Perfil Nacional sobre Capacidades Nacionales para la ...

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoSecretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos NaturalesProyecto Piloto para el Refuerzo de Capacidades Nacionales enmateria de Gobernanza Ambiental Democrática y Aplicación delPrincipio 10 de la Declaración de RíoPerfil Nacional sobre Capacidades Nacionalespara la Implementación del Principio 10 de laDeclaración de RíoRESPONSABLE DE LA CONSULTORIALIC. EUREN CUEVAS MEDINAINSTITUTO DE ABOGADOS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE(INSAPROMA)CORDINADORA DEL PROYECTOLIC. Martha PérezSubsecretaria de Estado de Educación e Información Ambiental / SEMARENAPUNTO FOCAL DEL PROYECTOLic. Mariana PérezSanto Domingo, R.D.Enero, 20092

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoAbreviaturasADNAMUMABAGRICOLACAASDCDECDEEECDSCEACEPALCITESCMNUCCCNCCONAMUCACOPCPPDIARENADIGENORDR-CAFTAEDENORTEEDESUREDESTEEGHIEETEDFMAMFUNGLODEGEIGEFGTIIADINAPAINDOTELINDRHIINSAPROMAMARPOLNCSAODMOMGsOMSAONAMETONAPLANONGsONMDLONUOPRETAyuntamiento del Distrito Nacional.Acuerdos Multilaterales Ambientales.Banco Agrícola de la República Dominicana.Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.Corporación Dominicana de Electricidad.Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales.Comisión de Desarrollo Sostenible.Consejo Estatal del Azúcar.Comisión Económica para América Latina y el Caribe.Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas deFauna y Flora Silvestres.Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.Comité Nacional de Clima.Confederación Nacional de Mujeres del Campo, Inc.Conferencia de las Partes.Código Procesal Penal.Dirección de Información Ambiental y Recursos Naturales.Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad.Tratado de Libre Comercio de República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.Empresa de Distribución de Energía del Norte.Empresa Distribuidora de Energía del Sur.Empresa de Distribución de Energía del Este.Empresa de Generación Hidroeléctrica.Empresas de Transmisión Eléctrica Dominicana.Fondo para el Medio Ambiente Mundial.Fundación Global Democracia y Desarrollo.Gases de Efecto Invernadero.Fondo Mundial para el Medio Ambiente.Grupo Técnico Interinstitucional.Instituto Agrario Dominicano.Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados.Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones.Instituto Nacional de Recursos Hídricos.Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente.Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación Naval.Capacidades Nacionales para la Gestión Ambiental Mundial.Objetivo de Desarrollo del Milenio.Organismos Modificados Genéticamente.Oficina Nacional de Servicios de Autobuses.Oficina Nacional de Meteorología.Oficina Nacional de Planificación.Organizaciones no Gubernamentales.Oficina Nacional del Mecanismo de Desarrollo Limpio.Organización de las Naciones Unidas.Oficina Presidencial de Reordenamiento del Transito.5

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoAbreviaturasOPTICOTTTPAEPAIPLDPNUDPNUMAPRDPRODEMARENPRSCRAMSARSEASEDEFIRSEESEESCYTSEEPyDSEMSEMARENASEOPCSEREXSESPASSPAWUNCCDUNFCBDUNFCCCURPOficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación.Oficina Técnica de Transporte Terrestres.Plan de Acción Estratégico.Plan de Acción Inmediata.Partido de la Liberación Dominicana.Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.Programa de las Naciones Unidas par el Medio Ambiente.Partido Revolucionario Dominicano.Procuraduría para la Defensa de Medio Ambiente y los Recurso Naturales.Partido Reformista Social Cristiano.Convención sobre Humedales de Importancia Internacional.Secretaria de Estado de Agricultura.Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación.Secretaría de Estado de Educación.Secretaria Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.Secretaria Estado de Economía, Planificación y Desarrollo.Secretaria de Estado de La Mujer.Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones.Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores.Secretaria de Estado de Salud Pública v Asistencia Social.Áreas Especialmente Protegidas y Vida Salvaje en la Región del Gran Caribe.Convención de las Naciones Unidas para Combatir la Desertificación.Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica.Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.Unidades de Recursos para la Planificación del Uso de los Suelos.6

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoRESUMEN EJECUTIVOLa República Dominicana a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales(SEMARENA), solicitó la participación, como país miembro de la Comisión Centroamericana de Ambiente yDesarrollo (CCAD) en el Proyecto Piloto “Refuerzo de las Capacidades Nacionales en Materia de GobernanzaAmbiental Democrática y Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río”, a implementarseconjuntamente en Honduras y Costa Rica, con el apoyo del Instituto de las Naciones Unidas para la Formacióny la Investigación (UNITAR), la cooperación de la CCAD y de la Comisión Económica para América Latina y elCaribe (CEPAL), resultando aceptada su petición y en ese contexto está desarrollando dicho proyecto.Para el desarrollo del proceso fue seleccionado un Comité Coordinador Nacional pluralista integrado porinstituciones de la sociedad civil y del gobierno. Entre sus funciones está preparar las herramientas para laselección de los consultores y monitorear todo el proceso de participación. De las propuestas sometidas alComité Coordinador Nacional resultó electo el Instituto de Abogados para la Protección del Medio AmbienteInc. (INSAPROMA), de un conjunto de instituciones que concursaron para el desarrollo de esta investigación.En este contexto el INSAPROMA desarrolló el proyecto en tres fases fundamentales:1. Recopilación de la información escrita (leyes, decretos, resoluciones, reglamentos, trabajos deinvestigación etc.)2. Entrevistas a actores claves gubernamentales y no gubernamentales.3. Análisis y redacción de las informaciones obtenidas en la investigación.Este estudio nos ha revelado que la República Dominicana con la aprobación de la Ley General sobre MedioAmbiente y Recursos Naturales No. 64-00, estableció los lineamientos generales y los principios de políticas yestructura para la gobernanza ambiental democrática conforme los mandatos y compromisos asumidos con elprincipio 10 de la Declaración de Río en la Conferencia Sobre Medio Ambiente y Desarrollo del año 1992.El examen particular de los tres pilares de la gobernanza ambiental democrática, el acceso a la información,participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justifica ambiental, arroja como resultado laestructura básica para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos, fundamentalmente el de accesoa la justicia ambiental.La Ley No. 64-00 ha creado para cada uno de los pilares su espacio, en el caso del acceso a la Informacióndentro de los derechos creados se destaca el artículo 6 que establece la libertad de los ciudadanos en el usode los recursos naturales, así como el acceso a información veraz y oportuna sobre la situación y el estadode los mismos. Se crea el Sistema Nacional de Información del Medio Ambiente y los Recursos Naturalesmediante el artículo 49 y siguientes, a los cuales los ciudadanos tienen libre acceso. Sin embargo, aunque hahabido avances significativos en la recopilación de informaciones ambientales y están disponibles al público,no se ha puesto en funcionamiento el Sistema Nacional de Información Ambiental. Es importante resaltar quehasta la promulgación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, Ley 200-04, no existíanmecanismos jurídicos al ciudadano para hacer valer el derecho de acceso a la información, si el mismo le eranegado.Los derechos otorgados a los ciudadanos a la participación pública en la toma de decisiones por la referidaLey No. 64-00, están consagrado en los espacios de discusión de las estrategias, políticas y operacionespracticas, establecidas en los artículos 19, 24, 38 y 41, y los reglamentos de emisión de permisos y licencias,así como de participación pública en el DR-CAFTA, el Consejo Nacional del Medio Ambiente y los RecursosNaturales, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que hasta el momento estos dos organismos no estánoperando y el proceso de evaluación ambiental.En cuanto al Acceso a la Justicia Ambiental es el de mayor fortaleza institucional en el aspecto de losmecanismos, herramientas y garantía de cumplimiento, está fundamentado en los artículo 2 sobre el ordenpúblico, el 3 sobre el carácter patrimonial del medio ambiente y los recurso naturales, 16 numerales 31 y 327

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríosobre interés colectivos y difuso y el 178 sobre la legitimidad procesal activa, estableciendo las institucionesresponsables de hacer valer esos derechos como la SEMARENA, la Procuraduría para la Defensa del MedioAmbiente y los Recursos Naturales (PRODEMAREN), los tribunales de Primera Instancia y el TribunalContencioso Tributario y Administrativo. En el acceso a la justicia hay que destacar que el Código ProcesalPenal, Ley 76-02, limitó el acceso a la justicia de los ciudadanos en el aspecto de que solo las institucioneslegalmente incorporadas pueden reclamar este derecho cuando se trata de intereses colectivos y difusos.A pesar de los avances señalados, el hecho de que aun no se hayan establecido los espacios plurales dediscusión como el Consejo Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las Unidades Sectoriales deGestión Ambiental, órganos fundamentales para garantizar un mínimo de participación pública en la toma dedecisiones, así como el Sistema Nacional de Información del Medio Ambiente y los Recursos Naturales paragarantizar el libre acceso a la información ambiental, no ha permitido la concreción dentro de la estructuraformal de la administración pública ambiental, del avance que significó la reorganización institucional delSector Ambiental realizada en la Ley 64-00 y posibilita que persistan fuertes debilidades instituciones, ladispersión espacial y temática de las diferentes unidades operativas de la SEMARENA, la unilateralidad oausencia de multisectorialidad, junto a la ausencia de reglamentación y delimitación clara de funciones ycompetencias, así como falta de personal en cantidad y calidad suficiente en el acceso a la información,participación pública en la toma de decisiones y escasa preparación técnica de los empleados dedicados aesta área para rendir informes forenses para fines judiciales como forma de enfrentar los retos ambientalesactuales y por venir, son indicadores que demuestran, que a pesar de los avances experimentado del 2000 enadelante revelan la ineficacia e ineficiencia que refleja el aparato institucional ambiental de la RepúblicaDominicana.Este estudio ha identificado una diversa base legal ambiental, tanto de origen nacional como internacional,dirigida a regular el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a lajusticia ambiental, instrumentos necesarios para garantizar la gobernanza ambiental democrática. Sinembargo, se hace necesario completar el marco regulatorio con la adopción de otros instrumentos legales,tales como Leyes, reglamentos y normas técnicas específicas sobre acceso a la información, participaciónpública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia ambiental, además hay que poner en ejecución losórganos de discusión plural y de toma de decisiones creados por la Ley No. 64-00.Se considera necesario el funcionamiento del Consejo Nacional del Medio Ambiente y Recursos Naturales, elSistema Nacional de Gestión Ambiental, el Sistema Nacional de Información Ambiental, así mismo se requierede la promulgación de una ley de participación pública en la toma de decisiones.8

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoINTRODUCCIONLa República Dominicana es compromisoria de la declaración de Río, “Cumbre de la Tierra” de 1992, queestablece en el Principio 10, que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación detodos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberátener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas,incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, asícomo la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar yfomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos.Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos elresarcimiento de daños y los recursos pertinentes.El país se ha comprometido, con otros convenios que promueven la aplicación de dicho principio, como elProtocolo de Cartagena sobre Bioseguridad Ambiental de la Convención sobre Diversidad Biológica del 2003,El Convenio de Rótterdam sobre el procedimiento fundamentado previo para ciertos productos químicospeligrosos y pesticidas en comercio internacional del 2004 y el Convenio de Estocolmo sobre losContaminantes Orgánicos Persistentes del 2004.La presente investigación evalúa las capacidades nacionales en materia de gobernanza ambientaldemocrática, desarrollando los pilares que la sustentan, como el acceso a la información, a la participaciónpública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia ambiental, conforme a los compromisosinternacionales contraídos conferencias y convenios citados.El estudio describe la situación nacional en el área de acceso a la información, la participación pública en latoma de decisiones y acceso a la justicia ambiental, conteniendo una recopilación de las regulacionesgenerales y específicas sobre los referidos temas, enfocados desde el punto de vista individual, institucional ysistémico señalando las fortalezas sobre la base de la existencia de un marco regulatorio, institucionescreadas y recursos humanos destinados a cumplir con esas funciones.Las debilidades se describen como la inaplicabilidad del marco regulatorio, limitada legislación y reglamentosen algunas áreas, inoperancia de instituciones creadas por ley y las que operan lo hacen con limitaciones,insuficientes recursos humanos en calificación y cuantificación para dar respuestas a las demandasciudadanas.Las oportunidades son planteadas como el conjunto de medios que pueden ser utilizados para alcanzar unnivel optimo de aplicabilidad del Principio 10 de la Declaración de Río.Con los resultados de esta investigación las autoridades dominicanas tienen en sus manos las herramientasnecesarias que les servirán de instrumento en la elaboración de la estrategia nacional para la aplicación de lapolítica ambiental en materia de gobernanza ambiental democrática, de cara a cumplir con los AcuerdosMultilaterales Ambientales (AMUMAS),y con acuerdos regionales, con lo cual UNITAR, CCAD y la CEPALcumplen con su rol en la República Dominicana de contribuir en el fortalecimiento para la aplicación delPrincipio 10 de la Declaración de Río;9

