “delito intencional”; con lo que la Sala Superior le da prioridada la Constitución de Puebla. No obstante, sostengo mi puntode vista en lo referente a la terminología desusada e imperfectaen lo concerniente al mal llamado delito intencional. Sin embargo,las dilucidaciones en torno a si el delito fue de carácter culposoo intencional ocupan, a mi entender, un segundo plano frentea la verdad constitucional de que sólo la autoridad judicial puedesuspender un derecho o prerrogativa político-electoral.En resumen, advierto que la misma Sala Superior maneja argumentosque en algún sentido parecen caer en contradicción,lo que revela una especie, me atrevo a decir, de incertidumbreen el planteamiento y resolución de graves cuestiones constitucionales.De fojas 40 de la sentencia transcribo esto:Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralDe ahí, que no sea válida una sanción de privación de derechospolíticos del procesado, sin que exista una resolución dictadaen última instancia que define su responsabilidad plena, ycomo consecuencia se le prive de la libertad, pues ello seríacontrario, a lo previsto en el artículo 14 de la Constituciónfederal, ya que se permitiría la privación de derechos sin unjuicio previo.63

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralLo anterior es coincidente con lo que he sostenido de manerareiterada en el otro asunto que se me encomendó estudiar. 18Sin embargo, no coincido en que la preponderancia del artículo14 de la Constitución se invoque y aplique para una resolucióndictada en última instancia y que define la responsabilidad plenaen determinados hechos delictuosos, cual sucede en el presentecaso, y no tratándose de una resolución de la misma clase eimprescindible para que se suspendan los derechos o prerrogativasde los ciudadanos. Además, se hace depender la suspensiónde los derechos políticos de la otra resolución que atañe adiversos delitos, desconociéndose la independencia y autonomíade la sentencia definitiva con la que se suspendan aquellos derechos;lo que se repite a fojas 48 en el cuarto punto resolutivo dela sentencia, pero con palabras más precisas que no comparto:“En caso de dictarse sentencia condenatoria privativa de la libertady como consecuencia de ello (sic) se suspendan los derechospolítico-electorales del sentenciado…”. La suspensión delos derechos político-electorales no puede ni debe ser “consecuencia”de la otra sentencia.III. Nota importanteEn la madrugada del día 23 de septiembre de 2010, entró subrepticiamenteJulio César Godoy Toscano al recinto de la Cámarade Diputados en San Lázaro. Aclaro que la subrepción jurídicamentehablando es “la ocultación de un hecho para obtener loque de otro modo no se conseguiría”, según el Diccionario de laReal Academia de la Lengua Española (rae 2010). ¿Y qué eslo que con esta acción obtuvo el ya diputado federal en funciones?Aquello que era justo en los términos de la resolución deun juez al restituirle sus derechos políticos. Además, al penetraren el recinto de la Cámara no hizo uso de la fuerza en las perso-18Véase p. 44 y 45.64

nas ni en las cosas. Por otra parte, se señala con insistencia quehay una orden de aprehensión en contra suya. Aquí hay que reflexionarun punto interesante. Habida cuenta de que el llamadofuero no existe y de que en consecuencia no lo puede hacer inmuneante una orden de aprehensión, en último extremo habríaque recurrir a la declaración de procedencia que sólo es dable enlos presupuestos de juicio político (cpeum, artículo 110, párrafotercero) y procedimiento penal (cpeum, artículo 111, párrafo primero);y como en el caso presente este último no ha sido invocado,entonces sería aplicable aquél. Sin embargo, no veo cómoJulio César Godoy Toscano pudo haber incurrido “en actos u omisionesque redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentaleso de su buen despacho” (cpeum, artículo 109, fracciónI). Al contrario, en esto incurrieron quienes violaron sus derechospolítico-electorales. Y digo que el fuero no existe porque elartículo 13 de la Constitución prescribe terminantemente que:“Ninguna persona o corporación puede tener fuero”. Es verdadque la confusa redacción del artículo 61 de la Carta Magna sepuede prestar a dudas. Transcribo a continuación el texto paraentender mejor lo que digo:Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralLos diputados y senadores son inviolables por las opinionesmanifestadas en el desempeño de sus cargos, y jamás podránser reconvenidos por ellas.El Presidente de cada Cámara velará por el respeto alfuero constitucional de los miembros de la misma y por lainviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.¿Cuál fuero? El texto se refiere a inviolabilidad (mejor sería“impunidad” diciendo que “los diputados y senadores son impunes…”)condicionada por “las opiniones manifestadas en eldesempeño de sus cargos”. No es una inviolabilidad general.Cierto es que en la segunda parte del precepto se alude al “fueroconstitucional”, lo que es un exabrupto, una salida de tono legal. Yen estricto rigor jurídico es innegable que la segunda parte del65

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralartículo 61 contradice a la primera (contradictio in terminis), rompiendola unidad de tal artículo y contradiciendo también el principioque rige al artículo 13, con lo que se quebranta la secuencianormativa constitucional. En resumen, no se le puede quitar el “fuero”―inexistente― a un diputado.Por las noticias que circularon actualmente se sabe que en eljuicio de amparo radicado en el juzgado primero de distrito, con elnúmero de expediente 743/2010, aún no se realizaba la audienciaconstitucional en la que el quejoso tiene el derecho de ofrecertodas las pruebas que considere adecuadas para alegar la violaciónde su garantía, que es en la especie una orden de aprehensióngirada en su contra. Lo cual significa que se le podría negardicho amparo y protección de la justicia federal. No obstante, lalitis se centra en que, como ya lo dije, fue privado arbitrariamentede sus derechos político-electorales sin que hubiera resoluciónde autoridad judicial competente. O sea, se le impuso unapena de manera inconstitucional. Y si se le negara la razón en eljuicio de garantías, podría interponer entonces una revisión antela Suprema Corte de Justicia, quedando el asunto sub iudice.Le tocaría, pues, a la Suprema Corte en su calidad de Tribunalde control constitucional, como se la suele llamar, definir si un derechopolítico-electoral consagrado en el artículo 35 de la CartaMagna, cuya suspensión o privación es facultad exclusiva deljuez, ateniéndose a lo dispuesto en el número 12 del artículo 24del Código Penal Federal, en concordancia con el artículo 21 dela Constitución, puede ser así mismo suspendido o privársele aun ciudadano de él por autoridad distinta de la judicial.66

IV. Fuentes consultadasComentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralCalamandrei, Piero. 1956. Elogio de los jueces escrito porun abogado. Pról. Eduardo J. Couture. Buenos Aires:Ediciones jurídicas Europa-América.–––. 1920. La cassazione civile: Storia e legislazione. Milán:Fratelli Bocca.Carnelutti, Francesco. 1956. El problema de la pena. BuenosAires: Ediciones Jurídicas Europa-América.Carrancá y Rivas, Raúl y Raúl Carrancá y Trujillo. 2007. CódigoPenal anotado. 26 edición. México: Porrúa.Cofipe. Código Federal de Instituciones y ProcedimientosElectorales. 2009. México: tepjf. Colección Legislaciones.Convención Americana sobre Derechos Humanos. 1969.Organización de Estados Americanos. Suscrita en SanJosé de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en laConferencia Especializada Interamericana sobre DerechosHumanos. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2.htm (consultada en junio de 2011).cpeum. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.2011. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf (consultada el 27 de junio de 2011).cpf. Código Penal Federal. 2011. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf (consultada enjunio de 2011).cfpp. Código Federal de Procedimientos Penales. 2011.Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/7.pdf (consultada en junio de 2011).cpelsp. Constitución Política del Estado Libre y Soberano dePuebla. 2011. Disponible en http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=24&Itemid=68 (consultada en junio de 2011).Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.1948. Organización de Estados Americanos. Aprobada enla Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá,67

Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoralColombia. Disponible en: http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm (consultada en junio de 2011).Franco Sodi, Carlos. 1957. El procedimiento penal mexicano.México: Porrúa.Jakobs, Günther. 2005. El derecho penal del enemigo. Bogotá:Universidad Externado de Colombia.Jiménez de Asúa, Luis. 2005. La teoría jurídica del delito. Estudiopreliminar y epílogo de Enrique Bacigalupo. Madrid:Dykinson.lgsmime. Ley General del Sistema de Medios de Impugnaciónen Materia Electoral. 2008. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/149.pdf (consultada enjunio de 2011).locgeum. Ley Orgánica del Congreso General de los EstadosUnidos Mexicanos. 2009. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/168.pdf (consultada enjunio de 2011).Mezger, Edmund.1955. Derecho penal. Buenos Aires: BibliográficaArgentina.Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1966.Organización de las Naciones Unidas. Adoptado y abiertoa firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General ensu resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.Disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm(consultada en junio de 2011).rae. Real Academia Española. 2010. Diccionario de la RealAcademia de la Lengua Española. Madrid: Real AcademiaEspañola. Disponible en: http://www.rae.es/rae.html(consultada en junio de 2011).Sentencia SUP-JDC-85/2007. Actor: José Gregorio PedrazaLongi. Autoridad Responsable: Dirección Ejecutiva delRegistro Federal de Electores por conducto de su Vocalíaen la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Puebla.Disponible en http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/68

nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/nsentencias/sup-jdc-0085-2007.htm (consultada en juniode 2011).–––. SUP-JDC-670/2009. Actor: Julio César Godoy Toscano.Autoridad Responsable: Secretario General de laCámara de Diputados del Congreso de la Unión y otros.Disponible en http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/nsentencias/sup-jdc-0670-2009.htm (consultada en juniode 2011).Soler, Sebastián. 1962. Interpretación de la Ley. Barcelona:Ariel.–––. 1969. Las palabras de la ley. México: fce.Comentariosa las Sentenciasdel TribunalElectoral69

Derechos o prerrogativas político-electorales de losciudadanos. Alcance constitucional y posible suspensiónpor causa pena es el cuaderno núm. 38 de la serieComentarios a las Sentencias del Tribunal Electoral.Se terminó de imprimir en julio de 2011 enImpresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.(iepsa), Calzada San Lorenzo 244, Paraje San Juan,C.P. 09830, México, D.F.Su tiraje fue de 1,500 ejemplares

nueve.JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DELOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANOEXPEDIENTE: SUP-JDC-670/2009ACTOR: JULIO CÉSAR GODOYTOSCANO.AUTORIDAD RESPONSABLE:SECRETARIO GENERAL DE LACÁMARA DE DIPUTADOS DELCONGRESO DE LA UNIÓN YOTROS.MAGISTRADO PONENTE:CONSTANCIO CARRASCO DAZA.SECRETARIOS: FIDEL QUIÑONESRODRÍGUEZ, JOSE LUISCEBALLOS DAZA Y OMAR OLIVERCERVANTES.México, Distrito Federal, a primero de octubre de dos milV I S T O S, para resolver los autos del expediente alrubro citado, relativo al juicio para la protección de los derechospolítico-electorales del ciudadano promovido por el ciudadanoJulio César Godoy Toscano, en contra de la negativa deregistrarlo como diputado federal electo, así como de laexpedición de su credencial atinente, que atribuye al SecretarioGeneral, Subdirector General de Asuntos Jurídicos, Presidentee integrantes de la Mesa de Decanos y Presidente de la Mesa

2SUP-JDC-670/2009Directiva, todos de la Cámara de Diputados del Congreso de laUnión, yR E S U L T A N D O:Antecedentes. De conformidad con lo expresado en elescrito de demanda, así como de las constancias que obran enel expediente, se desprende lo siguiente:I. Del veinte al veintiocho de agosto de dos mil nueve, losórganos competentes del Congreso de la Unión procedieron alregistro y expedición de las credenciales de identificación de losdiputados federales electos, a efecto de que comparecieran a lasesión constitutiva para la toma de protesta en el cargo.II. Por escrito presentado el veintisiete de agosto del añoen curso, ante la Secretaría General de la Cámara deDiputados del Congreso de la Unión, el ciudadano Julio CésarGodoy Toscano solicitó se le informara las causas por las queen su calidad de diputado federal electo no se le permite elregistro correspondiente, la credencialización que lo acreditecomo tal, así como el acceso al recinto oficial para la toma deprotesta respectiva; ello, según expresó, derivado de las

3SUP-JDC-670/2009declaraciones que fueron difundidas por la prensa nacional enel sentido de que dicha Cámara había determinado suspenderel trámite atinente hasta en tanto se resolviera su situaciónjurídica.III. En respuesta a dicha petición, el Subdirector de laDirección General de Asuntos Jurídicos de la aludida Cámara,mediante comunicado de fecha primero de septiembre del añoque transcurre, hizo del conocimiento al citado ciudadano, porconducto del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, a quien elpeticionario autorizó para esos efectos, lo siguiente:“ …Sobre el particular y en virtud de la designaciónrealizada a favor de usted por el solicitante, mepermito informarle que la Secretaría General de esteórgano legislativo procedió a suspender el trámitede registro a que se refiere el artículo 14 del la LeyOrgánica del Congreso General de los EstadosUnidos Mexicanos, hasta en tanto se defina lasituación jurídica del C. Julio César GodoyToscano, acatando lo establecido en el artículo 38fracción V de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos y 45 del Código Penal Federal,así como el pronunciamiento del C. Juez Primerode Distrito de Procesos Penales Federales en elEstado de Nayarit, en el sentido de que losderechos del C. Julio César Godoy Toscano seencuentran suspendidos en atención al libramientode la orden de aprehensión dictada en su contra confecha 18 de junio de 2009 y que consta en la causapenal 3/2009.

5SUP-JDC-670/2009autoridades responsables, envió a esta Sala Superior lademanda de mérito y sus anexos, junto con las constanciasatinentes al trámite previsto en la ley y el informecircunstanciado.VI. Por auto de once de septiembre de dos mil nueve, laMagistrada Presidenta de esta Sala Superior acordó integrar elexpediente SUP-JDC-670/2009 y turnarlo a la ponencia delMagistrado Constancio Carrasco Daza, para los efectosprevistos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema deMedios de Impugnación en Materia Electoral.VII. El veintidós de septiembre de este año, el Magistradoinstructor admitió la referida demanda de juicio para laprotección de los derechos político-electorales del ciudadano yen diverso auto de esta fecha se declaró cerrada la instrucción,con lo cual el asunto quedó en estado de resolución, ordenandoelaborar el proyecto que conforme a derecho corresponda y,C O N S I D E R A N D OPRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Esta SalaSuperior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

6SUP-JDC-670/2009Federación es competente para conocer y resolver el presentemedio de impugnación, con fundamento en los artículos 41,párrafo 2, fracción IV, y 99, párrafo 4, fracción V, de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184,186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la LeyOrgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3°,párrafo 2, inciso c); 4 y 83, apartado 1, inciso b), de la LeyGeneral del Sistema de Medios de Impugnación en MateriaElectoral, por tratarse de un juicio para la protección de losderechos político-electorales del ciudadano promovido por unciudadano en forma individual, en contra de presuntasviolaciones a su derecho político-electoral de voto pasivo, en suvertiente de ocupar el cargo público al que resultó electo.Ello es así, en razón de que esta Sala Superior tieneestablecido el criterio de que el ejercicio de los derechos a votary ser votado, consignados en el artículo 35 de la normafundamental, en la definición de su ámbito de tutela, que no secolma únicamente con el derecho a participar en la contiendaelectoral, sino que contempla también, el de ocupar el cargopúblico que la propia ciudadanía encomienda mediante elejercicio del sufragio.

7SUP-JDC-670/2009Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia aprobadapor el Pleno de esta Sala Superior en sesión pública celebradael ocho de julio de dos mil nueve, por unanimidad de votos,cuyo rubro y contenido es el siguiente:ACCESO AL CARGO DE DIPUTADO. COMPETE A LASALA SUPERIOR CONOCER DE LAS IMPUGNACIONESRELACIONADAS CON ÉL.—De la interpretaciónsistemática, funcional e histórica de los artículos 99, párrafossegundo y cuarto, fracción V, de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos; 184, 189, fracción I, inciso e)y 195, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de laFederación, así como 83, de la Ley General del Sistema deMedios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte quela Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de laFederación es el órgano competente para conocer y resolverlas controversias que se susciten respecto de la supuestaconculcación del derecho de ser votado en su vertiente deacceso y ejercicio del cargo de los diputados, porque comomáxima autoridad jurisdiccional electoral tiene competenciaoriginaria y residual para resolver todas las controversias enla materia, con excepción de las que son competenciaexclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lassalas regionales, sin que la hipótesis mencionada esté dentrode los supuestos que son del conocimiento de éstas, ademásde que sólo de esta forma se observa la finalidad dellegislador constituyente consistente en el establecimiento deun sistema integral de justicia electoral de tal forma que todoslos actos y resoluciones de dicho ámbito, o bien, que incidany repercutan en el mismo, admitan ser examinadosjurisdiccionalmente en cuanto a su constitucionalidad ylegalidad.Contradicción de criterios. SUP-CDC-5/2009.—Entre lossustentados por la Sala Superior y Sala Regional de la QuintaCircunscripción Plurinominal, ambas del Tribunal Electoral delPoder Judicial de la Federación.—8 de julio de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro LunaRamos.—Secretario: Fernando Ramírez Barrios.SEGUNDO. El peticionario expresa en su demanda losagravios siguientes:

9SUP-JDC-670/2009En ese sentido, como reiteradamente lo ha señaladoel TEPJF, el cumplimiento al principio de legalidadentraña la obligación de las autoridades de apegarseestrictamente a los límites que constitucional ylegalmente les son impuestos, de modo que sólo seencuentran facultadas para realizar lo queexpresamente dichas normas les autorizan.En la especie, los actos impugnados consisten en lasuspensión del trámite de registro, la negativa aexpedir la credencial que me acredite como diputadofederal, así como la restricción de acceso al recintooficial para la toma de protesta.Las razones para suspender el trámite de registro, aque se refiere el artículo 14 de la Ley Orgánica delCongreso General de los Estados Unidos Mexicanos,consistieron en que, según las responsables, meencuentro suspendido de mis derechos políticos, porexistir una orden de aprehensión en mi contra. Paraarribar a esa conclusión, se basaron en lainterpretación de lo previsto en el artículo 38, fracciónV, de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, así como 45 del Código Penal Federal,del pronunciamiento del juez primero de distrito deprocesos penales federales en el Estado de Nayarit,y de las opiniones rendidas por el Centro de Estudiosde Derecho e Investigaciones Parlamentarias y por laDirección General de Asuntos Jurídicos.No obstante, y con independencia de lo incorrecto delas razones esgrimidas, las autoridades responsablescarecían de facultades para negar los trámites deregistro y expedición de credencial, así como paranegar mi acceso al recinto oficial para tomar protestaal cargo, y para determinar si, en mi calidad dediputado electo, tengo o no derecho de ejercerlo.En efecto, ni en la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos ni en elEstatuto de la Organización Técnica y Administrativay del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados,que regulan el cúmulo de facultades del SecretarioGeneral y del Subdirector de Asuntos Jurídicos, seprevén facultades para que dichos funcionariosdeterminen cuándo es procedente suspender eltrámite de registro y entrega de credenciales a losdiputados electos, y mucho menos para determinar si

10SUP-JDC-670/2009un diputado electo cumple con los requisitos paraejercer el cargo.Por el contrario, el artículo 14 de la Ley Orgánica delCongreso General de los Estados Unidos Mexicanosprevé la obligación de realizar el registro, entregar lascredenciales de identificación y dar acceso a losdiputados electos a la sesión constitutiva.Esta norma, lejos de constituir una facultaddiscrecional, establece el imperativo para que elSecretario General lleve a cabo todos los trámitesadministrativos y las formalidades necesarias paraque los diputados electos realicen sus funciones, locual excluye cualquier posibilidad de que dichaautoridad pueda negarse a realizar dichos actos.Además, tanto el secretario general como elsubdirector de asuntos jurídicos carecen defacultades para determinar si me encuentrosuspendido en mis derechos políticos, ya que dichaatribución corresponde, en exclusiva, a los órganosjurisdiccionales.Ciertamente, el artículo 41, fracción V de laConstitución Política de los Estados UnidosMexicanos establece que la organización de laselecciones federales es una función estatal que serealiza a través de un organismo público autónomodenominado Instituto Federal Electoral, regido por losprincipios rectores de certeza, legalidad,independencia, imparcialidad y objetividad.Asimismo, la fracción VI del citado precepto señalaque, para garantizar los principios deconstitucionalidad y legalidad de los actos yresoluciones electorales, se establecerá un sistemade medios de impugnación que se caracterizará porla definitividad de las distintas etapas de losprocesos electorales y garantizará la protección delos derechos políticos de los ciudadanos de servotados.De igual forma, el artículo 99, tercer párrafo de laConstitución General establece que al TribunalElectoral le corresponde resolver en forma definitivae inatacable sobre las impugnaciones en laselecciones federales de diputados y senadores.

11SUP-JDC-670/2009Como se observa, a nivel constitucional se prevé unajurisdicción especializada para resolver loconcerniente a la materia electoral, con autoridadesespecíficas encargadas de organizar y calificar laselecciones constitucionales así como de resolvertodas las impugnaciones que se presenten en eseámbito.Una parte fundamental de los procesos electorales,consiste en el procedimiento de revisión, por lasautoridades administrativas y jurisdiccionales, delconjunto de requisitos y calidades que deben reunirlos ciudadanos que aspiren a ocupar un cargo deelección popular. La satisfacción de estos requisitos,por parte de los ciudadanos, se denominaelegibilidad.Conforme a diversos precedentes del TEPJF, laelegibilidad se puede analizar en dos momentos. Elprimero, cuando la autoridad administrativa sepronuncia sobre el registro de los candidatos. Elsegundo, cuando dicha autoridad califica la validezde la elección. De estimar que un ciudadano eselegible para el cargo, dicha autoridad otorgará elregistro o la constancia de mayoría, según la etapaprocedimental de que se trate 2 .2 Tesis de jurisprudencia, de rubro y texto: ELEGIBILIDAD. LOSMOMENTOS PARA SU IMPUGNACIÓN NO IMPLICANDOBLE OPORTUNIDAD PARA CONTROVERTIRLA PORLAS MISMAS CAUSAS.- Si bien el análisis de la elegibilidad delos candidatos puede realizarse tanto en el momento de suregistro ante la autoridad electoral, como en el momento en quese califica la elección respectiva, ello no implica que en ambosmomentos pueda ser impugnada la elegibilidad por las mismascausas, de tal forma que si la supuesta inelegibilidad de uncandidato ya fue objeto de estudio y pronunciamiento al resolverun medio de impugnación interpuesto con motivo del registro,no es admisible que las causas invocadas para sustentar lapretendida inelegibilidad vuelvan a ser planteadas en un ulteriormedio de impugnación, interpuesto con motivo de la calificaciónde la elección, máxime si la resolución dictada en el primero yaadquirió la calidad de definitiva e inatacable. En este sentido,los dos diversos momentos para impugnar la elegibilidad de uncandidato se refieren a ocasiones concretas y distintas en lasque se puede plantear dicho evento por causas tambiéndistintas, mas no a dos oportunidades para combatir laelegibilidad por las mismas razones, en forma tal que lasegunda constituya un mero replanteamiento de lo que antes yafue impugnado, analizado y resuelto, pues ello atentaría encontra de la certeza y la seguridad jurídicas, así como delprincipio de definitividad de las etapas de los procesos

12SUP-JDC-670/2009Una vez que la elegibilidad es revisada al momentode calificar la elección, y resuelta la impugnación quese haya presentado para controvertirla, conforme alos preceptos constitucionales citados, dichacalificación se vuelve definitiva y firme, por lo queadquiere la característica de inmutabilidad jurídica.En el caso, mi elegibilidad para ocupar el cargo dediputado electo fue determinada, de forma definitiva,en la resolución emitida por el TEPJF, al resolver elexpediente SUP-REC-41/2009, donde desestimó losalegatos relacionados con mi supuesta inelegibilidady confirmó la validez de la elección donde resultéelecto.No obstante, las responsables, en francacontradicción a lo resuelto por el máximo órganoelectoral, desconocen esa resolución y se pretendenerigir como órganos competentes para determinarcuándo un diputado electo se encuentra suspendidoen sus derechos políticos, con lo cual es claro queviolan el principio constitucional de competencia.En efecto, las responsables, en total violación alprincipio de legalidad, soslayan la determinación delmáximo órgano electoral del país, y pretendenarrogarse atribuciones que no les corresponden paracalificar, de nueva cuenta, mi elegibilidad paraocupar el cargo de diputado federal, con lo cualviolan el principio de cosa juzgada.Además, con el acto reclamado, las responsablesafectan el principio de certeza en materia electoral,porque al desconocer las resoluciones de losórganos jurisdiccionales, generan una totalincertidumbre a los ciudadanos, pues ahora lasdeterminaciones adoptadas por órganoscompetentes en materia electoral no garantizan lainmutabilidad de lo resuelto, ya que bien podríanvolver a ser materia de análisis, como ahora lopretenden las responsables.No es obstáculo para arribar a lo anterior, que losórganos responsables hayan hecho referencia a laorden de aprehensión librada en mi contra, y que, aelectorales previsto en los artículos 41, fracción IV, y 116,fracción IV, inciso e), de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos.

