Perfil Nacional sobre Capacidades Nacionales para la ...

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SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríosobre interés colectivos y difuso y el 178 sobre la legitimidad procesal activa, estableciendo las institucionesresponsables de hacer valer esos derechos como la SEMARENA, la Procuraduría para la Defensa del MedioAmbiente y los Recursos Naturales (PRODEMAREN), los tribunales de Primera Instancia y el TribunalContencioso Tributario y Administrativo. En el acceso a la justicia hay que destacar que el Código ProcesalPenal, Ley 76-02, limitó el acceso a la justicia de los ciudadanos en el aspecto de que solo las institucioneslegalmente incorporadas pueden reclamar este derecho cuando se trata de intereses colectivos y difusos.A pesar de los avances señalados, el hecho de que aun no se hayan establecido los espacios plurales dediscusión como el Consejo Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las Unidades Sectoriales deGestión Ambiental, órganos fundamentales para garantizar un mínimo de participación pública en la toma dedecisiones, así como el Sistema Nacional de Información del Medio Ambiente y los Recursos Naturales paragarantizar el libre acceso a la información ambiental, no ha permitido la concreción dentro de la estructuraformal de la administración pública ambiental, del avance que significó la reorganización institucional delSector Ambiental realizada en la Ley 64-00 y posibilita que persistan fuertes debilidades instituciones, ladispersión espacial y temática de las diferentes unidades operativas de la SEMARENA, la unilateralidad oausencia de multisectorialidad, junto a la ausencia de reglamentación y delimitación clara de funciones ycompetencias, así como falta de personal en cantidad y calidad suficiente en el acceso a la información,participación pública en la toma de decisiones y escasa preparación técnica de los empleados dedicados aesta área para rendir informes forenses para fines judiciales como forma de enfrentar los retos ambientalesactuales y por venir, son indicadores que demuestran, que a pesar de los avances experimentado del 2000 enadelante revelan la ineficacia e ineficiencia que refleja el aparato institucional ambiental de la RepúblicaDominicana.Este estudio ha identificado una diversa base legal ambiental, tanto de origen nacional como internacional,dirigida a regular el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a lajusticia ambiental, instrumentos necesarios para garantizar la gobernanza ambiental democrática. Sinembargo, se hace necesario completar el marco regulatorio con la adopción de otros instrumentos legales,tales como Leyes, reglamentos y normas técnicas específicas sobre acceso a la información, participaciónpública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia ambiental, además hay que poner en ejecución losórganos de discusión plural y de toma de decisiones creados por la Ley No. 64-00.Se considera necesario el funcionamiento del Consejo Nacional del Medio Ambiente y Recursos Naturales, elSistema Nacional de Gestión Ambiental, el Sistema Nacional de Información Ambiental, así mismo se requierede la promulgación de una ley de participación pública en la toma de decisiones.8
SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoINTRODUCCIONLa República Dominicana es compromisoria de la declaración de Río, “Cumbre de la Tierra” de 1992, queestablece en el Principio 10, que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación detodos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberátener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas,incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, asícomo la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar yfomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos.Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos elresarcimiento de daños y los recursos pertinentes.El país se ha comprometido, con otros convenios que promueven la aplicación de dicho principio, como elProtocolo de Cartagena sobre Bioseguridad Ambiental de la Convención sobre Diversidad Biológica del 2003,El Convenio de Rótterdam sobre el procedimiento fundamentado previo para ciertos productos químicospeligrosos y pesticidas en comercio internacional del 2004 y el Convenio de Estocolmo sobre losContaminantes Orgánicos Persistentes del 2004.La presente investigación evalúa las capacidades nacionales en materia de gobernanza ambientaldemocrática, desarrollando los pilares que la sustentan, como el acceso a la información, a la participaciónpública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia ambiental, conforme a los compromisosinternacionales contraídos conferencias y convenios citados.El estudio describe la situación nacional en el área de acceso a la información, la participación pública en latoma de decisiones y acceso a la justicia ambiental, conteniendo una recopilación de las regulacionesgenerales y específicas sobre los referidos temas, enfocados desde el punto de vista individual, institucional ysistémico señalando las fortalezas sobre la base de la existencia de un marco regulatorio, institucionescreadas y recursos humanos destinados a cumplir con esas funciones.Las debilidades se describen como la inaplicabilidad del marco regulatorio, limitada legislación y reglamentosen algunas áreas, inoperancia de instituciones creadas por ley y las que operan lo hacen con limitaciones,insuficientes recursos humanos en calificación y cuantificación para dar respuestas a las demandasciudadanas.Las oportunidades son planteadas como el conjunto de medios que pueden ser utilizados para alcanzar unnivel optimo de aplicabilidad del Principio 10 de la Declaración de Río.Con los resultados de esta investigación las autoridades dominicanas tienen en sus manos las herramientasnecesarias que les servirán de instrumento en la elaboración de la estrategia nacional para la aplicación de lapolítica ambiental en materia de gobernanza ambiental democrática, de cara a cumplir con los AcuerdosMultilaterales Ambientales (AMUMAS),y con acuerdos regionales, con lo cual UNITAR, CCAD y la CEPALcumplen con su rol en la República Dominicana de contribuir en el fortalecimiento para la aplicación delPrincipio 10 de la Declaración de Río;9
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