Aun así, en este marco conceptual, la dirección pública profesional como «tipoideal» debería asentarse, por tanto, en esta primera premisa: los <strong>directivo</strong>s públicosson personas reclutadas mediante procesos competitivos por las administracionespúblicas en función de sus conocimientos, destrezas, aptitudes, habilidades y actitudespara dirigir un determinado ámbito o sector de lo público.Evidentemente, estas personas deben tener conocimiento del contexto y del entornoen que han de desempeñar su actividad profesional, por lo que es común queen todo modelo de dirección pública profesional, incluso en aquellos que se puedencalificar de «abiertos» (esto es, en los que pueden competir para esos puestos<strong>directivo</strong>s tanto personas provenientes del sector público como del privado),la mayor parte de los <strong>directivo</strong>s provengan de la cantera funcionarial. En el ReinoUnido, por ejemplo, a pesar de que los puestos de director ejecutivo de las agenciasestán abiertos a personas que proceden del sector privado, más del ochentay cinco por ciento de los puestos <strong>directivo</strong>s son cubiertos por <strong>personal</strong> procedentedel Civil Service. Y esta es una regla general en todos los países. Incluso existenotros sistemas que se articulan como «modelos cerrados», no pudiendo aspirar atales puestos <strong>directivo</strong>s más que personas provenientes del sector público.Las razones de la escasa presencia de <strong>directivo</strong>s públicos procedentes del sectorprivado en los modelos de dirección pública profesional son evidentes. Por unlado, está la necesidad de que el <strong>directivo</strong> público conozca el contexto normativosingular (las reglas de funcionamiento en materias tales como presupuestos, contratación,recursos humanos, procedimiento, etc., que difieren sustancialmentedel sector privado), así como la necesidad también de que el <strong>directivo</strong> esté familiarizadocon el peculiar entorno institucional en el que ha de desarrollar sus funciones(ciclo político, papel de la oposición, control parlamentario o de la asamblea,control de los medios de comunicación, etc.). No es menos evidente que el<strong>directivo</strong> público deberá tener presente una serie de valores que informan toda suactuación y que deben inspirar su funcionamiento dentro de los estándares de laética pública: los valores y principios constitucionales y estatutarios, la condiciónde gestor de intereses públicos (con lo que ello implica), la rectitud en su gestión yel decoro de su imagen externa, así como un largo etcétera. Sobre ello volveremosen otro momento de este trabajo.Por otro lado, es evidente que, por lo común, el sector privado retribuye más asus <strong>directivo</strong>s que el sector público, por lo que no es frecuente el trasvase de aquéla éste. En efecto, no es habitual que personas que desarrollan su carrera profesionalde dirección en el sector privado recalen en el sector público. Las diferenciasretributivas pueden ser (y de hecho son) un freno a ese trasvase, pero tambiénlo es que, tal como decíamos, el contexto normativo y el entorno institucional sonradicalmente diferentes, lo que conlleva un coste adicional de aprendizaje cuyosefectos generan no pocas dificultades de adaptación de quien llega del sector privadoal público y asimismo genera notables disfunciones a las propias administra-16
ciones públicas que incorporan ese tipo de <strong>personal</strong>. Salvo en casos de serviciosfinalistas (y aun así con muchas cautelas) o en ámbitos muy específicos (serviciosfinancieros), los supuestos de trasvase de <strong>directivo</strong>s del sector privado al sector públicose suelen saldar con fracasos rotundos en el proceso de adaptación y gestióny con costes adicionales de notable magnitud para la organización que ha llevadoa cabo esa singular apuesta de captar savia directiva en el sector privado. Tambiénse podrían aportar innumerables ejemplos de esos fracasos.En todo caso, la apertura o cierre de los modelos de dirección pública varíanmucho según los países y los contextos. Las diferencias entre sector público y privadoson muy acusadas en los sistemas administrativos continentales de herenciafrancesa, pero esas «distancias» son sin duda menores en los sistemas anglosajonesy en los modelos administrativos de los países nórdicos.La profesionalización de la dirección pública implica, además, que quienes vayana desempeñar esas funciones directivas dispongan de conocimiento, experienciay un desarrollo profesional previo en ese sector o ámbito de actividad. Deahí que en el mundo anglosajón ese estrato <strong>directivo</strong> se acuñe con la expresión deSenior Civil Service. Dicho de otro modo, quienes acceden a dirigir el sector públicohan de ser personas con cierta edad, madurez y experiencia: la función de dirigirlo público requiere conocimiento previo, por lo que no cabe –conceptualmente hablando–que una organización pública sea dirigida por una persona sin experienciaque ha accedido recientemente a la función pública. Aquí se puede vislumbrar unadiferencia notable entre el sector público y el sector privado (al menos en determinadospaíses con desarrollos institucionales fuertes, lo que no es nuestro caso),pues la edad y la madurez (así como el conocimiento que da la experiencia) sonhoy por hoy un valor todavía apreciado en el entorno público desarrollado institucionalmente,pues en estos casos se desconfía (e incluso «se huye») del <strong>directivo</strong>«bisoño», pues este sería incapaz de asumir tareas complejas como la gestión deun determinado ámbito de lo público.Sin embargo, esta apuesta por el «<strong>directivo</strong> senior» no es generalizada, puesmuchas administraciones públicas, con desarrollos institucionales deficientes y conescasa cultura de la dirección pública, se han visto «contagiadas» por el «estilo»del sector privado y comienzan a considerar que lo fundamental, también en ladirección pública, es «rejuvenecer las plantillas». Aparte de la estrechez de mirasque presenta el argumento, llama la atención cómo determinadas organizacionespúblicas echan literalmente a la basura el conocimiento adquirido con presupuestosconceptuales tan limitados. <strong>El</strong> coste que ello tiene para el funcionamiento delsector público no es fácil de calcular, pero vaya por delante que no es una operaciónque salga «gratis» ni siquiera que carezca de efectos. Las administracionespúblicas de contextos institucionales desarrollados nunca harían una apuesta poreliminar el conocimiento de sus <strong>directivo</strong>s profesionales «senior» y, menos aún, conargumentos tan insensatos como el del «cambio generacional»: ¿puede la dirección17
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BibliografíaABD. The Senior Civil
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Serrano PaScual, a.; teruel Melero,
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