Perfil Nacional sobre Capacidades Nacionales para la ...

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoCAPÍTULO 7.EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES EXISTENTES Y DE LAS LIMITACIONES DE CAPACIDADES PARAIMPLEMENTAR EL PRINCIPIO 10 DE LA DECLARACIÓN DE RÍOLa Republica Dominicana cuenta con un marco regulatorio para los derechos procedimentales ambientales dederecho común, en los aspectos administrativos, civiles y penales, ya que la Ley No. 64-00 no prevé unprocedimiento especial ni la Ley Sectorial de Áreas Protegidas.De los tres pilares de la gobernanza ambiental democrática, los de mayor regulación procedimental congarantía de cumplimiento son, el acceso a la información y el acceso a la justicia ambiental, en cuanto a laparticipación pública en la toma de decisiones, es muy limitativo en las regulaciones y sobre todo en laobligatoriedad de los tomadores de decisiones a garantizar dicha participación.Los derechos procedimentales comprendidos en la legislación y las normas en cuanto a los elementos de lagobernanza, se aplican de manera limitada, en lo que se refiere al acceso a la información, el desconocimientode los ciudadanos de sus derechos en esta materia y el desconocimiento del procedimiento para obtenerlo nopermite que se avance en este sentido. Los funcionarios y empleados públicos no están lo suficientementecapacitados en cuanto a los deberes establecidos por la legislación para ofrecer las informaciones al público,estos y otros elementos crea disparidad entre lo establecido en la legislación y la practica, lo mismo ocurre conla participación pública en la toma de decisiones, sin embargo, en el acceso a la justicia ambiental, laspersonas tienen mayor conocimiento de sus derechos y los usan con mayor frecuencia.Para garantizar una mayor eficacia de las capacidades existentes, se deben diseñar programas decapacitación del personal que opera en las oficinas de acceso a la información, desarrollar una campaña deconcienciación sobre los derechos de los ciudadanos de acceder a las informaciones y del procedimiento paraobtenerlas, poner el funcionamiento el Sistema Nacional de Información de Medio Ambiente y RecursosNaturales, creando una comisión mediante decreto integrada por la SEMARENA, SEA, SESPAS, INDRHI,ONAMET, ADN dirigida por la SEMARENA para la aplicación de este sistema, identificar recursos financierosen Agencias de Cooperación y Organismos Internacionales, desarrollar una labor de integración a lasorganizaciones de la Sociedad Civil para el desarrollo de programas educativos dirigidos a la población,Sensibilizar las autoridades de la importancia de la aplicabilidad de los elementos de la gobernanza.7.1. Evaluación Resumen de las Capacidades Existentes Relacionadas con el Acceso a la Información.Las capacidades legales adoptadas y establecidas en el país respecto al libre acceso a la información estánestipuladas en:‣ Ley General de Libre Acceso a la Información No. 200-04;‣ Reglamento de aplicación a la Ley No. 200-04, puesto en vigencia mediante Decreto No. 130-05 de fechaveinticinco (25) de febrero del año 2005,‣ Ley No. 64-00, que crea un Sistema Nacional de Información de Medio Ambiente y Recursos Naturales,‣ Ley No.13-07, que instituye el Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo‣ Ley Sectorial de Áreas Protegidas No. 202-04‣ Código Procesal Penal, Ley No. 76-02.‣ Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Principio 10.‣ Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, 2002,‣ Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad Ambiental de la Convención sobre Diversidad Biológica (2003);‣ Convenio de Rótterdam sobre el procedimiento fundamentado previo para ciertos productos químicospeligrosos y pesticidas en comercio internacional (2004).‣ Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (2004),El desarrollo de las políticas gubernamentales sobre libre acceso a la información pública, han beneficiado engran parte la habilitación del país para la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río, en el sentido deque las instituciones gubernamentales han tenido que crear las oficinas de libre acceso a la información y sus76