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoCAPITULO ISISTEMA POLITICO E INSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA1.1 De la Constitución: Derechos Humanos y AmbientalesLa Republica Dominicana, en los últimos 20 años ha modificado su Constitución Política dos veces (1994 y2002) y no ha incorporado la protección ambiental, sin embargo, la mayoría de los países de América Latinaque han modificado sus constituciones, han introducido disposiciones y preceptos ambientales para garantizaruna mejor calidad de vida, proteger sus recursos naturales y promover su uso sostenible. En el año 2007, elPoder Ejecutivo promovió un proceso de reforma constitucional con participación popular en el sectorambiental, más de 25 instituciones encabezadas por la SEMARENA elaboraron una propuesta para serincorporada en la Constitución, que garantiza el desarrollo sostenible de los recursos naturales y el medioambiente, tomando como guía el estudio constitucional comparado elaborado por el profesor José RafaelAlmonte.La Constitución de la nación dominicana no contempla de manera explicita la protección del Medio Ambiente ylos Recursos Naturales, pero sí de manera implícita en su artículo 8, que establece los Derechos Individuales ySociales.Para garantizar el cumplimiento de esos fines el referido artículo 8, enumera 17 prerrogativas con susrespectivos literales sobre los derechos de los ciudadanos, como la inviolabilidad de la vida, la seguridadindividual, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, emitir libremente su pensamiento mediantepalabras escritas o por cualquier otro medio de expresión, gráfico u oral, la libertad de asociación y de reunión,la libertad de conciencia y de cultos, entre otros.Para velar por un equilibrio en sociedad y en respuesta a las prerrogativas reconocidas y garantizadas en elartículo 8, se ha estipulado un conjunto de deberes correlativos de responsabilidad jurídica y moral que obligala conducta del hombre, comprometiendo los ciudadanos a acatar y cumplir la Constitución y las leyesconforme lo establece el artículo 9 de dicha Constitución que enumera lo siguiente:‣ Acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas.‣ Todo dominicano hábil tiene el deber de prestar los servicios civiles y militares que la Patria requiera para su defensay conservación.‣ Los habitantes de la República deben abstenerse de todo acto perjudicial a su estabilidad, independencia o soberaníay estarán, en caso de calamidad pública, obligados a prestar los servicios de que sean capaces.‣ Todo ciudadano dominicano tiene el deber de votar, siempre que esté legalmente capacitado para hacerlo.‣ Contribuir en proporción a su capacidad contributiva para las cargas públicas.‣ Toda persona tiene la obligación de dedicarse a un trabajo de su elección con el fin de proveer dignamente a susustento y al de su familia, alcanzar el más amplio perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar yprogreso de la sociedad.‣ Es obligación de todas las personas que habitan el territorio de la República Dominicana, asistir a los establecimientoseducativos de la Nación para adquirir, por lo menos, la instrucción elemental.‣ Toda persona está en el deber de cooperar con el Estado en cuanto a asistencia y seguridad social de acuerdo consus posibilidades.‣ Es deber de todo extranjero abstenerse de participar en actividades políticas en territorio dominicano.Los derechos fundamentales o inherentes a la persona humana han sido divididos en derecho de primera,segunda y tercera generación, también llamados de los intereses colectivos y difusos, como el Derecho a laPaz y a un Medio Ambiente Sano, conforme lo consigna la Magistrada Santa Moreno 1 de la Escuela de laJudicatura de la República Dominicana. La Constitución Dominicana, en su artículo 3, establece la aplicacióndel derecho internacional y americano en la medida en que sus poderes públicos lo hayan adoptado, en talsentido el país es signatario de los convenios internacionales sobre Derecho Humano siguientes: 22 Besares, Marco A., Derecho Penal del Medio Ambiente, Escuela Nacional de la Judicatura Santo. Domingo. 2006.10

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Río‣ Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobado y proclamado por la Asamblea General de lasNaciones Unidas el 10 de diciembre de 1948,‣ Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General en su resolución 1386 (XIV), del 20de noviembre de 1959,‣ Pacto Interamericano de los Derecho Civiles y Políticos Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión porla Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 23 demarzo de 1976, de conformidad con el artículo 49,‣ Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), del 22 de noviembre de 1969,‣ Convención sobre los Derechos del Niño adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General ensu resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989 entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990, de conformidadcon el artículo 49,‣ Adopción de la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos establecida en 1979,‣ Adopción de la Jurisdicción de la Corte Penal Internacional de fecha 17 de julio de 1998, Estatuto de RomaTomando como referencia la división de los derechos humanos planteada por la Magistrada Santa Moreno yasumiendo que el Medio Ambiente es un derecho humano de tercera generación y vistos los artículos 8 y 9 dela Constitución, debemos afirmar que la Carta Magna contempla de manera implícita la protección ambientalcuando en el artículo 10 establece, “La enumeración contenida en los artículos 8 y 9 no es limitativa, y porconsiguiente, no excluye otros derechos y deberes de igual naturaleza”.A continuación observamos una tabla conteniendo las provisiones constitucionales en materia de derechoshumanos.Tipos de Derechos humanosTabla 1.1: Derechos ConstitucionalesDerecho a la salud Art. 8 numeral 17.Derecho a la vida y/o a unas condiciones de trabajodecentesArt. 8 numerales 1, 11, 15.Libertad de expresión Art. 8 numeral 6.Derecho a la privacidad Art. 8 numerales 3 y 9.El derecho a la protección igual para todos por la ley Art. 8 numeral 5 y Art. 48.El derecho a acceder a la información Art. 8 Numeral 10.Protección a los datos personales Art. 8 Numeral 9.La protección a empresa, banco, secreto médico, etcétera Art. 8 Numeral 12, 13.Provisión Constitucional1.2 Sistema Político y DemocráticoLa Constitución de la República Dominicana en su artículo 4 establece: “El gobierno de la Nación esesencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivoy Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Susencargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente lasdeterminadas por esta Constitución y las leyes”.1.3 Niveles de Gobierno1.3.1 Del TerritorioLa isla La Española, es la segunda en extensión de las Antillas Mayores con 77,914 kilómetros cuadrados.Está situada en el centro del archipiélago antillano, debajo del Trópico de Cáncer en el hemisferio norte. Esuna isla compartida por la República Dominicana, que ocupa las dos terceras partes de la superficie, con unaextensión de 48,198 kilómetros cuadrados y la República de Haití en la parte occidental. La parte oriental, fuedeclarada Estado Archipielágico mediante la Ley No. 66-07 de fecha 22 de mayo del año 2007 y Está situada11

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríoentre las siguientes coordenadas geográficas: 17° 36' - 19° 58' latitud Norte y 68° 19' - 72° 01' longitud Oeste,ubicándose entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer.Fig. 1 posición geográfica de la isla La Española. Fuente http://mipais.jmarcano.com/geografia/province/index.html). y Dirección Nacional de MeteorologíaEl país presenta una diversidad de zonas bioclimáticas y topográficas, que van desde secas con unaprecipitación de 450 mm/año a húmedas 2,500 mm/año, de acuerdo a la gradiente altitudinal, la cual varíaentre los 40 metros bajo el nivel del mar, a más de 3,000 metros sobre el nivel del mar. Esta gran diversidad decondiciones ha dado lugar a una amplia gama de ecosistemas y hábitats, que incluye zonas áridas y semiáridas,hábitats costeros-marinos y de agua dulce, así como ecosistemas de bosques y ecosistemasmontañosos; tal como lo plantea el profesor José Rafael Almonte en el estudio sobre “Evaluación yLevantamiento de Información sobre la Política Institucional y el Marco Regulatorio Existente en el País conRelación a los Productos Químicos, Particularmente los Compuestos Orgánicos Persistentes (COP’s)”. 2007.pág. 22.El artículo 5 de la Constitución Dominicana establece, entre otras cosas, que el territorio se dividepolíticamente en un Distrito Nacional, en el cual está comprendida la capital de la República, y que podráncrearse las provincias que la ley determine. Son también partes del territorio nacional, el mar territorial y elsuelo y subsuelo submarinos correspondientes.La Ley No. 5220 del 24 de septiembre de 1959, divide el país en 23 provincias y un Distrito Nacional, 87municipios o distritos municipales y 545 secciones. Posteriormente, el 27 de mayo de 1981 se establecieronnuevas demarcaciones, 3 regiones y siete subregiones mediante Decreto No. 2465 del 15 de mayo de1981, cuyo objetivo era facilitar la formulación y ejecución de los planes y programas, a fin de lograr undesarrollo armónico de las diferentes regiones del país; homogenizar mejor y racionalizar la administración deldesarrollo regional.En la actualidad la Republica Dominicana cuenta con un Distrito Nacional, 31 provincias, 155 municipios, 184distritos municipales y nueve regiones.12

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoFig. 2 división política de la Republica Dominicana. Fuente (http://mipais.jmarcano.com/geografia/province/index.html).1.3.2 Gobierno NacionalEl gobierno de la Nación está constituido por el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, tal como lodescribe la Carta Magna en su artículo 4.El tipo de gobierno del país es unitario, las leyes que aprueba el Congreso de la Republica promulgadas porel Ejecutivo y los decretos que emite el Poder Ejecutivo son de aplicación obligatoria en todo el territorio.1.3.3 Gobierno LocalEl gobierno local tiene rango Constitucional y sus funciones son independientes, tal como lo disponen losartículos 182 y siguientes de la Constitución y la Ley No. 176-07 de fecha 20 de julio del 2007, que regula losAyuntamientos del Distrito Nacional y los Municipios de todo el país. Los Ayuntamientos Municipales estáncompuestos por el Síndico quien es el Ejecutivo-Administrador de los bienes municipales y la Sala Capitularintegrada por un Concejo Municipal, que es un organismo legislativo que traza las pautas del Ayuntamiento encada municipio. Estos funcionarios son electos por voto directo, por un periodo de cuatro (4) años.1.3.4 Concejo MunicipalComposición del Concejo Municipal.El Concejo Municipal estará compuesto por el síndico y un número de regidores y regidoras que resultenelectos de acuerdo a la aplicación de la siguiente escala:‣ En los municipios de menos de veinticinco mil (25,000) habitantes, por cinco (5) regidores.‣ En los municipios de hasta cincuenta mil (50,000) habitantes, por siete (7) regidores.‣ En los municipios de hasta setenta y cinco mil (75,000) habitantes, por nueve (9) regidores.‣ En los municipios de hasta cien mil (100,000) habitantes, por once (11) regidores.‣ En los de más de cien mil (100,000) habitantes, se incrementará el anterior número con un (1) regidor por cada cincuentamil (50,000) habitantes o fracción superior a veinticinco mil (25,000).Párrafo.- Si como consecuencia de la aplicación de los anteriores criterios, resultase que el número total decomponentes fuera par, se incrementará en uno más.Entre las funciones del Concejo Municipal, según se establecido en el artículo 51 de la Ley 176-07, en su letrac, están determinar las comisiones permanentes y especiales que considere necesario integrar y designar alos miembros de las mismas. En tal sentido en la actualidad casi todos los Ayuntamientos cuentan con13

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríocomisiones de Medio Ambiente con la función de examinar los proyectos que les son sometidos por dichoConsejo para su opinión técnica jurídica.La Ley 64-00 del 18 de agosto del año 2000, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el Título III, de laProtección y Calidad del Medio Ambiente, establece la responsabilidad compartida entre el Gobierno Centraly los Gobiernos Locales. En este título se le otorga competencia a los Ayuntamientos para elaborar normascon aplicación exclusiva en su territorio, así mismo son responsables de exigir los estudios ambientalescorrespondientes a los proponentes de proyectos de desarrollo y expansión urbana y suburbana, en su áreade influencia, en coordinación con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin loscuales no podrán otorgarse autorizaciones ni permisos a nuevas obras civiles y de desarrollo, ni amodificaciones de las existentes. Estas atribuciones en el aspecto ambiental son también consignadas por laLey No. 176-07, asumiendo la continuidad de las Unidades de Gestión Ambiental Municipal que hastadiciembre del 2007 han sido creadas en 88 Ayuntamientos Municipales, según el Departamento de AsuntoMunicipales de la Subsecretaría de Estado de Gestión Ambiental de la SEMARENA.1.4. El Congreso Nacional.Las Cámaras de Senadores y de Diputados integran el Congreso de la República, en representación delpueblo dominicano, del que emanan los poderes del Estado. El pueblo dominicano ejerce la función legislativay la función de fiscalización a través de sus legítimos representantes en el Congreso Nacional, conforme loestablece la Constitución de la República en el Titulo IV de la Sección I, Capitulo V, artículos 16 y siguientes.1.4.1 De los SenadoresLos Senadores de la República son electos uno en el Distrito Nacional y uno en cada provincia, mediante elsufragio directo, por un periodo de cuatro (4) años y pueden ser reelectos indefinidamente. En la actualidad laRepublica Dominicana cuenta con 32 senadores.1.4.2 De los DiputadosLos diputados se eligen por el número de habitantes en las provincias; por cada 50,000 o fracción de más25,000 se elige un Diputado, sin que puedan ser menos de dos los diputados electos en una provincia. En laactualidad se cuenta con 150 Diputados. El oficio de Senador o Diputado no es compatible con otrasfunciones o empleo de la administración publica.La mayor participación y toma de decisiones de los ciudadanos es el día de las elecciones, que tienen lapotestad de elegir sus representantes, sin embargo, si las promesas que hacen las autoridades no lascumplen, los ciudadanos tienen que esperar cuatro años para tomar la decisión de cambiarlos, pues no existeen la legislación dominicana el referéndum revocatorio para aquellos cargos electivos cuyos incumbentes nocumplan con su función. Las provincias con menor número de votantes están en desventajas respecto a lasde mayor población, en el sentido de que los gobiernos prestan mayor atención a las provincias de mayornúmero de habitantes.El artículo 37 de la Constitución de la República, establece las funciones que deben desempeñar loslegisladores, entre las que se destacan:‣ Establecer los impuestos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación einversión;‣ Aprobar o desaprobar los tratados y convenciones internacionales que celebre el Poder Ejecutivo;‣ Legislar cuanto concierne a la deuda nacional;‣ Declarar por ley la necesidad de la reforma constitucional y legislar acerca de toda materia que no seade la competencia de otro Poder del Estado o contraria a la Constitución.‣ Examinar anualmente todos lo actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos, si son ajustados a laConstitución y la Leyes.‣ Interpelar a los Secretarios de Estado y a los Directores o Administradores de Organismos Autónomosdel Estado, sobre asuntos de su competencia, cuando así lo acordaren las dos terceras partes de losmiembros presentes de la Cámara que lo solicite, a requerimiento de uno o varios de sus miembros.14