13SUP-JDC-670/2009su parecer, la suspensión de derechos opera deforma inmediata con la sola emisión de dichomandamiento de captura. Lo anterior, porque, paraque dicha suspensión pudiera tener incidencia en elámbito electoral, como se dijo, era necesario queexistiera pronunciamiento de los órganoscompetentes, en el cual determinaran que no soyinelegible para ocupar determinado cargo, pero comodicho pronunciamiento fue en el sentido de que sísoy elegible, es claro que las responsables ya nopodían ocuparse de dicho tema.Sostener lo contrario, como ahora se pretende,llevaría al extremo de que, no obstante la existenciade resoluciones firmes de los órganos electorales, lasautoridades de distinto ámbito pudieran pronunciarsesobre aspectos que ya fueron materia de análisis,con lo cual se desconocería toda esa jurisdicciónespecializada en materia electoral, y se abriría lapuerta para la comisión de abusos por lasautoridades, como sucede en la especie, ya que enel periodo que transcurre desde que un ciudadano hasido ratificado como funcionario electo y hasta quetoma posesión del cargo, podría ser objeto deataques para desconocer su investidura, lo cualatentaría gravemente contra la integración del órganocorrespondiente.Es por todo lo anterior que los actos reclamados, alemanar de órganos incompetentes, debeninvalidarse.Segundo. Indebida interpretación del artículo 38,fracción V de la Constitución. Las responsables,de forma incorrecta, consideran actualizada lasuspensión de derechos, en términos del artículo 38fracción V de la Constitución, porque, como lo hasostenido el TEPJF, la sola existencia de una ordende aprehensión es insuficiente para colmar lahipótesis constitucional citada.En efecto, el TEPJF ha sostenido que, para laactualización del supuesto de suspensión dederechos previsto en la norma constitucional citada,se requiere de la concurrencia de dos elementos: a)que el ciudadano esté prófugo de la justicia y b) quetal condición se concrete desde que se dicte la ordende aprehensión y hasta la prescripción de la acciónpenal.

14SUP-JDC-670/2009En opinión del Tribunal, para poder atribuir elcalificativo de prófugo de la justicia a determinadapersona, se requiere de la demostración del hechode que la policía judicial haya intentado, sin éxito,cumplimentar la orden respectiva y que el indiciadotenga conocimiento o presuma que la autoridadjudicial competente le está buscando o requiriendode su presencia por la probable comisión de un delitoy, sobre todo, que pretenda evadirla, lo cual denotael empleo de los medios a su alcance y la realizaciónde actos positivos con el propósito de sustraerse dela acción de la justicia.Es por esto que, para la actualización del supuestode suspensión en estudio se requiere, además de laorden de aprehensión, demostrar que el órganocompetente para cumplimentarla ha llevado a caboactos concretos tendientes a la localización delciudadano sin éxito, pues bien puede ocurrir quedicho órgano no haya llevado a cabo actos en esesentido o que el ciudadano jamás haya intentadohuir, fugarse o sustraerse de la acción de la justicia,en cuyo caso no cabe considerar, coloquial nijurídicamente, que se encuentra prófugo de lajusticia.Por tanto, como lo ha considerado el TEPJF, parademostrar que un ciudadano se encuentra prófugode la justicia, se requiere de la demostración deactos positivos del órgano competente para cumpliruna orden de aprehensión, así como de quienpretende evadir la justicia 3 .3 Sobre el tema, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia delTEPJF, de rubro y texto: PRÓFUGO DE LA JUSTICIA.ELEMENTOS DEL CONCEPTO, COMO CAUSA DEINELEGIBILIDAD.- La causa de la suspensión de los derechoso prerrogativas de los ciudadanos a que se refiere el artículo 38,fracción V, de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos y, en consecuencia, la de la inelegibilidad de algúncandidato, se integra con varios elementos, a saber: a) Estarprófugo de la justicia, y b) Que tal situación acontezca desdeque se dicte la orden de aprehensión y hasta que prescriba laacción penal respectiva; de modo que, si no se encuentrademostrado que el candidato indiciado o procesado hayaintentado huir, fugarse o sustraerse de la justicia, cabeconsiderar que coloquial y jurídicamente dicho candidato no seencuentra prófugo de la justicia y, por tanto, no se actualiza lacausa de inelegibilidad relacionada con tal disposiciónconstitucional, aunque se acredite que un Juez libró una orden

15SUP-JDC-670/2009En la especie, los órganos responsables, en especialel Subdirector General de Asuntos Jurídicos de laDirección General de Asuntos Jurídicos, estimóactualizada la suspensión de derechos políticoelectoralescon la sola existencia de la orden deaprehensión, al considerar que el concepto prófugode la justicia surge a raíz de la emisión de esa orden.Esta afirmación, por sí sola, es insuficiente paraestimar que me encuentro en la hipótesis prevista enel artículo 38, fracción V de la Constitución, pues,como se dijo, los órganos responsables tenían lacarga de verificar la existencia de actos concretostendientes a lograr mi captura, así como de hechosque evidencien mi intención de ocultar o evadir lajusticia.De esta forma, si en el caso no existe prueba algunaque demuestre esos hechos, es claro que no seactualiza la hipótesis de suspensión en estudio, porlo que las responsables, al negar la realización de lostrámites administrativos necesarios para mi registrocomo diputado, actuaron en contravención delprincipio de legalidad.Tercero. Ejercicio de ponderación de losderechos en juego. Se estima que, desde unaperspectiva constitucional resulta necesario realizarun ejercicio de ponderación de bienes jurídicos, paradeterminar, en el caso concreto, cuál es la medidaproporcional en que se debe afectar a uno o a otrobien jurídico, para evitar la supresión de uno enbeneficio del otro.La mayor parte de la doctrina especializada en eltema de colisión de normas distingue la existencia,en un sistema jurídico, de dos tipos de antinomias:aquellas que se dan entre dos reglas jurídicas de lasque se presentan cuando se enfrentan dos principiosjurídicos. Para la resolución del primer tipo deconflictos existen diversos criterios, como el denorma superior deroga norma inferior, ley especialderoga a la general, ley posterior deroga a laanterior, etcétera. En cambio, cuando el conflicto esentre principios, el método más utilizado parasolucionarlo es el de ponderación.de aprehensión en su contra y la acción penal se encuentreviva.

16SUP-JDC-670/2009En el caso, se estima que los bienes jurídicos que seencuentran en posible conflicto son, por un lado, laposible afectación a los derechos fundamentales depresunción de inocencia, de votar y de ser votadopara ocupar cargos de elección popular y, por el otro,la certeza en la consolidación del sistemademocrático.Para estar en condiciones de realizar la ponderaciónde tales bienes jurídicos en el caso concreto, esconveniente acudir a la doctrina sobre "ley deponderación" 4 , cuyo objetivo es establecer en uncaso concreto cuál es la medida proporcional en quese debe afectar a uno o a otro bien jurídico, paraevitar la supresión de uno en beneficio del otro.En este orden de ideas, Robert Alexy explica que elejercicio argumentativo que debe realizar el operadorjurídico con el objeto de solucionar el conflicto que sepresenta ante la colisión de distintos principios,consta de tres etapas:1. Definir el grado de afectación de uno de losprincipios;2. Definir la importancia de la satisfacción delprincipio contrario, y3. Definir si la importancia de la satisfacción delprincipio contrario justifica la afectación del primero.Preliminarmente, es conveniente precisar elcontenido esencial de cada uno de los bienes enconflicto.Presunción de inocencia. El artículo 20, apartadoB, fracción I de la Constitución establece, comoderecho de toda persona imputada, a que sepresuma su inocencia mientras no se declare suresponsabilidad mediante sentencia emitida por eljuez de la causa.4 Cfr. ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales,Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, España, 2001.BERNAL PULIDO, Carlos, El Derecho de los Derechos,Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2005. HUERTAOCHOA, Carla, Conflictos Normativos, IIJ-UNAM.

17SUP-JDC-670/2009Esta norma constitucional consigna expresamente elderecho fundamental de presunción de inocencia, elcual, como lo ha interpretado la Suprema Corte deJusticia de la Nación 5 , configura la libertad del sujeto,al grado que su observancia en un sistema penal,garantiza su inocencia mientras no se produzcaprueba concreta capaz de generar la certezaMéxico, 2003. RUIZ SANZ, Mario. Sistemas Jurídicos yConflictos Normativos, Dykinson, Cuadernos “Bartolomé de lasCasas”, España, 2002.5 Criterio contenido en la tesis de jurisprudencia del Pleno de laSuprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SECONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓNFEDERAL. De la interpretación armónica y sistemática de losartículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafoprimero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafosegundo, de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, se desprenden, por una parte, el principio deldebido proceso legal que implica que al inculpado se lereconozca el derecho a su libertad, y que el Estado sólo podráprivarlo del mismo cuando, existiendo suficientes elementosincriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en elque se respeten las formalidades esenciales del procedimiento,las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas paradesvirtuar la imputación correspondiente, el Juez pronunciesentencia definitiva declarándolo culpable; y por otra, elprincipio acusatorio, mediante el cual corresponde al ministerioPúblico la función persecutoria de los delitos y la obligación(carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten laexistencia de éstos, tal y como se desprende de lo dispuesto enel artículo 19, párrafo primero, particularmente cuando previeneque el auto de formal prisión deberá expresar “los datos quearroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes paracomprobar el cuerpo del delito y hacer probable laresponsabilidad del acusado”; en el artículo 21, al disponer que“la investigación y persecución de los delitos incumbe alMinisterio Público”; así como en el artículo 102, al disponer quecorresponde al ministerio Público de la Federación lapersecución de todos los delitos del orden federal,correspondiéndole “buscar y presentar las pruebas queacrediten la responsabilidad de éstos”. En ese tenor, debeestimarse que los principios constitucionales del debido procesolegal y el acusatorio resguardan en forma implícita el diversoprincipio de presunción de inocencia, dando lugar a que elgobernado no esté obligado a probar la licitud de su conductacuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que elacusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que elsistema previsto por la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponerexpresamente que es al Ministerio Público a quien incumbeprobar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidaddel imputado.

18SUP-JDC-670/2009necesaria para establecer su responsabilidad, através de una declaración judicial de condena firme.En ese orden de ideas, la presunción de inocenciaconstituye un derecho atribuible a toda persona porel cual debe considerarse, a priori, que su actuaciónse encuentra de acuerdo con la recta razón y enconcordancia con los valores, principios y reglas delordenamiento jurídico, mientras un órganojurisdiccional no adquiera la convicción, a través delos medios de prueba legal, de su participación yresponsabilidad en el hecho punible determinada poruna sentencia firme y fundada.El reconocimiento de este principio también seexpresa en diversos instrumentos internacionales 6los cuales, forman parte del orden jurídico nacional,toda vez que fueron suscritos, aprobados yratificados en términos del artículo 133 de laConstitución por lo que es obligación del Estado velar6Estos instrumentos internacionales son: La DeclaraciónUniversal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de1948, que en su artículo 11, párrafo 1 prevé: “Toda personaacusada de un delito tiene derecho a que se presuma suinocencia mientras no se compruebe su culpabilidad, conformea la ley y en un juicio público en el que se hayan aseguradotodas las garantías necesarias para su defensa.” La DeclaraciónAmericana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobadapor la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá,Colombia, el dos de mayo de 1948, señala, en su artículo XXVI:“Se presume que todo acusado es inocente, hasta que sedemuestre que es culpable.” En el Pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos, abierto a firma en la Ciudad deNueva York, E.U.A., el 19 de diciembre de 1966, señala en suartículo 14 párrafo 2: “Toda persona acusada de un delito tienederecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebesu culpabilidad conforme a la ley”. La Convención Americanasobre Derechos Humanos, Pacto de San José Costa Rica,adoptado el 22 de noviembre de 1969, establece, en su artículo7, párrafo 5, bajo el título “Derecho a la Libertad Personal”, que:“Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sindemora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la leypara ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgadodentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sinperjuicio de que continúe en proceso. Su libertad podrá estarcondicionada a garantías que aseguren su comparecencia en eljuicio.” Finalmente en la Convención Americana de DerechosHumanos, en su numeral 8, se dice: “Toda persona inculpadade delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientrasno se establezca legalmente su culpabilidad.”

19SUP-JDC-670/2009y respetar en todo momento el derecho fundamentalen comento 7 .Derecho a votar y a ser votado. El artículo 35,fracciones I y II de la Constitución establece losderechos de votar y de ser votado en eleccionespopulares. Estos derechos, como lo ha señalado elTEPJF, constituyen una misma institución, pilarfundamental de la democracia, que no deben versecomo derechos aislados, distintos el uno del otro,pues, una vez celebradas las elecciones, losaspectos activo y pasivo convergen en el candidatoelecto, formando una unidad encaminada a laintegración legítima de los poderes públicos.El contenido esencial de estos derechosfundamentales ha sido ampliado y definido pordiversos instrumentos internacionales, lo cual esválido desde una perspectiva constitucional, porquesi los derechos y prerrogativas son susceptibles deampliarse en los ordenamientos que conforman la"Ley Suprema de la Unión", es válido acudir a éstospara aplicarlos cuando prevean una situación jurídicade mayor tutela de tales derechos.En ese sentido, el artículo 25 del Pacto de DerechosCiviles y Políticos 8 establece que la suspensión dederechos políticos, entre ellos los de votar y servotado, no debe ser indebida.Al interpretar dicho precepto, el Comité de DerechosCiviles y Políticos de la Organización de las NacionesUnidas, en la Observación General 25 de 1996,consideró que: "a las personas a quienes se prive dela libertad, pero que no hayan sido condenadas no seles debe impedir que ejerzan su derecho a votar."7 Sobre la aplicación de los tratados internacionales, resultaaplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Cortede Justicia de la Nación, de rubro: TRATADOSINTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEYSUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICANJERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYESGENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓNDEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.8 Este instrumento internacional fue ratificado por el Senado dela República el veintitrés de marzo de mil novecientos ochenta yuno.

20SUP-JDC-670/2009Esta interpretación de la norma internacional, porhaber sido realizada por el órgano encargado deaplicarla, constituye un referente importante paradotar de contenido a los derechos fundamentalesque, conforme a nuestra Constitución, se consignanen el artículo 35, fracciones I y II consistentes envotar y poder ser votado para cargos de elecciónpopular, en tanto ambas normas forman parte de la"Ley Suprema de la Unión", en términos del artículo133 de la norma fundamental.Certeza. El artículo 38, fracción V de la Constituciónestablece lo siguiente:Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de losciudadanos se suspenden:(...)V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dictela orden de aprehensión hasta que prescriba laacción penal...Como se observa, dicha norma prevé una restricciónal ejercicio de los derechos políticos, entre ellos losde votar y ser votado, de tal forma que, paraentender su finalidad, debe partirse de la idea de esaciase de derechosEn ese sentido, desde el punto de vista de losderechos humanos, los derechos políticos son losque contribuyen a la promoción y a la consolidaciónde la democracia y a la creación de un Estadodemocrático de derecho. Así se señaló en laResolución 2000/47, aprobada por la Comisión deDerechos Humanos de las Naciones Unidas el 25 deabril de 2000 sobre "La promoción y consolidación dela democracia", que incluye los principales derechosque es necesario proteger y promover para alcanzardichos fines.Desde esa perspectiva de los derechos políticos, lanorma constitucional parte de una presunción, en elsentido de que, por ciertas conductas ajenas alsistema democrático, existe incertidumbre de que losciudadanos ubicados en ese supuesto contribuyan alfortalecimiento de las instituciones.

21SUP-JDC-670/2009Es decir, la norma constitucional supone que laparticipación política de los ciudadanos, por ubicarseen determinado supuesto de hecho, generaincertidumbre de que contribuyan al fortalecimientodel sistema democrático, por lo que resulta necesariala suspensión en el ejercicio de sus derechos departicipación política, en aras de no correr el riesgode afectación a dicho sistema.Ejercicio de ponderación. En los términosexpuestos, se puede advertir que la colisión se daentre bienes jurídicos de distinta naturaleza, porquemientras los primeros son derechos fundamentales y,por ende, sustantivos, el segundo es instrumental,pues se constituye en una herramienta paragarantizar que no se afecte el normal ejercicio de lasinstituciones.En este contexto, sería posible afirmar que, de unavaloración en abstracto de los principios en colisión,nunca el bien instrumental puede situarse por encimade los bienes jurídicos sustantivos, con lo cual nisiquiera sería necesario llevar a cabo unaponderación, no obstante, con la finalidad dedemostrar la ilegalidad de los actos reclamados, serealizará dicho ejercicio.Así, la afectación del principio de certeza sólo seplantea en grado de posibilidad, pues la solaexistencia de una orden de aprehensión nodemuestra mi responsabilidad en los hechos ilícitosque se me atribuyen. En ese sentido, la afectaciónpuede, razonablemente, calificarse como leve, puessólo está en un grado de posibilidad, ni siquiera sepresenta como una probabilidad y menos aún comouna lesión necesaria.Además, debe tomarse en cuenta que la existenciade una orden de aprehensión en mi contra, por esesolo hecho, no demuestra que mi participaciónpolítica en la vida institucional pueda resultarcontraria a los principios democráticos, por e!contrario, en los estados constitucionales dederecho, lo que resulta determinante para arribar aesa conclusión, es la existencia de una sentenciacondenatoria firme, porque sólo así existe basesólida para determinar que un ciudadano, por susconductas delictivas, no contribuye al normalfuncionamiento de la vida política del país.

22SUP-JDC-670/2009En el caso, como se dijo en el punto anterior, lanorma restrictiva exige que el ciudadano sea prófugode la justicia, y esto no sucede, porque en ningúnmomento he pretendido huir o esconderme de lasautoridades correspondientes. En los actosreclamados, dicha circunstancia se justificó con elseñalamiento de la Procuraduría General de laRepública, en el sentido de que "...al haberse visto lapolicía imposibilitada para cumplir la orden deaprehensión decretada en su contra, por habersepresentado en su domicilio en el que realizaronvigilancia en distintos horarios sin localizarlo...", sinembargo, dicha autoridad, a pesar de tener la cargade demostrarlo, no exhibió elemento de pruebaalguna para demostrar que, como lo afirma, se hanllevado las acciones necesarias para lograr milocalización.Cabe hacer hincapié en que, por el hecho de que seme permita asumir el cargo como diputado federal,no se ve interrumpida la actuación de las autoridadesencargadas de la procuración e impartición dejusticia, porque, en la propia Constitución, se prevénlos mecanismos legales para sujetar a proceso penala los servidores públicos que gocen de fueroconstitucional, específicamente en el artículo 111 delcitado ordenamiento fundamental.De este modo, también resulta cuestionable que lacerteza se vea afectada, incluso, en grado mínimo.Por otro lado, con los actos reclamados, la afectacióna los otros bienes jurídicos en conflicto es total, puescon la determinación de negar mi registro comodiputado y la entrada al recinto oficial se suprimeabsolutamente el derecho de votar de los ciudadanosque me eligieron, así como mi derecho a ser votado ya ocupar el cargo. También se suprime el derechofundamental a la presunción de inocencia, porque seme está privando de un derecho, sin la existencia deuna sentencia firme que establezca miresponsabilidad penal. Así, puede válidamentecalificarse como una afectación máxima a losderechos fundamentales, que los torna inaplicables.Ahora bien, como se explicó en párrafosprecedentes, la satisfacción de los derechosfundamentales, en un Estado Constitucional deDerecho, resulta de la mayor importancia, en tanto

23SUP-JDC-670/2009que el ejercicio y respeto a tales derechos constituyeun pilar fundamenta! en la estructura de dichomodelo.En relación con la certeza, como se adelantó, tal bienes sólo instrumental, en la medida en que senecesita garantizar que los ciudadanos queparticipen en la vida democrática del país reúnan lascualidades suficientes para contribuir alfortalecimiento de las instituciones.En este sentido, no encuentra justificación el gradode afectación máxima de los derechosfundamentales de los ciudadanos que me eligieron yel mío propio, al impedirme ejercer el cargo dediputado federal para el que fui electo, frente a unbien jurídico instrumental o formal cuya realizacióntiende al desarrollo de los derechos sustantivos, y noal revés, que además, en el caso concreto, nisiquiera está demostrado.En conclusión, una ponderación conforme a laspautas interpretativas de la doctrina másespecializada, que han sido adoptadas por el TEPJF,y que han servido de base para definir la claratendencia garantista de ese máximo órgano enmateria electoral, conduce necesariamente a laasunción de una postura contraria a la adoptada porlos órganos responsables, esto es, que debeprivilegiarse el ejercicio de los derechosfundamentales frente a un valor instrumental.Sostener una posición contraria llevaría al extremode señalar que, siempre que algún ciudadano tengauna orden de aprehensión en su contra, por ese solohecho, se afecta la certeza de que su participaciónpolítica puede resultar dañina, en clara contravencióna los principios de presunción de inocencia y de votary ser votado.Un criterio orientador sobre el tema en cuestión ysobre la ponderación de tales bienes jurídicos fueestablecido por el TEPJF, al resolver el expedienteSUP-JDC-85/2007, donde se privilegió el derecho aser votado 9 .9 La resolución del expediente citado dio origen a la tesisrelevante: SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

24SUP-JDC-670/2009Otro criterio orientador sobre dicha ponderación, fueadoptado por el Comité de Derechos Humanos, en laObservación General No. 25, párrafo 14, dondeconsideró que el preso sin condena no puede serprivado del derecho a votar.”Es por todo lo anterior que, en el caso, resultaprocedente revocar los actos reclamadosCuarto. Negativa a dejarme ingresar al recintolegislativo a rendir protesta y omisión delPresidente de la Mesa Directiva de la Cámara dellamarme para esos efectos. El artículo 128 de laConstitución Política de los Estados UnidosMexicanos establece que todo funcionario público,sin excepción alguna, antes de tomar posesión de suELECTORALES DEL CIUDADANO PREVISTA EN LAFRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 CONSTITUCIONAL. SÓLOPROCEDE CUANDO SE PRIVE DE LA LIBERTAD.- Lainterpretación armónica, sistemática y funcional del artículo 38,fracción II, en relación con los artículos 14, 16, 19, 21 y 102, dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14,párrafo 2 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos; 11, párrafo 1 de la Declaración Universal de losDerechos Humanos; 26 de la Declaración Americana de losDerechos y Deberes del Hombre; 7, párrafo 5, y 8 de laConvención Americana sobre Derechos Humanos, permiteconcluir que la suspensión de los derechos o prerrogativas delciudadano por estar sujeto a un proceso criminal por delito quemerezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto deformal prisión no es absoluta ni categórica. En efecto, lasreferidas disposiciones establecen las bases para admitir que,aun cuando el ciudadano haya sido sujeto a proceso penal, alhabérsele otorgado la libertad caucional y materialmente no sele hubiere recluido a prisión, no hay razones válidas parajustificar la suspensión de sus derechos político-electorales;pues resulta innegable que, salvo la limitación referida, al nohaberse privado la libertad personal del sujeto y al operar en sufavor la presunción de inocencia, debe continuar con el uso ygoce de sus derechos. Por lo anterior, congruentes con lapresunción de inocencia reconocida en la Constitución Federalcomo derecho fundamental y recogida en los citadosinstrumentos internacionales, aprobados y ratificados entérminos del artículo 133 de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, la suspensión de derechosconsistente en la restricción particular y transitoria del ejerciciode los derechos del ciudadano relativos a la participaciónpolítica, debe basarse en criterios objetivos y razonables. Portanto, tal situación resulta suficiente para considerar que,mientras no se le prive de la libertad y, por ende, se le impida elejercicio de sus derechos y prerrogativas constitucionales,tampoco hay razones que justifique la suspensión o merma enel derecho político-electoral de votar del ciudadano.

