E-book - Universidad Nacional de Rosario

Las controversias internacionales de la República Argentinaen materia de inversión (2002-2010)Otro cambio de significación respecto a la lógica inercial propia del período provisional se manifestóen las formulaciones realizadas por el procurador Rosatti respecto a la posibilidad de someter a un“control de constitucionalidad” todos aquellos laudos que resultasen contrarios a la República Argentina.Estos ajustes en la estrategia hacia las demandas de los inversores y las instituciones internacionalesde arbitraje, en general, se acompañaron de modificaciones burocrático-organizacionales alinterior de la PTN. En este sentido, se debe notar que de representar otrora una instancia burocráticade peso relativamente exiguo al interior de la PTN, el área o sector en consideración agencióponderación incremental en concordancia con el aumento de los litigios iniciados por los inversorestransnacionales contra el país (Jefatura de Gabinete de Ministros, 2006). Así pues, este estamentoque, en los momentos previos a la crisis contaba con un plantel reducido de funcionarios –situaciónque se correspondía ciertamente con su nivel de actividad-, sumó recursos hasta alcanzar en abrilde 2006 –esto es, al momento de mayor número de demandas en estado pendiente (32) – veintiséisasesores letrados especializados en Derecho Internacional, Administrativo, Económico y Financiero,y dos economistas, especializados en Finanzas (Jefatura de Gabinete de Ministros, 2006: 25). Esterobustecimiento del área en mención, tuvo su máxima expresión en la jerarquización dispuesta porel ya mencionado Decreto 1755/2008, la cual la posicionó a nivel de “Dirección Nacional”(33) .Imperioso resulta advertir que el cúmulo de procedimientos interpuestos por los inversores transnacionalescontra la República Argentina tras la eclosión de 2001-2002 implicó importantes desafíos nosólo para el país sino para las propias instituciones internacionales de resolución arbitral de controversiasen la materia. En este sentido, se afirma que estas instituciones debieron proveer respuestaspara un número de casos contra un solo país, lo cual no estaba previsto en sus mandatos originales(34) .En términos agregados, el denominado “caso argentino” demandó durante los años 2002-2010 laconformación de 49 tribunales arbitrales (entre el CIADI y CNUDMI) (35) y 7 comités ad hoc de anulación.Por cierto, tribunales y comités en los que participaron 66 árbitros de 20 nacionalidades diferentes.Aunque en apariencia anecdóticos, estos números ilustran cabalmente la complejidad quesupuso para las instituciones internacionales de arbitraje el cúmulo de demandas contra el Estadoargentino.32- En el marco del CIADI las demandas pueden clasificarse en concluidas y pendientes. La primera de las categorías anunciadas estáconstituida por las causas que obtuvieron laudo final o un acuerdo ad hoc entre las partes. Los casos pendientes, por su lado, aludena aquellos procedimientos que se encuentran activos “en proceso original”; “en proceso de aclaratoria”, “en proceso de revisión”y “en proceso de anulación”.33- De acuerdo con lo manifestado por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos en el Informe No. 76 del Jefe deGabinete de Ministros a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a noviembre de 2009, la Dirección Nacional de Asuntosy Controversias Internacionales estaba integrada por 22 profesionales y 5 empleados administrativos. De esos 22 profesionales, lamayoría son abogados (16, en total). Por último, es de comentar que uno de esos abogados “pertenece a la planta de la CancilleríaArgentina y cumple funciones de Enlace entre esta Procuración y el CIADI cuya sede tiene asiento en la ciudad de Washington”(Jefatura de Gabinete de la Nación, 2009: 325).34- Recuérdese en este marco, las observaciones de Peña (2005) respecto a la idea sobre la excepcionalidad del acceso al mecanismoarbitral prevaleciente al momento de la institucionalización del CIADI.35- Uno de estos tribunales estuvo vinculado a la reintroducción del reclamo de “Aguas del Aconquija S.A.” o “Vivendi”. En este contexto,ha de señalarse que tras la anulación parcial del laudo original que había beneficiado a la República Argentina, estas firmasex concesionarias de los servicios de distribución de agua y servicios sanitarios de la provincia de Tucumán sometieron nuevamenteel reclamo ante el CIADI en octubre de 2003.169