Perfil Nacional sobre Capacidades Nacionales para la ...

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoPor mandado de su reglamento, la Comisión Ambiental de las cámaras legislativas, deben realizar vistaspúblicas de los proyectos que les sean sometidos, para que los interesados puedan emitir sus opinionesrespecto al proyecto de ley que se discute; esas opiniones en algunos casos son tomadas en cuenta y en otrosno. Lo más preocupante para las partes interesadas en participar en vistas públicas, es que los proyectos seandeclarados de urgencia, pues son exonerados de las vistas públicas.La Ley No.64-00, como un instrumento jurídico de orden público y de espíritu preventivo contempla tres tiposde sanciones: administrativa (artículo 167), civil (artículo 169 y 176) y penal (artículo 183).El proceso administrativo sancionador le está concedido a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente yRecursos Naturales, pudiendo imponer multas desde medio (1/2) salario mínimo hasta tres mil (3,000) salariosmínimos vigentes. Este proceso hasta el año 2007, no era un procedimiento reglamentado, quedando elmonto de la sanción a la libre apreciación de los Subsecretarios de Estado de la SEMARENA con competenciaen estos casos; esto se prestaba a manejos poco transparentes, en algunos casos, eran sancionadaspersonas por un mismo hecho con diferentes montos, lo que constituye una injusticia para aquel que se lehaya impuesto mayor sanción. Con la entrada en vigencia del Reglamento para el Control, Vigilancia eInspección Ambiental y la Aplicación de Sanciones Administrativa, mediante Resolución No.18-07 de fecha 15de agosto del año 2007, se pretende corregir las distorsiones antes señaladas.Las decisiones administrativas pueden ser atacadas mediante los siguientes recursos: Reconsideración,Jerárquico, Contencioso y Casación. Sin embargo, el afectado puede escoger la vía jurisdiccional, sin agotarlos recursos administrativos, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 13-07.En los procesos penal y civil, si los ciudadanos no se sienten conformes con las decisiones evacuadas en unaprimera instancia tienen el derecho de recurrir a un órgano superior (Corte de Apelación) para dirimir susconflictos de manera que se examine nueva vez las argumentaciones esgrimidas, lo que garantiza unveredicto con varios niveles de discusión, así mismo pueden recurrir en casación la decisión adoptada por laCorte de Apelación.El derecho que le concedía la Ley 64-00 a los ciudadanos de querellarse y constituirse en actor civil fuelimitado por la Ley 76-02, la cual sólo le permite querellarse, pero no constituirse en actor civil, disminuyendolos derechos que tenían los ciudadanos de acceder a la justicia y que fueran resarcidos por los dañoscolectivos provocados en sus comunidades.Otras de las limitantes del acceso a la justicia de las instituciones ambientalistas es el alto costo de losprocesos judiciales, específicamente el pago de honorarios a abogados, peritos, estudios técnicos, y la falta deincentivos a esas instituciones por parte del Estado, limitado por la Ley 76-02 que pone en mano de laProcuraduría General de la República la Administración de los ingresos obtenidos por demandas de interesescolectivos y difusos, sin que las instituciones que hayan sostenido la demanda reciban ningún incentivo.22