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Río1.4.3 De las Comisiones Ambientales CongresualesEn virtud de lo establecido en la Constitución en su artículo 28, la Cámara de Diputados desarrolla susatribuciones constitucionales a través del Reglamento de dicha Cámara, aprobado en fecha 25 de febrero delaño 2004. El referido Reglamento crea tres comisiones en su artículo 119, comisiones permanentes,comisiones especiales y comisiones bicamerales; estas comisiones garantizan la participación pública en lastoma de decisiones en el sentido de que tienen como responsabilidad:1) Promover vistas públicas2) Reuniones de trabajos con miembros de la comisión y personas físicas o morales interesadas.3) Seminarios y Talleres;4) Recepción de correspondencias en las que las personas pueden expresar sus opiniones;5) Encuentros con funcionarios de otros poderes del Estado;6) Traslados de las comisiones a lugares donde se requiera comprobaciones o tener conocimientosdirectos (artículo 142)Las funciones de la Cámara de Senadores en cuanto a las comisiones, son similares a las de la Cámara deDiputados. El procedimiento para que las personas puedan tener conocimiento de las vistas públicas esmediante la publicación en un periódico de circulación nacional y la publicación en el portal de la página Webde las Cámaras, estas publicaciones deben hacerse por lo menos con tres días de antelación a las vistaspúblicas.En la actualidad la Comisión Ambiental de la Cámara de Senadores está compuesta por un Presidente, unVicepresidente, un Secretario y ocho miembros y la de Diputados por un Presidente, un Vicepresidente, unSecretario y 18 miembros de los diferentes partidos. Estas comisiones se hacen asesorar por expertos en lamateria.La experiencia del país en cuanto a la participación de la ciudadanía en el Congreso Nacional, ha sido muyactiva los últimos 6 años, se ha interpelado a dos de los tres Secretarios de Estado de Medio Ambiente yRecursos Naturales que ha tenido el país y a un Secretario de Estado de Turismo por asuntos vinculados a lasupuesta violación a las disposiciones legales ambientales, pues este Poder del Estado tiene la facultad deinvestigar, someter a la acción de la justicia y exigir la renuncia de funcionarios del Poder Ejecutivo. Esimportante resaltar uno de los hechos de mayor trascendencia en el país en el que la Comisión de MedioAmbiente del Senado se trasladó hasta la Provincia Peravia, para verificar la denuncia de arrendamiento deuna porción de terreno dentro de un área protegida.Las Comisiones de Medio Ambiente de ambas cámaras son una de las que más vinculación tienen con losactores de la sociedad, por las características de interés colectivo y difuso de los proyectos que les sonsometidos.Tabla 1.2: Comisiones Congresuales Involucradas en la Toma de Decisiones AmbientalesNombre de la ColisiónComisión Recurso Naturales y Medio AmbienteCámara de SenadoresAsuntos Ambientales Cámara de SenadoresRelación Internacional y CooperaciónInternacional Cámara de SenadoresComisión de Turismo Cámara de SenadoresFunciónSe encarga de los temas relativos a la preservación de los recursos naturales, lareglamentación de su uso y fomento de su racional aprovechamiento.Trata los asuntos de generación, conservación y distribución de energía, conocer y promoverel uso de fuentes energéticas alternativas, y la utilización racional de los mismos.Responsable de la política exterior, los tratados y acuerdos internacionales, nombramientosde Embajadores, y negociaciones sobre comercio y cooperación internacional.Le compete el desarrollo turístico del país.Comisión de Salud Cámara de SenadoresEs responsable de la salud pública y medida sanitaria, el ejercicio de la medicina yprofesiones afines, y a la producción y distribución de productos medicinales.15

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoComisión de Justicia y Derechos HumanosCámara de SenadoresComisión de Turismo Cámara de DiputadosComisión de Salud de la Cámara de DiputadosComisión de Relaciones Exteriores y CooperaciónInternacional de la Cámara de DiputadosComisión de Obras Públicas y Comunicación Vialde la Cámara de DiputadosComisión de Medio Ambiente y RecursosNaturales de la Cámara de DiputadosComisión de Justicia de la Cámara de DiputadosComisión de Educación Superior, Ciencia yTecnología de la Cámara de DiputadosComisión de Estadística, Población y Demografíade la Cámara de DiputadosComisión de Educación de la Cámara deDiputadosComisión de Industria y Comercio de la Cámarade DiputadosComisión Permanente de Energía y Minas de laCámara de DiputadosOrganización judicial, creación y supresión de tribunales, aprobación y discusión de códigosy leyes procesales, administración penitenciaria; protección y salvaguarda de los derechosfundamentales y las libertades públicas.Promoción del turismo en el país, a su desarrollo sostenible y a la adopción de medidastendentes a la protección del sector turístico,.Encargada de la salud, medidas sanitarias, ejercicio de la medicina y profesiones afines, y alos productos farmacéuticos, establecimientos y laboratorios de salud.Se encarga de política exterior, instrumentos internacionales y cooperación internacional.Aprobación, contratación, adjudicación, construcción y financiamiento de obras públicas; laregulación de la construcción de infraestructuras; y el desarrollo, mantenimiento y regulacióndel uso de autopistas, carreteras, calles y caminos vecinales.Preservación de los recursos naturales, su uso y fomento como de las políticas quepromuevan un desarrollo humano sostenible.Organización judicial, creación y supresión de tribunales, aprobación y discusión de códigosy leyes que estructuran el ordenamiento jurídico nacional y las normas de procedimiento.Educación superior, la vocacional, el quehacer científico, el avance de las ciencias, latecnología y su aplicación en el país.Estudios estadísticos y demográficos que informan sobre las tendencias actuales de lapoblación. Proponer la adopción de las medidas más oportunas para promover un desarrollodemográfico racional.Es responsable de las materias referentes al sistema educativo nacional en sus niveles deeducación inicial, básica y media. Su vinculo con el Medio Ambiente relacionaEs competente para tratar los asuntos referentes a la política industrial, comercio, propiedadindustrial, zonas francas y promoción de la micro, pequeña y mediana empresa.Tendrá bajo su competencia los asuntos referentes a la política minera y al desarrolloenergético del país.Comisión de Derechos Humanos de la Cámarade DiputadosComisión de Educación de la Cámara deDiputadosEs la encargada de opinar sobre los temas vinculados a la protección y salvaguarda de losderechos fundamentales humanos, y las libertades públicas.Es responsable de las materias referentes al sistema educativo nacional en sus niveles deeducación inicial, básica y media.Su vinculo con el Medio Ambiente se contempla en el Titulo II, Capítulo VII sobre laEducación y Divulgación Ambiental artículos 56 al 58 de la Ley 64-00.Fuente Página Web de la Cámara de Senadores y Diputados (www.camaradediputados.gov.do y http://www.senado.gov.do).1.5 Poder Ejecutivo y Administración1.5.1 Poder EjecutivoLa función Ejecutiva reside en la Presidencia de la República, la cual es integrada por el Presidente y el Vicepresidente,cuya elección se realiza por voto directo para un período de cuatro años. El presidente puederepostularse por una única vez para optar por un nuevo mandato de cuatro (4) años, no pudiendo volver apostularse en otras oportunidades. El presidente es el jefe de la Administración Pública, de las FuerzasArmadas y la Policía Nacional, es asistido en el cumplimiento de sus funciones por Secretarios de Estado yotros funcionarios públicos, escogidos por él, (Sub-secretarios de Estados, Directores Generales,Administradores Generales, Superintendentes, etc.), los cuales conforman la administración pública.Las funciones del Presidente de la República están consagradas en el Artículo 55 de la Constitución, entreéstas podemos señalar la facultad de promulgar, objetar y hacer publicar las leyes y resoluciones del CongresoNacional cuidando su fiel cumplimiento, además, emitir reglamentos, decretos e instrucciones cuando fuerenecesario.16

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoEl papel del Ejecutivo en materia de Gobernanza Ambiental Democrática ha sido muy activo en los últimos 7años, si tomamos como indicador la promulgación de leyes, decretos, resoluciones, reglamentos y normas, enla mayoría de estos instrumentos legales ha participado la sociedad civil y las agencias de cooperación,además, la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, que crea la Secretaria de Estado de MedioAmbiente y Recursos Naturales y la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los RecursosNaturales, incorpora la sociedad civil y universidades en el diseño de la política y la gestión del medioambiente y los recursos naturales. A continuación citamos algunos instrumentos jurídicos y borradores que haproporcionado el Ejecutivo:‣ Promulgación de la Ley 64-00‣ Promulgación de la Ley No. 287-04, del año 2004, sobre Supresión, Limitación de Ruidos Molestos‣ Ley Sectorial sobre Áreas Protegidas, No. 202-04.‣ Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.‣ Ley No. 424- 06 del 20 de noviembre 2006, para la Implementación del DR-CAFTA.‣ La Ley 57-07 sobre Incentivo a las Energías Renovables y regimenes especiales‣ Decreto 1194 de fecha 13 de noviembre del año 2000, que crea el Servicio Nacional de Protección Ambiental o PolicíaAmbiental,‣ Decreto No. 264-07 que declara de interés nacional el uso del gas natural, por su interés social, económico y medioambiental.‣ Decreto No. 634-05 que crea el Parque Temático de Atracciones Submarinas de Sosúa del 22 de Noviembre del 2005,administrado por un patronato.‣ Decreto No. 1288-04 que aprueba el Reglamento para el Comercio de Fauna y Flora Silvestres del 1 de octubre del 2004;‣ Decreto No: 786-04 que crea la Oficina Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio;‣ Reglamento para el Control de Vigilancia e Inspección Ambiental y la Aplicación de Sanciones Administrativas.‣ Reglamento del Sistema de Permisos y Licencias Ambientales, 05/2002.‣ Resolución No. 02/2002, que crea el Comité Nacional del Clima creado;‣ Reglamento para la Reducción y Eliminación del Consumo de las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, Mayo2006.‣ Normas Ambientales para las Operaciones de la Minería no Metálica, Mayo 2002;‣ Procedimiento Guía para las buenas prácticas ambientales en el sector hotelero, Mayo 2004.‣ Procedimientos para autorización para extraer material de la corteza terrestre, Mayo 2002‣ Borrador de ante Proyecto Constitucional del año 2007. (ver cita pie de página) 3El Presidente de la República, Senadores, Diputados, Síndicos y Regidores son electos por voto directo, de lascandidaturas presentadas por los partidos políticos, que son las instituciones de derecho público con calidadpara presentar a los electores las diferentes opciones, previa escogencia interna en cada uno de los partidosmediante la realización de convenciones. El proceso es fiscalizado por la Junta Central Electoral, OrganismoAutónomo Descentralizado del Estado. En la actualidad existen 22 partidos políticos registrados, siendo los demayor representación el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Dominicano (PRD)y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).1.5.2 La Administración PúblicaEl ingreso a la administración pública en el país hasta la fecha se ha caracterizado por la cultura de cambiar lamayoría de los servidores públicos, cada vez que se produce un cambio de gobierno, independientemente deque la Ley No. 14-91, sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa, prohibía cancelar los empleados decarrera. Sin embargo, establecía que si el servidor público era indemnizado podían prescindir de sus servicios.Esta ley y su reglamento han sido derogadas por la Ley No. 41-08 de Función Pública, de fecha 16 de enerodel año 2008, que establece que los servidores públicos ingresan a desempeñar una función en laadministración pública por diferentes modalidades:1) Libre nombramiento y remoción;2) De carrera;3) Estatuto simplificado;3 La lista de normanas y reglamentos puede ampliarse accesando a la página Web de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente yRecursos Naturales (SEMARENA) www.medioambiente.gov.do17

