E-book - Universidad Nacional de Rosario

Las controversias internacionales de la República Argentinaen materia de inversión (2002-2010)En lo que respecta a los reclamos originados por la aplicación de multas o impuestos provinciales semenciona que los mismos fueron iniciados únicamente por inversores con participación en el sectorenergético (petróleo, gas y electricidad). Todos ellos, es importante acentuar, estuvieron atravesadospor un argumento semejante: la imposición de multas o tributos inexistentes al momento dela privatización y/o concesión equivalía a un acto de “expropiación indirecta”; acto contrario a loscompromisos asumidos internacionalmente por la República Argentina.Houston Industries Energy –concesionaria de la distribuidora eléctrica de la provincia de Santiagodel Estero – fue el primer inversor en iniciar un reclamo contra el país bajo este argumento. Al argumentarde la empresa demandante, la multa aplicada por el ente regulador provincial para el sectortriplicaba al máximo los montos previstos en el contrato de concesión. Además de ello, esta firmade origen estadounidense denunciaba la “retención indebida, por parte de la provincia, de subsidiosfederales que debían ser transferidos al concesionario”(11) . La petrolera norteamericana Mobil S.A.,por su lado, inició su demanda en reacción de la tentativa de aplicación del impuesto de “ingresosbrutos” a un emprendimiento de joint-venture que la empresa tenía en la provincia de Salta (Stanley,2004). Finalmente, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA) –compañía de capitales españolesy chilenos– y Enron Corporation y Ponderosa Assets, L.P. –firmas norteamericanas ambas– hicieronlo propio en reclamo de la decisión de algunos gobiernos provinciales –Neuquén y Río Negro– decobrar el “impuesto al sello” a determinadas operaciones efectivizadas entre los diferentes agentesdel sector(12) .El caso iniciado por Houton Industries Energy fue el único de este agregado que se resolvió medianteun laudo arbitral –nunca publicado, por cierto– antes del colapso de 2001-2002. Las demandas deMobil y ENDESA, en tanto, consiguieron una solución ad-hoc. Sin explicitar los términos del acuerdo,las demandantes solicitaron al Secretario General del CIADI la discontinuidad del procedimiento(13) . Es dable marcar que el carácter preeminentemente reservado en el que se resolvieron estosprocedimientos se correspondía no sólo con las características propias del mecanismo arbitral, sinotambién con la poca trascendencia pública que estos reclamos tenían. Comenzado en los mesesinmediatos previos a la debacle (abril de 2001), el caso “Enron” fue ampliado años más tarde (2003)en función del reclamo por la suspensión de la cláusula de ajuste de tarifas pautadas originalmentepara el sector gasífero (indexación tarifaria conforme el índice de precios a la producción de EstadosUnidos, en concreto).Es importante apuntar que, no obstante haberse registrado con anterioridad al estallido de la crisis,las demandas se constituyeron en indicios palmarios del marcado deterioro de la economía argentina–de las economías provinciales, particularmente– en los últimos años de la década del noventa. En15911- Página 12, 28 de abril de 1998.12- Conforme lo apuntado por el matutino Página 12 a propósito del reclamo iniciado por Enron Corporation y Ponderosa Assets,L.P., se señala que “ese gravamen (el impuesto al sello) alcanza a todos los contratos entre empresas o particulares, quienes debentributar al momento de su firma entre 1% y 3% del monto estipulado en la operación. Sin embargo, las compañías petroleras, gasíferasy eléctricas evitan formalizar sus compromisos a través de contratos. Las operaciones que concretan entre ellas –por ejemplo,entre una productora de gas y una transportadora– son confirmadas mediante notas que no necesitan respuesta escrita. Por caso,Repsol-YPF efectúa una oferta de venta de gas a TGS mediante una carta, y establece que si en cinco días recibe un depósito ensu cuenta bancaria por determinado monto de dinero, la operación quedará en firme. De ahí que en ningún momento la venta seratifique mediante contrato. De ese modo, las empresas de petróleo, gas y electricidad se vieron libradas de pagar impuestos porcifras exorbitantes a los fiscos provinciales. Pero a mediados de 1997, el gobierno de Neuquén interpretó que el mecanismo descriptodaba lugar a exigir el pago del Impuesto a los Sellos, aplicando la figura legal del “contrato entre ausentes”” (Página 12, 28de febrero de 2000).13- La solicitud de discontinuidad del procedimiento es una previsión contenida en la “Regla 44” de las Reglas Procesales aplicablesa los Procedimientos de Arbitraje (Reglas de Arbitraje) del CIADI. Móbil S.A. pidió la discontinuidad del procedimiento el 21 de juliode 1999. Endesa, por su lado, elevó su solicitud el 8 de febrero de 2001.