Callejon con salida 10 pdf - Programa de las Naciones Unidas para ...

El conflicto, callejón con salida3. Los cambios en cursoa. Las nuevas normasLa mencionada ley 782 de 2002 estableció que toda personamenor de edad que tome parte de las hostilidades se consideravíctima de la violencia política. Así mismo fijó en cabezadel icbf la responsabilidad de diseñar y ejecutar unprograma especial de protección y asistencia para el menordesvinculado.La ley consagró beneficios jurídicos y socioeconómicospara quienes por decisión voluntaria abandonen sus actividadescomo miembros de grupos armados al margen de laley, y hayan demostrado su voluntad de reincorporarse a lavida civil. “Cuando se trate de menores de edad... las autoridadesjudiciales enviarán la documentación al coda, el cualdecidirá sobre la certificación a que hace referencia el decreto1385 de 1994, en los términos que consagra la ley” (artículo50. Parágrafo).El decreto 128 de 2003 reglamenta la protección y atenciónde los desvinculados desde la perspectiva del “interéssuperior del niño” y con un enfoque personalizado. Consagraque los menores serán entregados al icbf, en un plazomáximo de 36 horas después de producirse la desvinculacióno en el término de la distancia; esta institución lleva acabo los trámites necesarios para incluir al menor dentro delprograma especial de protección, y coordina con el Ministeriodel Interior su acceso a los beneficios socioeconómicos.La entrega al icbf debe estar acompañada de notificacióna las autoridades judiciales y al Ministerio de la Defensa,que verificará la vinculación del menor al actor armado parala respectiva certificación del Coda. Finalmente, el decretoprohíbe utilizar menores en actividades de inteligencia.El nuevo marco normativo subsana algunas de las deficienciasque existían. La responsabilidad en cabeza del icbfelimina nocivas competencias interinstitucionales. La nuevadoctrina del “interés superior del niño” supera a la doctrinade situación irregular y ajusta las normas nacionales alos instrumentos internacionales.La definición de los menores como víctimas de la violenciapolítica es un avance importante, aclarando de pasoque no se trata de menores infractores o en situación deabandono. Otros avances son la condición de igualdad quese establece entre menores desvinculados de las organizacionesguerrilleras y de los grupos de autodefensa, y la prohibiciónde involucrarlos en labores de inteligencia. Sinembargo, las normas tienen zonas grises, a saber:• El carácter de “víctima de la violencia política” que seatribuye al guerrillero o al paramilitar menor de edad (y queconsagra la ley 782 de 2002), parecería dejar sin proteccióna quien padezca los actos —incluso actos atroces— del menoren cuestión. Esta lectura da pie a contramedidas comola de reducir la edad de responsabilidad penal —ya formuladapor el gobierno actual 3 — en contravía de los tratadosinternacionales (en especial, el de la Corte Penal Internacionaly Protocolo facultativo de la convención de los niños)y en contravía de la ciencia jurídica 4 .Más exacto habría sido establecer que el menor vinculadoa un grupo armado es en efecto “víctima” pero no de lavaga “violencia política”, sino de un delito precisamente definidopor derecho penal: el delito de reclutamiento ilícito oforzado. Este ilícito está prohibido por el Convenio 182 dela oit, la Convención de los Niños (ley 12 de 1991) y su Protocolofacultativo (proyecto de ley 110 de 2001); el artículo 8del Estatuto de la Corte Penal Internacional lo tipifica comodelito.• En sentido contrario, la nueva norma viene a ser demasiadorestrictiva, pues sólo quienes participen en hostilidadesson considerados “víctimas”. Entonces, ¿cuál sería laruta jurídica de un menor que ha participado en la vigilanciade secuestrados, o bien, cuya vinculación al actor armadoha consistido en tareas de apoyo, logística o ranchería?• La tercera zona gris se relaciona con los menores vinculadosen calidad de milicianos: ¿cuál es su condición jurídicay qué tratamiento han de recibir?• La cuarta se refiere a las diferencias establecidas entrelas modalidades de salida y sus implicaciones para accedera los beneficios. No es para nada claro cuál ha de ser la ruta3. Programa de Gobierno, Álvaro Uribe Vélez, Presidente 2002-2006, 6 de mayo de 2002.4. En efecto: eximir de responsabilidad penal a un menor de edad sencillamente reconoce que el niño o la niña aún no es capaz de decisiones lúcidas y libres(como es el caso, digamos, de un demente), pero no implica que el acto sea bueno, que su víctima no deba resarcirse, ni que dejen de tomarse las medidaspreventivas pertinentes, incluso en contra del querer del menor.253