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Río4) Temporales.Los servidores públicos de libre nombramiento y remoción son aquellos de alta administración y los cargos deconfianza de los funcionarios como Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales, Gerentes,Asistentes etc. Sin embargo, los funcionarios de carrera son escogidos por concurso y son ascendidos depuesto en función de sus meritos acumulados, además se prohíbe la cancelación de un empleado de carreraque desempeñe su función apegado a la ética y con calidad. Cualquier funcionario o empleado públicolesionado en sus derechos laborales puede acudir al Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo. Lainstitución responsable de implementar la referida ley es la Secretaría de Estado de Administración Pública.Relación de Secretarías de Estado de la República Dominicana y leyes que las crearon.Tabla 1.3 Secretarías de Estado de la República DominicanaSecretarías de Estado Fechas de creación Leyes que la creanSecretaria de Estado de Agricultura (SEA) 27-02-185411-02-185608-09-1865Secretaria de Estado de Obras Públicas v Comunicaciones (SEOPC) 27-02-185410-02-195628-12-1959Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores (SEREX) 04-04-187410-02-195611-02-195606-07-1964Decreto 1489Ley No. 06Ley No. 437SDecreto 5406Ley 43 7Decreto 1489Lev Orgánica 314Secretaría de Estado de Haciendas que sustituyó la Secretaría de Estado deFinanzas.27-02.-8410-2-195628-12-06Ley 4378Decreto 1489Ley 494-06Secretaría de Estado de Industria vComercio3-05-193010-2- 195611-2-1956Ley 437 8Decreto 1489Secretaría de Estado de Trabajo 30-6-193010-2-195612-2-195629-5-1992Secretaría de Estado de Educación (SEE) 30-11-193430-01-195005-06-1951Secretaria de Estado de Salud Pública v Asistencia Social (SESPAS) 25-11-195510-02-195611-02-1956Lev 4378Decreto 1489Código de Trabajo Ley 16-92RO-6331Ley No. 2909Decreto No. 1312Ley No. 4378Decreto 1489Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas 10-02-56 Ley No 4378Secretaria de Estado de Interior y Policía 10-2-1956 Ley No 4378Secretaria de Estado de la Presidencia 10-2-1956 Lev No 4378Secretaria de Estado Administrativa de la Presidencia 10-2-1956 Ley No 4378Secretaria Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPyD), quesustituyó al Secretariado Técnico de la Presidencia.Secretaría de Estado de Deportes Educación Física v Recreación(SEDEFIR)10-2-195628-12-200622-5-195920-12-1974Lev No 4378Ley No. 496Lev 5133Ley 97Secretaria de Estado de Turismo 31-12-1969Ley Orgánica 54120-12-1979Lev No 84Secretaria de Estado de La Mujer (SEM) 08-99 Lev No 86-99Secretaría de Estado de Cultura 13-06-2000 Lev No 4 1 -00Secretaría de Estado de la Juventud 26-07-2000 Ley No 49-00Secretaría de Estado de Medio Ambiente v Recursos Naturales(SEMARENA)18-08-2000 Ley No. 64-00Secretaria Estado de Educación Superior. Ciencia y Tecnología (SEECYT). 13-02-2001 Ley No. 139-0118

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Río1.6 Poder JudicialEl derecho dominicano se ha regido históricamente por el Sistema Jurídico Romano-Germánico, sin embargo,a partir de la promulgación del Código Procesal Penal, mediante la Ley 76-02, de fecha 19 de julio del año2002, fueron introducidos en el aspecto procesal penal algunos elementos del sistema anglosajón, como es elcaso del Sistema Acusatorio, Proceso Preparatorio o Investigación, Audiencias Preliminar, la fianza para todotipo de delitos, conciliación y la obligatoriedad del acompañamiento del imputado de una defensa técnicadesde el inicio de la investigación.El Poder Judicial se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y por los demás tribunales del orden judicialcreados por la Constitución y las leyes. Este poder goza de autonomía administrativa y presupuestaria,además la Constitución de la República en su artículo 63 párrafo I establece que la Ley Reglamentará lacarrera Judicial.A partir de la reforma constitucional de 1994 los jueces de la Suprema Corte de Justicia son designados por elConsejo Nacional de la Magistratura, organismo del Estado Dominicano creado en virtud de lo dispuesto en elartículo 64, párrafo I de la Constitución”. En esta reforma quedó establecido la inamovilidad de los jueces, loscuales solo pueden ser separados de sus cargos por faltas graves o por antigüedad en el servicio.El organigrama del Poder Judicial en orden jerárquico establece que:1.- La Suprema Corte de Justicia es el Tribunal Supremo y tiene competencia nacional.2.- Las Cortes de Apelación tienen jurisdicción en los Departamentos Judiciales que abarcan los DistritosJudiciales de su demarcación,3.- Los Tribunales de Primera Instancia que comprenden los Distritos Judiciales.4.- Los Juzgados de la Instrucción con competencia para conocer todas las acciones presentadas durante elproceso preparatorio o investigación hasta su calificación.5.- Los Juzgados de Paz con competencia en los municipios donde ejercen sus funciones.La Suprema Corte de Justicia está integrada por 16 jueces entre los cuales están el presidente, un primer ysegundo sustituto del presidente. Además del Pleno, para una mayor eficacia de sus labores se ha divididoen Cámara Penal, Civil y Comercial y otra Laboral, Contenciosa Administrativa y Tributaria, cada cámara estácompuesta por cinco Jueces (presidente, un sustituto del presidente y 3 miembros).Nuestro territorio está dividido en doce (12) Departamentos Judiciales. En la actualidad 11 departamentosestán en funcionamiento. En cada departamento judicial existe una corte de apelación ordinaria que puedetener plenitud de jurisdicción o estar divida en cámaras o salas civiles y/o comerciales y en cámaras o salaspenales de la corte de apelación. La Ley ha extendido el número de los tribunales y ha creado jurisdiccionesespecializadas, por esto hay departamentos judiciales que tienen cortes y tribunales de trabajo y cortes deapelación y tribunales de niños, niñas y adolescentes y tribunales superiores de tierras y de jurisdicciónoriginal.La Ley No. 76-02, del Código Procesal Penal ha dividido los Tribunales de Primera Instancia en Colegiadoscon 3 jueces y Unipersonales con un juez. Los Colegiados conocen de los asuntos que conlleven penasuperior a 2 años de prisión y los que conocen con un solo Juez son aquellos casos que la pena no pasa dedos años de prisión. En el Municipio cabecera de todas las provincias hay un Tribunal de Primera Instancia,sin embargo, hay algunas excepciones a la regla como en Constanza y Villa Altagracia que sin ser cabecerade provincia tienen tribunales de primera instancia. En la actualidad existen 35 Distrito Judiciales compuestospor Tribunales con Cámaras Civiles y Penales.Los jueces de la ejecución de la pena son los encargados de dar cumplimiento a las sentencias definitivas yconocer todos los incidentes que se presenten durante el proceso de cumplimiento de la pena del interno.Los Juzgados de Paz son los de menor jerarquía y conocen asuntos de menor cuantía; están compuestos porun Juez y un Fiscalizador. Todos los tribunales deben constituirse con Jueces, secretarios, los Alguaciles y laspartes envueltas en el proceso.19

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoCon la Ley 76-02 y el Estatuto del Ministerio Público Ley 78-03, se reconoce el Ministerio Público como unórgano del sistema de Justicia, cuyo máximo representante es el Procurador General de la Republica que esnombrado por el Presidente de la República, los demás miembros del ministerio público son de carrera,escogidos en concurso público y capacitados en la Escuela del Ministerio Público. En cada tribunal penalexiste una representación del Ministerio Público.Son parte del Ministerio Público los Procuradores especiales como el Procurador General de Medio Ambiente,cuya función fue creada mediante la Ley 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales en su artículo165.En sentido general las infracciones en materia ambiental y recursos naturales son conocidas por tribunales dederecho común, cuando se cometen delitos o daños al Medio Ambientales y los Recursos Naturales y portribunales especializados, cuando se cometen infracciones que previamente han sido sancionadas por laautoridad administrativa, conforme lo dispone la Ley 64-00 en sus artículos 167 y 177, así como la Ley No. 13-07 del 17 de enero 2007 que crea el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo.Las sentencias ambientales emitidas por los tribunales, tienen una extraordinaria importancia en la percepciónde la ciudadanía, en el sentido de que lo toman como herramienta evaluativa del cumplimiento de la legislaciónambiental.Tabla 1.4 Vinculación de las Clases de Disputas con las Responsabilidades JudicialesTipos de disputaRevisión de leyes, Decretos,Reglamentación yregulaciones preparadas porel Ejecutivo y el CongresoTribunal dePrimera InstanciaTribunal Contencioso,Tributario y AdministrativoCorte de Apelación Suprema Corte deJusticiaEn caso de alegatos deinconstitucionalidad Art. 167No. 1 de la Constitución.Revisión de las decisionesadministrativas de laSEMARENA (revisión dedecisiones sobre permisos yautorizaciones)En ocasión de RecursosContencioso Administrativo, Ley13-07 y Ley No. 64-00, Art.167Los Recursos del TribunalContencioso Administrativo enla Suprema Corte.Delitos AmbientalesArt. 175, y 177 de laLey No. 64-00,Se recurren lasdecisiones del Tribunal dePrimer grado, Art. 410 ysiguiente del CPP.También se Recurren enCasación, Art. 425 y siguientesdel CPP1.7 Junta Central ElectoralEsta institución electoral se rige por la Ley No. 275-97, tiene entre sus funciones organizar y dirigir laselecciones nacionales y emitir el veredicto sobre los resultados de dichos comicios en las distintas contiendasque se celebran cada cuatros (4) años en el país, registrar los nacimientos y las cédulas de identidad yelectoral de los ciudadanos a través de las oficialías civiles. Está compuesta por el Pleno presidido por elPresidente de la Junta Central Electoral, la Cámara Administrativa compuesta por tres jueces, uno de loscuales la preside y la Cámara Contenciosa que también es presidida por uno de tres jueces que la componen.En la actualidad el tribunal está integrado por 9 jueces.1.8 Otros factores institucionales y no institucionales que afectan a la toma de decisiones ambientalesLas Organizaciones No Gubernamentales sin fines de lucro, creadas de conformidad con las disposiciones dela Ley 520, modificada por la Ley 122-05 de Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, defecha ocho (08) del mes de abril del año dos mil cinco (2005), son instituciones de gran influencia en la toma20

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríode decisiones en materia ambiental, pues forman parte del Consejo Nacional de Medio Ambiente y RecursosNaturales y del Sistema de Gestión Ambiental, organismos responsables de diseñar la política ambiental ygestionar el medio ambiente y los recursos naturales conforme lo disponen los Artículos 19 y 24,respectivamente, de la Ley No. 64-00. Además son parte de las instituciones citadas, las universidades.La Ley 64-00 en su artículo 178 contempla la legitimidad procesal activa, que le otorga el derecho a lasorganizaciones y a todo ciudadano de querellarse y denunciar las acciones que pongan en riesgo y que dañenel Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Las experiencias más relevantes de las instituciones nogubernamentales y de particulares en las tomas de decisiones, especialmente por la vía jurisdiccional, seregistran en los casos Rock Ash (introducción de cenizas de carbón mineral desde Puerto Rico en el año2003); violación de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas No. 202-04 en el Parque Nacional Lago Enriquillo porun Senador de la República, año 2006; recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley No. 202-04. Estosprocesos involucraron a una gran parte de la sociedad por la cobertura en los medios de comunicación y sobretodo por la activa participación de las instituciones ambientalistas y del pronunciamiento de personalidadescomo el Ex Presidente Hipólito Mejía, el Presidente Leonel Fernández, el Cardenal Nicolás de Jesús LópezRodríguez y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa.Las iniciativas en la toma de decisiones de los ciudadanos se vio limitada con la promulgación y entrada envigencia del Código Procesal Penal, Ley 76-02, que establece en su artículo 51 que podrán constituirse enactor civil en los casos relativos a intereses colectivos y difusos, aquellas organizaciones que previamente a laocurrencia del hecho estén incorporadas legalmente y que se dediquen a la rama sobre el hecho punible quese pretende defender, limitando considerablemente lo establecido en el artículo 178 de la Ley 64-00.1.9 Análisis y EvaluaciónComo se ha explicado, la Constitución Dominicana, no contempla los derechos ambientales de maneraexplícita, por tanto se dificulta la aplicación constitucional de los derechos procedimentales. El país tieneexperiencia con la Ley 202-04, que por la forma en que fue aprobada, un conjunto de organizacionesambientalistas y personalidades, sometieron un recurso de inconstitucionalidad en contra de dicha ley, sinembargo, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia rechazó los argumentos de los recurrentes y la Leyesta vigente, a pesar de estar plagada de errores técnicos, como limites fuera del territorio dominicano.Podemos tomar como referencia de aplicación de los derechos procedimentales el artículo 3 parte infine de laConstitución relativo a los convenios internacionales y el artículo 1 del Código Procesal Penal que establece laprimacía de la Constitución y los Tratados, sin embargo, esto solo contempla aquellos tratados que han sidoratificados por el Congreso, que en cierta manera resulta limitativo.Una de las limitantes en la toma decisiones ambientales es que el sistema de elaboración de las leyes en laRepública Dominicana está reservado para el Poder Legislativo, teniendo iniciativa legislativa el Presidente dela República, los Senadores y Diputados, la Suprema Corte de Justicia en Asuntos Judiciales y la JuntaCentral Electoral en asuntos electorales. No obstante al impedimento constitucional, en lo referente a iniciativalegislativa en materia ambiental los ciudadanos e instituciones han sido tomados en cuenta en la elaboraciónde la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley 202-04 y la propuesta de incorporacióndel componente ambiental en la nueva reforma constitucional que está pendiente de ser introducida por elPoder Ejecutivo ante el Congreso Nacional. Así como otros instrumentos que están pendientes de sersometidos al Congreso, como el Proyecto de Ley de Biodiversidad, Bioseguridad de la Biotecnología, Forestal,Costero y Marino y el Código de Agua, esta última reposa en la actualidad en el Congreso.Sin embargo, las propuestas que se someten al Congreso Nacional con el consenso de la sociedad civilgeneralmente son modificadas, como ha pasado con las Leyes 64-00 y 202-04. De manera que se hacenecesario crear los mecanismos que permitan garantizar que en los proyectos de ley que hayan sidoconsensuados, permanezca el espíritu de ese consenso, pero sobre todo debe incorporarse con rangoconstitucional la iniciativa legislativa para los ciudadanos e instituciones.21

