E-book - Universidad Nacional de Rosario

Argentina y Brasil: “Proyecciones Internacionales, Cooperación Sur-Sur e Integración”consonancia con Stanley (2004) ha de comentarse que estas demandas pudieron, en cierta medida,asimilarse a las iniciadas bajo el contexto del capítulo XI del TLCAN –sobre todo, las iniciadas contraMéxico durante la segunda mitad de la década del noventa–, por el que los inversores terminaroncuestionando cualquier modificación en las normas.Los dos últimos casos a considerar dentro de este apartado refieren a reclamos ocasionados por accionesejecutadas en el ámbito de lo nacional-federal. El caso “Lanco” dio cuenta de una controversiainiciada por una firma de nacionalidad estadounidense poseedora del 17,4% del capital accionario dela concesionaria de la terminal No. 3 del Puerto de Buenos Aires tras considerarse discriminada enrelación con la empresa operadora de otra terminal portuaria (Tawil, 2003: 920). Al entender de lacompañía demandante, los beneficios otorgados a una terminal emplazada en el puerto de Dock Sudimplicaba una violación a los compromisos contenidos en el TBI con Estados Unidos, específicamentelos compromisos relativos al “trato justo y equitativo” y al de “entera protección y seguridad”.Lejos de una revisión exhaustiva de las maniobras y posiciones jurídicas en pugna, se limitan estaslíneas a indicar que los defensores de la República Argentina cuestionaron la jurisdicción del CIADIbajo el argumento que el demandante era titular de una porción minoritaria del consorcio de laconcesión y adolecía, en razón de ello, de la potestad para activar el reclamo (ius standi, en términosjurídicos)(14) . Luego de una decisión preliminar en la que el tribunal oportunamente constituido desestimólos cuestionamientos esgrimidos por los defensores del país, reconociendo consecuentementela jurisdicción del CIADI y la competencia propia para arbitrar la disputa, la demandante presentóuna solicitud de discontinuidad del procedimiento (octubre del 2000). Si bien en la presentaciónreferida no se manifestaron los términos que motivaban el retiro de la demanda, es de vincular estadecisión con la renegociación de los contratos con las concesionarias portuarias concretada en losmeses anteriores(15) .160El segundo caso derivado de una decisión adoptada en el plano nacional fue impulsado por la firmanorteamericana CMS, accionista minoritario (29,42%) en la Transportadora de Gas del Norte (TGN)tras la suspensión de la cláusula de indexación tarifaria para el sector gasífero en instancias de la recesiónagónica del país en los últimos meses de la década noventa. En este punto, resulta provechosorecordar que en enero del año 2000, el Estado Nacional –por intermedio del Ente Nacional Reguladordel Gas (ENERGAS)– selló “un acuerdo con las licenciatarias –incluida TGN– destinado a diferir(provisoriamente) el aumento correspondiente al primer semestre del año. Aunque existió interésen volver a aplicar el esquema indexatorio por parte del ENERGAS –aunque introduciendo un ajustemenor al real–, la medida fue cuestionada por la Defensoría del Pueblo, para luego ser suspendidapor la Justicia” (Mortimore y Stanley, 2006b: 205).14- Llegado este punto, es menester aclarar que una vez registrado el procedimiento, la parte demandada puede de interponerobjeciones a la jurisdicción del CIADI al entender que la disputa no es pasible de un procedimiento arbitral bajo la mencionada institución.En recursos de la teoría de agente-principal, es posible advertir que se trata de una acción que cuestiona las atribuciones opotestades consignadas en el mandato original. En conformidad con lo planteado en la “Regla 41” de las Reglas de Arbitraje del CIA-DI: “… (3) En cuanto se oponga formalmente una excepción sobre la diferencia, se suspenderá el procedimiento sobre el fondo dela cuestión. El Presidente del Tribunal, después de consultar a los demás miembros, fijará un plazo dentro del cual las partes podránhacer presente su parecer sobre la excepción. (4) El Tribunal decidirá si las actuaciones adicionales relacionadas con la excepciónserán orales. Podrá pronunciarse sobre la excepción como una cuestión preliminar o conjuntamente con el fondo de la diferencia.Si el Tribunal decidiere rechazarla o decidirla junto con el fondo de la diferencia, fijará nuevamente plazos para las actuacionesadicionales. (5) Si el Tribunal decidiere que la diferencia no cae dentro de la jurisdicción del Centro o que no es de su competencia,dictará un laudo declarándolo”.15- La Nación, 20 de julio de 2000.