E-book - Universidad Nacional de Rosario

Las controversias internacionales de la República Argentinaen materia de inversión (2002-2010)Ante este panorama, la firma mencionada presentó en julio de 2001 una solicitud de arbitraje anteel CIADI, la cual resultó finalmente registrada un mes más tarde por el Secretario General de la institución.A diciembre de 2001, las partes habían convenido ya el tribunal, habiéndose pautado laprimera sesión del mismo para febrero de 2002. Tal como se profundiza en los apartados que siguen,el procedimiento iniciado por CMS fue pronto replicado por otras firmas operadoras en el sector.Las demandas contra la República Argentina tras el colapso de inicios de siglo. Criterios para el análisisgeneralLa crisis del modelo de desarrollo neoliberal –más preciso aún, el conjunto de medidas que procurarongestionar tal dilema– invalidó la idea de la existencia de contratos “completos” e “incondicionales”subyacente en la política hacia las inversiones transnacionales diseñada y ejecutada por los decisorespolítico-económicos del país durante la década precedente (Mortimore y Stanley, 2006a: 25).En este respecto, se señala que una vez desvirtuados esos arreglos o dispositivos institucionales quehabían coadyudado a la llegada y radicación de capitales transnacionales –el esquema de la caja deconversión, cual contrato “marco” u “original”, en lo fundamental–, un número significativo de inversorestransnacionales decidió demandar al país ante las instancias internacionales de resolución arbitralde controversias en reclamo de los derechos que creían vulnerados. En consecuencia, se reparaque 41 fueron los procedimientos iniciados por estos actores en el marco del CIADI tras la salida delesquema de caja de conversión. Otros 7, en cambio, fueron los reclamos activados ante tribunalesarbitrales constituidos en forma ad hoc bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para elderecho mercantil internacional (CNUDMI).La mayor parte de estos procedimientos se vincularon con las disposiciones contenidas en la ley deemergencia económica: la “pesificación” de los contratos y la derogación de las cláusulas de ajustede precios y tarifas de los servicios públicos privatizados, en términos concretos. Aunque menoresen términos relativos, las demandas de los inversores transnacionales contra el país conocieron otrascausales, tales como la restricción a las transferencias de rentas al exterior, la rescisión de contratosdel Estado con empresas de diversos sectores o la cesación de pagos de la deuda soberana.Más allá de las observaciones primarias respecto a las causales y a las instituciones de arbitrajeque dieron curso a las demandas, otros criterios de análisis devienen provechosos para desglosar elacumulado de procedimientos contra la República Argentina en el período posterior a la debacle de2001-2002.Un primer criterio a considerar atiende al sector o rama de actividad en el que se radicaba o “hundía”la operación de inversión (16) . En este particular, se reportó un claro predominio de denunciasefectuadas por inversores del sector energético (petróleo, gas y electricidad), las cuales llegaron arepresentar poco menos de la mitad del total de demandas acumulado por el país en el período posteriora la crisis. En números concretos, se precisa que los reclamos vinculados al sector energético16116- La categorización de sectore adoptada en este marco se corresponde con la mantenida por el CIADI.