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoPor mandado de su reglamento, la Comisión Ambiental de las cámaras legislativas, deben realizar vistaspúblicas de los proyectos que les sean sometidos, para que los interesados puedan emitir sus opinionesrespecto al proyecto de ley que se discute; esas opiniones en algunos casos son tomadas en cuenta y en otrosno. Lo más preocupante para las partes interesadas en participar en vistas públicas, es que los proyectos seandeclarados de urgencia, pues son exonerados de las vistas públicas.La Ley No.64-00, como un instrumento jurídico de orden público y de espíritu preventivo contempla tres tiposde sanciones: administrativa (artículo 167), civil (artículo 169 y 176) y penal (artículo 183).El proceso administrativo sancionador le está concedido a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente yRecursos Naturales, pudiendo imponer multas desde medio (1/2) salario mínimo hasta tres mil (3,000) salariosmínimos vigentes. Este proceso hasta el año 2007, no era un procedimiento reglamentado, quedando elmonto de la sanción a la libre apreciación de los Subsecretarios de Estado de la SEMARENA con competenciaen estos casos; esto se prestaba a manejos poco transparentes, en algunos casos, eran sancionadaspersonas por un mismo hecho con diferentes montos, lo que constituye una injusticia para aquel que se lehaya impuesto mayor sanción. Con la entrada en vigencia del Reglamento para el Control, Vigilancia eInspección Ambiental y la Aplicación de Sanciones Administrativa, mediante Resolución No.18-07 de fecha 15de agosto del año 2007, se pretende corregir las distorsiones antes señaladas.Las decisiones administrativas pueden ser atacadas mediante los siguientes recursos: Reconsideración,Jerárquico, Contencioso y Casación. Sin embargo, el afectado puede escoger la vía jurisdiccional, sin agotarlos recursos administrativos, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 13-07.En los procesos penal y civil, si los ciudadanos no se sienten conformes con las decisiones evacuadas en unaprimera instancia tienen el derecho de recurrir a un órgano superior (Corte de Apelación) para dirimir susconflictos de manera que se examine nueva vez las argumentaciones esgrimidas, lo que garantiza unveredicto con varios niveles de discusión, así mismo pueden recurrir en casación la decisión adoptada por laCorte de Apelación.El derecho que le concedía la Ley 64-00 a los ciudadanos de querellarse y constituirse en actor civil fuelimitado por la Ley 76-02, la cual sólo le permite querellarse, pero no constituirse en actor civil, disminuyendolos derechos que tenían los ciudadanos de acceder a la justicia y que fueran resarcidos por los dañoscolectivos provocados en sus comunidades.Otras de las limitantes del acceso a la justicia de las instituciones ambientalistas es el alto costo de losprocesos judiciales, específicamente el pago de honorarios a abogados, peritos, estudios técnicos, y la falta deincentivos a esas instituciones por parte del Estado, limitado por la Ley 76-02 que pone en mano de laProcuraduría General de la República la Administración de los ingresos obtenidos por demandas de interesescolectivos y difusos, sin que las instituciones que hayan sostenido la demanda reciban ningún incentivo.22

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoCAPITULO II.ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL Y LOS PROCESOS SOBRE LA TOMA DE DECISIONESAMBIENTALES DE INSTITUCIONES ESTATALES2.1 Legislación y Políticas Generales sobre el Acceso a la Información.La Constitución Dominicana prevé el acceso a la información de manera limitada, cuando establece en suartículo 8 numeral l0 lo siguiente: “Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosasoficiales y privadas, siempre que no vayan en contra del orden público o pongan en peligro la seguridadnacional”. De manera que el libre acceso a la información de los ciudadanos no está contempladoconstitucionalmente.La preocupación en la República Dominicana por la implementación de una legislación y diseño de políticas deacceso a la información pública en sentido general, es reciente. Las primeras acciones se enmarcan en lainiciativa senatorial en el año 2004, con la introducción del Proyecto de Ley General de Libre Acceso a laInformación Pública, que fue aprobada con el No. 200-04 y promulgada por el Poder Ejecutivo en fecha 28 dejulio del año 2004, sin embargo, hay que destacar que de manera sectorial ya se había aprobado la Ley 64-00que crea el Sistema Nacional de Información del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en el año 2000 yla Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo del año 1992 que contempla en el Principio 10,estableciendo que toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente deque dispongan las autoridades públicas y tener la oportunidad de participar en los procesos de decisiones.La adopción de estos instrumentos jurídicos son indicadores de la voluntad del gobierno en garantizar a laspersonas el acceso a la información pública.Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, decualquier órgano del Estado Dominicano, y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas ocompañías por acciones con participación estatal de manera gratuita conforme lo establece el artículo 14 de laLey No. 200-04.El referido instrumento legal identifica los tipos de documentos sobre los cuales las personas tienen derecho aacceder, así mismo dispone que las instituciones que reciban ingresos del presupuesto nacional, estánobligadas a brindar informaciones al público por los medios a su alcance como correo electrónico, documental,página Web, etc.Se establecen limitaciones y excepciones a la obligación de informar del Estado y de las institucionescomo:a) La Información vinculada con la defensa o la seguridad del Estado, que hubiera sido clasificada como"reservada" por ley o por decreto del Poder Ejecutivo, o cuando pueda afectar las relaciones internacionalesdel país;b) Cuando la entrega extemporánea de la información pueda afectar el éxito de una medida de carácterpúblico;c) Cuando se trate de información que pudiera afectar el funcionamiento del sistema bancario o financiero;d) Cuando la entrega de dicha información pueda comprometer la estrategia procesal preparada por laadministración en el trámite de una causa judicial o el deber de sigilo que debe guardar el abogado o elfuncionario que ejerza la representación del Estado respecto de los intereses de su representación;e) Información clasificada "secreta" en resguardo de estrategias y proyectos científicos, tecnológicos, decomunicaciones, industriales, o financieros y cuya revelación pueda perjudicar el interés nacional;f) Información cuya difusión pudiera perjudicar estrategia del Estado en procedimientos de investigaciónadministrativa;g) Cuando se trate de informaciones cuyo conocimiento pueda lesionar el principio de igualdad entre losoferentes, o información definida en los pliegos de condiciones como de acceso confidencial, en los términosde la legislación nacional sobre contratación administrativa y disposiciones complementarias;h) Cuando se trate de informaciones referidas a consejos, recomendaciones u opiniones producidas comoparte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno. Una vez que la23

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríodecisión gubernamental ha sido tomada, esta excepción específica cesa si la administración opta por hacerreferencia, en forma expresa, a dichos consejos, recomendaciones u opiniones;i) Cuando se trate de secretos comerciales, industriales, científicos o técnicos, propiedad de particulares o delEstado, o información industrial, comercial reservada o confidencial de terceros que la administración hayarecibido en razón de un trámite o gestión instada para obtener algún permiso, autorización o cualquier otrotrámite y haya sido entregada con ese único fin, cuya revelación pueda causar perjuicios económicos;j) Información sobre la cual no se pueda vulnerar el secreto impuesto por leyes o decisiones judiciales oadministrativas en casos particulares;k) Información cuya divulgación pueda dañar o afectar el derecho a la intimidad de las personas o poner enriesgo su vida o su seguridad;l) Información cuya publicidad pusiera en riesgo la salud y la seguridad pública, el medio ambiente y el interéspúblico en general.En cuanto a la limitación del acceso en razón de intereses privados preponderantes el artículo 18 de laLey No. 200-04 plantea que:La solicitud de información hecha por los interesados podrá ser rechazada cuando pueda afectar intereses yderechos privados preponderantes, se entenderá que concurre esta circunstancia en los siguientes casos:‣ Cuando se trate de datos personales cuya publicidad pudiera significar una invasión de la privacidadpersonal. No obstante, la Administración podría entregar estos datos e informaciones si en la petitoriael solicitante logra demostrar que esta información es de interés público y que coadyuvará a ladilucidación de una investigación en curso en manos de algún otro órgano de la administraciónpública.‣ Cuando el acceso a la información solicitada pueda afectar el derecho a la propiedad intelectual, enespecial derechos de autor de un ciudadano.‣ Cuando se trate de datos personales, los mismos deben entregarse sólo cuando haya constanciaexpresa, inequívoca, de que el afectado consiente en la entrega de dichos datos o cuando una leyobliga a su publicación.2.2 Política Gubernamental de Libre Acceso a la Información PúblicaLa política gubernamental de libre acceso a la información pública tiene como herramienta fundamental la LeyGeneral de Libre Acceso a la Información Pública, su reglamento de aplicación y el Decreto No. 1090-04 defecha 3 de septiembre del año 2004, que crea la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información yComunicación (OPTIC) como dependencia directa del Poder Ejecutivo. Algunas instituciones como el INDRHIy la SEE fueron de las primeras que instalaron sus oficinas de acceso a la información pública.La visión de la OPTIC consiste en contribuir a la transformación del Estado en más moderno, transparente,eficaz, eficiente, productivo, participativo y proactivo, a los fines de insertar la República Dominicana en laSociedad de la Información y del Conocimiento. Asimismo la misión es implementar y desarrollar el GobiernoElectrónico, impulsando y acelerando el proceso de modernización del Estado Dominicano a través deldesarrollo y uso de las Tecnología de la Información y Comunicación, en la gestión de recursos y la prestaciónde los servicios públicos.En la ejecución de esa política se creó el Centro de Contacto Gubernamental *GOB (*462) y casi todas lasinstituciones gubernamentales tienen su página Web donde se obtienen y se publican las informaciones sobrelos servicios que ofrecen. En virtud de que la Ley General de Libre Acceso a la Información, Ley No. 200-04,manda a crear oficinas de acceso a la información en todas las dependencias del Estado e instituciones quereciban recursos del presupuesto nacional, el Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE), haacompañado en el proceso de habilitación de 73 oficinas de acceso a la información pública en las diferentesdependencias gubernamentales y en la actualidad todas están en funcionamiento.24

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoEl sistema de telecomunicación en el país es uno de los más desarrollados en América Latina y el Caribe. Conapenas 10 millones de habitantes, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), a enero del2008, tiene registrada y publicada en su página Web, 41 plantas televisoras, 368 emisoras radial, 28 periódicosde formato impreso de los cuales 8 son los de mayor circulación, 5,050,730, líneas telefónicas móviles,1,591,109 usuarios de Internet y 903,709 líneas residenciales. Así mismo están registrados en la direcciónpágina livio.com 80 periódicos de los cuales 10 son los más leídos.Recientemente la Suprema Corte de Justicia sentó jurisprudencia en materia de acceso a la información con laResolución No. 3486-2007 de fecha 6 de diciembre del año 2007, en la que se ordena a la Oficina Presidencialde Reordenamiento del Transito (OPRET), entregar los estudios sobre el Metro de Santo Domingo, a unciudadano que sometió por ante el Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo a la referida oficina.2.2.1 El Libre Acceso a la Información Pública en materia ambientalLa República Dominicana como miembro de las Naciones Unidas y de la Organización de los EstadosAmericanos, se compromete conforme al artículo 3 parte infine de la Constitución Política de la Nación, areconocer y aplicar las normas del Derecho Internacional General y americano en la medida en que suspoderes públicos las hayan adoptado.Para la efectiva aplicación procedimental de los instrumentos jurídicos internacionales se plasmó en el artículo1 del Código Procesal Penal Dominicano la obligación de su cumplimiento, estableciendo la “Primacía de laConstitución y los tratados. Los tribunales, al aplicar la ley, garantizan la vigencia efectiva de la Constituciónde la República y de los tratados internacionales y sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionalescreados por éstos, cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos asu jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley”. Esto evidencia que los tratados en orden jerárquico estánpor encima de la Ley Nacional.La Ley 64-00, en su artículo 14 establece: “La política nacional sobre medio ambiente y recursos naturalesdeberá fundamentarse y respetar los principios establecidos en la presente ley y conforme a los compromisosinternacionales contraídos por el Estado Dominicano”.La SEMARENA como organismo rector del medio ambiente y los recursos naturales, tiene el deber de darseguimiento a los compromisos internacionales contraídos por el Estado Dominicano en materia de medioambiente y recursos naturales en coordinación con la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores,conforme lo dispone el artículo 18 numeral 21 de la Ley 64-00.Bajo el sustento de la base legal referida, el país es signatario de un conjunto de tratados y conveniosinternacionales que lo hacen compromisario de su ejecución, como los Convenios Ambientales Multilateralesque se relacionan y promueven el Principio 10 de la Declaración de Río y que señalamos a continuación:‣ La Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972, que en el Principio 1 estableció los cimientos paravincular los derechos humanos y la protección ambiental diciendo: "El hombre tiene el derecho fundamental a lalibertad, la igualdad y las condiciones adecuadas para la vida, en un ambiente de calidad que permita una vida dignay el bienestar, y asume la responsabilidad solemne de proteger y mejorar el ambiente para las generacionespresentes y futuras.‣ La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo adoptada por 178 gobiernos en la Conferencia delas Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la cual tuvo lugar en la ciudad de Río de Janeiro en1992. de los 27 Principios que establece la Cumbre de la Tierra el Principio 10 requiere que exista acceso a lainformación, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia ambiental. El Principio exige que anivel nacional cada individuo goce de acceso apropiado a la información ambiental en poder de las autoridadespúblicas, incluyendo la información sobre materiales peligrosos y actividades en sus comunidades, y la oportunidadde participar en procesos de toma de decisiones.‣ Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, 2002, Los resultados de la Cumbre de Johannesburgo son tambiénimportantes con respecto al Principio 10 de la Declaración de Río. A través de todo el Plan de Implementación sereitera la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la sociedad civil en diferentes25