25SUP-JDC-670/2009encargo, prestará la protesta de guardar laConstitución y las leyes que de ella emanen.Dicho precepto no establece formalidad alguna pararendir esa protesta, pues no se señala que debahacerse por escrito, de manera oral, ante elPresidente de la Mesa Directiva, etcétera.No obstante, en el artículo 15 de la Ley Orgánica delCongreso General de los Estados Unidos Mexicanosse establece el procedimiento ordinario para rendir laprotesta constitucional, y al efecto indica que laprotesta se rendirá en la sesión constitutiva de laCámara, y que será el Presidente de la Mesa deDecanos quien tome la protesta de manera oral.Como se explicó, por actos ajenos a mi voluntad,consistentes en la orden girada por el SecretarioGeneral de la Cámara de Diputados para impedirmeel acceso al recinto legislativo, me fue materialmenteimposible rendir la protesta constitucional en lostérminos establecidos en el artículo 15 de la leymencionada.Por otra parte, el artículo 16 de la ley en citaestablece el procedimiento para otorgar la protestaconstitucional en los casos en que no se hayarealizado en a sesión constitutiva de la Cámara, y seprevé que en esa hipótesis la protesta se rendiráante el Presidente de la Mesa Directiva de laCámara en los términos de la fórmula prevista en esaley.En virtud de lo anterior, y dado que el SecretarioGeneral me impide materialmente ingresar al recintolegislativo para rendir la protesta de manera oral, y elPresidente de la Mesa Directiva ha omitido llamarmea protestar el cargo, como lo demuestro con el acuserespectivo, el día de hoy acudí ante dicho Presidentea rendir la protesta correspondiente.En este orden de ideas, tanto el Secretario Generalcomo el Presidente de la Mesa Directiva, ambos dela Cámara de Diputados, han actuado indebidamenteal negarme el acceso al recinto para tomar laprotesta y llamarme para hacerlo, al haber estadoimpedido para rendir la protesta en la sesiónconstitutiva.

26SUP-JDC-670/2009…’TERCERO. Estudio de fondo. De la lectura integral delescrito de demanda es posible advertir que el actor expresa losagravios que enseguida se sintetizan.Que es ilegal la negativa de las responsables deregistrarlo como diputado federal electo, así como expedirle sucredencial atinente por las siguientes razones:a) En ninguna disposición de las normas que regulan laactuación de dichas autoridades responsables, concretamentela Ley Orgánica del Congreso General de los Estados UnidosMexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior delpropio Congreso, se prevé la facultad de éstas para determinarcuándo es procedente suspender el trámite de registro yentrega de credenciales a los diputados electos, ni muchomenos, para determinar si un diputado electo cumple con losrequisitos para ejercer el cargo público; por el contrario, elartículo 14 de la Ley Orgánica del Congreso General de losEstados Unidos Mexicanos prevé la obligación de aquellasautoridades de realizar tales actos y dar acceso a losfuncionarios electos a la sesión constitutiva, lo cual excluye la

27SUP-JDC-670/2009posibilidad de toda negativa a hacerlo por parte de las propiasautoridades.b) La determinación de suspensión de derechos políticoelectoralesde los diputados electos es facultad exclusiva de losórganos jurisdiccionales.c) La elegibilidad del ciudadano actor para ocupar el cargode diputado federal, fue determinada en forma definitiva alresolverse el diverso expediente SUP-REC-41/2009, en el quese confirmó la validez de la elección donde resultó ganador; esdecir, dicha calificación se encuentra firme y adquiere lacategoría de cosa juzgada; por tanto, ya no era factiblejurídicamente que las responsables analizaran nuevamente laelegibilidad del enjuiciante, al considerar que el incoante estásuspendido de sus derechos político-electorales, ya que conello soslayan la decisión emitida en el citado asunto.d) Que es ilegal que las responsables hayan hechoreferencia a la orden de aprehensión librada contra el actor yque la suspensión de derechos opera de forma inmediata con lasola emisión de dicho mandamiento de captura; toda vez que, ajuicio del promovente, para que dicha suspensión tuviera

28SUP-JDC-670/2009incidencia en el ámbito electoral, se requería de unpronunciamiento previo por parte de las autoridadescompetentes, en el sentido de que resulta inelegible paraocupar el cargo de diputado federal, lo cual no ocurrió en laespecie, por el contrario, se determinó que sí es elegible.Así también, el enjuiciante argumenta que en el caso nose actualiza la hipótesis de suspensión de derechos políticosprevista en el artículo 38, fracción V, de la Constitución Federal.a) Desde su punto de vista, la sola existencia de unaorden de aprehensión es insuficiente para colmar la hipótesisconstitucional mencionada, porque para su configuración,según reconoce, es preciso que se conjunten dos elementosfundamentales: a) Que el ciudadano se encuentre prófugo de lajusticia y b) Que esa circunstancia se concrete desde que sedicte la orden de aprehensión y hasta la prescripción de laacción penal.b) Afirma el actor, que el calificativo de prófugo de lajusticia, sólo es atribuible a una persona, cuando se demuestreque la policía judicial ha desplegado su intención decumplimentar la orden respectiva y que el indiciado tiene

29SUP-JDC-670/2009conocimiento de que se le está buscando o requiriendo supresencia por la probable comisión de un delito.Los anteriores motivos de inconformidad, estudiados ensu conjunto por la intima relación que guardan entre sí, soninfundados.En principio, es menester precisar que de las constanciasque integran el presente expediente, las cuales merecen valorprobatorio pleno, por tratarse de actuaciones judiciales, no seadvierte que el Secretario General y el Subdirector General dela Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputadoshubieran efectuado una declaratoria sobre suspensión dederechos político-electorales del ciudadano actor, es decir,dichas autoridades en ningún momento determinaron esasuspensión de derechos.Tales autoridades, en realidad, acordaron detener eltrámite de registro y expedición de credencial del enjuiciantepara el acceso al recinto oficial a efecto de rendir su protesta enel cargo público al que resultó electo; ello, con base en lacomunicación efectuada por el Subprocurador Jurídico y deAsuntos Internacionales de la Procuraduría General de la

30SUP-JDC-670/2009República en el sentido de que Julio César Godoy Toscano seubica en la hipótesis de suspensión de derechos contenida enla fracción V del artículo 38 de la Constitución Federal, dadoque en la causa penal 3/2009, seguida contra el actor por suprobable responsabilidad en los delitos de “delincuenciaorganizada y contra la salud en su modalidad de colaborar decualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución dealgún delito contra la salud”, radicada ante el Juez Primero deDistrito de Procesos Penales Federales en Tepic, Nayarit, eldieciocho de junio de dos mil nueve, se decretó orden deaprehensión en su contra (esto es, antes de la jornada electoralde cinco de julio de dos mil nueve) sin que a la fecha de esacomunicación se hubiera ejecutado.De este modo, es inconcuso que las autoridadesresponsables de que se trata, en modo alguno decretaron lainhabilitación o suspensión de los derechos políticos delpromovente, sino que se limitaron, en ejercicio de sus funcionesinstrumentales, a detener el trámite del registro y expedición decredencial del propio actor, por la actualización de la hipótesisnormativa prevista en la fracción V del invocado artículo 38.

31SUP-JDC-670/2009En ese orden, la determinación de las autoridadesresponsables fue consecuente con la información que le allegóel órgano de procuración de justicia quien a ese momento aunconserva la calidad de autoridad, por no haber dado inicio elenjuiciamiento, la cual, informó que dado el libramiento decaptura y la condición particular que revelaba el sujeto (prófugode la justicia), se actualizaba la hipótesis de suspensión encomento.Establecido lo anterior, se destaca que de conformidadcon el artículo 14 de la Ley Orgánica del Congreso General delos Estados Unidos Mexicanos, el secretario General de laCámara de Diputados tiene, entre otras, la función de realizar elinventario de las copias certificadas de las constancias demayoría y validez que acrediten a los diputados electos por elprincipio de mayoría relativa y de las copias certificadas de lasconstancias de asignación proporcional, expedidas en lostérminos de la ley de la materia; así como de las notificacionesde las sentencias inatacables del órgano jurisdiccional electoralsobre los comicios de diputados, a efecto de entregar, en latemporalidad ahí precisada, las credenciales de identificaciónpara el acceso de los diputados electos a la sesión constitutiva,

32SUP-JDC-670/2009y elaborar la lista correspondiente para la toma de protesta dedichos funcionarios al cargo al que resultaron electos.De ahí que, de conformidad con dicha ley orgánica elSecretario General de la Cámara de Diputados es el encargadode coordinar, organizar y preparar los actos conducentes ypreliminares, necesarios para la celebración de la sesiónconstitutiva de ese órgano legislativo (registro,credencialización y comparecencia de los diputados electos aefecto de que tomen protesta al cargo), es decir, detentafacultades para dar funcionalidad, a través de lainstrumentación atinente, a lo ordenado en la ConstituciónFederal en cuanto a la debida integración y conformación de laCámara de Diputados del Congreso de la Unión para eladecuado y oportuno ejercicio de sus funciones.Por tanto, se insiste, si de acuerdo con la referidainstrumentación legal, el Secretario General de la Cámara deDiputados tiene facultades expresas para llevar a cabo eltrámite de registro y entrega de credenciales a los diputadosfederales electos para el acceso al recinto oficial a efecto derendir protesta al cargo público, entonces debe estimarse que al

33SUP-JDC-670/2009advertir que no se cumplen los requisitos que exige la propianormatividad (por ejemplo, la inasistencia para realizar dichotrámite, que tiene entre otros objetivos la corroboración de laidentidad entre el diputado electo y el compareciente), está enposibilidad de no dar curso al procedimiento de registro ycredencialización correspondiente.En ese sentido, a partir de la comunicación reseñada quele hizo el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionalesde la Procuraduría General de la República en el sentido deque, a virtud de la orden de aprehensión librada en su contra yque se encontraba prófugo de la acción de la justicia, el hoydemandante se ubicaba en la hipótesis de suspensión dederechos políticos, contemplada en el artículo 38, fracción V, dela Constitución General de la República (lo cual será materia deestudio en un apartado posterior), fue que el Secretario Generalde la Cámara de Diputados estimó que estaba constreñido anegar el trámite de registro y entrega de la credencial del propioenjuiciante.Lo anterior, a consideración de este Tribunal fue ajustadoa derecho, porque de conformidad con la fracción V, del artículo

34SUP-JDC-670/200938 de la Carta Magna, los derechos o prerrogativas de losciudadanos se suspenden por estar prófugo de la justicia,desde que se dicte la orden de aprehensión hasta queprescriba la acción penal.Acorde a ese imperativo constitucional, basta que unciudadano se coloque o ubique en ese supuesto normativo(sustraerse de la justicia a fin de evitar ser sujeto a procesopenal, por el libramiento de la orden de aprehensión), para quesus derechos político-electorales se entiendan suspendidos, esdecir, esa inhabilitación opera de pleno derecho por la solaactualización de la hipótesis constitucional en cuestión, sin quesea necesario que previamente dicha suspensión sea declaradajudicialmente o por alguna otra autoridad, como en formainexacta lo pretende el actor.Ello es así, porque en primer lugar, el artículoconstitucional en esa porción normativa no condiciona losefectos o consecuencias jurídicas de la suspensión de derechospolíticos, a la declaración previa de una autoridad jurisdiccionalen ese sentido.

35SUP-JDC-670/2009Así, la interpretación gramatical lleva a considerar quetales derechos se suspenden cuando se actualiza el núcleo dela prohibición: “estar prófugo de la justicia, desde que se dicte laorden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal”.En ese orden, es manifiesta la voluntad del PoderConstituyente en el sentido de que, dicha suspensión ha deoperar ipso iure, esto es, desde el momento en que se actualizala hipótesis normativa, sin necesidad de declaración judicial.Lo expuesto es posible corroborarlo, a partir de unainterpretación sistemática de la citada fracción V con lasdiversas IV y VI, del artículo 38 antes invocado, que establecen:IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declaradaen los términos que prevengan las leyes;…VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como penaesa suspensión.Al efecto, cabe decir, que el método sistemático deinterpretación se orienta por las relaciones que una normaguarda con las demás integrantes de un mismo concepto,

36SUP-JDC-670/2009principio o institución jurídica, de las cuales, deriven otrasrelaciones con el resto del sistema normativo, de tal maneraque se descubra el sentido orgánico y coherente de los efectosy alcances de dicha norma; en la inteligencia que el ejercicio deinterpretación que desplieguen los operadores jurídicos puedeefectuarse, incluso, respecto de porciones normativas de unprecepto legal.En ese contexto, es de apreciarse que en la fracción IVdel propio numeral 38 se exige que la vagancia o ebriedadconsuetudinaria que genera la suspensión de derechos seadeclarada en los términos que prevengan las leyes; en lasubsecuente fracción VI, se regula también como causa parasuspender los derechos políticos, la existencia de una sentenciaejecutoria que la imponga como pena; descripcionesconstitucionales que evidencian con nitidez que en esossupuestos es menester el pronunciamiento de una resoluciónfirme que declare la vagancia o ebriedad consuetudinaria asícomo una sentencia ejecutoria que imponga la suspensión; entanto, en la fracción que nos ocupa, basta la demostración dedos premisas; una normativa, que exige el libramiento de una

37SUP-JDC-670/2009orden de aprehensión y otra de índole material, atinente a queel sujeto se encuentre prófugo de la justicia.Ahora bien, atendiendo al principio de supremacíaconstitucional contenido en el artículo 133 de la Carta Magna,toda autoridad está constreñida a acatar los mandatos oprevisiones que dimanen de la propia Norma Suprema, lo cuales acorde con el postulado de todo Estado Democrático deDerecho, en el que, las autoridades quedan obligadas a actuarsiempre conforme a la constitución, es decir, las disposicionesque emergen de la Ley Fundamental son de cumplimientoirrestricto por parte de éstas.En esa tesitura, atendiendo al marco normativoconstitucional enunciado, en oposición a lo afirmado por elahora actor, fue correcto que el Secretario General hayanegado el registro y entrega de la credencial del ahora actor ensu carácter de diputado federal electo, con base en lainformación que obtuvo por parte del órgano de procuración dejusticia respectivo, en el sentido de que el enjuiciante se ubicaen la hipótesis de suspensión de derechos políticos-electoralesde la fracción V multimencionada, habida cuenta que, como se

38SUP-JDC-670/2009vio, dicho supuesto constitucional opera de pleno derecho, sinnecesidad de declaratoria previa por diversa autoridad, máximeque en un orden democrático han de cumplirse los imperativosconstitucionales, en términos de lo dispuesto por el invocadoartículo 133.En distinto orden, contrario a lo que asevera el incoante,en la sentencia de doce de agosto del año en curso emitida poresta Sala Superior en el diverso expediente SUP-REC-41/2009,que se tiene a la vista como un hecho notorio para esteTribunal, en términos del artículo 15 de la Ley General delSistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, noformó parte de la materia de estudio lo atinente a la elegibilidadde dicho actor.Cabe destacar que el concepto elegibilidad alude a laserie de atributos o requisitos que ha de cumplir una persona,para ser registrado como candidato o para ocupar un cargo deelección popular, los cuales son definidos constitucional olegalmente como rasgos de idoneidad del ciudadano paraejercer determinada función.

39SUP-JDC-670/2009En realidad, el estudio respectivo en ese juicio giró entorno a los agravios expresados sobre la presunta coacción delvoto por la entrega de cemento a ciudadanos por parte delgobierno del Estado; medio de impugnación que acorde con lodispuesto por el artículo 23, párrafo segundo, de la Ley Generaldel Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,ciñe su objeto de examen a los planteamientos expuestos porquien lo promueve, en razón de que se rige conforme alprincipio de estricto derecho.Luego, resulta inexacto que la elegibilidad del hoypeticionario es una cuestión que haya sido resuelta en formadefinitiva por esta Sala Superior y, por ende, que constituyacosa juzgada, como se pretende hacer ver en los agravios.Asimismo, es verdad que este órgano jurisdiccional tieneestablecido el criterio firme de que la elegibilidad de loscandidatos para ocupar un cargo de elección popular, se puedeanalizar en dos momentos: primero, cuando la autoridadadministrativa se pronuncia sobre el registro de los candidatos,y segundo, cuando dicha autoridad califica la validez de laelección.

40SUP-JDC-670/2009Empero, tal criterio jurídico en modo alguno puedeimplicar que se haga nugatoria la hipótesis de suspensión a losderechos político-electorales impuesta por el PoderConstituyente en la fracción V del artículo 38, puesto que esesupuesto constitucional procede por el solo hecho de que unciudadano se encuentre prófugo de la justicia, desde que sedicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acciónpenal, con independencia de que haya sido declaradocandidato electo para un cargo público y se haya validado laelección respectiva.Ello es así, puesto que la configuración del mandatoconstitucional no está condicionada a temporalidad alguna y, enconsecuencia, es procedente la suspensión en cualquiertiempo, esto es, aun después de cualquiera de los momentosantes mencionados definidos por esta Sala Superior, hechaexcepción del caso en que, en sede administrativa o judicial, sehaya determinado en forma definitiva a través de las instanciascorrespondientes, la elegibilidad de cierto candidato,desestimando la actualización de la hipótesis en cuestión, esdecir, cuando se haya resuelto que no se surte precisamente el

41SUP-JDC-670/2009supuesto normativo consistente en encontrarse prófugo de lajusticia.Es claro que en ese caso, tal pronunciamiento habríaadquirido la categoría de cosa juzgada y, por ende, no podríaser materia de un análisis posterior, salvo que se planteara unnuevo supuesto de sustracción de la justicia, derivado dehechos distintos ocurridos con posterioridad a los momentosindicados.Sobre esa misma línea argumentativa se destaca que, taly como lo estimaron las responsables, en el caso concreto seactualiza la hipótesis de suspensión prevista en el artículo 38fracción V de la Constitución Federal.En efecto, el artículo 35 de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos reconoce entre las prerrogativas detodo ciudadano las siguientes: Votar en las eleccionespopulares y poder ser votado para todos los cargos de elecciónpopular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión,teniendo las calidades que establezca la ley.

42SUP-JDC-670/2009El ejercicio del derecho a votar y ser votado, revisteigualmente la naturaleza de un verdadero deber constitucional,en la medida que en su cabal y pleno cumplimiento se finca lasoberanía nacional y se erige como sustrato esencial de lademocracia que sirve de base para la legitimación del poderpúblico.La dualidad que implican los citados derechosfundamentales constituye una unidad en la construcción delsistema democrático mexicano, en tanto que esas prerrogativasconvergen en un elemento común, atinente a la integraciónlegítima de los poderes públicos.Esa característica permite que la tutela jurídica queejercen las autoridades electorales para salvaguardar esospostulados fundamentales, ya sea en sede administrativa ojurisdiccional, no se colme únicamente con el derecho aparticipar en una contienda electoral, sino que contempletambién el de ocupar el cargo público que la propia ciudadaníaencomienda mediante el ejercicio del sufragio.Así lo ha establecido esta Sala Superior en lajurisprudencia S3ELJ 27/2002, que puede consultarse en la

43SUP-JDC-670/2009Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 96-97, cuyo rubro y texto son del orden siguiente:DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SUTELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LOINTEGRAN.—Los artículos 34, 39, 41, primero ysegundo párrafos; 116, párrafo primero, fracción I y115, fracción I de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos consagran, en el contextode la soberanía nacional, ejercida a través de losPoderes de la Unión y el sistema representativo,como potestad del pueblo para gobernarse a símismo, el derecho a ser votado, que mediante laselecciones libres, auténticas y periódicas, integran enlos candidatos electos el ejercicio de dichasoberanía. Este derecho a ser votado no implica parael candidato postulado, únicamente la contención enuna campaña electoral y su posterior proclamaciónde acuerdo con los votos efectivamente emitidos,sino el derecho a ocupar el cargo que la propiaciudadanía le encomendó. Así, el derecho a votar yser votado, es una misma institución, pilarfundamental de la democracia, que no deben versecomo derechos aislados, distintos el uno del otro,pues, una vez celebradas las elecciones los aspectosactivo y pasivo convergen en el candidato electo,formando una unidad encaminada a la integraciónlegítima de los poderes públicos, y por lo tantosusceptibles de tutela jurídica, a través del juicio parala protección de los derechos político-electorales delciudadano, pues su afectación no sólo se resiente enel derecho a ser votado en la persona del candidato,sino en el derecho a votar de los ciudadanos que loeligieron como representante y ello también incluyeel derecho de ocupar el cargo.El ámbito constitucional en que se enmarca la tutelajurisdiccional de esos derechos fundamentales, está sujeto a lasrestricciones debidas que imponga la propia normafundamental, acorde con la disposición general contenida en elnumeral 1°, que estatuye: “En los Estados Unidos Mexicanos

44SUP-JDC-670/2009todo individuo gozará de las garantías que otorga estaConstitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse,sino en los casos y con las condiciones que ella mismaestablece.”La posición que revela el poder constituyente en nuestropaís es acorde con la visión que ha aportado la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos, que en el ejercicio de sufunción contenciosa y en interpretación del artículo 32 de laConvención Americana sobre derechos Humanos 10 , aludió aque las restricciones a derechos fundamentales, en suaplicación, han de analizarse de acuerdo a lascircunstancias del caso y las concepciones jurídicasprevalecientes en el periodo histórico, de manera que, sereafirme el carácter restrictivo con que debe utilizarse elmargen de apreciación, el cual debe ser siempre concebidotendiente al refuerzo del sistema y sus objetivos. 1110 Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.2.. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás por laseguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedaddemócrata.11Cfr.Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CASO RÍOS MONTT CONTRAGUATEMALA, párrafos del 19 al 38. 12 de octubre de 1993.

