El personal directivo.indd - cemical

mente hablando de los principios de igualdad, mérito y capacidad, en la provisiónde puestos de trabajo de carácter directivo en las administraciones públicas queel viejo sistema de la libre designación.Con frecuencia no se repara en este dato, pero el sistema de libre designación,a pesar de la existencia de una jurisprudencia constitucional que lo avala con razonamientosde una debilidad inusitada, representa una lectura muy forzada delos principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Tras declarar elTribunal Constitucional que el derecho de acceso en condiciones de igualdad acargos y funciones públicas juega no sólo en el acceso sino también en la provisiónde puestos de trabajo, tuvo que limitar el alcance de ese pronunciamiento parajustificar la libre designación, puesto que se valió del «argumento» de que el méritoy la capacidad ya se han acreditado en el acceso, y en la provisión de puestosde trabajo se pueden tener en cuenta otros criterios tales como el de «eficacia». 6Si no lo hubiera dicho el Tribunal Constitucional y fuera un resultado de un examenpráctico de cualquier prueba selectiva o de un simple examen de DerechoAdministrativo, el suspenso sería sonado. Pero el manto de autoridad del TribunalConstitucional cubre al parecer los más insospechados despropósitos en su esquemade razonamiento. Pero dejemos de lado al Tribunal, que bastante pena tienecon perder a raudales una legitimidad institucional que tanto costó conseguir yque se dilapida sin un gramo de responsabilidad institucional, y volvamos a nuestrorazonamiento.El modelo de dirección pública profesional con los elementos expuestos representa,sin duda, una lectura constitucional mucho más correcta, al menos en lamedida en que salvaguarda los principios constitucionales de mérito y capacidad,sin perjuicio de que el principio de igualdad pueda verse afectado en alguna medidaen aquellos supuestos en los que el margen de discrecionalidad en la designaciónse mantiene. En todo caso, aun con estas limitaciones, la adecuación delsistema de dirección pública profesional a los principios constitucionales y a lasprevisiones del artículo 23.2 CE es mucho más elevada que el tradicional sistemade libre designación, en el que no existe una acreditación previa de la capacidade idoneidad para desempeñar esas funciones, y su aval se construye sobre la ficciónde que el mérito ya fue acreditado en la fase de ingreso y que, por tanto, lacapacidad se presume (ante lo que nos preguntamos: ¿lo que se presume esla ca pacidad para dirigir o bien la capacidad para superar un temario?).Mientras todo el sistema de función pública siga asentándose en la caduca ideade que el acto de ingreso (la superación de las manidas oposiciones) es el momentomás relevante de la carrera profesional, la articulación de un sistema moderno defunción pública y de dirección pública profesional no pasará de ser un pío deseo.6. Véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Constitucional 192/1991, 200/1991, 293/1993 y 365/1993.26