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríocontextos de la toma de decisiones, lo que podría ser considerado un pilar para reforzar ciertas políticas. Además,podría considerarse que esta establece un valor que en general alentaría el acceso a la información, la participaciónpública y el acceso a la justicia.‣ El Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad Ambiental de la Convención sobre Diversidad Biológica (2003)El Artículo 23 ordena que los representantes de los Estados parte promocionen y faciliten el conocimiento público, laeducación y el acceso a la información sobre Organismos Modificados Genéticamente (OMGs), consulten con elpúblico en la toma de decisiones sobre los OMGs y hacer tales decisiones accesibles al público.‣ El Convenio de Rótterdam sobre el procedimiento fundamentado previo para ciertos productos químicospeligrosos y pesticidas en comercio internacional (2004). Bajo el artículo 15, párrafo 2, a cada Estado parte se leexige asegurarse que el público tenga acceso a la información apropiada sobre el manejo de los productos químicos,el manejo de accidentes y las alternativas a productos químicos del Anexo III del convenio.‣ El Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (2004). El Artículo 10 requiere quelos Estados parte suministren al público información sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes, para realizarprogramas educacionales, promover y facilitar participación pública en la implementación de la convención.La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales es creada por la Ley 64-00 en su artículo 17y establece su estructura, atendiendo a las áreas de competencia y funciones, en cinco subsecretarías deEstado, conforme lo establece el artículo 20 de la referida Ley:1) Gestión ambiental;2) Suelos y aguas;3) Recursos forestales;4) Áreas protegidas y biodiversidad; y5) Recursos costeros y marinos.Posteriormente fueron nombrados tres (3) Subsecretarios de Estados adicionales a las subsecretaría creadaspor ley. Estos subsecretarios desempeñan funciones específicas independientemente de que en elorganigrama de la SEMARENA sólo existen 5 subsecretarías, como la Subsecretaría de Educación eInformación Ambiental, la Subsecretaría Administrativa y Financiera y la de Recursos Naturales.La SEMARENA es la responsable de cumplir el mandato de la Ley No. 64-00 en sus artículo 49 y siguientes,que crea el Sistema Nacional de Recursos Naturales y del Medio Ambiente, en tal sentido la Subsecretaria deEducación e Información Ambiental que tiene como misión apoyar las políticas de desarrollo a través de lageneración de información espacial sobre los recursos naturales y ambientales, vinculadas a los aspectossocioeconómicos, así como fomentar y desarrollar políticas educativas para la transformación de lasconductas sociales a favor del medio ambiente y los recursos naturales para el desarrollo sostenible, suestructura en términos operativos está compuesta por la Dirección de Educación Ambiental y la Dirección deInformación Ambiental y Recursos Naturales.Las acciones más importantes desarrolladas hasta el momento por la SEMARENA, cónsonas con su misiónrespecto al acceso a la información ambiental, ha sido implementar un geoservidor con el objetivo desistematizar y publicar todas las informaciones geoespaciales de recursos naturales y biodiversidad deRepública Dominicana, las cuales son de libre acceso al público mediante un sistema de mapas por Internet yen físico. La implementación del geoservidor se desarrolló en el marco del proyecto Red Interamericana deInformación sobre Biodiversidad (IABIN). Auspiciado por el Banco Mundial y el Servicio Geológico de losEstados Unidos (USGS).Entre las áreas sobre las cuales se ha sistematizado la información y se encuentra disponible al público están:‣ Canteras y Agregados‣ Capacidad Productiva de los Suelos‣ Cuencas y Subcuencas Hidrográficas‣ Ecosistemas Costeros y Marinos‣ Geomorfológico‣ Hidrogeología (Aguas Subterráneas)‣ Hidrografía y Localización de Presas‣ Humedales26

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Río‣ Índice de Aridez‣ Ruta de Huracanes y Tormentas‣ Sismotectónico‣ Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Ley 64-00) no está actualizado‣ Unidades de Recursos para la Planificación del Uso de los Suelos (URP),‣ Unidades de Recursos para la Planificación del Uso de los Suelos (URP),‣ Uso y Cobertura de la Tierra, 1996‣ Uso y Cobertura de la Tierra, 2003‣ Zonas Ecológicas o Zonas de Vida‣ Zonas Vulnerables a Inundaciones.‣ Zonas Productoras de AguaEs evidente el avance significativo que ha experimentado la SEMARENA, en la recopilación de informacionesy su sistematización, las cueles están disponibles al público en diarena-direccion@medioambiente.gov.do sinembargo, existe una gran debilidad institucional respecto al libre acceso a la información, en el sentido de queal no estar operando el Sistema Nacional de Información del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, lasinformaciones dentro de la misma SEMARENA se encuentran dispersas en las diferentes subsecretarías, y lasdemás instituciones públicas y privadas que generan información sobre el estado del medio ambiente y losrecursos naturales, se encuentran en la misma situación.Los ciudadanos que estén interesados en recibir u obtener información ambiental deben investigar:‣ A través de la página Web de la SEMARENA www.secretaria@medioambiente.gov.do;‣ Presentándose en las diferentes fuentes (Subsecretarías de Estado de Medio Ambiente);‣ Solicitándolo por escrito2.3 Información sobre los Procesos de Toma de Decisiones Ambientales de las Instituciones EstatalesLa Ley 64-00 sobre medio ambiente y recursos naturales, establece el Sistema Nacional de Información deMedio Ambiente y Recursos Naturales, bajo la responsabilidad de la SEMARENA. Dicho sistema debe estarintegrado por los organismos e instituciones públicas y privadas dedicadas a generar información técnica ycientífica sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales, sin embargo, al no estar funcionandodicho Sistema, genera dispersión de las informaciones y dificultades para los ciudadanos en el libre acceso ala información verás y oportuna como lo establece el artículo 6 de dicha Ley.Entre las instituciones de mayor importancia en la producción de información ambiental, con miras a laimplementación del Sistema Nacional de Información Ambiental, se destacan la SEMARENA, la Secretaria deEstado de Salud Pública y Asistencia Social, los Ayuntamientos, la Secretaría de Estado de Agricultura, laOficina Nacional de Meteorología, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la Corporación de Acueductosy Alcantarillado de Santo Domingo, Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, la Corporación deEmpresas Eléctricas Estatales, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Junta AgroempresarialDominicana, la Academia de Ciencias de la República Dominicana, Grupo Mundo Ecológico, el GrupoJaragua, Sociedad Ecológica del Cibao, Dirección de Minería, etc.Los medios para acceder a las tomas de decisiones ambientales son diversos, por ejemplo la SEMARENAcuenta con un registro de las instituciones ambientalistas, lo que facilita la comunicación entre esta instituciónestatal y la sociedad civil, convoca a los interesados a través de comunicaciones escritas, telefónicas, E-mailetc., para que participen en la elaboración de anteproyectos de Ley, Reglamentos y Normas. En la actualidadse está elaborando el anteproyecto de Ley sobre incentivo forestal con financiamiento de organismosinternacionales, con amplia participación de la sociedad civil, luego que concluya el primer borrador de losactores participantes será socializado a nivel nacional a través de talleres regionales y nacional.Uno de los elementos fundamentales de la integración de la sociedad civil y universidades en los procesos detoma de decisiones ambientales se debe al carácter colectivo y difuso del medio ambiente y los recursosnaturales, además los actores civiles son involucrados por las agencias de cooperación y organismosinternacionales con apadrinamiento financiero para acompañar en los procesos de tomas de decisiones a lasautoridades estatales.27

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Río2.3.1 Proceso Legislativo para la toma de decisionesComo ya se ha manifestado, la iniciativa legislativa está reservada únicamente para el presidente de laRepública, los Senadores y Diputados, la Junta Central Electoral en asuntos electorales y la Suprema Corte deJusticia en asunto judiciales.La Constitución Dominicana estipula el procedimiento para la elaboración y aprobación de las Leyes en susartículos 39 y siguientes, así mismo está contemplado constitucionalmente el funcionamiento de las cámaraslegislativa a través del reglamento operativo conforme al artículo 28 de la Constitución, dicho reglamentointroduce el sistema de comisiones, entre ellas la comisión ambiental.Entre las funciones de la comisión ambiental de las cámaras legislativas, están el estudio de los proyectosrelacionados con el medio ambiente y los recursos naturales, con la asesoría de expertos en el área y laparticipación de las organizaciones y personas interesadas, mediante la celebración de vistas públicas, charlasy conferencias sobre los temas conforme lo establece dicho reglamento.El mecanismo de información de la celebración de vistas públicas para el estudio y conocimiento de losproyectos de Ley ambiental se realiza a través de un periódico de circulación nacional y publicado en el portarde su página Web con por lo menos 3 días previo a la vista pública para que los interesados emitan su opinióndel proyecto, después de este proceso, la comisión debe presentar al hemiciclo su informe, pasando entoncesa la fase de aprobación, que debe ser en dos lecturas con un día por el medio.Los medios utilizados para poner en conocimiento a los ciudadanos sobre los proyectos en curso sonefectivos, pues la mayoría de las instituciones y personas interesadas tienen acceso al Internet y los periódicode circulación nacional, sin embargo, las opiniones de los que participan en las vistas públicas generalmenteno son tomadas en cuenta; retomamos como ejemplo la Ley No.202-04 sobre Áreas Protegidas que aún conseñalamientos científicos de errores técnicos en los límites de las áreas y cambio de categoría que no secorrespondían con la realidad, fue aprobada por los legisladores.Después de un proyecto haber sido aprobado en una cámara, pasa a la otra cámara, para su aprobación,donde se lleva a cabo el mismo proceso, sin embargo, si el proyecto se ha estudiado en comisión mixta deambas cámaras, no será necesario llevarlo a comisión ante la segunda cámara pendiente del conocimientodel mismo.Después que el proyecto es aprobado por ambas Cámaras se convierte en Ley y se remite al Poder Ejecutivoque tiene un plazo de ocho (8) días para aprobarla u observarla y devolverla al Congreso con susobservaciones.Si una de las Cámaras hace modificaciones respecto de un proyecto que ya ha aprobado la otra Cámara lasmodificaciones deben ser conocidas por esta última, si el Congreso aprueba dos veces una misma Ley porObjeciones del Poder Ejecutivo, esta se convierte en Ley automáticamente.En el proceso de elaboración de las leyes la Constitución prevé la declaratoria de urgencia para algunosproyectos. Cuando los proyectos son declarados de urgencia son exonerados de ir a comisión y por ende delas vistas públicas y pueden ser aprobados en dos lecturas consecutivas en un mismo día, esto lesiona laparticipación pública en las toma de decisiones, pues no se le permite a los interesados opinar sobre asuntosque les afectan.2.3.2 El Poder Judicial.La Ley 200-04, la Ley 64-00 y la Ley 76-02, Código Procesal Penal, garantizan el acceso a la informaciónjudicial y la participación en la toma de decisiones cuando se trata de intereses colectivos y difusos,fundamentalmente a las instituciones que han sido incorporadas y que someten alguna acción por la víajurisdiccional. Los tribunales tienen el deber al igual que el ministerio público de facilitar las informaciones que28

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríorequieran las partes en el proceso, además tienen la facultad de solicitar condena e indemnización porposibles daños ocasionados al ambiente.La Suprema Corte de Justicia, publica sus boletines trimestrales, conteniendo todas las decisiones judicialesdurante ese período, además publica en su página Web las decisiones de mayor relevancia. Las partesinteresadas en obtener informaciones como sentencias y cualquier otra disposición emanada de los tribunalesademás de la página web, pueden ser obtenidas en la Secretaría de dichos tribunales mediante solicitud porescrito, previo pago de los impuestos correspondientes.2.4 El Acceso a la Información Ambiental suministrada por el Gobierno.En la República Dominicana no existe una política de manera explicita sobre el acceso a la informaciónambiental, y los estudios que se han realizado sobre el particular así lo demuestran, como el Proyecto deActividades Habilitantes para la Autoevaluación de las Capacidades Nacionales para la Gestión AmbientalMundial (NCSA) – PIMS 2778, del 2007, en el que se realizaron algunas entrevistas a instituciones vinculadasal sector (SEMARENA – DIARENA, INDRHI, ONAMET E INAPA,) así como las entrevistas realizadas porel INSAPROMA, resultando de dicha investigación que la mayoría de las instituciones investigadas cuentancon oficinas y personal suficiente para procesar la información y disponerla al público, sin embargo, losrecursos humanos requieren de un refuerzo en los conocimiento de la Ley 64-00 y de la Ley 200-04, respectoa las informaciones que deben suministrar y sobre todo sus responsabilidades y los deberes de estos parafacilitar el acceso a la información ambiental al público, en el sentido de que la mayoría de los entrevistados noconocen sus deberes y las consecuencias del incumplimiento de esta legislación. La violación a las leyescitadas puede ser castigada desde 6 meses hasta dos años de prisión conforme lo dispone el artículo 30 de laLey General de Libre Acceso a la Información Pública.Con el estudio del párrafo anterior se demuestra la necesidad de poner en funcionamiento el Sistema Nacionalde Información de Medio Ambiente y Recursos Naturales tal como manda la Ley 64-00, que establece en elCapitulo V lo siguiente:‣ Se establece el Sistema Nacional de Información de Medio Ambiente y Recursos Naturales bajo laresponsabilidad de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dicho sistemaestará integrado por los organismos e instituciones públicas y privadas dedicadas a generarinformación técnica y científica sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales. Art. 49.‣ Los datos del sistema nacional de información ambiental serán de libre acceso y se procurará superiódica difusión, salvo los restringidos por las leyes específicas y el reglamento correspondiente. Art.50.‣ Sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual, todo aquel que realice una investigación otrabajo sobre el medio ambiente y los recursos naturales, entregará un ejemplar de lainvestigación o estudio a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.Art. 51.‣ La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales elaborará y publicará, cadados años, un informe del estado del medio ambiente y los recursos naturales, de acuerdo con elformato y contenido que al efecto establezca el reglamento de administración y acceso alsistema, tomando como base las unidades de gerencia ambientales. Art. 52.En principio toda persona tiene derecho al libre acceso a la información ambiental, excepto aquellasinformaciones que pongan en peligro la seguridad nacional, el orden público y el pudor de las personas,conforme lo establece la Ley General de Libre Acceso a la Información No. 200-04 y el artículo 50 de la Ley64-00.29