45SUP-JDC-670/2009En ese orden, el artículo 38 del ordenamientoconstitucional, determina que los derechos o prerrogativas delos ciudadanos se suspenden cuando se actualice alguna de lashipótesis siguientes:I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada,de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36.Esta suspensión durará un año y se impondrá además de lasotras penas que por el mismo hecho señalare la ley;II.Por estar sujeto a un proceso criminal por delitoque merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto deformal prisión;III.Durante la extinción de una pena corporal;IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria,declarada en los términos que prevengan las leyes;V. Por estar prófugo de la justicia, desde que sedicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acciónpenal, yVI.Por sentencia ejecutoria que imponga comopena esa suspensión.

46SUP-JDC-670/2009La ley fijará los casos en que se pierden y los demás enque suspenden los demás derechos de ciudadano, y la manerade hacer la rehabilitación.El diseño del precepto constitucional antes aludido revelael carácter concreto, excepcional y temporal que en esencia,corresponde a las causas de suspensión de esos derechospolíticos, dada la naturaleza fundamental que corresponde alejercicio del voto y a la potestad de ser votado para un cargopúblico.Algunos de los supuestos de suspensión, tienen su origenen el incumplimiento de los deberes esenciales del ciudadanodescritos en el artículo 36 del propio ordenamiento supremo;otros, dimanan de un estado jurídico determinado o de unaresolución definitiva, y algunos más exigen a su vez, unasituación material o fáctica concreta.El propio documento constitucional reconoce comoimperativo, que el legislador no se limite a normar las causas desuspensión, sino que, del mismo modo, establezca la forma enque esos derechos fundamentales se reincorporen a la esfera

47SUP-JDC-670/2009jurídica individual de los ciudadanos; es decir, una disposiciónexpresa de rehabilitación de algunas de esas causas.En particular, la fracción V, del artículo constitucionalinvocado, determina la suspensión de los derechos políticoscuando el sujeto se encuentre prófugo de la justicia, desdeque se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba laacción penal.La disposición citada en el párrafo anterior introduce unconcepto de orden normativo, consistente en que se hayalibrado contra el ciudadano una orden de aprehensión ycomplementa su descripción particular con una exigenciamaterial en el sentido de que el sujeto se encuentre prófugo dela justicia.La emisión de una orden de aprehensión está reconociday condicionada constitucional y legalmente.El dieciocho de junio de dos mil nueve, se publicó en elDiario Oficial de la Federación la reforma constitucional enmateria penal, que abandonó el modelo causal que exigía parael libramiento de la orden de aprehensión, la demostración de la

48SUP-JDC-670/2009corporeidad delictiva y la probable responsabilidad delinculpado.Actualmente, la literalidad del artículo 16 de la normasuprema reconoce como presupuestos de toda orden deaprehensión que se encuentren satisfechos los requisitosde procedibilidad, tales como la denuncia o la querella, deun hecho que la ley señale como delito, sancionado conpena privativa de libertad y obren datos que establezcanque se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidadde que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.Ahora bien, en la doctrina se define a la orden deaprehensión como la providencia cautelar, dispuesta por laautoridad judicial para que por conducto de un ejecutor seapresentada físicamente una persona, con el fin de lograr losaseguramientos propios que las medidas privativas de libertadimplican (asegurar eventual condena, presencia al proceso,impedir destrucción de las pruebas, etc) 12 .La orden de captura, cumple una función esencial en lainstrumentación del proceso penal.12 Silva Silva Jorge Alberto. Derecho Procesal Penal. Editorial Harla. México 1990. pp. 498

49SUP-JDC-670/2009Según lo afirma Francesco Carnelluti, en su obra “Elproceso penal”, la orden de captura es el acto de coerciónpreventiva que tiende a asegurar al proceso penal ladisponibilidad del indiciado, medida indispensable sobre la quedescansará toda la edificación del proceso. 13La orden de aprehensión emerge como instrumentonecesario para dar materialidad al juicio. Su encomienda formal,se asigna de manera exclusiva a la autoridad judicial y suobjetivo es posibilitar la puesta a disposición de un sujetoconcreto ante el órgano jurisdiccional y hacer viable suinterrogatorio sobre los hechos que se le imputan.En el orden instrumental del proceso penal, la emisión deuna orden de captura implica una consecuencia jurídicoprocesalconcomitante, en tanto que una de las causas quesuspenden el procedimiento es que el sujeto se encuentresustraído a la acción de la justicia.En ese sentido, lo establece el numeral 468, fracción I, delCódigo Federal de Procedimientos Penales, que señala:13 Francesco Carnelluti. El Proceso Penal. Editorial Leyer. Bogotá Colombia 2008. pp. 330.

50SUP-JDC-670/2009Artículo 468.- Iniciado el procedimiento judicial nopodrá suspenderse sino en los casos siguientes:I. Cuando el responsable se hubiere sustraído a laacción de la justicia.A su vez, el artículo 470 del ordenamiento invocadodispone que lograda la captura del prófugo, el procesocontinuará su curso, ….”De ahí que sea indudable que al margen de que laejecución de una orden de captura trae como consecuencia lapresencia del indiciado ante la autoridad jurisdiccional, tambiénsatisface un presupuesto necesario para la continuidad delproceso, que sólo puede entablarse ante la comparecencia delindiciado en la causa del hecho ilícito de que se trate.De ese modo, la ejecución del mandamiento de capturacobra especial relevancia en el ámbito del proceso, en lamedida que, por una parte, asegura la presencia del indiciadoante el órgano jurisdiccional y la continuidad del proceso,activando con ello a su favor un espectro amplio deprerrogativas y garantías que le asisten durante la

51SUP-JDC-670/2009instrumentación procesal: derecho de defensa, garantía deaudiencia, principio del contradictorio, presunción de inocenciay en general, las concernientes al debido proceso legal; y porotra, evita la impunidad, garantizando la estabilidad del ordenjurídico.El sistema jurídico comunitario ha trazado los postuladosesenciales que han de satisfacerse en la tramitación de losprocedimientos de esta índole.Verbigracia, el artículo 8° de la Convención AmericanaSobre Derechos Humanos 14 , integrado al orden jurídiconacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponelo siguiente:Artículo 8. Garantías Judiciales1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidasgarantías y dentro de un plazo razonable, por un juez otribunal competente, independiente e imparcial, establecidocon anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquieracusación penal formulada contra ella, o para ladeterminación de sus derechos y obligaciones de orden civil,laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que sepresuma su inocencia mientras no se establezca legalmentesu culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene14 Aprobada por el Senado el 18 de diciembre de 1980; Publicación DOF Aprobación: 9 ene 1981;Vinculación de México: 24 mar 1981 Adhesión; Entrada en vigor para México: 24 marzo de 1981;Publicación den el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981.

52SUP-JDC-670/2009derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantíasmínimas:a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por eltraductor o intérprete, si no comprende o no habla el idiomadel juzgado o tribunal;b. comunicación previa y detallada al inculpado de laacusación formulada;c. concesión al inculpado del tiempo y de los mediosadecuados para la preparación de su defensa;d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o deser asistido por un defensor de su elección y decomunicarse libre y privadamente con su defensor;e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensorproporcionado por el Estado, remunerado o no según lalegislación interna, si el inculpado no se defendiere por símismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecidopor la ley;f. derecho de la defensa de interrogar a los testigospresentes en el tribunal y de obtener la comparecencia,como testigos o peritos, de otras personas que puedanarrojar luz sobre los hechos;g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni adeclararse culpable, yh. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.3. La confesión del inculpado solamente es válida si eshecha sin coacción de ninguna naturaleza.4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podráser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que seanecesario para preservar los intereses de la justicia.Una vez establecido lo anterior, se hace patente que laintención del poder constituyente, ha estado dirigidahistóricamente a considerar que aquellos sujetos contra quienes

53SUP-JDC-670/2009se ha librado una orden de aprehensión y se encuentrenprófugos de la justicia, se vean suspendidos en sus derechospolíticos.La racionalidad legislativa evidencia que el poderconstituyente identificó que la condición de prófugo de la justiciaresulta incompatible con el ejercicio pleno de los derechospolíticos, en la medida que, la sustracción de un sujeto delproceso penal, impide, por razones jurídicas y materiales, quese dé plena funcionalidad a ese ejercicio.Es notorio, que la alusión que hizo el Constituyente en lafracción V, que se analiza, a la condición de prófugo de lajusticia y al libramiento de la orden de aprehensión precedente,evidenció su intención de acotar el supuesto constitucional aaquellos delitos que por su entidad, trajeran como consecuenciala privación de la libertad corporal.Así, es inconcuso que el diseño constitucional de lahipótesis de suspensión en comento, buscó el establecimientode un orden mínimo, en el cual, la condición de prófugo de lajusticia, derivara en la suspensión de los derechos políticos, loanterior, para preservar el Estado Democrático de Derecho.

54SUP-JDC-670/2009El poder constituyente, con la inclusión de los supuestosde suspensión no pretendió delinear un ámbito excluyente delos derechos políticos, en el cual, ciertos sujetos se vierandisminuidos injustificadamente en su ejercicio, más bien, siguióuna orientación de concordancia funcional a fin de hacerconvivir dos valores fundamentales: el ejercicio pleno de losderechos políticos que asiste a todo ciudadano en una sociedaddemocrática y la necesidad de garantizar, a su vez, que nohaya impunidad, a efecto de preservar el orden jurídico delEstado.En esa medida, la racionalidad de la previsiónconstitucional se justifica en que es a todas luces inaceptableque la persona que evade la acción de la justicia puedalegalmente gozar de los derechos políticos que la Constituciónotorga.No sería dable estimar, que quien se sustrae a la acciónde la justicia y con ello evidencia su salida del orden jurídico, seviera protegido con los propios principios inherentes alenjuiciamiento penal, tales como el derecho a una adecuadadefensa, el principio de presunción de inocencia y otras

55SUP-JDC-670/2009prerrogativas que se materializan o concretan precisamente, entanto se está inmerso en el proceso penal atinente.En efecto, el orden constitucional mexicano es coincidenteal reconocer a la presunción de inocencia como unaprerrogativa fundamental, que tiene materialidad durante unproceso penal, tal y como lo ilustra el artículo 20, apartado B, dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queal señalar de modo general, que el proceso penal se rige porlos principios de publicidad, contradicción, concentración einmediación, añade como derecho propio de toda personaimputada, que durante su tramitación se presuma suinocencia, hasta en tanto se emita sentencia emitida por eljuez de la causa. 15De acuerdo a lo anterior, es posible observar que lahipótesis de suspensión que sirvió de apoyo a las autoridadesresponsables para determinar no dar curso al procedimiento deregistro a que se refiere el artículo 14 de la Ley Orgánica delCongreso General de los Estados Unidos Mexicanos sepresenta razonable y objetiva, toda vez que se ajusta a los15 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2009.

56SUP-JDC-670/2009principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en unasociedad democrática.Al efecto, conviene señalar que la Corte Interamericanade Derechos Humanos máximo intérprete de la ConvenciónAmericana de Derechos Humanos (Pacto de San José), en laespecie, al establecer los alcances del artículo 29, inciso b), delcitado instrumento internacional, ha definido que la previsión yaplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos, noconstituyen, per se, una restricción indebida de éstos. Loanterior, porque a aquellos no les asiste el carácter dederechos absolutos y pueden válidamente estar sujetos alimitaciones. Su reglamentación debe observar los principios delegalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedaddemocrática.La observancia del principio de legalidad exige que elEstado defina de manera precisa, mediante una ley, losrequisitos para que los ciudadanos puedan participar en lacontienda electoral, y que estipule claramente el procedimientoelectoral que antecede a las elecciones.

57SUP-JDC-670/2009La restricción debe encontrarse prevista en una ley, noser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender aun propósito útil y oportuno que la torne necesaria parasatisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a eseobjetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin,debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido yguarde mayor proporcionalidad con el propósito que persigue.16En el caso, la hipótesis de suspensión que se analizasatisface los apuntados principios reconocidos por el ámbitointernacional.Como se ha dicho, la orientación que ha delineado elderecho comunitario coincide en lo esencial, en que a losderechos políticos no les asiste un carácter absoluto e ilimitado,sino que como todo derecho fundamental encuentran suslímites en diversos parámetros que constituyen baluartes de unEstado democrático derecho, a saber legalidad, necesidad yproporcionalidad.En la especie, la legalidad se cumple, en la medida que,como se vio, el precepto constitucional delimita con claridad16 CASO YATAMA VS. NICARAGUA. Párrafo 206. Sentencia de 23 de junio de 2005.

59SUP-JDC-670/2009políticos, no resulta inadecuada, en tanto que añade a suponderación un examen funcional de sus consecuencias; locual se surte en la especie, en tanto que es aceptable que lapersona contra quien se libra una orden de aprehensión y seencuentre prófugo no esté en condición material y jurídica paraejercer ese derecho.Ahora bien, a efecto de determinar cuándo se actualiza lahipótesis de suspensión en estudio, conviene considerarenseguida cuál es el alcance gramatical del vocablo prófugo, enlos términos previstos por la norma constitucional que se haexaminado.El Diccionario de la Real Academia de la LenguaEspañola señala lo siguiente: Prófugo, prófuga (Del lat.profŭgus).1. adj. Dicho de una persona: Que anda huyendo,principalmente de la justicia o de otra autoridad legítima.2. m. Mozo que se ausenta o se oculta para eludir elservicio militar.

60SUP-JDC-670/2009Según la citada acepción, la calidad de prófugo seatribuye a una persona que está huyendo, generalmente de laacción de la justicia, de alguna medida del gobierno u otraautoridad. Del mismo modo se denomina a la persona queelude un proceso de reclutamiento para el servicio militar.En cuanto a la condición de prófugo de la justicia, se haestablecido, que dada su exigencia de materialidad, no secolma exclusivamente con el libramiento concreto de una ordende aprehensión, sino que además, es menester la demostraciónde una verdadera actividad de sustracción a la justicia.Así se determinó en criterio de la anterior integración deesta Sala Superior en la jurisprudencia S3ELJ 06/97, que puedeleerse en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y TesisRelevantes 1997-2005, página 249, cuyo rubro y texto señalan:PRÓFUGO DE LA JUSTICIA. ELEMENTOS DELCONCEPTO, COMO CAUSA DEINELEGIBILIDAD.—La causa de la suspensión delos derechos o prerrogativas de los ciudadanos a quese refiere el artículo 38, fracción V, de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos y, enconsecuencia, la de inelegibilidad de algúncandidato, se integra con varios elementos, a saber:a) Estar prófugo de la justicia, y b) Que tal situaciónacontezca desde que se dicte la orden deaprehensión y hasta que prescriba la acción penalrespectiva; de modo que, si no se encuentrademostrado que el candidato indiciado o procesado

61SUP-JDC-670/2009haya intentado huir, fugarse o sustraerse de lajusticia, cabe considerar que coloquial yjurídicamente dicho candidato no se encuentraprófugo de la justicia y, por tanto, no se actualiza lacausa de inelegibilidad relacionada con taldisposición constitucional, aunque se acredite que unJuez libró una orden de aprehensión en su contra yla acción penal se encuentre viva.Hecha la precisión que antecede, procede abordar elestudio del agravio en que el actor se inconforma con el hechode que las autoridades responsables, secretario general,subdirector general de asuntos jurídicos, presidente eintegrantes de la Mesa de Decanos y presidente de la MesaDirectiva, todos del Congreso de la Unión, se han negado aotorgarle la credencial que lo acredite como diputado federalelecto a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión así como afacilitarle su acceso material al recinto oficial para rendir laprotesta de ley.La inconsistencia de su planteamiento, se evidencia en elcaso, en la medida que en las constancias de autos, seobservan diversos elementos de convicción que demuestranque las citadas autoridades en ningún momento handesplegado una actividad material dirigida a impedir el acceso aJulio César Godoy Toscano para tomar protesta como diputadofederal, y por el contrario, demuestran que dicho ciudadano se

62SUP-JDC-670/2009encuentra suspenso en sus derechos políticos, como sedesprende de las constancias que enseguida se enumeran.1. Libramiento de orden de aprehensión por delito quemerece pena corporal. En las constancias de autos obracopia certificada de la orden de aprehensión que libró el JuezPrimero de Distrito de Procesos Penales Federales en elEstado de Nayarit, en cuyos puntos resolutivos se observa quedecretó orden de aprehensión, entre otras personas contra JulioCésar Godoy Toscano, por su probable comisión de los delitosde DELINCUENCIA ORGANIZADA con la finalidad decometer delitos contra la salud, ilícito previsto ysancionado en el artículo 2°, fracción I, 4°, fracción I, incisob), y 5° párrafo primero, fracción I, de la Ley Federal Contrala Delincuencia Organizada y CONTRA LA SALUD EN SUMODALIDAD DE COLABORAR DE CUALQUIER MANERAAL FOMENTO PARA POSIBILITAR LA EJECUCIÓN DEALGÚN DELITO CONTRA LA SALUD, previsto y sancionadoen los artículos 193, 194, párrafo primero, fracción III y 196,párrafo primero, fracción I, ambos del Código PenalFederal.

63SUP-JDC-670/2009La documental anterior, tiene valor probatorio pleno entérminos de lo dispuesto por el artículo 14, párrafo 1, inciso a), y4, inciso b), y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema deMedios de Impugnación en Materia Electoral.2. Copia certificada del Oficio No.PF/JEM/SIII/1296/2009, de seis de agosto de dos mil nuevesuscrito por dos suboficiales de la Policía Federal, de lasección tercera, de la Secretaria de Seguridad Publica Federal,quienes informan al Agente del Ministerio Público Adscrito a laSubprocuraduría de Investigación Especializada enDelincuencia Organizada, los actos que realizaron para cumplircon la orden de aprehensión precisada en el punto queantecede.En la parte conducente de dicha comunicación, esposible observar que los policías asentaron expresamente losiguiente:(…)“Los suscritos Policías Federales, nos constituimosen la Ciudad de Lázaro Cárdenas Michoacán de fecha 7 deJulio del presente año con la finalidad de cumplimentar laOrden de Aprehensión en contra de Julio César Godoy

64SUP-JDC-670/2009Toscano, para lo cual iniciamos investigación de camporealizando la vigilancia en el domicilio ubicado en CallePrimo Tapia número 16, Colonia, 2do Sector, C.P. 60950,Lázaro Cárdenas, Michoacán, en diferentes horarios, al noobservar movimiento alguno en el domicilio en cuestión,nos dimos a la tarea de entrevistarnos con vecinos dellugar, los cuales por motivos de seguridad prefirieronomitir sus nombres, mismos que nos manifestaron quedicha persona efectivamente vive ahí y se le veía condemasiada frecuencia pero a raíz de las acusaciones quese han dado a conocer por los diferentes medios decomunicación no se la ha vuelto a ver por su casa.Cabe hacer mención que una persona de lalocalidad de Lázaro Cárdenas nos comenta que JulioCésar Godoy Toscano contendió como candidato aDiputado Federal en las elecciones realizadas el día 5 dejulio de 2009 y fue electo por los ciudadanos pero da aconocer que en su cierre de campaña, él no se presentó,únicamente, envío a sus representantes, quienes dijeronque por motivos de trabajo el candidato no pudo haceracto de presencia, y a partir de esas fechas no se le havuelto a ver.Del mismo modo, la documental anterior, tiene valorprobatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 14,párrafo 1, inciso a), y 4, inciso b), y 16, párrafo 2, de la LeyGeneral del Sistema de Medios de Impugnación en MateriaElectoral.

