Perfil Nacional sobre Capacidades Nacionales para la ...

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríoinvolucradas, artículo 290 del Código Procesal Penal (CPP). En la fase de juicio las informaciones estándisponibles a los interesados, en virtud de lo estipulado en el artículo 308 del Código Procesal Penal (CPP).La participación en los procedimientos jurisdiccionales solo está reservada para aquellos que la Ley les hapermitido, como se explica en el artículo 51 y 85 del CPP., y que se han querellado o constituido en actor civil.Fuera de esta condición, solo pueden ser observadores del proceso.Todo proceso que perjudique a una parte y le otorgue ganancia de causa a otra puede ser apelado en virtuddel doble grado de jurisdicción. En los casos de sanciones administrativas las apelaciones son conocidas porel Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo, compuesto por 5 jueces y en los casos penales en primergrado lo conoce un Tribunal Colegiado compuesto por 3 jueces y en apelación un Tribunal compuesto por 5jueces. Así mismo en materia civil, en primer grado lo conoce un juez y en segundo grado un Tribunalcompuesto por 5 jueces. En todo caso, ya sea por la vía administrativa, civil y penal, pueden ser recurridas lassentencia según sea el caso ante la Suprema Corte de Justicia.En materia administrativa no existen gastos procedimentales establecidos por ley, sin embargo, estosprocesos siempre requieren de determinados gastos procesales como los honorarios de los abogados y costosde notificaciones.4.1 Acceso a la Justicia en Materia de Cumplimiento del Derecho Administrativo4.1.1 Revisión judicial de la toma de decisiones administrativas de conformidad con las normasprocedimentalesEl procedimiento jurisdiccional administrativo está regido por la Ley No. 13-07, de fecha 5 de febrero, 2007,para los asuntos generales de violaciones a la normativa administrativa y la Ley No. 200-04 que se refiere a lasviolaciones a disposiciones de libre acceso a la información pública, el Reglamento para el Control, Vigilancia eInspección Ambiental y la Aplicación de Sanciones Administrativas Ambientales, puesto en vigencia mediantela Resolución No.18-07 de fecha 15 de octubre del año 2007 y la Resolución No. 12-2006, de fecha diecisiete(17) del mes de septiembre, del año dos mil seis (2006), que establece el reglamento para la participaciónpública de la sociedad civil en el marco del DR-CAFTA y el Medio Ambiente. Estos instrumentosjurídicos permiten que los ciudadanos que hayan sido afectados por una decisión administrativa puedanrecurrir en un grado de jurisdicción superior, pero además la Resolución No.12-2006 permite participar en latoma de decisiones ambientales relacionados con el tratado.En materia de acceso a la información ambiental, los ciudadanos que han sido afectados por una decisiónsobre la negación de acceso a la información o de obstrucción de la misma, tienen el derecho de recurrirdichas decisiones por las siguientes vías: Recurso de Reconsideración interpuesto por ante el mismofuncionario que ha emitido la decisión; Recurso Jerárquico, el que se interpone por ante la autoridadjerárquica superior; Recurso Jurisdiccional, el que se interpone ante el Tribunal Contencioso, Tributario yAdministrativo y el Recurso de Amparo, que se interpone por ante el Tribunal Civil. Así mismo los funcionariosde la administración pública pueden ser procesados penalmente por el hecho de obstrucción, impedimento odenegación de información pública ambiental y ser castigado con penas desde seis (6) meses hasta dos (2)años de prisión, sin perjuicios de las sanciones civiles y administrativa.La participación pública en la toma de decisiones ambientales, es una de las prerrogativas más frágiles quetiene el ciudadano, en cuanto a su sustentabilidad jurídica y aplicación. La Ley 64-00, establece en susartículos 19, 24 y 38 el Consejo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Sistema Nacionalde Gestión Ambiental y la Consulta Pública, respectivamente, sin embargo, ésta participación no ha sidoefectiva porque a excepción de los espacios de consulta pública en los casos de instalación de las señaladasen el artículo 41de referida ley, estos Instrumentos todavía no están en funcionamiento, ni existe unmecanismo para exigir su cumplimiento. El procedimiento para la participación pública en la toma dedecisiones ambientales de los ciudadanos respecto a actividades específicas, como la evaluación de impacto46