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoEn el proceso de levantamiento de la información sobre el acceso a la información pública ambiental, fueronconsultadas más de 20 instituciones públicas, privadas y ONGs, para determinar su capacidad institucional,individual y sistémica. Así como la experiencia de los ciudadanos en el acceso a la información pública.En términos generales las instituciones estatales consultadas como el INDRHI, la SEMARENA, ONAMET,SEA, SESPAS, CAASD, ADN, SEOPC, CDEEE, etc. poseen oficinas de acceso a la información en sentidogeneral respecto a sus actividades y brindan las informaciones al público de manera gratuita, y pueden serobtenidas por diferentes vías como solicitud por escrito, E-mail y presentándose en la institución sin mayoresrequisitos.El personal designado en las diferentes instituciones para dar los servicios de información en la mayoría de loscasos mostró desconocimiento de los aspectos de acceso a la información de la Ley 64-00 sobre MedioAmbiente y Recursos Naturales y conocían de una manera muy limitada la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a laInformación Pública.Tabla 2.1: Disponibilidad y Accesibilidad a Datos Ambientales del GobiernoTipo de InformaciónAmbientalDatos y Fuentes sobrePeligros/EmisionesInstitución queposee laInformaciónSEMARENA(Subsecretaría de GestiónAmbiental), SESPAS, SEA.¿Disponible alPúblico?DISPONIBILIDAD. Estudiosambientales por 30 días,mediante publicación en elperiodo lo establece elreglamento de permisosambientales, vistas públicas.¿Costos?NingunoComentariosPuede ser obtenido en lapágina Web y presentándoseen las oficinas de GestiónAmbiental.Inventarios de InstalacionesPeligrosasSEMARENA(Subsecretaría de GestiónAmbiental) por riesgo quepuedan presentar y losBomberosDisponible si se solicita porescritoNingunoDebe publicarse en la páginaWeb de la SEMARNInventarios de VertederosSEMARENA(Subsecretaría de GestiónAmbiental) en proceso decompletar el inventario devertedero y con un 20%realizado AyuntamientosDisponible por escrito Ninguno Cuando se finalice lopublicaran en la pagina Web.En el Inventario,Caracterización yCategorizaciónde Sitios Contaminados conCop’s, en la RepúblicaDominicana realizado porLic. Amarilis García DeGonzález y Lic. Rita SocorroGonzález De Disla, seestablece que el 100% deestos requiere atenciónurgente.Registros de Emisiones yTransferencia deContaminantesSEMARENA(Subsecretaría de GestiónAmbiental) Departamentode Calidad y Normasambiental, y AyuntamientosEstudio realizado Disponibleal público, se solicita porescritoSin costoPor escritoEmisiones al AireSEMARENA(Subsecretaría de GestiónAmbiental) yAyuntamientosEstudio realizado Disponible Sin costo Las Normas están publicadas ydisponibles en la página WebEmisiones al AguaSEMARENA(Subsecretaría de GestiónAmbiental) yAyuntamientos, INAPA,INDHI Y CAASD YCORAASANEstudios sectorizadosdisponible solicitud por escritoSin costoLas Normas están publicadas ydisponibles en la página Web30

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoInformación/datos deAnálisis sobre ProductosQuímicos PeligrososSEMARENA(Subsecretaría de GestiónAmbiental) y el Instituto deQuímica de la UASD, laSEA, Secretaria de Estadode Industria y ComercioExiste listado de clasificacióny la norma, solicitud deinformación por escritoSin costoNorma disponible en páginaWeb pero no el estudio. Todanorma tiene un proceso deconsulta y participacióncolegiada con instituciones delsector que correspondaRegistros dePesticidas/ProductosQuímicosSEMARENA(Subsecretaría de GestiónAmbiental) y Secretaría deAgriculturaExiste un estudio ydiagnostico a nivel nacional.(Aplicación de pesticidadesde aeronaves).Con costo dereproducción y gratuitodigitalDatos Cuantitativos yCualitativosDe DeshechosEstudio sobre residuosólido SEMARNA-ADN-JICA-Distrito NacionalEstudio Disponible en elDigital ADN-SEMARNSin costoCalidad del AguaSEMARENA(Subsecretaría de GestiónAmbiental) y CAASD,DIGENOR, INAPA,SESPASCalidad de agua potable,INAPA, CAASD-DIGENOR-SEMARCalidad de agua comorecurso , (ríos, lagos y mares)NormasSin costoLas Normas están publicadas ydisponibles en la página WebCalidad del AireSEMARENA(Subsecretaría de GestiónAmbiental)NORMAS-DISPONIBLESSin costo en electrónicocostomínimo impresoPor escritoCalidad del los Alimentos ySuelosDebe publicarse en lapágina Web de laSEMARENA, Agricultura,DIGENORDatos EpidemiológicosSESPASInventarios sobreEspecies/Áreas ProtegidasSEMARENA(Subsecretaría de ÁreasProtegidas y BiodiversidadDISPONIBLE Sin costo El inventario se introducirá enel proyecto de ley sobrebiodiversidad que está listoMapeo de cuencas, ÁreasProtegidas, BiodiversidadSubsecretaría deEducación e InformaciónAmbientalDISPONIBLESin costo en Internet ycon costo en físico,establecido medianteResolución No. 01-07.En la página Web de laSEMARENA se encuentransistematizadas lasinformaciones sobre suelo,cuencas, recursos naturales ysi quieren obtener los mapasen físico puede comprarlo en laDIARENA.2.5. Planificación del uso del Suelo.La planificación y uso del suelo en el país ha estado matizada por la elaboración de leyes sectoriales como laLey No. 202-04, sobre Áreas Protegidas; decretos sobre zonas turísticas como el Polo Turístico No.4,Jarabacoa y Constanza (decreto No.1157 del 31 de julio de 1975), Polo Turístico IV, ampliado: Barahona,Bahoruco, Independencia y Pedernales (decreto No.322-91 de fecha 21 de agosto del 1991); Polo Turístico V,ampliado: Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde (decreto No.16-93 del 22 de enero de 1993),etc. Estos sectores ambiental y turístico, zonifican parte del territorio nacional dedicados a actividadesespecificas como las áreas protegidas y las zonas turísticas, sin embargo, no existe una planificación y uso delsuelo a nivel nacional que garantice su eficacia, como manda la Ley 64-00 en su artículo 120, que otorgacompetencia a la SEMARENA para realizar esta planificación. En cuanto a la competencia de la planificacióny ordenamiento territorial la Ley No. 496-207, que crea la SEEPyD, ha transferido la responsabilidad a éstaúltima. Esta situación permite la continuidad de las prácticas de uso de lugares vulnerables para construirviviendas, como curso de cañadas secas, orilla de los ríos etc. así como industrias que se instalan en zonasque no deben ser utilizada para actividades de esa naturaleza. En tal sentido los ciudadanos no tienen accesoa estas informaciones por no existir la planificación y ordenamiento del territorio, no obstante haber unmandato expreso en las Leyes citadas.31

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoRecientemente en discurso del Presidente de la República dirigido a la Nación Dominicana, designó alSecretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Secretario de Estado de Economía,Planificación y Desarrollo, para que iniciaran los trabajos de planificación y uso del suelo, en virtud de loestablecido en los artículos 109, 110 y 129 de la Ley 64-00, motivado por los desastres naturales provocadospor las tormentas Noel y Olga, ocurridas en el país en noviembre y diciembre del año 2007. Este mandatoresulta limitativo, pues el artículo citado sólo contempla la zonificación hidrológica y aprovechamiento forestal,sin embargo, el mandato debió otorgarse en virtud del artículo 120 de la referida Ley, a los fines de elaboraruna planificación y ordenamiento del territorio en sentido general, que garantice la eficacia y racionalidad deluso del suelo en todos los niveles.La misma situación se refleja en la planificación del transporte terrestre, con una dispersión institucional queincrementa los costos y el impacto ambiental en sentido general, dado que un conjunto de institucionesdesempeñan funciones similares, como la Oficina Técnica de Transporte Terrestres (OTTT), la OficinaNacional de Servicios de Autobuses (OMSA) y la Oficina Presidencial para el Reordenamiento del Transito(OPRET). Estas funciones similares en poder de varias instituciones, no permite que las informaciones quedeben ser suministradas a los ciudadanos estén registradas en un solo lugar.La Ley No. 241 sobre Transito de Vehículo de Motor y sus modificaciones, no crea una autoridad en materiade planificación y regulación del tránsito terrestre que garantice el funcionamiento monolítico y efectivo deltránsito. Los gobiernos han invertido cuantiosos recursos en la adquisición de flotillas de vehículos para suplira los diferentes sindicatos choferiles del país, que operan las diferentes rutas urbanas e interurbanas, enprocura de mejorar el sistema de transporte de pasajeros y reducir el impacto negativo al medio ambienterelativo a la emisión de gases, sin embargo, los resultados han sido negativos, en el sentido de que no se harealizado sobre la base de una adecuada planificación, que tome en cuenta costos, rutas, el medio ambiente,seguridad, etc.2.5.1 Planificación energética.La planificación energética está enfocada en varias vertientes, generación (hidroeléctrica y termoeléctrica),transmisión y comercialización. La Ley No. 125-01 de fecha 26 de julio del 2001, rige el sector eléctricodominicano, mediante la cual se crean las instituciones responsables de su administración y vigilancia, como laComisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad, Corporación Dominicana de EmpresasEléctricas Estatales (CDEEE), Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHD), Empresas deTransmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), que cesó ensus funciones, siendo sus atribuciones traspasadas a la CDEEE.Las empresas encargadas de la comercialización de la energía son: Empresa Distribuidora de Energía del Sur(EDSUR), Empresa de Distribución de Energía del Este (EDESTE) y Empresa de Distribución de Energía delNorte (EDENORTE). La CDEEE cuenta con un Departamento de Gestión Ambiental que monitorea losproyectos que desarrolla la institución y que provocan impacto al medio ambiente. Las informaciones dedichos proyectos están disponibles al público sin ningún costo en dicho departamento.El alto costo en la generación de energía y de los combustibles fósiles y la inversión de divisas, así como eldaño al medio ambiente, ha obligado al Estado Dominicano a elaborar estrategias tendentes a mitigar elimpacto negativo al ambiente y reducir los costos de producción de energía y combustible, desarrollandoproyectos de utilización de energía limpia o alternativas como el Metro de Santo Domingo, la promulgación dela Ley No. 57-07 de Incentivo a las Energías Renovables y Regimenes Especiales, de fecha siete (7) del mesde mayo del año dos mil siete (2007), así como el Decreto Número: 264-07 sobre Gas Natural que estableceen su artículo 1 “Se declara de interés nacional el uso de Gas Natural, por su interés social, económico ymedio ambiental; debiendo el Estado, a través del Gobierno Nacional y los Gobiernos Municipales, promoversu utilización masiva, incentivándolo como alternativa a los combustibles líquidos”. En virtud de ello se estádesarrollando un proyecto de generación de energía eólica en Punta Palomino y recientemente el Presidente32

