E-book - Universidad Nacional de Rosario

Argentina y Brasil: “Proyecciones Internacionales, Cooperación Sur-Sur e Integración”gran mayoría por los inversores participantes en un mismo consorcio adjudicatario de la concesiónde los servicios sanitarios en diversas jurisdicciones provinciales.Análisis del curso de las demandas presentadas por los inversores en operaciones de IEDLas convergencias entre los procedimientos arbitrales iniciados contra el país tras el colapso traspasaron,desde luego, el plano de las estrategias y argumentaciones jurídico-legales de los actores enpugna. A propósito de ello, y sin dejar de reconocer las particularidades de cada caso, debe señalarseque los inversores aunados conforme a los criterios recién reseñados –causalidad, instituciónde enforcement, nacionalidad, sector y el momento de inicio y/o registro de la demanda– cursaronpatrones o parámetros semejantes. Lo propio puede señalarse respecto a los lineamientos de accióny a los fundamentos alegados por la República Argentina. En este caso, es de apuntar que los responsablesde la defensa arbitral del país cursaron respuestas semejantes para con los actores partícipesen las mentadas causas “espejo”.En términos generales, los reclamos iniciados por las derivaciones de la ley de Emergencia Económicatuvieron por protagonistas principales a los inversores en mercados regulados (servicios de utilidadpública, verbigracia), para quienes las medidas de gestión en torno a la ruptura del esquema de lacaja de conversión habían redundado en serios retos en términos microeconómicos, particularmenteen lo concerniente a su (ex)posición financiera. En este respecto, debe de aludirse que mientras estosagentes reconocían “pesificados” sus ingresos, sus deudas se mantenían invariablemente nominadasen divisas extranjeras –en dólares, en lo principal–; todo lo cual generaba conflictos con sus propiosacreedores externos (27) .Como consecuencia de la integración vertical y horizontal de determinados sectores (el energético,en lo fundamental), un número significativo de inversores formularon sus reclamos no sólo por lapesificación y el “congelamiento” de las tarifas, sino también por sus efectos en los precios del sectordesregulado (en el caso del gas, el precio de los insumos; en el caso de la electricidad, el precio degeneración) (Mortimore y Stanley, 2006a).Deviene oportuno agregar que motivos similares fueron sostenidos por un grupo (reducido) de inversoresdel mercado no regulado, quienes realizaron procedimientos contra el país en reclamo de lossupuestos daños generados por la caída del régimen de convertibilidad en sus relaciones con otrosprivados, sean acreedores o deudores (28) .164De acuerdo con las fundamentaciones jurídico-legales sostenidas por todos estos actores, la ley deemergencia constituía una medida arbitraria la cual tenía un efecto similar al de una expropiaciónindirecta (Zonis, 2004). Sobre la base de ello, afirmaban pues que la República Argentina había in-27- La posición financiera de los inversores cual motor de las denuncias ante las instituciones internacionales de arbitraje es profundizadaen Mortimore, Stanley y Fernández Alonso (en prensa). En este contexto, se repara que no todos los inversores conparticipación en empresas de servicios públicos iniciaron reclamos arbitrales. A modo de ejemplo, se señala que tres distribuidorasdel sector gasífero (Litoral Gas, Gasnor y Gasnea) se abstuvieron de presentar demandas arbitrales (dos de ellas con bajo endeudamiento,otra con un nuevo accionista nacional con poco capital hundido).28- Tómese por ejemplo de estos casos a las demandas iniciadas por el banco ScotiaBank en 2002 en un tribunal ad hoc bajo reglasde la CNUDMI y de Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. en el CIADI. En el primero de los casos, ha de decirse que “amparándose en el TBIfirmado con Canadá, esta entidad financiera inició una demanda por u$s 600 millones. En su presentación, el banco sostuvo que laspolíticas adoptadas por la Argentina, que llevaron a la pesificación asimétrica de préstamos y depósitos, debían considerarse comoexpropiatorias, además de discriminatorias. El argumento se basaba en el impedimento, por parte del BCRA, a que el ScotiaBankabonase un compromiso financiero en fecha (deuda que mantenía en Obligaciones Negociables). La discriminación se originaba, segúnel banco, en que éste nunca había accedido a los bonos otorgados por el Central, destinados a compensar a las entidades financierasde las consecuencias de la crisis. Dado que el proceso de quiebra iniciado en la Argentina podía extenderse a la casa matriz,el inicio de la demanda podía considerarse como un “ataque defensivo” (Mortimore, Stanley y Fernández Alonso, en prensa: 246).