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periencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública oprivada» (artículo 130.3 LBRL).Las carencias que muestra este modelo de dirección pública regulado en elTítulo X de la LBRL son manifiestas. Y los problemas que ahora se plantean noson menores, puesto que, como se verá más adelante, la primera cuestión quesurge es la de hasta qué punto es compatible el modelo previsto en ese Título Xde la LBRL con el regulado en el EBEP (artículo 13). Asimismo, se puede cuestionarhasta qué punto ese nivel directivo previsto en la LBRL para los municipiosde gran población es realmente equiparable a los «directivos públicos profesionales»tal como ha sido configurada esa categoría por el propio EBEP. En fin, sonmuchas las preguntas y pocas las respuestas que en estos momentos podemosdar al respecto, y me remito a lo que más tarde de se dirá en torno a este y otrostemas.Lo que sí parece obvio es que esa regulación del Título X de la LBRL deberíaser repensada en su totalidad; igualmente, tendría que ser objeto de una regulaciónnueva que partiera de unos presupuestos diametralmente diferentes de los quecontiene la actual normativa básica. Esto presupuestos podrían ser los siguientes:1. En primer lugar, cabría plantearse hasta qué punto el legislador básico de régimenlocal dispone de título competencial para regular el personal directivo localy si no se debería entender que esa regulación básica ya está directamente recogidaen el artículo 13 del EBEP.2. En segundo lugar, si el legislador básico de régimen local actuara en este terrenosu regulación debería ser de mínimos, y de hecho muy similar a la previstaen el artículo 13 del EBEP, con las adaptaciones necesarias para el mundo local.3. En tercer lugar, se debe salvaguardar plenamente el principio de autonomíalocal constitucionalmente garantizado y, en consecuencia, el principio de autoorganizaciónde las entidades locales.4. En cuarto lugar, si los postulados anteriores se cumplen, nada impediría quela regulación básica de mínimos sobre la dirección pública fuese general y no seestableciera distinción alguna entre municipios de régimen común y municipios degran población. Tal vez convendría que los municipios de régimen especial, dadoque la dirección pública es un elemento capital del sistema de organización institucional,quedaran fuera de esa normativa básica de baja densidad.En todo caso, se ha de ser plenamente conscientes de que la regulación recogidaen el Título X de la LBRL tenía como objetivo principal crear una estructuradirectiva en la administración municipal que fuera equiparable a la existente en laAdministración del Estado y en la Administración de las comunidades autónomas.Ciertamente, lo que la reforma pretendía era principalmente acabar con el «vacío»que representaba en el mundo local la ausencia de una categoría de «altos cargos».Por tanto, en principio, ese escalón directivo que regulaba la LBRL es el quepodríamos denominar de directivos vinculados epidérmicamente con la política o,50
como luego diremos, «directivos de carácter superior». Esta idea, sin embargo, seha terminado plasmando de forma un tanto desigual, pues, mientras por un ladose reformó la legislación de función pública para que los funcionarios públicosque fueran nombrados «directivos municipales» pudieran ser declarados en la situaciónadministrativa de servicios especiales (supuesto que ha sido igualmenteincorporado al EBEP en su artículo 87 f.), en materia de incompatibilidades no seles aplica el régimen relativo a los altos cargos de la Administración del Estado yde las comunidades autónomas, salvo en lo que afecta a una parte de la legislaciónde conflictos de intereses (artículo 8, de la Ley 5/2006), tal como prevé ladisposición adicional novena de la Ley del suelo de 2007, por medio de la cual semodificó la LBRL para hacer extensiva buena parte de la legislación estatal (Ley5/2006) a esos directivos públicos. Curiosamente, en el ámbito local, salvo esasexcepciones recogidas actualmente en la Disposición Adicional decimoquinta dela LBRL (e incorporadas por la Ley del suelo 8/2007, de 28 de mayo), el resto delcuadro de incompatibilidades se rige por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, deincompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Elcuadro normativo vigente, como venimos señalando, no deja de ser muy precarioy un tanto contradictorio, también en lo que concierne a estos directivos públicosde los municipios de gran población.La regulación de la función directiva en la Ley de capitalidady régimen especial de MadridEl Ayuntamiento de Madrid, por lo que se refiere a regulación de la función directiva,estaba sujeto a las prescripciones de la Ley 57/2003, que modificó el Título X dela LBRL, pues la única excepción recogida expresamente en esa ley era la relativaal municipio de Barcelona, que se regulaba por lo dispuesto en la Carta Municipal(disposición transitoria cuarta de la Ley 57/2003). Además, como hemos expuesto,la innovación normativa que supuso el régimen de organización de los «municipiosde gran población», sobre todo en lo que afecta a la alta administración, vinoimpulsada por las autoridades del propio municipio madrileño, que pretendíanasí disponer de herramientas adecuadas para estructurar una dirección públicamunicipal a imagen y semejanza de la existente en las administraciones públicasestatal y autonómica.Sin embargo, aun habiendo sido impulsor principal de la citada reforma, elmunicipio de Madrid terminó por configurar un sistema de «alta administración»o de dirección pública propio, aunque basado, en sus grandes líneas, en el modelomatriz de la LOFAGE y que luego fuera trasladado al Título X de la LBRL. Enconsecuencia, el modelo es originariamente de pretendida impronta burocrática,aunque con una fuerte presencia de politización, pero que puede derivar, según51
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BibliografíaABD. The Senior Civil
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Serrano PaScual, a.; teruel Melero,
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