Perfil Nacional sobre Capacidades Nacionales para la ...

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoInconstitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos y resoluciones en virtud de lo establecido en el artículo167 numeral 1 de dicha Constitución.En el país hay experiencia en procesos de acceso a la justicia en asuntos relacionados con el cumplimiento delDerecho Constitucional. En el año 2004, un conjunto de instituciones y personas físicas incoaron un recurso deinconstitucionalidad en contra de la Ley No. 202-04 sobre áreas protegidas del 30 de julio del 2004. Losimpetrantes hicieron sus solicitudes basados en los artículos 46, 3, 8 numeral 5, 37 inciso 4, 39, 40,41, 46 y 67 inciso 1 de dicha Constitución y fueron analizado por la Suprema Corte de Justicia yconcluyó en que dicha Ley era conforme a la Constitución.Tabla 4-3: Resumen sobre el Acceso a la Justicia en el Cumplimiento del Derecho ConstitucionalTipo de Disputas LegalesOportunidades para laParticipación Pública(sí / No)Condiciones relevantesInconstitucionalidad de Leyes yDecretosViolación de Normas Ambientales porCongresistas, Funcionarios Electivos,Secretarios y Subsecretarios de EstadoSiSiArtículo 67 numeral 1 de la ConstituciónOrganización especializada en materiaambiental.4.5 Resolución Alternativa de Disputas.La legislación ambiental dominicana en materia penal, se rige por el procedimiento ordinario, el CódigoProcesal Penal, Ley No. 76-02, establece como principio en su artículo 2, lo siguiente: “Solución del conflicto.Los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible para contribuir arestaurar la armonía social. En todo caso, al proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de lapolítica criminal. En este sentido el referido Código estableció las formas siguientes de solución de conflicto:Conversión de la acción pública en acción privada, Criterio de Oportunidad, Conciliación, Suspensióncondicional del procedimiento y el juicio penal abreviado. En materia de orden público no se permite laconciliación y específicamente para aquellos casos en donde la mayor pena estipulada supere los dos años deprisión, en el caso de la Ley No. 64-00, la pena máxima es de 3 años, por lo tanto no procede la conciliación.La solución alternativa de conflicto en materia de delito ambiental, aplica en la suspensión condicional delprocedimiento y el juicio penal abreviado para aquellos casos que las penas no excedan de 5 años, en amboscasos, el ministerio público, los querellantes, la victima y el o los imputados se ponen de acuerdo medianteacuerdo notarial en el que el o los imputados reconocen los hechos que se les imputan y se comprometen arepararlo; este acuerdo entre las partes debe ser sometido al tribunal para que el mismo se pronuncie, siendofacultativo del juez aceptar o no dicho acuerdo. En los casos de solución alternativa de conflictos ambientalesel país tiene experiencia en varios casos, pero el más importante, fue en el que se procesó un Senador de laRepública por incursión y alteración de un parque nacional.4.6 Análisis y Evaluación.La Ley No. 64-00 sobre medio ambiente y recursos naturales, una de las más avanzadas de América Latinaen materia de acceso a la justicia, ha contemplado un conjunto de principios e instrumentos que garantizan laparticipación de las personas y organizaciones en las acciones judiciales. Estos principios y prerrogativas sesustentan en el carácter patrimonial de los recursos naturales y el medio ambiente, la responsabilidadcompartida, el interés colectivo y difuso y la legitimidad procesal activa. Sin embargo, estos derechos han sidolimitados con la promulgación del Código Procesal Penal, estableciendo que tienen derecho a querellarse yconstituirse en actor civil, las instituciones especializadas que ejerzan trabajos en materia ambiental y quehayan sido incorporadas previo a la ocurrencia del hecho, cuando se trate de intereses colectivos o difusos.51