E-book - Universidad Nacional de Rosario

Argentina y Brasil: “Proyecciones Internacionales, Cooperación Sur-Sur e Integración”La primera demanda incoada contra el país fue promovida por las concesionarias de los servicios dedistribución de agua y provisión de servicios sanitarios en la provincia de Tucumán, siendo registradapor el Secretario General del CIADI el 19 de febrero de 1997 (7) . En concordancia con Guido Tawil,se indica que este caso se originó como consecuencia de la denuncia interpuesta por la entoncesCompagnie Générale des Eaux (CGE) -luego, Vivendi Universal S.A.- y la Compañía de Aguas del AconquijaS.A. por “considerar violadas distintas disposiciones del TBI [Tratado Bilateral de Inversiones]entre Argentina y Francia en lo que refiere a los patrones de tratamiento de la inversión extranjeray su expropiación” (Tawil, 2003: 921) . Sin ánimo ni posibilidades de hacer en este ámbito un análisisen detalle del que resultara el caso más prolongado e intrincado en el historial del CIADI (9) , es decomentar que antes del colapso de la convertibilidad, el tribunal arbitral constituido había emitido unlaudo a favor del país (noviembre de 2000), decisión cuestionada meses más tarde por los inversoresmediante una solicitud de procedimiento de anulación (abril de 2001).El segundo reclamo generado por la interrupción de un contrato de concesión en el ámbito provincialfue impulsado por Azurix, una firma constituida en Delaware, Estados Unidos, la cual había ganadouna licitación para la provisión de los servicios de distribución de agua y saneamiento en tres zonasde la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con lo explicado por José Luis Guasch (2004), esta compañía–filial de Enron Corporation– ganó la licitación tras ofrecer pagar un canon de 277 millones dedólares en derecho de explotar la concesión por un período de 30 años. Además de ello, la empresase comprometió a realizar inversiones por otros 500 millones de dólares para mejorar y extenderel servicio en los primeros cinco años del contrato(10) . No obstante, una vez iniciada la concesión,la empresa instó a una renegociación de los términos pautados, la cual fue abierta al poco tiempo.Frustradas las posibilidades de arribar a un acuerdo, el gobierno provincial decidió terminar con laconcesión, luego de lo cual esta empresa norteamericana demandó al país (Mortimore y Stanley,2006b: 204). En sintonía con los autores recién mencionados, es de señalar que estas circunstanciasconstituyeron una manifestación palmaria de un comportamiento oportunista protagonizado porlos inversores. Con fecha de registro del 21 de octubre de 2001, el procedimiento se encontraba enla etapa de constitución del tribunal cuando se produjo el estallido de la crisis, por lo cual la únicarespuesta generada por el CIADI fue la aceptación de la solicitud de arbitraje cursada por el inversordemandante.1587- Es de notar que a la hora de activar un procedimiento arbitral en el CIADI, el actor demandante –un Estado contratante o un nacionalde un Estado contratante– debe enviar al Secretario General del organismo una solicitud de arbitraje en la que se consignanlos datos referentes al asunto objeto de la diferencia, la identidad de las partes y al consentimiento de éstas al arbitraje, de conformidadcon las reglas de procedimiento a seguir para iniciar la conciliación y el arbitraje (artículo 36 del Convenio de Washington).Una vez presentada la solicitud y efectivizado el “derecho de registro” dispuesto por la Regla 16 del Reglamento Administrativo yFinanciero de la institución, el Secretario General registra “la solicitud salvo que, de la información contenida en dicha solicitud,encuentre que la diferencia se halla manifiestamente fuera de la jurisdicción del Centro. Notificará inmediatamente a las partesel acto de registro de la solicitud, o su denegación” (Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados yNacionales de Otros Estados, artículo 36.3).8- Al entender de los demandantes, las medidas que habían contravenido sus derechos eran cuatro, a saber: 1) una decisión delOmbudsman de la Provincia en diciembre de 1996 que les negaba “su derecho a cortar el servicio a clientes morosos”; 2) una decisióndel Ente Regulador de los Servicios de Agua y Cloacas de Tucumán de reducir arbitrariamente la tarifa, creando “incertidumbrerespecto de cuales facturas debían pagarse”; 3) “declaraciones públicas hechas por varias ramas del gobierno de Tucumán paraalentar a los clientes a no pagar sus cuentas y 4) “modificaciones por el Gobernador y por la Legislatura al segundo acuerdo renegociadoque le negaron a las demandantes su derecho a cortar el servicio a clientes morosos” (CIADI, caso No. ARB/97/3, Laudo,noviembre de 2000).9- El caso en mención no tuvo respuestas hasta 2010, momento de cierre del recorte temporal de este estudio.10- Las otras firmas participantes en la operación –añade Guasch (2004:45)- “habían ofertado 15 y 10 – 8 millones de dólares,respectivamente, para proveer el mismo servicio”. En breve, cifras harto menores a las comprometidas por la firma finalmenteganadora de la licitación.