65SUP-JDC-670/20093. Copia certificada del Oficio No.PF/JEM/SIII/2307/2009, de veintidós de septiembre de dosmil nueve suscrito por los referidos suboficiales, en el queinformanal Agente del Ministerio Público Adscrito a laSubprocuraduría de Investigación Especializada enDelincuencia Organizada, sobre los actos que llevaron a cabocon la finalidad de ejecutar la citada orden de aprehensión.En la parte conducente, los policías asentaronexpresamente lo siguiente:(…)“Los suscritos Policías Federales, nos constituimosen la Ciudad de Lázaro Cárdenas Michoacán, con lafinalidad de cumplimentar la orden de Aprehensión encontra de JULIO CESAR GODOY TOSCANO, para lo cualcontinuamos con los servicios de vigilancia fijas ymóviles en el domicilio ubicado en calle Primo Tapianúmero 16, Colonia, 2do Sector, C.P. 60950, LázaroCárdenas, Michoacán, en diferentes días y horarios, sinque se lograra observar movimiento alguno de personasy/o vehículos en el domicilio antes mencionado, por loque bajo cobertura nos entrevistamos con la C. (sesuprime nombre) persona de aproximadamente 45 añosde edad, de aproximadamente 1.60 metros de estaturaquien dijo conocer de vista al C. JULIO CESAR GODOYTOSCANO, quinen habitaba el domicilio ubicado en calleprimo Tapia numero 16, al cual se le veía entrar y salir

66SUP-JDC-670/2009todos los días, antes de que por medios de comunicaciónse diera la noticia de que esta persona trabajaba para laOrganización Delictiva La Familia Michoacán, asimismonos manifestó que era común ver a Julio Cesar Godoyacompañado de gent armada y en camionetas del año, yque a partir del mes de junio ya no se le ve por el rumbo ysu cas se encuentra deshabitada, desconociendo suparadero, siendo todo lo que nos manifestó, y enentrevista con demás vecinos coincidieron en su dicho.No obstante se informa que se continua con lapresente investigación, toda vez que el C. Julio CesarGodoy Toscano se encuentra prófugo de la justicia.(…)Del mismo modo, la documental anterior, tiene valorprobatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 14,párrafo 1, inciso a), y 4, inciso b), y 16, párrafo 2, de la LeyGeneral del Sistema de Medios de Impugnación en MateriaElectoral.4. Convocatoria a Diputados Federales a la LXILegislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de laUnión.Se invoca como hecho notorio en términos de lo dispuestopor el artículo 15, párrafo I, de la Ley General del Sistema deMedios de Impugnación en Materia Electoral la

67SUP-JDC-670/2009CONVOCATORIAa diputados propietarios electos aintegrar la LXI Legislatura de al Cámara de Diputados delCongreso de la Unión, a recibir la credencial deidentificación y acceso al Salón de Sesiones del PalacioLegislativo de San Lázaro, para la Sesión Constitutiva,publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete deagosto de dos mil nueve.En ese instrumento público, que se difundió a través delmedio oficial, se estableció con claridad lo siguiente:“A los diputados federales propietarios electos a integrarla LXI Legislatura de la Cámara de Diputados delCongreso de la Unión, a recibir la credencial deidentificación y acceso al Salón de Sesiones del PalacioLegislativo de San Lázaro para la Sesión Constitutiva y arealizar los registros parlamentarios legales, conforme alsiguiente calendario.1. La credencial será entregada a los diputados federelaespropietarios electos en el Salón de Protocolo, Edificio “C”del Palacio Legislativo de San Lázaro, sitio en Av.Congreso de la Unión 66, Colonia Parque, DelegaciónVenustiano Carranza, código postal 15969, México D.F.2. A diputados federales electos por el principio demayoría relativa:a) Jueves 20 y viernes 21 de agosto de 2009:A los diputados del Partido de la RevoluciónDemocrática, Partido Verde Ecologista de México yPartido del Trabajo, en un horario de 10:00 a las 16:00 hrs.b) Lunes 24 y Martes 25 de agosto de 2009:

68SUP-JDC-670/2009A los diputados del Partido Revolucionario Institucional,en un horario de las 10:00 a las 21:00 hrs.c) Miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de agostos de2009:A los diputados del Partido Acción Nacional, en un horariode las 16:00 a las 21 hrs.3. A diputados federales electos por el principio derepresentación proporcional:Con independencia del partido al que pertenezcan, losdiputados electos por este principio serán atendidos porcircunscripción plurinominal y en orden alfabético, en lassiguientes fechas y horarios:a) Miércoles 26 de agosto de 2009Turno Matutino: 1ª Circunscripción 10:00 a 15:00 hrs.Turno Vespertino: 2ª Circunscripción 16:00 a 21:00 hrs.b) Jueves 27 de agosto de 2009Turno Matutino: 3ª Circunscripción 10:00 a 15:00 hrs.Turno Vespertino: 4ª Circunscripción 16:00 a 21:00 hrs.c) Viernes 28 de agosto de 2009Turno Matutino: 5ª Circunscripción 10:00 a 15:00 hrs.4. Las credenciales de identificación y acceso seránelaboradas según las copias certificadas de lasConstancias de Mayoría y Validez que acrediten losdiputados federales electos por el principio de mayoríarelativa y de las copias certificadas de las Constancias deAsignación Proporcional, expedidas en los términos de laley en la materia; así como de las notificaciones de lassentencias inatacables del órgano jurisdiccional electoralsobre los comicios de diputados.”De los elementos de prueba enumerados anteriormentees posible apreciar lo siguiente: En principio, que fue librada

69SUP-JDC-670/2009por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federalesen el Estado de Nayarit, orden de aprehensión contra el ahoraaccionante por su probable responsabilidad en la comisión delos delitos de Delincuencia Organizada y Contra la Saludprecisados anteriormente.A su vez, que las autoridades policiales han llevado acabo actos, que están dirigidos a la ejecución de la mencionadaorden de la captura, tales como:a) El encargo o comisión que se efectuó para queelementos de la Policía Federal de la Secretaría de SeguridadPública llevaran a cabo, la búsqueda del ahora accionante.b) Que para tal efecto, los miembros de esa corporaciónimplementaron una investigación de campo que se desarrollóesencialmente en el domicilio ubicado en calle Primo Tapia,Número 16, Colonia Segundo Sector, en Lázaro Cárdenas,Michoacán.c) Al realizarla, los agentes asientan que se entrevistaroncon quienes afirman, son vecinos del lugar referido en el inciso

70SUP-JDC-670/2009anterior, cuyos nombres se reservaron por motivos deseguridad.d) Los policías federales, informan que de las entrevistasen cuestión, han obtenido los siguientes datos:1. Que efectivamente la persona buscada vive enese domicilio.2. Que se le veía con demasiada frecuencia, peroque a raíz de las acusaciones que se dieron a conocer porlos diferentes medios de comunicación no se le ha vueltoa ver en ese lugar.3. Que el actor no se presentó en sus cierres decampaña y que únicamente envió a sus representantesquienes dijeron que por motivos de trabajo el candidato nopudo hacer acto de presencia.4. Que desde esas fechas no se le ha vuelto a ver.e) También precisan que han continuado con los serviciosde vigilancia, en forma fija y móvil en el citado domicilio endiferentes días y horarios, sin que observaran movimientoalguno de personas o vehículos.

71SUP-JDC-670/2009f) De igual forma señalan haberse entrevistado condiversa persona que identificaron, cuyo nombre se omite citarpor razones propias de la investigación ministerial, quien lesmanifestó:1. Conocer de vista al ahora promovente; que a estese le veía entrar y salir todos los días, antes de que pormedios de comunicación se diera la noticia de quetrabajaba para la organización delictiva la familiamichoacana.2. Que era común ver al actor acompañado de gentearmada y en camionetas del año y que a partir del mes dejunio ya no se le ve por el rumbo y que su casa seencuentra deshabitada, desconociendo su paradero.g) Por último, manifiestan los agentes, que seentrevistaron con demás vecinos que coincidieron en su dicho yque se continúa con la investigación correspondiente.A su vez, se aprecia que con motivo de la sesiónconstitutiva de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión sepublicó oficialmente la convocatoria para que los diputados

72SUP-JDC-670/2009federales electos, acudieran al Palacio Legislativo de SanLázaro al acto administrativo de credencialización atinente,señalándose, para ese efecto, en específico, los días veinte yveintiuno de agosto de dos mil nueve, para los diputados demayoría relativa, entre otros, los del Partido de la RevoluciónDemocrática; sin que en autos aparezca algún dato que reveleque efectivamente Julio César Godoy Toscano hubiese asistidoa dicho acto de registro.Todos los elementos anteriores, a través del enlace lógicoy armónico que de ellos se efectúa, en términos de lo dispuestopor el artículo 14, párrafo 1, inciso d), de la Ley General delSistema de Medios de Impugnación, devienen útiles paraestablecer, en forma indiciaria que la condición que actualmenteasiste tanto jurídica como materialmente a Julio César GodoyToscano, actualiza los extremos necesarios para estimar que seencuentra suspendido en sus derechos políticos en términos delartículo 38, fracción V, de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos.Ello porque obra el acto jurisdiccional concreto queordena su captura y está acreditado que se han llevado a cabo

73SUP-JDC-670/2009actos necesarios para localizarlo. Asimismo, se han encontradodatos que, al menos indiciariamente, revelan que se encuentraprófugo, porque según aparece de los oficios rendidos por lasautoridades policiales, desde el siete de julio del año en cursohan realizado una serie de actos tendentes a lograr su captura,sin que en autos obre dato alguno del que pueda desprenderseque a la fecha se haya ejecutado esa detención.Debe destacarse que a pesar de la difusión oficial que sele dio a la convocatoria para la sesión constitutiva de la LXI delCongreso de la Unión, no aparece en autos, algún elemento deprueba que demuestre, ni siquiera a manera de indicio, que elhoy demandante haya materializado su intención de asistir aese acto formal, en términos de los artículos 63 y 128 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actoque, tratándose de los legisladores, debe rendirse en la formaen que se desarrolla en el artículo 15, párrafos cuarto, quinto ysexto de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados UnidosMexicanos.Al respecto, el citado dispositivo orgánico establece en lospárrafos que interesan lo siguiente:

74SUP-JDC-670/2009Artículo 15.…3. Presentes los diputados electos en el Salón de Sesionespara la celebración de la sesión constitutiva, el SecretarioGeneral de la Cámara informará que cuenta con ladocumentación relativa a los diputados electos, lascredenciales de identificación y acceso de los mismos, lalista completa de los legisladores que integrarán la Cámaray la identificación de la antigüedad en cargos de legisladorfederal de cada uno de ellos; y mencionará por su nombre aquienes corresponda integrar la Mesa de Decanos,solicitándoles que ocupen su lugar en el presidium.4. El Presidente ordenará la comprobación del quórum, yuno de los Secretarios procederá a comprobarlo a efecto decelebrar la sesión constitutiva. Declarado éste, el Presidentede la Mesa de Decanos abrirá la sesión. Enseguida, se daráa conocer el orden del día, mismo que se ceñirá alcumplimiento de los siguientes puntos: declaración delquórum; protesta constitucional del Presidente de la Mesade Decanos; protesta constitucional de los diputados electospresentes; elección de los integrantes de la Mesa Directiva;declaración de la legal constitución de la Cámara; cita parasesión del Congreso General y designación de comisionesde cortesía para el ceremonial de esa sesión.5. El Presidente de la Mesa de Decanos se pondrá de pie yal efecto harán lo propio los demás integrantes de laCámara. Aquél prestará la siguiente protesta con el brazoderecho extendido: "Protesto guardar y hacer guardar laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lasleyes que de ella emanen, y desempeñar leal ypatrióticamente el cargo de diputado a la (número ordinal)Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de laUnión que el pueblo me ha conferido, así como laresponsabilidad de Presidente de la Mesa de Decanos de laCámara, mirando en todo por el bien y prosperidad de laUnión. Si así no lo hago, que la Nación me lo demande".6. El resto de los integrantes de la Cámara permanecerá depie y el Presidente de la Mesa de Decanos les tomará laprotesta siguiente: "¿Protestan guardar y hacer guardar laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lasleyes que de ella emanen, y desempeñar leal ypatrióticamente el cargo de diputado a la (número ordinal)Legislatura del Congreso de la Unión que el pueblo les haconferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la

75SUP-JDC-670/2009Unión?". Los diputados electos responderán, con el brazoderecho extendido: "¡Si protesto!". El Presidente de la Mesade Decanos, a su vez, contestará: "Si no lo hacen así, que laNación se los demande".Es de resaltar que no forma parte de la presente litis laconfiguración normativa de los preceptos antes transcritos.Asimismo, debe destacarse que de autos no se apreciaque la circunstancia de que actualmente no haya tomadoprotesta hubiese obedecido a que se le haya impedidomaterialmente el acceso al recinto oficial.En esa tesitura, es posible afirmar que el acervoprobatorio resulta útil para establecer, que la condición actualde Julio César Godoy Toscano, corresponde en efecto, a la deprófugo de la justicia en los términos que han sido precisados,esto es, a la exigencia constitucional para suspender losderechos político-electorales, sin que sea posible advertir algúnelemento de convicción que ilustre sobre que el mencionadoactor se encuentre en otra situación jurídica, esto es, que noestá sustraído de la justicia, sino que, por el contrario, esposible hacerlo accesible al proceso. En otras palabras, enautos no existe ningún dato que haga patente la disponibilidad

76SUP-JDC-670/2009del actor ante el órgano judicial penal a efecto de que sedetermine su situación jurídica.En cambio, debe tomarse en cuenta que obran datos queconfirman la condición de prófugo del actor, que se ha venidoexplicando, como es, el contenido del escrito de demanda quepresentó Julio César Godoy Toscano para incoar el presentemedio impugnativo, toda vez que en los motivos de disenso queformula, es posible advertir su inconformidad con la exigenciade que el acto de protesta necesariamente tenga queefectuarse de manera presencial y en forma oral, porqueasegura, esa exigencia no se encuentra establecida legalmente.Así, el peticionario pone de manifiesto su pretensión deque en todo caso, la toma de protesta pudiera realizarse pormedio de escrito; cuestión que fortalece la idea de que el hoydemandante permanece fuera del orden legal que dimana delmandamiento de captura emitido el dieciocho de junio de dosmil nueve (antes de la jornada electoral verificada el cinco dejulio de esa anualidad), sin prejuzgar en absoluto sobre lalegalidad de dicha orden de aprehensión.

77SUP-JDC-670/2009Por los motivos expuestos con anterioridad, es infundadoel diverso argumento en que el actor sugiere, que para dilucidarla presente controversia, sería menester efectuar un ejerciciode ponderación de los derechos en juego, que según supunto de vista, habría de privilegiar su derecho a ser votadopara ocupar un cargo de elección popular.Al respecto, conviene decir, que contrario a lo quemanifiesta el actor, las constancias de autos, en ningúnmomento arrojan que las autoridades responsables, con sudeterminación de suspender el trámite de registro a que serefiere el artículo 14 de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos,trastoquen dealgún modo el derecho concreto a ser votado, en los términosde los artículos 35, 36 y 38 de la norma fundamental.Lo anterior, porque como se ha dicho, los elementos deprueba constantes en autos, permiten tener la certeza de queel ciudadano en mención se encuentra suspenso en susderechos políticos, por haberse librado en su contra unaorden de aprehensión y se encuentra sustraído de laacción de la justicia.

78SUP-JDC-670/2009En esas condiciones, no sería válido estimar, que como loafirma el actor, sea menester una ponderación de valores entrelos derechos fundamentales de votar y ser votado y, porotro lado, el de certeza en la consolidación del sistemademocrático;lo anterior, en razón de que, el mandatoconcreto del poder constituyente está dirigido sin reticenciaalguna a establecer la hipótesis de suspensión de los derechospolíticos tratándose de la condición de prófugo de la justicia,previsión que como se ha dicho, deviene objetiva y razonable,por las consideraciones explicadas con anterioridad.No pasa inadvertido que el impetrante señala que estaSala Superior, al resolver el diverso expediente SUP-JDC-85/2007, relativo al juicio para la protección de los derechospolítico-electorales del ciudadano promovido por José GregorioPedraza Longi, efectuó un ejercicio de ponderación queprivilegio la subsistencia del principio de presunción deinocencia, ampliamente reconocido en la propia ConstituciónFederal y en los diversos instrumentos internacionalescorrespondientes, y que según su punto de vista, debe orientarel sentido de la presente ejecutoria.

79SUP-JDC-670/2009Empero, no asiste razón al demandante cuando aseguraque el criterio sostenido en aquella oportunidad, pueda orientarla dilucidación del presente asunto, en tanto que sonapreciables diversas circunstancias que apartan la cuestiónjurídica a resolver en el presente caso.siguiente:Para explicar lo anterior, es pertinente señalar loEl juicio para la protección de los derechos políticoelectoralesdel ciudadano que dio origen a la referidacontroversia jurídica se hizo valer por José Gregorio PedrazaLongi contra una resolución de la Dirección Ejecutiva delRegistro Federal de Electores por conducto de su Vocalía en la06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Puebla, de dieciséisde febrero de dos mil siete.En aquella determinación la autoridad electoral declaróimprocedente la solicitud que hizo el actor respecto de suexpedición de credencial para votar con fotografía.La autoridad administrativa electoral, desde la respuestaprimigenia fue clara al señalar que la negativa que le fue dada

80SUP-JDC-670/2009obedecía concretamente a su situación jurídica, consistente enque el titular del Juzgado Mixto de San Juan de los LlanosLibres, en el Estado de Puebla había dictado auto de formalprisión en su contra en la causa penal 30/05, por diversosdelitos de carácter culposo; mismos que consisten en unaconducta imprudente o negligente que ocasiona un eventodañino o peligroso previsto por la ley como delito, producidoinvoluntariamente o bien por efecto de errónea opinióninexcusable de realizarlo en circunstancias que excluyen laresponsabilidad penal; razón por la que se encontrabasuspendido en sus derechos políticos, acorde con lo dispuestopor el artículo 38 de la Constitución General de la República.En el examen de fondo que se efectuó en el citado juicio,esta Sala Superior invocó diversos Tratados Internacionalescomo integrantes del orden jurídico nacional, de conformidadcon lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Federal,particularmente, la Convención Americana sobre DerechosHumanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así comola interpretación que de dicho precepto realizaron los órganoscomunitarios competentes, como es el Comité de DerechosCiviles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas.

81SUP-JDC-670/2009De dichos instrumentos internacionales se sustrajo comoprincipio orientador la presunción de inocencia; postulado queincluso, se señaló, se encontraba reconocido por los artículos14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero,21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lamedida que tales dispositivos reconocen a favor de quien estásujeto a proceso penal el derecho fundamental a la presunciónde inocencia, hasta en tanto se demuestre lo contrario.Se invocó a su vez, el criterio sostenido por el Pleno de laSuprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual, estabareconocido precisamente el principio de presunción deinocencia, como una garantía básica que permea toda laactividad administrativa, legislativa y jurisdiccional del Estado,contenido en la tesis aislada, P. XXXV/2002, consultable en elSemanario Judicial de la Federación y su Gaceta, NovenaÉpoca, P.14, cuyo rubro es el siguiente: “PRESUNCIÓN DEINOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DEMANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.”

82SUP-JDC-670/2009En la especificidad del caso antes mencionado, seestableció que el ejercicio de maximización del derechofundamental a votar en las elecciones populares, era viable entanto que la negativa se había sustentado en un auto de formalprisión, dictado por la probable comisión de un delito noconsiderado grave, el cual, en aquel supuesto era enfrentadopor el accionante en libertad; es decir, sin que estuviere privadode su potestad deambulatoria, en razón de que gozaba delbeneficio constitucional contenido en el numeral 20, párrafo I dela Constitución Federal.Las características esenciales que han quedadoprecisadas en los antecedentes, ilustran de antemano, sobredos aspectos que cobraron medular importancia en ladilucidación de aquel asunto.• En primer orden, al constituir objeto de estudio elderecho político-electoral consistente en votar enelecciones populares, el examen relativo a la tutela que debíadarse a ese derecho fundamental, se realizó bajo el tamizconcreto de las condiciones y exigencias que requiere un sujetopara ejercer el sufragio.

83SUP-JDC-670/2009• La condición jurídica de libertad, en que se encontraba elsujeto en el procedimiento penal seguido en su contra,implicaba necesariamente una accesibilidad total de JoséGregorio Pedraza Longi para acudir a las urnas a emitir suvoto.De tal manera que al estar sujeto a proceso penal loarropa el derecho fundamental de presunción de inocencia.Dado que en el caso, no se advirtió que en efecto,existiera una situación jurídica y material que reprimiera alsujeto activo en su libertad personal ni que lo conminarasiquiera provisionalmente a una medida restrictiva de libertadde carácter temporal, el ejercicio de maximización de suderecho fundamental resultó viable, al encontrar concordanciaen el ordenamiento constitucional, en tanto, que no existíaalgún dato o elemento de prueba que arrojara algúnimpedimento jurídico o material para que José GregorioPedraza Longi ejerciera su derecho a votar.Es decir, aunado a que se reconoció que el auto de formalprisión que se dictó contra el señor José Pedraza Longi, por eldelito culposo en que incurrió, de ningún modo, podía implicar

84SUP-JDC-670/2009una declaratoria definitiva de culpabilidad, se apreció que elmencionado actor, al encontrarse gozando del beneficioconstitucional de libertad, de ningún modo veía acotada olimitada su libertad corporal por algún mandato de autoridadque le impidiera ejercer ese derecho fundamental, cuestión quehace patente que de ninguna manera podía atribuírsele lacondición de prófugo de la justicia.En esas condiciones, la situación jurídica y material enaquel diverso asunto, permitió a esta Sala Superior efectuar unejercicio de maximización del derecho político-electoral devotar.En la especie, el presente asunto reviste diversassingularidades que por su naturaleza jurídica y materialimpiden efectuar un ejercicio de ponderación similar.1. En el particular, la hipótesis de suspensión dederechos políticos que se estima actualizada es la que consignael artículo 38, fracción V, de la Constitución Federal, atinente aque el ciudadano se encuentre prófugo de la justicia, desdeque se dicte la orden de aprehensión hasta que prescribala acción penal.

85SUP-JDC-670/20092. Existen datos que permiten asegurar que en la especie,a Julio César Godoy Toscano, le fue librada una orden deaprehensión en su contra y se encuentra materialmentesustraído de la acción de la justicia en los términos que hansido precisados en líneas precedentes, dado que como sedemostró se han llevado a cabo diversas investigaciones paralocalizarlo y lograr su comparecencia a juicio sin que ello fueraposible a la fecha, lo que a permitido evidenciar que seencuentra prófugo de la justicia.3. El delito que sirvió de base al Juez Primero de Distritode Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit norevela la posibilidad jurídica de que le sea otorgado algúnbeneficio que le permita gozar, durante la tramitación de lacausa, de su libertad provisional, en términos de lo dispuestopor el artículo 399, fracción IV, del Código Federal deProcedimientos Penales.De conformidad con lo anterior, es incuestionable que elderecho político-electoral a ser votado, presenta característicastanto normativas como fácticas que no permitirían realizar unejercicio ponderativo similar, como se explica a continuación.

86SUP-JDC-670/2009En cuanto al ámbito normativo, ha quedado precisadoque los elementos contenidos en la hipótesis de suspensión sondiversos, en tanto que la fracción II, del artículo 38 de laConstitución Federal que se aplicó en el juicio SUP-JDC-85/2007, se limita a establecer una situación jurídica formal(consistente en que se haya dictado auto de formal prisión),mientras que la fracción V, no se reduce a la fijación de unacondición jurídica determinada sino que exige la demostraciónde una circunstancia particular en el sujeto; esto que seencuentre prófugo de la justicia, la cual, como se ha explicado,se satisfizo a plenitud en el caso particular.En el orden fáctico, el ejercicio del derecho político a servotado, presenta una implementación material más compleja yexigente, porque quienes se ven favorecidos con el sufragiopopular, alcanzan el derecho y asumen el deber constitucionalde ocupar el cargo público que la ciudadanía les confiere, locual, por supuesto, se traduce en un actuar que sólo puedeejercerse de manera permanente y prolongada y que implica laasunción de todas las funciones inherentes al cargo de que setrate.

87SUP-JDC-670/2009Así, la operatividad necesaria para satisfacer este diversoderecho político-electoral, no puede cumplirse mediante un soloacto, y requiere como elemento o condición esencial que elsujeto que asuma las funciones propias a su encargo, seencuentre gozando en plenitud de su libertad personal paracumplir materialmente su encomienda.Por tanto, no es factible algún ejercicio de maximizaciónque permitiera a esta Sala Superior potenciar el derechofundamental que le corresponde a ser votado, particularmente,a ocupar materialmente el cargo de elección popular dediputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.Se insiste, más allá de la previsión concreta establecidapor el Poder Constituyente en el artículo 38, fracción V, de laConstitución General de la República, la situación jurídica ymaterial que revela tener Julio César Godoy Toscano, ensustracción de la acción de la justicia, hace patente laimposibilidad material de que el citado ciudadano asuma elcargo público correspondiente.

