CAPÍTULO II. LOS CONSORCIOS METROPOLITANOS ...

tano de la vivienda. Nuestro propósito ha sido encontrar aquellos factores que singularizanal Consorcio metropolitano sectorial frente a otros consorcios locales, así comodeterminar los rasgos que comparten con estos.Puesto que la base del estudio que se realiza en este Capítulo, viene dada por eltexto de los estatutos de estos consorcios, creemos necesario hacer algunas indicacionesprevias sobre la forma en que vamos a proceder.Por un lado, es preciso advertir que el articulado de los estatutos de estos consorciossigue la misma estructura, tanto en los de transportes como en el de la vivienda. Contodo, su contenido presenta diferencias entre el Consorcio de transportes y el de la vivienda,fundamentalmente por razón de la materia, pero también por ser este últimode más reciente creación, lo que implica que haya aspectos, como su nivel competencial,que aún no están cerrados del todo. Entre los consorcios de transportes de las diferentesáreas metropolitanas las diferencias son menores, pero también las hay a veces en algunospuntos.En principio, puesto que nuestro propósito es inferir un régimen jurídico común atodos estos consorcios metropolitanos, tomaremos a todos estos como un todo. De estamanera, cuando nos refiramos al articulado de sus estatutos, sin especificar que se tratadel texto de uno u otro Consorcio, habrá que entender hecha la referencia con relacióna todos ellos, en base a un modelo común de Consorcio metropolitano sectorial. Cuandoqueramos apuntar alguna diferencia entre los distintos textos normativos, indicaremosexpresamente el Estatuto al que nos estamos refiriendo, tanto en el caso de que setrate de una cuestión meramente formal, como cuando la diferencia presente un carizmás sustantivo que implique alguna particularidad relevante de su régimen jurídico.Por otro lado, debemos indicar que lo que aquí se analiza son consorcios constituidosal amparo de la Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la demarcación municipal deAndalucía (LDMA). Esta Ley ha sido derogada por la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomíalocal de Andalucía (LAULA), que contiene la nueva regulación legal del Consorciolocal en Andalucía, presentando algunas divergencias notables en relación al régimenjurídico anterior, tal y como hemos ido exponiendo a lo largo del Capítulo precedente.La Disposición final octava de la LAULA establece un plazo de un año desde suentrada en vigor, para que los consorcios preexistentes adapten sus estatutos, si procediese,al nuevo texto normativo. Ni este plazo ha transcurrido aún, ni los estatutosobjeto de análisis en este Capítulo se han adaptado ya a la nueva Ley. Por esta razón,las referencias hechas en este Capítulo a la legislación aplicable en Andalucía, estánhechas a la LDMA, que constituye el marco legal de estos consorcios hasta su adaptacióna la LAULA.106 I Francisco Toscano GilSerie Claves del Gobierno Local, 13ISBN: 978-84-939146-0-8Fundación Democracia y Gobierno Local