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12.07.2015 Views

Apoyo público a las artes y la cultura Una mirada desde la economíatintos bienes culturales. Así, desde el punto de vista social, no es irrelevante cuáles formasde arte y cultura elijan quienes reciban estos incentivos, y no es claro que los consumidoresfavorecerán aquéllas formas que maximizan el beneficio social.Asimismo, los consumidores pueden enfrentar dificultades de información para ordenar suspreferencias. Los bienes culturales han sido descritos como “bienes de experiencia”; la preferenciapor ellos cambia en la medida que son consumidos. La relación (causal) entre libertadde elección y satisfacción individual podría tampoco ser clara si es que los consumidoresenfrentan problemas de información para evaluar la calidad ex ante. Es en parte por esto, quemuchas veces se argumenta en favor de arreglos institucionales en que determinadas instanciasexternas deciden qué formas de arte deben ser estimuladas; la opinión de expertos, porejemplo, podría actuar como una especie de certificación de calidad. Esto, a su vez, impulsaríala demanda, en la medida que la calidad sea un determinante importante del consumo.Cuando se elige entre distintos tipos de intervención, la dimensión innovativa también aparececomo tema relevante. Muchas formas de arte son una fuente de nuevo conocimiento, yes este conocimiento el que debe ser tratado como bien público. Esto es análogo al apoyo ala investigación científica; a diferencia de formas de arte más convencionales, la innovaciónartística es riesgosa pero puede generar beneficios a nivel agregado en el sector cultural. Estees un argumento adicional en favor de la intervención pública. Pero, nuevamente, la evidenciasobre la forma óptima de apoyo no es clara.Hay fallas de mercado, pero también de EstadoAdemás de las fallas de mercado, existen las denominadas fallas de Estado: las políticas públicastambién pueden ser fuente de ineficiencia. El primer riesgo se refiere a la influencia degrupos de interés. El otro problema es que el grado de involucramiento público puede estardeterminado por los intereses de quienes tienen poder de asignación de fondos. Un consejosemi autónomo del poder político, con miembros que tengan una reconocida experiencia enel sector y representen sensibilidades más transversales, parece una mejor manera de enfrentarestos riesgos, cuando se lo compara con una autoridad que tiene incentivos determinadosen buena medida por el ciclo político.El Estado también enfrenta, al igual que los agentes privados, problemas de información. Enefecto, la “solución de texto” para las fallas de mercado asume que el Estado tiene completainformación respecto a la magnitud de estas fallas y que la intervención no tiene costos. Laverdad, sin embargo, es que la importancia de las fallas de mercado es difícil de estimar y laburocracia es algo por lo que todos los ciudadanos debemos pagar.94

José Miguel Benavente y Juan José PriceEl otro riesgo se refiere a que el grupo objetivo no sea adecuadamente identificado. En lapráctica, aquellos que estarían dispuestos a pagar el valor del servicio y aquellos productoresque estarían dispuestos a producir aún en ausencia de subsidios, pueden terminar recibiendoapoyo. Este es, por tanto, un problema que afecta la eficiencia (adicionalidad) de las políticaspúblicas, y está especialmente presente en los esquemas de apoyo directo a la oferta yde subsidios a la demanda que no distinguen entre las necesidades de distintos grupos. Perotambién puede estar presente en esquemas que entregan un apoyo directo a los consumidoresen la forma de vouchers ya que es difícil identificar sólo a aquéllos que no estarían dispuestos ademandar servicios en ausencia de subsidio. La heterogeneidad de los consumidores le imponea una política de este tipo costos de diseño y administración no despreciables.Lo anterior también representa un problema desde el punto de vista de la equidad. Por ejemplo,hay quienes argumentan que una política basada en subsidios directos a la oferta es altamenteregresiva, cuestión especialmente cierta cuando se excluye del análisis a las artes más populares.Por lo tanto, una pregunta relevante es si el incremento de la demanda en respuesta a lossubsidios está representado por nuevas personas o por las mismas que ahora consumen más.Recomendaciones para el caso chilenoDe lo discutido en este ensayo se puede concluir que la política cultural chilena encuentra sulegitimidad no sólo en la conservación de valores culturales sino también en la existencia debeneficios económicos y sociales que sólo pueden alcanzarse en la medida que exista un apoyopúblico decidido en este sector.El aporte central de este artículo se refiere a la forma que la intervención debe adoptar. Lapolítica cultural chilena se ha basado en el uso de instrumentos que fomentan la producción,apoyando directamente a algunas instituciones y patrocinando concursos que funcionan medianteevaluaciones de pares en que se asignan los recursos en virtud de la originalidad, relevancia,calidad y otros atributos de la oferta artística y cultural.Este esquema de intervención parece haber sido efectivo para estimular el desarrollo delsector en una serie de ámbitos, pero no para estimular el interés de los consumidores ni parareducir las brechas de acceso a la cultura entre distintos grupos socioeconómicos.Un cambio orientado a apoyar la demanda podría reducir esta brecha, focalizando el apoyoen aquellos grupos cuyo consumo se pretende estimular. Sin embargo, la efectividad de unapolítica de este tipo puede verse limitada. En primer lugar, los consumidores pueden noresponder significativamente al estímulo que los subsidios entregan. Debemos contar con95