88SUP-JDC-670/2009En mérito de lo expuesto, se declara que no esprocedente la pretensión del actor relativa a que se realicen lostrámites para el registro y expedición de su credencial comodiputado federal electo, así como que se le tome protesta de leyen ese cargo, pues como se vio, se encuentra suspendido ensus derechos políticos, al ubicarse en la hipótesis normativa delartículo 38, fracción V, de la Carta Fundamental, sin que hayalugar a acoger el planteamiento del peticionario, en el sentidode que dicho acto exigido por el orden constitucional, puedarealizarse en forma escrita, toda vez que como ha quedadoasentado, es indispensable que el ciudadano esté en elejercicio pleno de sus derechos políticos, lo cual no se actualizaen la especie.Por lo expuesto, lo procedente es confirmar el actoimpugnado.R E S U E L V E:ÚNICO. Se confirma la determinación de negar el registrodel actor en su carácter de diputado federal y la expedición desu credencial por parte del Secretario General, Subdirector

89SUP-JDC-670/2009General de Asuntos Jurídicos, Presidente e integrantes de laMesa de Decanos y Presidente de la Mesa Directiva, todos dela Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en lostérminos precisados en el considerando último de estasentencia.NOTIFÍQUESE personalmente al actor en domicilioseñalado; por oficio a las responsables antes precisadas,acompañado de la copia certificada de esta sentencia, y porestrados a los demás interesados, en términos de lo dispuestoen el artículo 26, párrafo 3, 27, 28 y 29, párrafos 1 y 3, inciso a),de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación enMateria Electoral.Devuélvanse los documentos atinentes y, en suoportunidad, archívese el expediente, como asunto total ydefinitivamente concluido.Así lo resolvieron, por unanimidad de votos de losMagistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoraldel Poder Judicial de la Federación, con ausencia delMagistrado Salvador Olimpo Nava Gomar; con el voto

90SUP-JDC-670/2009concurrente del Magistrado Manuel González Oropeza, ante elSecretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.MAGISTRADA PRESIDENTAMARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROAMAGISTRADOMAGISTRADOCONSTANCIO CARRASCODAZAMAGISTRADOFLAVIO GALVÁN RIVERAMAGISTRADOMANUEL GONZÁLEZOROPEZAJOSÉ ALEJANDRO LUNARAMOSMAGISTRADOPEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOSMARCO ANTONIO ZAVALA ARREDONDO

91SUP-JDC-670/2009VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL MAGISTRADOMANUEL GONZÁLEZ OROPEZA, EN EL EXPEDIENTE SUP-JDC-670/2009En primer lugar, debo señalar que, se advierte de constancias delexpediente que el Secretario General del la Cámara de Diputados,determinó unilateralmente, que resultaba procedente suspender eltrámite de registro de Julio Cesar Godoy Toscano, como diputadofederal electo, ello en atención a la consulta que realizó a laDirección de Asuntos Jurídicos y el Centro de Estudios deDerecho e Investigaciones de la mencionada Cámara, en relacióna una solicitud formulada con fecha 10 de agosto de dos milnueve, por el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionalesdel Procuraduría General de la República, mediante el oficioPGR/SJAI/558/09, con la petición de no completar el procesode notificación y entrega de identificaciones que son elementosnecesarios para que Julio Cesar Godoy Toscano, pudieracomparecer a la sesión constitutiva y menos aún se le tomaráprotesta de su cargo, en virtud de configurarse en el caso lahipótesis prevista en el artículo 38 fracción V, de laConstitución Federal, por ser prófugo de la justicia mexicana,dado que el Juez Primero de Distrito de Procesos PenalesFederales en el Estado de Nayarit, con fecha dieciocho de juniodel año en curso, en la causa penal 3/2009, giró orden deaprensión en contra del citado diputado electo por los delitosde: A) DELINCUENCIA ORGANIZADA y B) CONTRA LASALUD EN SU MODALIDAD DE COLABORAR DECUALQUIER MANERA AL FOMENTO PARA POSIBILITARLA EJECUCIÓN DE ALGÚN DELITO CONTRA LA SALUD.

92SUP-JDC-670/2009En la sentencia se señala, que fue legal el actuar del SecretarioGeneral de la Cámara de Diputados, al resolver suspender eltrámite de registro de Julio Cesar Godoy Toscano, en virtud deque tiene facultades expresas para llevar a cabo el trámite deregistro y entrega de credenciales a los diputados electos, para elacceso al recinto oficial a efecto de rendir protesta al cargopúblico, por lo que entonces debe estimarse que al advertir que nose cumple con los requisitos que exige la propia normatividad (porejemplo la inasistencia de realizar dicho trámite, que tiene entreotros objetos la corroboración de la identidad del diputado), enrazón de lo cual, está en posibilidad de no dar curso alprocedimiento de registro y credencialización correspondiente.No comparto el criterio de la mayoría en virtud de que,considero que el Secretario General de la Cámara deDiputados, actúo indebidamente al determinar suspender eltrámite de registro de Julio Cesar Godoy Toscano, dado que taldeterminación, no la tomó con base en el incumplimiento dealguno de los requisitos que legales tenía que cubrir el diputadoelecto para poder ser registrado y se le otorgara la credencialque le permitiría el acceso a la Sesión de Instalación de la LXILegislatura del Congreso de la Unión, a efecto de poder realizarla protesta constitucional con la formalidad establecida en la ley,esto es, el Secretario General de la Cámara de Diputadoscontaba con los elementos que acreditaban a Julio CesarGodoy Toscano como diputado electo, la declaración de validezde la elección, la constancia de mayoría y la notificación de laejecutoria dictada por éste órgano jurisdiccional con fecha doce

93SUP-JDC-670/2009de agosto del año en curso, en el expediente SUP-REC-41/009,el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación, donde se resolvió confirmar lasentencia emitida por la Sala Regional Toluca de este Tribunal,en el juicio de inconformidad ST-JIN-16/2009, en el que seresolvió la validez de la elección en el Distrito Electoral Federal01, con cabecera en Lázaro Cárdenas, Michoacán.Advierto que el mencionado Secretario General de la Cámarade Diputados, según se advierte del contenido del expedienteintegrado con motivo del presente juicio ciudadano, resolviósuspender el trámite de registro de un diputado electo, eincumplir con la obligación que le impone el artículo 14 de laLey Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos,sin contar con las facultades legales expresas para ello, puesno se advierte que en el ejercicio de sus funciones, puedacalificar la procedencia de una solicitud de suspensión deregistro formulada por la Procuraduría General de la República,siendo que corresponde al Ministerio Público, de conformidadcon lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Federal, lainvestigación y persecución de los delitos, más no el interveniren los asuntos relativos a la toma de posesión de los diputadosfederales.El artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso de los EstadosUnidos Mexicanos, establece:ARTICULO 15.1. Para la conducción de la sesión constitutiva de la Cámarahabrá una Mesa de Decanos, constituida por un Presidente, tresVicepresidentes y tres Secretarios.

94SUP-JDC-670/20092. La Mesa de Decanos se integra por los diputados electospresentes que hayan desempeñado con mayor antigüedad laresponsabilidad de legislador federal. En caso de presentarseantigüedades iguales, la precedencia se establecerá en favor dequienes hayan pertenecido al mayor número de Legislaturas y,en su caso, a los de mayor edad. El diputado electo que cuentecon mayor antigüedad será el Presidente de la Mesa deDecanos. Serán Vicepresidentes los diputados electos quecuenten con las tres siguientes mayores antigüedades,procurando reflejar la pluralidad de la conformación de laCámara. En calidad de Secretarios les asistirán los siguientestres diputados electos que cuenten con las sucesivas mayoresantigüedades.3. Presentes los diputados electos en el Salón de Sesiones parala celebración de la sesión constitutiva, el Secretario General dela Cámara informará que cuenta con la documentación relativa alos diputados electos, las credenciales de identificación y accesode los mismos, la lista completa de los legisladores queintegrarán la Cámara y la identificación de la antigüedad encargos de legislador federal de cada uno de ellos; y mencionarápor su nombre a quienes corresponda integrar la Mesa deDecanos, solicitándoles que ocupen su lugar en el presidium.4. El Presidente ordenará la comprobación del quórum, y uno delos Secretarios procederá a comprobarlo a efecto de celebrar lasesión constitutiva. Declarado éste, el Presidente de la Mesa deDecanos abrirá la sesión. Enseguida, se dará a conocer el ordendel día, mismo que se ceñirá al cumplimiento de los siguientespuntos: declaración del quórum; protesta constitucional delPresidente de la Mesa de Decanos; protesta constitucional de losdiputados electos presentes; elección de los integrantes de laMesa Directiva; declaración de la legal constitución de la Cámara;cita para sesión del Congreso General y designación decomisiones de cortesía para el ceremonial de esa sesión.5. El Presidente de la Mesa de Decanos se pondrá de pie y alefecto harán lo propio los demás integrantes de la Cámara. Aquélprestará la siguiente protesta con el brazo derecho extendido:"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, ydesempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado a la(número ordinal) Legislatura de la Cámara de Diputados delCongreso de la Unión que el pueblo me ha conferido, así como laresponsabilidad de Presidente de la Mesa de Decanos de laCámara, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.Si así no lo hago, que la Nación me lo demande".

95SUP-JDC-670/20096. El resto de los integrantes de la Cámara permanecerá de pie yel Presidente de la Mesa de Decanos les tomará la protestasiguiente: "¿Protestan guardar y hacer guardar la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ellaemanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo dediputado a la (número ordinal) Legislatura del Congreso de laUnión que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bieny prosperidad de la Unión?". Los diputados electos responderán,con el brazo derecho extendido: "¡Si protesto!". El Presidente dela Mesa de Decanos, a su vez, contestará: "Si no lo hacen así,que la Nación se los demande".7. Una vez que se hayan rendido las protestas constitucionalesreferidas en los dos párrafos anteriores, se procederá a laelección de la Mesa Directiva de la Cámara, de conformidad conlo dispuesto en esta ley.8. Realizadas las votaciones y declarados los resultados para laelección de la Mesa Directiva de la Cámara, el Presidente de laMesa de Decanos invitará a sus integrantes a que ocupen ellugar que les corresponde en el presidium, y los miembros deésta tomarán su sitio en el Salón de Sesiones.9. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al Presidentede la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Cortede Justicia de la Nación, y a los órganos legislativos de losEstados y del Distrito Federal.10. En la circunstancia de que la Mesa de Decanos deba actuarcomo Mesa Directiva, en tanto se concretan los entendimientosnecesarios para elegir ésta, se harán las comunicacionespertinentes a que se refiere el párrafo anterior.”De acuerdo al precepto legal citado, la toma de protesta en laSesión Constitutiva, atañe al Presidente de la Mesa deDecanos, por lo tanto la solicitud debía ser atendida por elPresidente de la Mesa Decanos, lo anterior aplicando el criterioque sustentó este órgano jurisdiccional al resolver el expedienteSUP-JDC -612/2009.Las anteriores consideraciones motivan mi disenso con lasconsideraciones que en relación a las facultades del Secretario

96SUP-JDC-670/2009del General de la Cámara de Diputados se sostiene lasentencia.MAGISTRADOMANUEL GONZÁLEZ OROPEZA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DELOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANOEXPEDIENTE: SUP-JDC-85/2007ACTOR: JOSÉ GREGORIOPEDRAZA LONGIAUTORIDAD RESPONSABLE:DIRECCIÓN EJECUTIVA DELREGISTRO FEDERAL DEELECTORES POR CONDUCTO DESU VOCALÍA EN LA 06 JUNTADISTRITAL EJECUTIVA EN ELESTADO DE PUEBLAMAGISTRADA PONENTE: MARÍADEL CARMEN ALANIS FIGUEROASECRETARIO: JORGECORDERO GROSSMANNSÁNCHEZ-México, Distrito Federal, a veinte de junio de dos mil siete.V I S T O S, para resolver los autos del expediente al rubrocitado, relativo al juicio para la protección de los derechospolítico-electorales del ciudadano promovido por el ciudadanoJosé Gregorio Pedraza Longi, en contra de la resoluciónemitida por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal deElectores, por conducto de su Vocalía en la 06 Junta DistritalEjecutiva en el Estado de Puebla, de dieciséis de febrero dedos mil siete, en el expediente VDRFE/06/PUE/SECPV/01/07,

2SUP-JDC-85/2007a través de la cual declaró improcedente su solicitud deexpedición de credencial para votar con fotografía, yR E S U L T A N D O:Antecedentes. De conformidad con lo expresado en elescrito de demanda, así como de las constancias que obranen el expediente, se desprende lo siguiente:I. Solicitud de inscripción. El once de diciembre del dos milseis, José Gregorio Pedraza Longi acudió al módulo deatención ciudadana número 210622 correspondiente a sudomicilio, a efecto de iniciar el trámite de inscripción alPadrón Electoral, al cual correspondió el formato único deactualización y recibo número 0621062213821.II. Negativa de expedición de credencial. En razón de loanterior, el diecinueve de enero del presente, se constituyóde nueva cuenta en el módulo de referencia, con el objeto derecoger su credencial de elector, en donde se le informó dela no procedencia de su trámite derivado de su situaciónjudicial.III. Instancia administrativa. El treinta y uno de enero delpresente año, al no recibir su credencial para votar confotografía, José Gregorio Pedraza Longi promovió, ante el

3SUP-JDC-85/2007módulo de referencia, la solicitud de expedición de credencialpara votar con fotografía, a la cual le fue asignado el númerode folio 0721062202379.IV. Respuesta de la autoridad. El dieciséis de febrero del añoen curso, el Vocal del Registro Federal de Electores de la 06Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Puebla, emitióresolución respecto del expedienteVDRFE/06/PUE/SECPV/01/07 integrado con motivo de lasolicitud de expedición de credencial para votar confotografía señalada en el párrafo precedente, en lossiguientes términos:…CONSIDERANDOII. La Solicitud de Expedición de Credencial Para Votarpresentada por el C. PEDRAZA LONGI JOSÉ GREGORIO, esIMPROCEDENTE en razón de las siguientes consideraciones:En los archivos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal deElectores existe información proporcionada por el Juez Penalde Libres en la que se señala que se dictó en su contra auto deformal prisión en la causa penal 30/05, por lo que fuesuspendido de sus derechos políticos conforme a lo dispuestoen el artículo 38 Constitucional.Se dejan a salvo sus Derechos para hacerlos valer a través dela Demanda de Juicio para la Protección de los DerechosPolítico- Electorales del ciudadano, prevista por los artículos151, párrafo 6, del ordenamiento legal citado, en relación conlos artículos 79,80 párrafo 1, inciso a), 81 y demás relativos yaplicables de la Ley General del Sistema de Medios deImpugnación en Materia Electoral.…

4SUP-JDC-85/2007La anterior resolución le fue notificada al hoy actor eldiecinueve de febrero de dos mil siete.V. Juicio para la protección de los derechos políticoelectoralesdel ciudadano. En misma fecha, a través delformato correspondiente puesto a su disposición por lapropia autoridad, el ciudadano José Gregorio Pedraza Longi,promovió juicio para la protección de los derechos políticoelectoralesdel ciudadano, en contra de la resoluciónprecisada en el resultando que antecede.VI. Tramitación. El Vocal Secretario de la 06 Junta DistritalEjecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado dePuebla tramitó la referida demanda y, por oficio númeroVSD/0138/2007 de veinte de febrero del año en curso,remitió a este órgano jurisdiccional el expediente formadocon motivo del presente juicio, junto con las constancias demérito y el informe circunstanciado.VII. Turno. Por auto del veintitrés de febrero dos mil siete, elMagistrado Presidente de esta Sala Superior acordó integrarel expediente SUP-JDC-85/2007 y turnarlo a la MagistradaMaría del Carmen Alanis Figueroa, para los efectos previstosen el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios deImpugnación en Materia Electoral.

5SUP-JDC-85/2007VIII. Requerimiento. El veintiocho de febrero de dos mil siete,la Magistrada encargada de la elaboración del proyecto desentencia respectivo, requirió al Juez del Juzgado Mixto deSan Juan de los Llanos Libres Puebla, para que ésteinformara y remitiera diversa documentación necesaria parala sustanciación y resolución del presente medio.El dos de abril de dos mil siete, el Juez del Juzgado Mixto deSan Juan de los Llanos Libres Puebla desahogó elrequerimiento señalado, remitiendo a esta Sala Superior, lasconstancias que integran la causa penal 30/2005 instruidaen contra de José Gregorio Pedraza Longi por su presuntaresponsabilidad en la comisión de diversos delitos.IX. Admisión y cierre de instrucción. El diecinueve de junio dedos mil siete, la Magistrada instructora admitió la demandade juicio para la protección de los derechos políticoelectoralesdel ciudadano, presentada por José GregorioPedraza Longi y declaró cerrada la instrucción, con lo cual elasunto quedó en estado de resolución, ordenando elaborar elproyecto que conforme a derecho corresponda y,C O N S I D E R A N D OPRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Esta Sala Superiordel Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es

6SUP-JDC-85/2007competente para conocer y resolver el presente medio deimpugnación, con fundamento en los artículos 41, párrafo 2,fracción IV, y 99, párrafo 4, fracción V, de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186,fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la LeyOrgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3°,párrafo 2, inciso c); 4 y 83, apartado 1, inciso b), de la LeyGeneral del Sistema de Medios de Impugnación en MateriaElectoral, por tratarse de un juicio para la protección de losderechos político-electorales del ciudadano, promovido porun ciudadano en forma individual, en contra de presuntasviolaciones a su derecho político-electoral de votar.SEGUNDO. Causales de Improcedencia. En virtud de que losrequisitos de procedibilidad están directa e inmediatamenterelacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesariopara la válida constitución del proceso y están previstos endisposiciones de orden público, según se desprende de lodispuesto en el artículo 1° de la Ley General del Sistema deMedios de Impugnación en Materia Electoral, esta SalaSuperior advierte que, en el caso concreto, no se actualizanlas causales de improcedencia o sobreseimiento previstas enlos artículos 9, párrafo 3, 10, párrafo 1 y 11 de la LeyGeneral del Sistema de Medios de Impugnación, dado que,tanto los presupuestos procesales como los requisitossustanciales del juicio de mérito, indispensables para emitir

7SUP-JDC-85/2007un pronunciamiento de fondo sobre la controversiaplanteada, se encuentran satisfechos, como se verá acontinuación.TERCERO. Presupuestos Procesales y Requisitos Generalesdel Medio de Impugnación. En el presente juicio se satisfacenlos presupuestos procesales y requisitos generales del juiciopara la protección de los derechos político electorales delciudadano, previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1, 79, 80y 81 de la Ley General del Sistema de Medios deImpugnación en Materia Electoral, al tenor de lo siguiente:Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridadresponsable. En ella se hizo constar el nombre y firma delactor, se identificó la resolución impugnada, se expresó elagravio que en opinión del accionante aquélla le ocasiona, yse citaron los preceptos presuntamente violados, conformecon lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 1 de la ley adjetivade la materia.Oportunidad. El medio de impugnación fue presentado dentrodel plazo legal previsto en el artículo 8° de la cita LeyGeneral, pues según se advierte de la resolución electoraladministrativa, y del informe circunstanciado, rendidosambos por la autoridad responsable, el promovente tuvoconocimiento del acto impugnado el diecinueve de febrero de

8SUP-JDC-85/2007dos mil siete, y su demanda fue presentada en misma fecha,según consta en el acuse de recepción.Legitimación. El presente juicio fue promovido por partelegítima, conforme a lo previsto en el artículo 79 de la LeyGeneral del Sistema de Medios de Impugnación en MateriaElectoral, ya que el juicio lo promueve un ciudadano por símismo y en forma individual.Violación de derechos político-electorales. De la lectura delescrito de demanda se advierte que el actor argumenta quela resolución recurrida viola en su perjuicio, el derechopolítico-electoral de votar.Definitividad. El actor agotó previamente la instanciaadministrativa prevista en el artículo 151 del Código Federalde Instituciones y Procedimientos Electorales.CUARTO. Autoridad Responsable. Previamente, cabe aclararque tal y como ha quedado identificado en el proemio delpresente fallo, la autoridad responsable es la DirecciónEjecutiva del Registro Federal de Electores, por conducto desu Vocalía en la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado dePuebla, en virtud de que, según lo dispone el artículo 92 delCódigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,es el órgano del Instituto Federal Electoral que resuelve las

9SUP-JDC-85/2007solicitudes de expedición de credencial, por lo que se colocaen el presupuesto del artículo 12, apartado 1, inciso b) de laLey General del Sistema de Medios de Impugnación enMateria Electoral.No obsta a lo anterior, el hecho de que en el escrito dedemanda que dio origen al presente juicio, sólo se señalecomo autoridad responsable a la Dirección Ejecutiva delRegistro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral,ni que la notificación del acto reclamado y el trámite delmedio de impugnación lo hubiese realizado la Vocalía de la06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Puebla, toda vezque, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135,párrafo 1 del Código Federal de Instituciones yProcedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoralpresta los servicios inherentes al Registro Federal deElectores, por conducto de la Dirección Ejecutiva competentey de sus Vocalías en las Juntas Locales y DistritalesEjecutivas correspondientes, en la especie, la del 06 DistritoElectoral Federal del Estado de Puebla. De ahí que, en el casoconcreto y atendiendo al principio de unidad de la autoridad,deba considerarse a éstas últimas como autoridadesresponsables de los servicios relativos al Registro Federal deElectores, ya que, en el supuesto de resultar fundado elagravio esgrimido por la parte actora, los efectos de lapresente sentencia afectarían a las distintas partes de ese

11SUP-JDC-85/2007Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos leotorga.En ese sentido, resulta necesario precisar que, a pesar deque el agravio esgrimido por el accionante se refiere a que laresolución impugnada le causa lesión, en razón de que se “leimpide su derecho a votar que la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, le otorga como ciudadanomexicano”, esta Sala Superior suple la deficiencia en elagravio, así como el derecho invocado, con fundamento enlo dispuesto por el artículo 23, párrafos 1 y 3 de la LeyGeneral del Sistema de Medios de Impugnación en MateriaElectoral, ya que de los hechos expuestos se deduceclaramente que el agravio causado consiste en que el actoimpugnado constituye un impedimento para emitir en suoportunidad el sufragio en los comicios locales que tendránverificativo en el Estado de Puebla el próximo mes denoviembre del año en curso para elegir al Congreso y losAyuntamientos de la entidad, y que, conforme a losnumerales 34 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos; 6, párrafo 1, incisos a) y b) del CódigoFederal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asícomo 12 del Código de Instituciones y Procesos Electoralesdel Estado de Puebla, para el ejercicio del derecho al voto seexige estar inscrito en el Registro Federal de Electores ycontar con credencial para votar con fotografía.

