CAPÍTULO II. LOS CONSORCIOS METROPOLITANOS ...

Así, en lo que hace a la aprobación de los estatutos del Consorcio, la LDMA exige laaprobación previa por cada una de las entidades consorciadas, remitiendo a la legislaciónespecífica de cada una de estas para ello. Esto supone la aprobación mediante mayoríaabsoluta por los órganos plenarios de los ayuntamientos y de la Diputación Provincial,para el caso de las entidades locales que tengan intención de consorciarse. En la práctica,el seguimiento de los supuestos que han sido objeto de nuestro análisis, nos ha reveladoque ello implica atenerse a un procedimiento de aprobación similar al previsto enel artículo 49 LBRL para la aprobación de las ordenanzas locales, 301 lo que entendemosque está justificado tanto por la naturaleza normativa de los estatutos de los consorcioscomo por la naturaleza jurídica local de la Administración consorcial. 302Ahora bien, una precisión importante debe hacerse, el procedimiento de elaboraciónde las normas locales presenta en este caso algunas especialidades, derivadas del hechode que estemos ante lo que Martínez-Alonso Camps ha denominado un “macroprocedimiento”necesitado de una “tramitación coordinada”, así como de que la Administraciónautonómica también haya de aprobar por su parte los mismos estatutos. 303301. Sobre este procedimiento, vid. Toscano Gil, Francisco, Autonomía y potestad normativalocal, Comares, Granada, 2006, p. 89-102.302. Tomemos de ejemplo el itinerario procedimental seguido para la aprobación de los estatutosdel Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla. En estos se ha comenzadomediante la aprobación inicial de los estatutos del Consorcio por los órganos plenarios de lasdistintas Administraciones locales implicadas. Así se anunciaba en el BOP de Sevilla, núm. 108, de12 de mayo de 2007, aunque tan solo con respecto a la aprobación inicial de estos por el Plenode la Diputación Provincial de Sevilla, exponiéndose al público durante un plazo de 30 días hábilespara la presentación de reclamaciones y sugerencias.En BOP de Sevilla, núm. 118, de 24 de mayo de 2007, se repite este anuncio, acompañadodel anuncio de la aprobación inicial por los plenos de los ayuntamientos que quieren consorciarse,refiriéndose la fecha correspondiente a la aprobación por cada Pleno. En este Boletín sedice que, en función de la encomienda realizada por los correspondientes ayuntamientos a laDiputación Provincial para la publicación conjunta del anuncio de información pública, losacuerdos de aprobación inicial y el texto de los estatutos se exponen al público por un plazo de30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, “en cumplimiento de lo dispuestoen el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local”.Puede notarse la remisión expresa al artículo 49 LBRL como fundamento legal del procedimientoque se sigue.Tras cumplir con el trámite señalado, ha tenido lugar la aprobación definitiva de los estatutosdel Consorcio por los órganos plenarios de todas las Administraciones locales implicadas, así comola publicación de los estatutos en BOJA de 16 de noviembre de 2007, en función de Resoluciónde 13 de noviembre de 2007 de la Dirección General de Administración Local de la Junta deAndalucía.303. Según Martínez-Alonso Camps, el procedimiento de aprobación de los estatutos delConsorcio se ajusta a lo que puede denominarse “tramitación coordinada”, que en este casoconcreto que estamos analizando se logra a través del uso de la figura de la encomienda de gestión.La intervención de diversas Administraciones conlleva que el procedimiento se convierta enlo que este autor llama un “macroprocedimiento”, lo que justifica que en la práctica administrativase suela recurrir a soluciones coordinadas de este tipo. Cfr. Martínez-Alonso Camps, José LuisLos consorcios metropolitanos sectoriales I 139Serie Claves del Gobierno Local, 13ISBN: 978-84-939146-0-8Fundación Democracia y Gobierno Local