E-book - Universidad Nacional de Rosario

Las controversias internacionales de la República Argentinaen materia de inversión (2002-2010)Si bien la mencionada área –la PTN, por extensión– contaba con la experiencia provista por las demandasdesarrolladas durante el período de la convertibilidad, lo cierto es que adolecía, al momentodel estallido de la crisis, de un curso de acción predefinido para hacer frente al conjunto de los procedimientosarbitrales iniciados por los inversores transnacionales. De la misma manera, puede bienañadirse que carecía de los recursos institucionales –de infraestructura y personal, en concreto–para llevar adelante la defensa del país ante un número de causas nunca antes previsto.Así pues, se comenta que las primeras respuestas de la PTN a las demandas iniciadas por los inversorestransnacionales tras la caída del régimen de convertibilidad se signaron por un carácter inercial.En este sentido, debe de señalarse que en el marco de la incertidumbre e imprevisibilidad delescenario político-económico argentino en los tiempos inmediatos al colapso, la PTN prosiguió laspautas o patrones de oficio. Dicho en otros términos, continuó los cursos de acción desplegados enel contexto de las demandas reportadas durante los años noventa.Esta lógica inercial, bien vale añadir, se correspondió en buena medida con la premisa de la administraciónDuhalde de no generar nuevos focos de tensión con los Estados nacionales de los primeros inversoresdemandantes (Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, concretamente), todo lo cual podíade afectar a la empresa de la reinserción internacional. En este contexto pues, la República Argentinacursó los primeros pasos de los respectivos procedimientos en conformidad con lo dispuesto por lasnormativas de las instituciones internacionales de arbitraje: en la designación en tiempo y forma delos miembros del tribunal, por ejemplo. En todo caso, los encargados de la defensa arbitral del país,confiaban que las denuncias lograrían de sortearse en los procesos de negociación ad hoc.En lo que a fundamentos jurídico-legales refiere, se indica que los responsables de la defensa arbitralse preocuparon por marcar el carácter no discriminatorio de las medidas cuestionadas por losinversores y contextualizarlas dentro la coyuntura de emergencia económico-social atravesada porel país. Las palabras de Rubén Miguel Citara, Procurador General del Tesoro durante la presidenciaprovisional de Duhalde, dan cuenta cabal de ello: “estas medidas abarcaron a todos por igual, motivopor el cual no pueden alegar medidas discriminatorias. Más aún, que la vocación del Estado por mantenerel equilibrio sinalagmático en consonancia con la preservación de la paz nacional y el ordenpúblico, queda evidenciada desde la mismísima constitución de la ‘Comisión de Renegociación de losContratos que tengan por objeto la prestación de obras y servicios públicos’” (Citara, 2004:1400).Es de subrayar que las respuestas inerciales del período inmediato posterior a la crisis fueron rebasadasen el transcurrir del tiempo. A propósito de ello, se indica que a tono con el estilo confrontacionistadel gobierno presidido por Kirchner, la PTN –encabezada ahora por Horacio Rosatti– articuló undiscurso crítico de las instituciones internacionales de arbitraje –del CIADI, en lo principal–, cuestionando,entre otras cosas: (a) la permeabilidad en el mecanismo de registro de las demandas –lo cualredundaba en el inicio de reclamos por parte de inversores que carecían de ius standi (accionistasminoritarios, por ejemplo) –; (b) la falta de transparencia de los procedimientos; (c) el “sesgo comercialista”de los tribunales –esto es, la tendencia a pensar a las inversiones cual meras transaccioneseconómicas, descuidando el trasfondo político, económico y social en el que éstas se desenvuelven–;(d) la existencia eventual de “intereses cruzados” entre el CIADI con relación a otros organismos instauradosbajo la órbita del Grupo Banco Mundial; y (e) la falta de imparcialidad de ciertos árbitros.167