12SUP-JDC-85/2007SEXTO. Estudio de fondo. El agravio formulado por el actorse estima fundado y suficiente para acoger su pretensión, apartir de la suplencia en su deficiencia de conformidad con elartículo 23, párrafo 1, de la Ley General del Sistema deMedios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud deque la autoridad responsable infringió lo previsto en losartículos 35, fracción I, de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos; y 4, apartado 1, 139, 140 y145, del Código Federal de Instituciones y ProcedimientosElectorales; como se justifica en las consideracionessiguientes:En el presente caso, José Gregorio Pedraza Longi solicitó sucredencial para votar con fotografía, la cual le fue negadasobre la base de considerarlo suspendido en sus derechospolítico-electorales, por estar sujeto a un proceso penalderivado del auto de formal prisión dictado por el titular delJuzgado Mixto de San Juan de los Llanos Libres, Puebla. Dela copia certificada de dicho mandamiento judicial, al cual sele otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuestopor el artículo 16 de la citada Ley General, se deriva que elactor se encuentra sujeto a proceso como presuntoresponsable de la comisión de diversos delitos de carácterculposo.

13SUP-JDC-85/2007Conforme a esa determinación, la autoridad administrativaelectoral negó al demandante la expedición de la credencialde elector sustentada en el artículo 38, fracción II, de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en elcual se establece la suspensión de derechos y prerrogativasdel ciudadano en los siguientes términos:"Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanosse suspenden:II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito quemerezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto deformal prisión."No obstante a lo anterior, la propia Constitución establecelas bases para admitir que tal suspensión no es absoluta nicategórica.En efecto, el cúmulo de derechos o prerrogativasreconocidos en la Constitución a favor del ciudadano nodeben traducirse como un catálogo rígido, invariable ylimitativo de derechos, que deban interpretarse de formarestringida, ya que ello desvirtuaría la esencia misma de losderechos fundamentales. Por el contrario, dichas garantíasconstitucionales deben concebirse como principios olineamientos mínimos; los cuales, al no encontrarseconstreñidos a los consignados de manera taxativa en la

14SUP-JDC-85/2007norma constitucional, deben considerarse susceptibles de serampliados por el legislador ordinario, o por conveniosinternacionales celebrados por el Presidente de la República yaprobados por el Senado de la República.En cuanto a esto último, la propia Constitución en su artículo133 identifica como “Ley Suprema de la Unión” a distintoscuerpos normativos como las leyes generales y los tratadosinternacionales. Así lo ha determinado la Suprema Corte deJusticia de la Nación en la tesis aislada identificada con laclave P. IX/2007 que refiere:TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTEDE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICANJERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYESGENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓNDEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.El anterior razonamiento, autoriza a considerar que si losderechos y prerrogativas constitucionales son susceptibles deampliarse en los ordenamientos que conforman la “LeySuprema de la Unión”, es válido acudir a éstos para aplicarloscuando prevean una situación jurídica de mayor tutela de talesderechos, sin que esto pueda constituir una contravención a laConstitución, ya que ésta permite tal remisión según seevidenció. En ese sentido, puede afirmarse que si el tratadoamplía la esfera de libertades de los gobernados ocompromete al Estado a realizar determinadas acciones en

15SUP-JDC-85/2007beneficio de los ciudadanos, deben considerarse como normassupremas de la unión y constitucionalmente válidas.En ese orden de ideas, resulta aplicable al caso el artículo 25del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, al establecer que lasuspensión de derechos no debe ser indebida, al tenor de losiguiente:“Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distincionesmencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, delos siguientes derechos y oportunidades:a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamenteo por medio de representantes libremente elegidos;b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas,realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto quegarantice la libre expresión de la voluntad de los electores;c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a lasfunciones públicas de su país.”El alcance normativo de dicho precepto fue fijado por elComité de Derechos Civiles y Políticos de la Organización deNaciones Unidas en la Observación General número 25 de su57° período de sesiones en 1996, en el sentido de que: “alas personas a quienes se prive de la libertad pero que nohayan sido condenadas no se les debe impedir que ejerzan suderecho a votar.”Consecuentemente, como el Pacto de Derechos Civiles yPolíticos fue celebrado por el Estado Mexicano conforme a loprevisto en la Constitución federal, toda vez que nuestro país

16SUP-JDC-85/2007se adhirió a él y tal acto fue ratificado por el Senado de laRepública el veintitrés de marzo de mil novecientos ochentay uno, puede afirmarse que tal cuerpo normativo, incluido suartículo 25, forma parte de lo que el artículo 133constitucional denomina “Ley Suprema de la Unión”, por loque resulta válido atender a éste para orientar la decisiónrespecto de la pretensión del demandante, en el sentido deque, al estar sujeto a proceso y no encontrarse privado de lalibertad, debe permitírsele ejercer el derecho a votar y porconsiguiente, expedirle la credencial de elector que solicitó.La anterior conclusión es acorde, además, con lo dispuestopor los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero,19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A,párrafo segundo, de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, en los cuales subyace y se reconoce afavor de quien está sujeto a proceso penal el derechofundamental a la presunción de inocencia, hasta en tanto sedemuestre lo contrario; lo cual implica, que mientras no seacondenado con una sentencia ejecutoria, por la cual se leprive de la libertad, el promovente no debe ser suspendido ensu derecho político-electoral de votar.Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de laNación de nuestro país ha elevado a rango constitucional elprincipio de presunción de inocencia, de tal modo que esta

17SUP-JDC-85/2007garantía básica permea toda la actividad administrativa,legislativa y jurisdiccional del Estado. Esto último en razón dela tesis aislada, P. XXXV/2002, consultable en el SemanarioJudicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, P.14,cuyo rubro descansa sobre lo siguiente:PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SECONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓNFEDERAL.Expresado lo que antecede, debe precisarse que en general esreconocida la facultad del Estado de ejercer su potestadpunitiva a través de un sistema de derecho penal que cumplaen forma razonable con dos finalidades básicas: proteger, poruna parte, a la sociedad de las conductas ilícitas catalogadascomo delito, con lo que se pretende evitar la impunidad ydesalentar todas las formas de autotutela o justicia por propiamano y, por la otra, proteger al acusado frente a los excesos,las desviaciones y las perversiones en la acusación; es decir,el derecho penal es, o debe ser, una forma de reducir laviolencia en la sociedad. Por consiguiente, siendo un principioconstitucional básico y un elemento distintivo del Estadodemocrático el que todo régimen punitivo se oriente a cumplircon las finalidades últimas del derecho penal, entre ellas, lareadaptación social del individuo, las penas deben orientarsede forma tal que sean compatibles con los valoresconstitucionales y democráticos; por tanto, no debenestablecerse como un instrumento de venganza o castigo a los

18SUP-JDC-85/2007responsables de la comisión de un delito, sino como unamedida necesaria, orientada a la readaptación social delindividuo y a la prevención del delito.En ese sentido, los procedimientos penales deben estardirigidos a fortalecer la protección de la libertad personal, porlo que los mecanismos jurídicos existentes deben sersuficientes para garantizar la libertad personal, física odeambulatoria de los individuos.Por ello se considera, en la dogmática penal, que la piedraangular de todo proceso acusatorio es el reconocimiento yrespeto de uno de los derechos humanos de mayortrascendencia, conocido como el derecho a la presunción deinocencia, pues toda persona a quien se imputa un delito tienederecho a ser considera inocente, mientras no se pruebelegalmente su culpabilidad en un proceso seguido con todaslas garantías previstas por la ley.El referido principio es un derecho fundamental, puesconfigura la libertad del sujeto, al grado que su observanciadebida en un sistema penal, permite al procesado ser librefrente a acusaciones aún no comprobadas por las cuales sepretende privar de la libertad. Así, este derecho tiene porobjeto el mantenimiento y la protección jurídica de la inocenciadel procesado mientras no se produzca prueba concreta capaz

19SUP-JDC-85/2007de generar la certeza necesaria para establecer laresponsabilidad a través de una declaración judicial decondena firme.En ese orden de ideas, la mencionada presunción de inocenciaconstituye un derecho atribuible a toda persona por el cualdebe considerarse, a priori, como regla general, que suactuación se encuentra de acuerdo con la recta razón y enconcordancia con los valores, principios y reglas delordenamiento jurídico, mientras un órgano jurisdiccional noadquiera la convicción, a través de los medios de prueba legal,de su participación y responsabilidad en el hecho punibledeterminada por una sentencia firme y fundada, obtenidarespetando todas y cada una de las reglas del debido proceso,todo lo cual exige aplicar las medidas cautelares previstas enel proceso penal en forma restrictiva, para evitar el daño depersonas inocentes mediante la afectación de sus derechosfundamentales.El referido principio ha sido reconocido expresamente a travésde diversos instrumentos internacionales tales como:La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 dediciembre de 1948, que en su artículo 11, párrafo 1 prevé:“Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que sepresuma su inocencia mientras no se compruebe suculpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el

20SUP-JDC-85/2007que se hayan asegurado todas las garantías necesarias parasu defensa.”La Declaración Americana de los Derechos y Deberes delHombre, aprobada por la Novena Conferencia InternacionalAmericana en Bogotá, Colombia, el dos de mayo de 1948,señala, en su artículo XXVI:“Se presume que todo acusado es inocente, hasta que sedemuestre que es culpable.”En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,abierto a firma en la ciudad de Nueva York, E.U.A, el 19 dediciembre de 1966, señala en su artículo 14 párrafo 2:“Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que sepresuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidadconforme a la ley”.La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto deSan José Costa Rica, adoptado el 22 de noviembre de 1969,establece, en su artículo 7, párrafo 5, bajo el título “Derecho ala Libertad Personal”, que:“Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora,ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercerfunciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de unplazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de quecontinúe en proceso. Su libertad podrá estar condicionada agarantías que aseguren su comparecencia en el juicio.”Finalmente en la Convención Americana de DerechosHumanos, en su numeral 8, se dice:

21SUP-JDC-85/2007“Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que sepresuma su inocencia mientras no se establezca legalmente suculpabilidad.”Dichos instrumentos, al haber sido reconocidos por el EstadoMexicano, forman parte del orden jurídico nacional, toda vezque fueron suscritos, aprobados y ratificados por nuestro país,en términos del artículo 133 de la Carta Magna, por lo que esobligación del Estado velar y respetar en todo momento elderecho fundamental en comento.En ese contexto y congruentes con la presunción de inocenciareconocida en la Constitución federal como derechofundamental y recogida en los instrumentos internacionalesarriba referidos, el ejercicio de los derechos y prerrogativas delciudadano sólo debe limitarse por razones justificativas delimpedimento legal para ejercerlas, por ejemplo si no se tiene laedad o la nacionalidad, requeridas como condición de laciudadanía, o por condena del juez competente, etcétera.Ahora bien, en atención a las anteriores consideraciones, yconforme con una interpretación armónica, sistemática yfuncional de los artículos 38, fracción II, 14, 16, 19, 21 y102 de la Constitución Política de los Estado UnidosMexicanos, se concluye que, aún cuando el impetrante hayasido sujeto a la traba de la formal prisión por su presuntaresponsabilidad en la comisión de los ilícitos de mérito, no ha

22SUP-JDC-85/2007sido condenado, lo cual es condición para ser suspendido en elderecho a votar.Lo anterior, encuentra lógico respaldo en el hecho de que, si elactor únicamente puede ser privado del derecho a votar porsentencia ejecutoria, la cual no ha sido dictada, tan solo seencuentra sujeto a proceso penal, el cual enfrenta en libertadpor haber obtenido el beneficio constitucional previsto en elnumeral 20, párrafo I de la Constitución federal, entonces nohay razones válidas para justificar la suspensión del derechopolítico-electoral de votar en contra del demandante, pues esinnegable que salvo la limitación acaecida, dicho ciudadano, alencontrarse libre y al operar en su favor el principio depresunción de inocencia, debe continuar en el uso y goce detodos sus derechos.Tal situación resulta suficiente para considerar que, como nohay una pena privativa de libertad que verdaderamentereprima al sujeto activo en su esfera jurídica y, por ende, leimpida materialmente ejercer los derechos y prerrogativasconstitucionales, tampoco hay razones fácticas que justifiquenla suspensión o merma en su derecho político-electoral devotar.Así las cosas, conviene precisar que en atención a la ratioessendi del ejercicio de los derechos políticos, consistente en

23SUP-JDC-85/2007que éstos posibilitan a los destinatarios de las normas jurídicasa participar directa o indirectamente, de manera equitativa enla modificación o formación de las mismas, resultaimprescindible el cumplimiento de ciertas condicionesconstitucionales y legales para que un grupo de individuos,esto es, los ciudadanos mexicanos, estén en aptitud deejercerlos en plenitud.En ese sentido, la posibilidad igualitaria de participar en laintervención y toma de decisiones en los asuntos públicos,supone el derecho del ciudadano a ser reconocido como unigual, pero a su vez conlleva el deber de respetar el ordenpúblico. La infracción de esos deberes es lo que obliga aestablecer los casos en los cuales el ciudadano debe serprivado del ejercicio de las facultades inherentes a sucondición.Lo anterior no supone propiamente retirar a los ciudadanos dela titularidad de ese tipo de derechos sino únicamentesuspenderlos temporalmente, dejándolos fuera de la categoríade esos derechos, sujeto a la condición de que legalmentepueda estimarse que se ha infringido el orden público, lo cualsólo se determina al dictarse la sentencia ejecutoria que lodeclare responsable del delito y que tenga señalada penaprivativa de la libertad.

24SUP-JDC-85/2007En otras palabras, el fundamento de los derechos políticosproporciona, no solo la justificación para su ejercicio, sinotambién para su suspensión por actos cometidos por el titularde los mismos. En efecto, al tener como base las libertadespositivas y negativas del ciudadano, éste tiene el derecho agozar de ese ámbito de libertad protegido; sin embargo, almismo tiempo el ciudadano está obligado a no atentar encontra de las condiciones que hacen posible la existencia delEstado Democrático Constitucional de Derecho.Consecuentemente, puede afirmarse que la suspensión dederechos consiste en la restricción particular y transitoria delejercicio de los derechos del ciudadano, cuando a éste se lehubiere comprobado el incumplimiento de sus correlativasobligaciones o se hubiere acreditado su responsabilidad en lainfracción de algún ordenamiento legal.En ese orden de ideas, si bien los derechos y prerrogativas delos ciudadanos consagrados en el artículo 35 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no sonde carácter absoluto, todo límite o condición que se aplica alos derechos relativos a la participación política debe basarseen criterios objetivos y razonables.Por consiguiente, de conformidad con la fracción II del artículo38 de la Constitución Política de los Estados Unidos

25SUP-JDC-85/2007Mexicanos relativa a una de las causas que generan lasuspensión de los derechos y prerrogativas del ciudadano,esto es, por estar sujeto a un proceso criminal por delito quemerezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto deformal prisión; la suspensión de derechos obedece, en estesupuesto, al estado jurídico que guarda el ciudadano que seencuentra en sujeción a proceso.Empero esa circunstancia legal no califica al procesado comoculpable o infractor de las normas jurídicas, sino únicamentecomo presunto responsable, lo cual, en términos de laextensión del derecho a votar ampliada por las leyes supremasde la unión, no resulta suficiente para suspenderle susderechos.En efecto, si la calidad de sujeto a proceso no significa unacondena, conforme con el principio de presunción de inocenciaque subyace del artículo 20 constitucional federal, debeentenderse entonces que la suspensión de los derechosprevista en la fracción II del artículo 38 del mismoordenamiento, debe entenderse como consecuencia de laprivación de la libertad y con ello de la imposibilidad material yjurídica de ejercer un cúmulo de diversos derechos queintegran la esfera jurídica del gobernado.

26SUP-JDC-85/2007Al respecto resulta conveniente tener presente que elprocedimiento en materia penal se integra con cuatro etapas operíodos a saber: 1) averiguación previa; 2) instrucción; 3)juicio y 4) ejecución.Tratándose del Estado de Puebla, de conformidad con losartículos 50 y 220, fracciones I y II, del Código deProcedimientos en Materia de Defensa Social, la instrucción esla etapa en la cual se llevan a cabo los actos procesalesnecesarios para la comprobación del cuerpo del delito y elconocimiento de la responsabilidad o inocencia del procesado,a fin de estar en aptitud de resolver la situación jurídicaplanteada. Dicho período suele dividirse en dos etapas: laprimera llamada preinstrucción que abarca desde el auto deinicio emitido por el órgano jurisdiccional, hasta el auto deformal prisión, o de libertad por falta de elementos paraprocesar, o auto de sobreseimiento, según corresponda; lasegunda propiamente llamada instrucción, que comprendedesde el auto que sujeta de manera formal al procedimientohasta el auto que declara cerrada la instrucción.Así, el referido auto de formal prisión es aquella resoluciónjudicial dictada por el órgano jurisdiccional al vencer el términode setenta y dos horas, mediante la cual, previa reunión de losdatos que sean suficientes para comprobar el cuerpo del delitoy que exista presunta responsabilidad del inculpado, se emite

27SUP-JDC-85/2007prisión preventiva en su contra y, por lo tanto, se le sujeta aun proceso penal, con lo cual, se fija la materia por la que seha de seguir el mismo; debiéndose precisar que el objeto dedicho auto de formal prisión no se limita a la detención, sinoque habrá de tener algunas otras consecuencias como: a)señalar el delito o delitos por los que se ha de seguir elproceso; b) inicia el período del proceso formal de conformidadcon lo dispuesto por el artículo 20 fracción VIII de laConstitución General; c) justifica la prisión del sujeto activo deldelito, convirtiéndose el indiciado en procesado; y d) suspendelos derechos y prerrogativas del ciudadano, en términos de lafracción II del artículo 38 de la Constitución General de laRepública.En este sentido, el análisis del artículo 19 de la Carta Magnadenota que los elementos esenciales del auto de formalprisión, son dos: la comprobación del cuerpo del delito y laestimación correcta que se haga respecto a la presuntaresponsabilidad penal.Por cuanto hace al primero de tales elementos, se debeentender como el conjunto de elementos objetivos o externosque constituyen la materialidad de la figura delictiva descritaconcretamente por la ley penal, por lo que es menesterprecisar cuál es el precepto del Código Penal que sanciona loshechos, comprobando que los elementos materiales de ese

28SUP-JDC-85/2007delito resulten acreditados mediante las pruebas aportadas porel órgano de acusación. El segundo de los elementos, seconstriñe a deducir si de las circunstancias de modo, tiempo ylugar y demás particularidades de la ejecución del ilícito, seacredita hasta ese momento la presunta responsabilidad delinculpado en la comisión de los ilícitos que se le imputan.Respecto a los efectos de dicha resolución interlocutoria, esde apuntar que al tratarse de un auto de formal prisión,dictado por una autoridad judicial de primera instancia, esrecurrible y por lo tanto no causa estado hasta en tanto laimpugnación respectiva no sea resuelta por el tribunal ulterioro, en su caso, fenezca el término legalmente previsto para talefecto, sin que se produzca impugnación alguna.En esa tesitura, se trata de una etapa del proceso penal, conefectos provisionales, que en el supuesto de ser revocada porla instancia de alzada, deja insubsistente el fallo dictado en lainstancia primigenia, por lo que los hechos delictuosos por losque el inculpado fue sujeto a la traba de la formal prisión,quedan plenamente desacreditados y en consecuencia elprocesado no es responsable del ilícito que se le imputó.En caso contrario, de quedar firme lo anterior, se inicia con laetapa del juicio, la cual según el artículo 233 del Código deProcedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de

29SUP-JDC-85/2007Puebla, inicia con la presentación de las conclusiones delMinisterio Público, del procesado y/o su defensor.Posteriormente, en la audiencia correspondiente, ambas partesdefinen y precisan sus puntos de controversia que deberán serobjeto de debate a fin de que el juez estime el valor de laspruebas y pronuncie sentencia definitiva.Hecho lo anterior, y declarado visto el proceso, con base en elartículo 266 del citado Código de Procedimientos, se pasa a laúltima de las fases denominada ejecución, la cual abarcadesde el momento en que causa ejecutoria la sentenciadictada hasta la extinción completa de la pena impuesta.Ahora bien, en el presente asunto, del análisis de lasconstancias que obran en el sumario relativas a la demanda dejuicio para la protección de los derechos político electoralesdel ciudadano, de lo manifestado en el informecircunstanciado y de las demás pruebas ofrecidas y aportadaspor las partes, debidamente adminiculadas con los demásdocumentos que obran en el expediente en que se actúa,valoradas en términos del artículo 16 de la Ley General delSistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, asícomo, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica yde la experiencia permiten arribar a las siguientesconsideraciones:

30SUP-JDC-85/20071. En fechas, veintinueve de marzo y cuatro de diciembre dedos mil cinco, el Juez Mixto del Distrito Judicial de San Juande los Llanos Libres, Puebla, dentro del proceso penal número30/2005, dictó diversos autos de formal prisión en contra delciudadano José Gregorio Pedraza Longi, como presuntoresponsable de diferentes delitos de carácter culposo.2. Mediante notificación del Poder Judicial del Estado dePuebla al área de depuración al padrón de la Vocalía delRegistro Federal de Electores, el Juez de San Juan de losLlanos Libres, Puebla, informó de un primer auto de formalprisión dictado en contra del promovente por la comisión devarios ilícitos.3. Por virtud de la resolución dictada el dieciséis de febrero dedos mil siete, fue resuelta la solicitud de expedición decredencial de elector formulada por el actor, en el sentido deque su trámite resultaba improcedente derivado de su actualsituación jurídica.4. En razón del requerimiento formulado por la Magistradainstructora al Juez de la causa, éste informó que actualmentelos autos se encuentran en estado de dictar sentencia,remitiendo para acreditar su dicho, copias certificadas de lasconstancias atinentes.