José Miguel Benavente y Juan José PriceEl otro riesgo se refiere a que el grupo objetivo no sea a<strong>de</strong>cuadamente i<strong>de</strong>ntificado. En <strong>la</strong>práctica, aquellos que estarían dispuestos a pagar el valor <strong>de</strong>l servicio y aquellos productoresque estarían dispuestos a producir aún en ausencia <strong>de</strong> subsidios, pue<strong>de</strong>n terminar recibiendoapoyo. Este es, por tanto, un problema que afecta <strong>la</strong> eficiencia (adicionalidad) <strong>de</strong> <strong>la</strong>s políticaspúblicas, y está especialmente presente en los esquemas <strong>de</strong> apoyo directo a <strong>la</strong> oferta y<strong>de</strong> subsidios a <strong>la</strong> <strong>de</strong>manda que no distinguen entre <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> distintos grupos. Perotambién pue<strong>de</strong> estar presente en esquemas que entregan un apoyo directo a los consumidoresen <strong>la</strong> forma <strong>de</strong> vouchers ya que es difícil i<strong>de</strong>ntificar sólo a aquéllos que no estarían dispuestos a<strong>de</strong>mandar servicios en ausencia <strong>de</strong> subsidio. La heterogeneidad <strong>de</strong> los consumidores le imponea una política <strong>de</strong> este tipo costos <strong>de</strong> diseño y administración no <strong>de</strong>spreciables.Lo anterior también representa un problema <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el punto <strong>de</strong> vista <strong>de</strong> <strong>la</strong> equidad. Por ejemplo,hay quienes argumentan que una política basada en subsidios directos a <strong>la</strong> oferta es altamenteregresiva, cuestión especialmente cierta cuando se excluye <strong>de</strong>l análisis a <strong>la</strong>s artes más popu<strong>la</strong>res.Por lo tanto, una pregunta relevante es si el incremento <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>manda en respuesta a lossubsidios está representado por nuevas personas o por <strong>la</strong>s mismas que ahora consumen más.Recomendaciones para el caso chilenoDe lo discutido en este ensayo se pue<strong>de</strong> concluir que <strong>la</strong> política cultural chilena encuentra sulegitimidad no sólo en <strong>la</strong> conservación <strong>de</strong> valores culturales sino también en <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong>beneficios económicos y sociales que sólo pue<strong>de</strong>n alcanzarse en <strong>la</strong> medida que exista un apoyopúblico <strong>de</strong>cidido en este sector.El aporte central <strong>de</strong> este artículo se refiere a <strong>la</strong> forma que <strong>la</strong> intervención <strong>de</strong>be adoptar. Lapolítica cultural chilena se ha basado en el uso <strong>de</strong> instrumentos que fomentan <strong>la</strong> producción,apoyando directamente a algunas instituciones y patrocinando concursos que funcionan medianteevaluaciones <strong>de</strong> pares en que se asignan los recursos en virtud <strong>de</strong> <strong>la</strong> originalidad, relevancia,calidad y otros atributos <strong>de</strong> <strong>la</strong> oferta artística y cultural.Este esquema <strong>de</strong> intervención parece haber sido efectivo para estimu<strong>la</strong>r el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>lsector en una serie <strong>de</strong> ámbitos, pero no para estimu<strong>la</strong>r el interés <strong>de</strong> los consumidores ni parareducir <strong>la</strong>s brechas <strong>de</strong> acceso a <strong>la</strong> cultura entre distintos grupos socioeconómicos.Un cambio orientado a apoyar <strong>la</strong> <strong>de</strong>manda podría reducir esta brecha, focalizando el apoyoen aquellos grupos cuyo consumo se preten<strong>de</strong> estimu<strong>la</strong>r. Sin embargo, <strong>la</strong> efectividad <strong>de</strong> unapolítica <strong>de</strong> este tipo pue<strong>de</strong> verse limitada. En primer lugar, los consumidores pue<strong>de</strong>n norespon<strong>de</strong>r significativamente al estímulo que los subsidios entregan. Debemos contar con95

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