31SUP-JDC-85/2007De la debida intelección de las constancias de mérito, sedesprende que al ciudadano José Gregorio Pedraza Longi, deconformidad con lo dispuesto en los numerales 305, 307,312, 414, fracción IV en relación con el 83 del Código deDefensa Social para el Estado de Puebla, le fue iniciadoproceso penal por su presunta responsabilidad en la comisiónde diversos delitos de carácter culposo, por lo que, al haberseacreditado el cuerpo del delito y su presunta responsabilidaden los hechos imputados, le fueron dictados sendos autos deformal prisión. No obstante, al tratarse de delitos catalogadoscomo no graves y satisfacer además las exigencias quedispone el Código de Procedimientos en Materia de DefensaSocial, le fue concedida la libertad bajo fianza, para seguirfuera de prisión el procedimiento instaurado en su contra.De la misma manera, no existe controversia alguna que desdeel primigenio auto de formal prisión, por instrucciones de laautoridad jurisdiccional, al actor le suspendieron sus derechospolíticos por conducto de la autoridad administrativa electoral,conforme con lo dispuesto por la fracción II del artículo 38 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal ycomo se desprende del aviso de notificación del Poder Judicialdel Estado de Puebla.Ahora, si bien la interpretación gramatical del dispositivo enmención permitiría estimar, que al encontrarse sub judice la

32SUP-JDC-85/2007causa penal instaurada en contra de José Gregorio PedrazaLongi, éste fue dado de baja correctamente del padrónelectoral. En consecuencia, la negativa de expedirle lacredencial de elector se encontraría ajustada a derecho, hastaen tanto cesen las causas que provocaron la limitación a susderechos, lo cual podría acontecer con el dictado de lasentencia absolutoria, el cumplimiento de la sentenciacondenatoria o si se acoge a alguno de los beneficiossustitutivos de las penas; pues cabe recordar que, cuando lapena de prisión se extingue, la suspensión de derechospolíticos, al ser una pena accesoria, sigue la suerte de laprincipal, por lo que si se sustituye ésta, la suspensión dederechos también en tanto los beneficios inciden en la penaíntegramente.Sin embargo, a una conclusión diferente se llega si, conformea una interpretación garantista de la norma constitucionalprevista en la fracción II del artículo 38 de la ConstituciónPolítica, la suspensión de derechos político-electorales debeentenderse actualizada con la sujeción a proceso delciudadano, lo cual opera a partir de que exista un auto formalde prisión, el cual obligue irremediablemente al procesado aser privado físicamente de su libertad, en razón de que no fuerecurrida o concedida una medida de menor entidad como loes la libertad bajo caución, misma que consiste en que elprocesado sea puesto en libertad caucional y de esta forma

33SUP-JDC-85/2007continúe en la defensa de su inocencia. Lo anterior, siempre ycuando haya satisfecho requisitos tales como: a) La garantíadel monto de la reparación del daño; b) La garantía de lassanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele; c)Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo,que la ley establece en razón del proceso; y d) Que no se tratede alguno de los delitos calificados como graves.A la misma conclusión se arriba al realizar una interpretaciónsistemática y funcional del precepto constitucional encuestión, porque conforme a estos métodos se obtiene que lasuspensión de los derechos políticos se produce únicamenterespecto de aquellos ciudadanos que, dada la magnitud delilícito cometido, no tienen la posibilidad de encuadrar en lahipótesis normativa que actualiza el incidente caucional y porende, al encontrarse forzados a ingresar en prisión, se venrestringidos en el uso y goce de ciertos derechos como lospolítico-electorales. Consecuentemente, quedanautomáticamente fuera de dicha sujeción los delitos que nonecesariamente se castigan con pena privativa de libertad,como los que sólo prevén sanción pecuniaria, apercibimiento opena alternativa, casos en lo cuales no se afecta la libertadpersonal.Sobre lo expuesto, es de citar como criterio orientador elsustentado en la tesis de jurisprudencia emitida por el Décimo

34SUP-JDC-85/2007Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito,consultable en el Seminario Judicial de la Federación y suGaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de dos mil seis,página 191, cuyo rubro y texto reza sobre lo siguiente:DERECHOS POLÍTICOS SUSPENSIÓN DE. EL ARTÍCULO 46 DELCÓDIGO PENAL FEDERAL AMPLÍA LA GARANTÍACONSTITUCIONAL QUE PREVÉ LA FRACCIÓN II DEL ORDINAL38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOSUNIDOS MEXICANOS. Es improcedente ordenar en el auto deformal prisión la suspensión de los derechos políticos delprocesado, pues dicha pena comenzará desde que causeejecutoria la sentencia respectiva y durará todo el tiempo de lacondena, como lo dispone el numeral 46 del Código PenalFederal, que amplía la garantía constitucional prevista en lafracción II del artículo 38 constitucional, considerando que estaúltima disposición, establece la suspensión de los derechospolíticos de un gobernado por estar sujeto a un proceso penalpor delito que merezca pena privativa de libertad contadodesde la fecha del dictado del auto de formal prisión; empero,hay que recordar que a favor del procesado opera la presunciónde inculpabilidad hasta que no se demuestre lo contrario, yesto vendría a definirse en el proceso penal, el cual de terminarcon una sentencia ejecutoriada en tal sentido, ello sustentaríala suspensión de los derechos políticos del quejoso, por lo quees inconcuso que aquella norma secundaria es más benéfica,ya que no debe soslayarse que las garantías consagradas en laConstitución son de carácter mínimo y pueden ser ampliadaspor el legislador ordinario tal como ocurre en el citadodispositivo 46 de la legislación penal federal, al establecer quela suspensión en comento se hará hasta la sentencia ejecutoria,de manera que al no advertirlo así el Juez instructor, se vulneraen perjuicio del titular del derecho público subjetivo, lasgarantías contenidas por el tercer párrafo del artículo 14 yprimer párrafo del 16 constitucionales.DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DELPRIMER CIRCUITO.Amparo en revisión 1020/2005. 16 de junio de 2005.Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Ojeda Velázquez.Secretaria: Herlinda Álvarez Romo.

35SUP-JDC-85/2007Amparo en revisión 1570/2005. 19 de septiembre de 2005.Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Ojeda Velázquez.Secretario: Arnoldo Guillermo Sánchez de la Cerda.Amparo en revisión 1470/2005. 30 de septiembre de 2005.Unanimidad de votos. Ponente: Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz.Secretaria: Ma. del Carmen Rojas Letechipia.Amparo en revisión 70/2006. 28 de febrero de 2006.Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Ojeda Velázquez.Secretaria: Herlinda Álvarez Romo.Amparo en revisión 480/2006. 11 de abril de 2006.Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Ojeda Velázquez.Secretaria: Herlinda Álvarez Romo.Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en losartículos 40, 41 y 116 de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, el Estado mexicano es unaRepública Federal, integrada por estados libres y soberanos,en lo concerniente a su régimen interior, en los cuales elpueblo ejerce su soberanía por conducto de los podereslocales, pero siempre de conformidad con lo dispuesto en lanorma fundamental.El ejercicio del poder público en los estados se realiza por elejecutivo, legislativo y judicial; corresponde al poder legislativola expedición de las leyes y cuando se trata de revisar ymodificar la constitución, ello se efectúa por el Congreso delEstado y la mayoría de los ayuntamientos.Entre las materias que pueden ser reguladas por los estados,se encuentran las relativas a los requisitos que deben colmarse

36SUP-JDC-85/2007para ser considerados ciudadanos de la entidad, sus derechosy prerrogativas, así como las causas por las cuales sesuspenden éstos.En uso de las facultades conferidas por la ConstituciónGeneral, el poder revisor y reformador del Estado de Pueblaexpidió el artículo 24 de, el cual regula la suspensión de losderechos y prerrogativas de los ciudadanos poblanos, en lossiguientes términos:Constitución Política del Estado de PueblaARTICULO 24.- Los derechos y prerrogativas de losciudadanos se suspenden:I.- Por incapacidad declarada conforme a las leyes.II.- Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de lasobligaciones impuestas por el artículo anterior.III.- Por estar procesados por delito intencional que merezcasanción corporal, desde la fecha en que se dicte auto de formalprisión o desde que se declare que ha lugar a instauración decausa, tratándose de funcionarios que gocen de fueroconstitucional.IV.- Por sentencia ejecutoriada que imponga como pena esasuspensión.V.- Durante el cumplimiento de una pena corporal.VI.- Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la ordende aprehensión, hasta que prescriba la acción penal.VII.- Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en lostérminos que prevengan las leyes.

37SUP-JDC-85/2007De la trascripción anterior se advierte, que en la fracción III laConstitución del Estado de Puebla condiciona la suspensión dederechos a aquéllos ciudadanos que presuntamente hubierencometido un delito intencional. En ese sentido, atendiendo a lateoría del derecho penal, el delito es considerado intencionalcuando el agente realiza consciente y voluntariamente laacción u omisión socialmente peligrosa y ha querido suresultado.Al respecto, debe subrayarse que en la especie, le fuerondictados diversos autos de formal prisión al hoy actor, dentrode la causa penal número 30/2005, como presuntoresponsable de diferentes delitos de carácter culposo; mismosque consisten en una conducta imprudente o negligente queocasiona un evento dañino o peligroso previsto por la leycomo delito, producido involuntariamente o bien por efecto deerrónea opinión inexcusable de realizarlo en circunstancias queexcluyen la responsabilidad penal.Con base en lo anterior, es posible concluir que resultaimprocedente el considerar que el actor José Gregorio PedrazaLongi se encuentra suspendido en el ejercicio de sus derechosy prerrogativas, ya que en los términos del referido preceptodicha hipótesis sólo puede entenderse actualizada cuando sedicte un auto de formal prisión por delito intencional quemerezca pena privativa de la libertad, también cuando se

38SUP-JDC-85/2007imponga en sentencia ejecutoriada como sanción y cuando seimponga pena privativa de la libertad, en cuyo caso seconsidera accesoria y sigue la suerte de la principal, puesdicha pena accesoria debe entenderse actualizada deconformidad con el artículo 24 de la Constitución local y elnumeral 63 del Código de Defensa Social del Estado de Pueblacitados, desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva.En este estado de cosas, es indudable que al no encontrarsesuspendido en sus derechos y prerrogativas el C. José PedrazaLongi, tiene expedito su derecho a votar en las próximaselecciones a celebrarse en el Estado de Puebla.Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 12fracciones II y III del Código de Instituciones y ProcedimientosElectorales de Puebla, para el ejercicio del voto los ciudadanospoblanos requieren entre otros requisitos el encontrarseinscritos en el Registro Federal de Electores, en los términosestablecidos en el Código Federal de Instituciones yProcedimientos Electorales, así como contar con la credencialpara votar con fotografía. El propio código electoral del Estadode Puebla, señala en los artículos 240, 241, 242 y 243 quecon base en el convenio de colaboración que celebren elInstituto Federal Electoral y el Presidente del Consejo Generaldel Instituto local, corresponde al Registro Federal de Electoresel expedir en la referida entidad federativa la credencial para

39SUP-JDC-85/2007votar con fotografía y elaborar el listado nominal de electorescorrespondiente. En seguimiento de lo anterior, con fechaveintiocho de mayo de dos mil siete se publicó en el periódicooficial en el Estado de Puebla, el convenio celebrado entreambos institutos.No pasa inadvertido que el artículo 38 fracción II de laConstitución General de la República, establece que al dictarseun auto de formal prisión por un delito que sea sancionadocon pena privativa de la libertad se suspenden los derechos yprerrogativas, sin embargo, como lo ha sostenido nuestromáximo órgano de impartición de justicia, los derechos de losciudadanos pueden ser expandidos, como se desarrolla en elcuerpo de esta sentencia.El poder revisor y reformador de la entidad en cuestión en usode las atribuciones y facultades conferidas en los ya citadosartículos 40, 41 y 116 de la constitución General, en elartículo 24 en su fracción III, precisamente, amplía ladisposición constitucional federal, en virtud de que dilata laimposición de la medida en aras de beneficiar al procesado,pues debe recordarse que opera a favor de éste el principio depresunción de inocencia que se traduce en que debeconsiderársele inocente mientras no se demuestre suculpabilidad. Esto último, vendría a definirse al concluir elproceso penal instaurado en su contra, en el que se desestime

40SUP-JDC-85/2007o tenga plenamente acreditada su conducta típica, antijurídicay culpable en la realización de los hechos delictuosos. De ahí,que no sea válida una sanción de privación de derechospolíticos del procesado, sin que exista una resolución dictadaen última instancia que defina su responsabilidad plena, ycomo consecuencia se le prive de la libertad, pues ello seríacontrario, a lo previsto en el artículo 14 de la Constituciónfederal, ya que se permitiría la privación de derechos sin unjuicio previo.Ahora bien, cabe recordar que los derechos políticos yprerrogativas son inherentes a la ciudadanía y ésta no puedeser fraccionada, por lo que al continuar, con base en elmulticitado artículo 24, el actor en el Estado de Puebla enejercicio de sus derechos y prerrogativas, es indudable quetiene el carácter de ciudadano y puede ejercer de maneraplena sus derechos y prerrogativas en todo el territorionacional y en consecuencia en posibilidad de votar, noobstante encontrase sujeto a un proceso penal.Para concluir, es necesario tener presente que el EstadoMexicano, se ha obligado a respetar los derechos humanos decarácter político-electoral consagrados constitucionalmente,como los derechos de votar, ser votado, de asociación y deafiliación, con todas las facultades inherentes a talesderechos, de suerte que también contrajo la obligaciónespecífica de adoptar las medidas o disposiciones legislativas,

41SUP-JDC-85/2007o bien, de otro carácter que fueren necesarias para darvigencia o efectividad a tales derechos y libertades, a travésdel despliegue de actos positivos que se concreten en ciertasleyes o medidas de cualquier índole, por lo que todainterpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídicadeben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar suejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derechohumano. En ese sentido, cabe advertir, que el respeto alcarácter expansivo de los derechos humanos, que determina,a su vez, la afirmación del principio favor libertatis, conlleva aque toda limitación o interpretación de un límite de losderechos humanos deba ser realizada restrictivamente, dandoel mayor grado de ejercicio posible al derecho humano que setrate.Al respecto, resulta aplicable el criterio sostenido por esta SalaSuperior en la jurisprudencia identificada con la clave depublicación S3ELJ 029/2002, que lleva por rubro “DERECHOSFUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SUINTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SERRESTRICTIVA.” visible en las páginas 97 y 99, del tomoJurisprudencia de la Compilación Oficial Jurisprudencia yTesis Relevantes 1997-2005, publicada por el TribunalElectoral del Poder Judicial de la Federación.En las relatadas condiciones, al resultar la resolucióncombatida violatoria de los principios de constitucionalidad y

42SUP-JDC-85/2007legalidad, al conculcar el derecho político electoral de votardel ciudadano José Gregorio Pedraza Longi, debe revocarsela determinación impugnada y, en consecuencia, ordenarse ala Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, porconducto de su Vocalía en la 06 Junta Distrital Ejecutiva enel Estado de Puebla: 1) lo reincorpore en el Padrón Electoral;2) le expida su Credencial para Votar con fotografía y, 3) loinscriba a la lista nominal de electores correspondiente a sudomicilio.Por ende, la autoridad debe corregir cualquier posibleinconsistencia que sea obstáculo para el pleno acatamientode lo ordenado, contando ésta última para su cumplimientocon un plazo de quince días naturales, a partir de lanotificación de la presente ejecutoria.Lo anterior encuentra sustento en los artículos 162, párrafo 1y 163, párrafo 7 del Código Federal de Instituciones yProcedimientos Electorales, los cuales facultan a la DirecciónEjecutiva del Registro Federal de Electores, para mantenerpermanentemente actualizado el Catálogo General de Electoresasí como el Padrón Electoral y, en su caso, dar de baja a losciudadanos que hayan efectuado un cambio de domicilio,hubiesen fallecido o, en su caso, fueren inhabilitados, por loque es inconcuso que a dicha autoridad le corresponde laobligación en su oportunidad, de dar de alta de nueva cuenta a

43SUP-JDC-85/2007los ciudadanos suspendidos, a fin de dar cabal cumplimiento alimperativo legal contenido en el párrafo 1 del numeral 162,en el sentido de mantener actualizado oportunamente todocambio que afecte el padrón electoral.En similar caso, si atendiendo a lo previsto en el artículo 162,apartado 3, del Código de referencia, los jueces que dictenresoluciones que decreten la suspensión o pérdida dederechos, deben notificarlas al Instituto Federal Electoraldentro de los diez días siguientes al dictado del fallorespectivo, por mayoría de razón, a esos mismos jueces unavez que cesó en sus efectos la causa generadora de lasuspensión, les atañe en un término perentorio informar a lamulticitada autoridad administrativa electoral, que elciudadano se encuentra rehabilitado en sus derechos políticoelectorales,a fin de también colaborar y dar plena eficacia alas disposiciones legales que regulan el asunto de mérito.Al respecto, cabe destacar que ha sido criterio reiterado deesta Sala Superior, que para efectos de que las autoridadesadministrativas o jurisdiccionales cumplimenten lasobligaciones conferidas por el constituyente o el legislador,tanto federal como local, se encuentran constreñidas a actuaren el ámbito de sus respectivas competencias.

44SUP-JDC-85/2007En este tenor, si la Dirección Ejecutiva del Registro Federal deElectores, tiene entre sus obligaciones la de manteneractualizado el Catálogo General de Electores y el PadrónElectoral y para ello, el legislador ordinario le encomendórecabar de los órganos de las administraciones públicas federaly estatal la información necesaria para registrar todo cambioque lo afecte, resulta incuestionable que se encuentrainvestida de facultades suficientes para requerir a lasautoridades federales y locales, entre ellas, las jurisdiccionales,la información necesaria para llevar a cabo el finencomendado, es decir, para requerir a las autoridadesadministrativas y jurisdiccionales federales o locales, todaaquella información que tenga la entidad suficiente paragenerar un cambio en el Catálogo General del Electorales y/oel Padrón Electoral, como lo es toda aquella documentaciónque resulte suficiente para dar de baja a una persona dedichas bases (auto de formal prisión) o, incluso, reinscribirlos(auto de preliberación).El cumplimiento de la referida encomienda legal (manteneractualizado el padrón y catálogo mencionados) resultaríainverosímil, sin la correlativa obligación del resto de lasautoridades para coadyuvar al cumplimiento de dicho fin, esdecir, de otorgar respuesta a los requerimientos formuladospor esa dirección que tengan como fin, mantener actualizadasesas bases de datos; es por eso que toda autoridad

45SUP-JDC-85/2007administrativa o jurisdiccional, que sea requerida por lamencionada Dirección Ejecutiva del Registro Federal deElectores y que tenga en su poder información necesaria parael cumplimiento de esa encomienda, se encuentra constreñidaa proporcionar, entre otras, toda la que sirva de sustento paraque los ciudadanos ejerzan sus derechos político electorales,verbigracia, el documento base en el que conste que unapersona ha cumplimentado una pena privativa de libertad,alcanzando con ello el bien máximo o, aquella susceptible degenerar bajas de dichas bases de datos, por ejemplo, lasconstancias relativas a defunciones o interdicciones.Lo anterior, adquiere mayor sustento al tomar en cuenta queen el artículo 2 del Código Federal de Instituciones yProcedimientos Electorales, se dispone que las autoridadeselectorales establecidas en la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, así como en el propio Códigocontarán con el apoyo y colaboración de las autoridades de lostres ámbitos de gobierno reconocidos en la mencionadaconstitución, por lo que, al encontrarse comprendidos dentrode dichos supuestos, es incuestionable que se encuentranvinculadas a coadyuvar con el cumplimiento de ese fin legal,lo que se traduce en que aquellas personas que ostentan esasfacultades y obligaciones, ante un eventual desacato, seencontrarán sujetos al procedimiento administrativo deresponsabilidad que en derecho proceda.

46SUP-JDC-85/2007Finalmente, para acreditar la debida observancia de lapresente sentencia, la responsable deberá remitir a esta SalaSuperior, dentro de las veinticuatro horas siguientes alvencimiento del plazo antes mencionado, el informe y demásdocumentación que justifique y mediante el cual se acreditela reincorporación en el Padrón Electoral y la entrega de lacredencial para votar con fotografía, así como, la inscripciónen la lista nominal de electores correspondiente a sudomicilio.En caso de dictarse sentencia condenatoria privativa de lalibertad y como consecuencia de ello se suspendan losderechos político-electorales del sentenciado, el juez de lacausa, atendiendo a lo previsto en el artículo 162, apartado 3,del Código Federal de Instituciones y ProcedimientosElectorales, deberá de inmediato comunicarlo al InstitutoFederal Electoral para que, por conducto del Registro Federalde Electores, proceda a darlo de baja del Padrón Electoral y dellistado nominal correspondiente a su domicilio.Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 35,fracción I, 36, fracción III; 41, párrafo segundo, fracción IV y99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, incisoc), 189, fracción I, inciso f) y 199, de la Ley Orgánica del

47SUP-JDC-85/2007Poder Judicial de la Federación; 2, 4, 6, 19, 22, 24, 25, 83,párrafo 1, inciso a), fracción I y 84, párrafo 1, inciso a), de laLey General del Sistema de Medios de Impugnación enMateria Electoral, seR E S U E L V EPRIMERO. Se revoca, la resolución de la Dirección Ejecutivadel Registro Federal de Electores del Instituto FederalElectoral, por conducto de su Vocalía en la 06 Junta DistritalEjecutiva en el Estado de Puebla.SEGUNDO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del RegistroFederal de Electores del Instituto Federal Electoral, porconducto de su Vocalía en la 06 Junta Distrital Ejecutiva enel Estado de Puebla, reincorpore en el Padrón Electoral ylistado nominal correspondiente a su domicilio y expida suCredencial para Votar con fotografía al ciudadano JoséGregorio Pedraza Longi, a fin de que no se le vulnere laposibilidad de ejercer su derecho al sufragio, lo cual deberácumplirse en un plazo de quince días naturales, contados apartir del día siguiente a la notificación de este fallo.TERCERO. Para acreditar el debido cumplimiento de lapresente sentencia, la responsable deberá remitir a esta SalaSuperior, dentro de las veinticuatro horas siguientes al

48SUP-JDC-85/2007vencimiento del plazo a que se refiere el punto resolutivo queantecede, el informe y demás documentación con que sejustifique dicho cumplimiento, que acredite la reincorporaciónen el padrón electoral, así como la entrega de la Credencialpara Votar con fotografía.CUARTO. En caso de dictarse sentencia condenatoriaprivativa de la libertad y como consecuencia de ello sesuspendan los derechos político-electorales del sentenciado,el juez de la causa, atendiendo a lo previsto en el artículo162, apartado 3, del Código Federal de Instituciones yProcedimientos Electorales, deberá de inmediato, comunicarloal Instituto Federal Electoral para que, por conducto delRegistro Federal de Electores, proceda a darlo de baja delPadrón Electoral y del listado nominal correspondiente a sudomicilio.NOTIFÍQUESE, personalmente al actor por conducto de laautoridad responsable, en el domicilio que señaló para talefecto; por la vía más expedita al Juez del Juzgado Mixto deSan Juan de los Llanos Libres, Puebla, en la Avenida 5 demayo No. 625 Colonia Centro de la referida localidad, CódigoPostal 73780 y por oficio a la Dirección Ejecutiva delRegistro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral,acompañándoles copia certificada de la presente resolución,y por estrados a los demás interesados.

49SUP-JDC-85/2007En su oportunidad, archívese el presente asunto como total ydefinitivamente concluido, devolviéndose las constanciasrespectivas a la autoridad responsable.Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Magistradosque integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación, ante la Secretaria General deAcuerdos, quien autoriza y da fe.MAGISTRADO PRESIDENTEFLAVIO GALVÁN RIVERAMAGISTRADAMAGISTRADOMARÍA DEL CARMEN ALANISFIGUEROACONSTANCIO CARRASCODAZAMAGISTRADOMAGISTRADOMANUEL GONZÁLEZ OROPEZAJOSÉ ALEJANDROLUNA RAMOS

50SUP-JDC-85/2007MAGISTRADOMAGISTRADOSALVADOR OLIMPO NAVAGOMARPEDRO ESTEBAN PENAGOSLÓPEZSECRETARIA GENERAL DE ACUERDOSSILVIA GABRIELA ORTIZ RASCÓN