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríoanunció la instalación de un sistema de gas natural a una gran cantidad de vehículos del servicio público y defacilidades al sector privado del transporte para hacer la conversión de gasolina y gasoil a gas natural.2.5.2 La planificación y política agraria.La planificación y política agraria dominicana se sustentaba bajo los lineamentos generales de la Ley No. 5879del 27 de abril de 1962, y que ha sido objeto de numerosas modificaciones como la Ley No. 42 de 1972, la LeyNo. 570 del 22 de marzo de 1977, Ley No. 55-97 del 7 de marzo de 1997, que tenía por objeto dotar a loscampesinos de parcelas que les garantizara el sustento familiar y el progreso sistemático de su familia, con laayuda técnica y económica del Estado, sin embargo, producto del cambio en los patrones económicosglobales y del país, este sistema de planificación es infuncional, con la introducción en el país de las zonasfrancas en los años 80, el incremento del turismo y la proliferación de moto concho y otras actividadeseconómicas informales, provocó una estampida de los campesinos a las ciudades, como el Distrito Nacional,Santiago de los Caballeros, San Pedro de Macorís, La Altagracia entre otras, abandonando los prediosagrícolas para dedicarse a esas labores, lo que ha incrementado los cordones de miseria en las orillas de losríos y otras zonas vulnerables, provocando un impacto negativo a los recursos naturales y el medio ambiente.Las instituciones responsables de planificar y aplicar la política agraria del Estado, son la Secretaría de Estadode Agricultura (SEA), el Instituto Agrario Dominicano (IAD), el Banco Agrícola y el Instituto Dominicano deRecursos Hidráulicos (INDRHI). Cada una de estas instituciones dentro del sistema agropecuario, ejercen unafunción específica; la SEA, que es el organismo rector de la política agraria se encarga de la vigilancia en elproceso de eliminación de plagas, mejoramiento de semillas, de uso de suelos etc. el IAD tiene como funciónla distribución a los campesinos en parcelas para la producción agrícola, el Banco Agrícola es la entidadcrediticia de los agricultores y el INDRHI encargado de la distribución de las aguas de regadío y de las presas,que a su vez ha encomendado la tarea de administración local de las aguas a las juntas de regantes, lo queevidencia la participación publica en toma de decisiones respecto a la distribución de las aguas de regadío.Tabla 2.2: Disponibilidad y Accesibilidad a los Datos que Afectan al Ambiente poseído por el GobiernoTipo deInformaciónAmbiental.Institución queposee laInformación¿Disponibilidadpara el Público¿Costes?ComentariosPlanificación del uso delsueloPlanificación deltransporteSEEPyD y SEMARENAEn proceso deplanificaciónSEOPC, OPRET, OTTT,OMSADespués de la Tormenta Noel,específicamente en octubre del 2007el ejecutivo instruyó a laSEMARENA y la SEEPyD a elaborarun plan de ordenamiento territorial,tomando como referencia el artículo129 de la Ley No. 64-00.Si Sin costo Dispersión de las informacionessobre planificación del transporte.Planificación Energética CDEEE Si, salvo la de interés oseguridad nacionalNOPlanificación y PolíticasAgrariasSEA, IAD, INDRHI,BAGRICOLASiNO2.6 Datos Ambientales poseídos por la Industria y el Sector Privado.El sector industrial debe suministrar las informaciones a la SEMARENA a través de la Subsecretaría deGestión Ambiental y del Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales, conforme elmandato de la Ley 64-00. La Subsecretaría de Gestión Ambiental posee un registro de las industrias que haninstalado proyectos nuevos a partir del año 2000, donde cada empresa para poder ser evaluada por estainstitución estatal debe describir la ubicación del proyecto, y la materia prima que va a utilizar en un formulario33

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríode análisis previo, para que posteriormente un equipo técnico evalué la posibilidad de iniciar los estudiosambientales correspondientes.Otra forma de registro que posee la Subsecretaría de Gestión Ambiental, es la evaluación a aquellasempresas que estaban instaladas previo a la promulgación de la Ley 64-00, y que han sido sometidas alproceso de adecuación ambiental conforme los requerimientos de las normas, sin embargo, fuera de esteproceso los empresarios que producen información ambiental no la suministran a la Secretaría de Estado deMedio Ambiente y Recursos Naturales, que es la única forma de que los ciudadanos tengan acceso a dichasinformaciones, ya que la Ley no los obliga a dar informaciones al público.Dependiendo del tipo de actividad económica que desarrollen los empresarios, deben cumplir con las normasemitidas por la SEMARENA, como las normas sobre control de emisiones y vertidos a los cursos de agua, alsubsuelo, al aire, entre otros.2.7 Análisis y Evaluación.La República Dominicana, independientemente de que la Constitución Política de la Nación no contempla ellibre acceso a la información ambiental, ha avanzado significativamente en términos legislativos en estamateria: Con la promulgación de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, se crea el SistemaNacional de Información de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que demuestra el compromiso del EstadoDominicano, asumido en la declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo del año 1992, celebrada en Río deJaneiro, Brasil y plasmado dicho principio en su legislación nacional para cumplir con el principio 10 de dichadeclaración.Posteriormente el país se comprometió con otros acuerdos que refuerzan el compromiso de cumplir con elprincipio 10, que establece el libre acceso a la información sobre el medio ambiente y ofrecen la oportunidadde participar en los procesos de adopción de decisiones, como la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenibledel 2000, en Johannesburgo; el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad Ambiental de la Convención sobreDiversidad Biológica (2003); el Convenio de Rótterdam sobre el procedimiento fundamentado previo paraciertos productos químicos peligrosos y pesticidas en comercio internacional (2004); el Convenio de Estocolmosobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (2004), que consolidan las prerrogativas de los ciudadanosen el acceso a la información ambiental.La práctica en el país en cuanto a la elaboración de las leyes, se ha caracterizado por establecer sancionesfuertes y de limitado cumplimiento, sin embargo, previo a la promulgación de la Ley General de Libre Acceso ala Información No. 200-04, no existían sanciones dispuestas para las personas que obstruyeran o negaraninformación a los ciudadanos. Es a partir de la puesta en vigencia de esta Ley, que se impone una sanción alos ciudadanos que violaren las disposiciones de la citada Ley, con penas desde 6 meses hasta 2 años, lo queobliga a los funcionarios o empleados públicos a cumplir con este mandato legislativo. No obstante lassanciones establecidas a los funcionarios que denegaren u obstruyeran el acceso a la información pública delos ciudadanos, estos funcionarios o empleados públicos mostraron desconocimiento en cuanto a lassanciones de que pueden ser objeto, lo que se traduce en una debilidad de las instituciones y del sistema.La vigencia de la legislación señalada, no ha sido suficiente para que las personas tengan las facilidades parahacer uso de los derechos otorgados por dicha legislación. La Ley 64-00 sobre medio ambiente y recursosnaturales, manda que se elabore un reglamento para el funcionamiento administrativo del Sistema Nacional deInformación del Medio Ambiental y los Recursos Naturales y no se ha elaborado, de manera que una de lasherramientas vitales para el funcionamiento de dicho sistema es el reglamento. Además el funcionamiento delsistema garantizaría la disponibilidad de las informaciones ambientales que se produzcan en todo el país enuna sola institución. Estas investigaciones han demostrado la debilidad sistémica respecto a la coordinación ycooperación interinstitucional entre las diferentes instituciones del área, producido por varios factores, como elprotagonismo institucional, limitada comunicación, burocracia entre si, lo que se traduce en inoperancia delSistema Nacional de Información del Medio Ambiental y los Recursos Naturales.34

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoLos proyectos de Ley pueden ser declarados de urgencias sin embargo, los de ambiente no deben declararsede urgencia, por los intereses colectivos y difusos que envuelven, la complejidad y carácter científico técnico,además las características de estos proyectos no requieren declaratoria de urgencia. Hasta el momento enmateria de elaboración de Leyes ambientales, se han agotado los procesos ordinarios contemplados en laConstitución y los Reglamentos.El desarrollo de los medios de comunicación (teléfonos móviles, televisión, periódicos, radios, Internet) en elpaís, son herramientas fundamentales para que las autoridades ambientales ofrezcan información veras yoportuna a los ciudadanos, sobre situaciones de emergencias, a través de los teléfonos móviles, como elsistema de mini mensajes conectados a las instituciones que como la Oficina Nacional de Meteorología debeninformar a la población sobre las situaciones atmosféricas, así como el establecimiento de una cadena deradio y televisión obligatoria para anunciar situaciones de emergencias ambientales.El hecho de la promulgación de la Ley No. 64-00 y la Ley No.200-04, no ha sido suficiente para que losciudadanos cuenten con el libre acceso a la información ambiental, en el sentido de que existe en el país unacultura de temor generalizada y de desconocimiento de los deberes de los funcionarios en brindar lasinformaciones requeridas a los ciudadanos, en tal sentido los ciudadanos que solicitan información ambiental yno le he suministrada, dicha negación puede ser atacada por la vía jurisdiccional, sin embargo, una gran partede la población no cuenta con los recursos necesarios para hacerse representar por abogados para reclamarsu derecho al libre acceso a la información, por lo tanto se requiere de un trabajo sistemática en crear unacultura de servicio del libre acceso a la información ambiental a través de la capacitación y la concienciación.Tabla 2-3: Resumen de la Evaluación del Acceso a la InformaciónÁrea/ Asunto que requiereAtenciónPuesta en funcionamiento del SistemaNacional de Información Ambiental,elaboración del Reglamento.Capacitación de Recursos Humanosespecializados.Obstáculos de Capacidades en lasÁreas ProblemáticaFalta de Recursos Económicos,Tecnológico y Humano, falta de voluntadpolítica, protagonismos de lasinstituciones, clientelismo político.Falta de motivación, recursoseconómicosPosible Actividad para elDesarrollo de CapacidadesElaboración de Plan estratégico yPresupuesto, capacitación técnica.Participación en actividades académicasde capacitaciónCoordinación interinstitucional sobreelaboración de planes y programas.Funcionamiento del Consejo Nacionaldel Medio AmbienteSistema de información obligatorio ensituaciones de emergenciasEl protagonismo, falta de voluntad políticaLa Infuncionabilidad del Consejo, elnúmero de integrantesFalta de disposición legal que regule yobligue a los medios de comunicación ainformar en situaciones de emergenciasElaboración de Reglamento deCoordinación InterinstitucionalElaboración del Reglamento operativo dedicho Consejo,Planificación anual de accionesprioritariasElaboración de una Ley que obligue a losMedios de Comunicación a ofrecer lasinformaciones en situaciones deemergencia.35

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoCAPITULO III.PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA TOMA DE DECISIONES AMBIENTALES3.1 Participación Pública en la Toma de Decisiones Ejecutivas y Administrativas.La Constitución Dominicana ni las leyes adjetivas prevén la participación de los ciudadanos en la elaboraciónde la legislación, sino que la iniciativa legislativa está reservada para el Presidente de la República, losSenadores y Diputados, la Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales y la Junta Central Electoral enasuntos electorales.La Ley No. 64-00, ha venido a revolucionar el sistema de formulación de políticas y planificación ambientaldominicano, incorporando el principio de responsabilidad compartida establecido en la Declaración de Ríosobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, adoptado en el artículo 5 de la referida ley. Este componente desocialización lo constituye el Consejo Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales que sirve comoenlace entre el Sistema Nacional de Planificación Económica, Social y Administrativa, el sector productivonacional, la sociedad civil y las entidades de la administración pública centralizadas y descentralizadaspertenecientes al sector medio ambiente y recursos naturales, y como órgano responsable de programar yevaluar las políticas, así como establecer la estrategia nacional de conservación de la biodiversidad. Asímismo el Consejo Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales estará integrado por:1) Secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo presidirá;2) Secretario de Estado Técnico de la Presidencia;3) Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería;4) Secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia Social;5) Secretario de Estado de Educación;6) Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones;7) Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas;8) Secretario de Estado de Turismo;9) Secretario de Estado de Industria y Comercio;10) Secretario de Estado de Relaciones Exteriores;11) Secretario de Estado de Trabajo;12) Secretario General de la Liga Municipal;13) Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.Además, serán convocados, un representante de las regiones Norte, Sur, Este y Oeste; de las OrganizacionesNo Gubernamentales (ONG’S) del área de medio ambiente y recursos naturales; un representante de unaorganización campesina; dos representantes de universidades (pública y privada); y un representante delsector empresarial, de ternas presentadas por sus respectivas organizaciones al Secretario de Estado deMedio Ambiente y Recursos Naturales y designado por decreto del Poder Ejecutivo.Párrafo I.- Las resoluciones del Consejo Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales son decumplimiento obligatorio y corresponde a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales suejecución.Párrafo II.- Un reglamento especial normará el funcionamiento del Consejo Nacional de Medio Ambiente yRecursos Naturales.Así mismo el artículo 24 de dicha ley crea el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y Recursos Naturales queconstituye el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, proyectos, programas e institucionesque hacen posible la aplicación, ejecución, implantación y puesta en marcha de los principios, políticas,estrategias y disposiciones adoptados por los poderes públicos relativos al medio ambiente y los recursosnaturales. Este organismo está integrado por diversos sectores como se enumeran a continuación:1) La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales;2) Las oficinas institucionales de programación de los organismos descentralizados y autónomos que integran elsector;3) Dos representantes de las universidades (pública y privada);36

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Río4) Las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Ayuntamiento del Distrito Nacional, losayuntamientos municipales y la Liga Municipal;5) Las organizaciones no gubernamentales (ONG´s) del sector registradas en la Secretaría de Estado de MedioAmbiente y Recursos Naturales.Antes de la promulgación de la Ley 64-00, ya existían practicas de participación en las tomas de decisionesambientales. En la elaboración del anteproyecto de dicha Ley participaron un conjunto de instituciones de lasociedad civil, lo que constituyó un ejercicio de socialización democrática, independientemente de que en elCongreso se introdujeran algunas modificaciones. Posterior a la promulgación de dicha Ley, la práctica departicipación ha continuado en la elaboración de los anteproyectos de Ley 202-04 sobre Áreas Protegidas, deBiodiversidad, Seguridad de la Biotecnología, Código de Agua y Proyecto de Constitución. En todos estosproyectos la Sociedad Civil ha tenido una participación activa. En la actualidad se está elaborando elanteproyecto de Ley forestal en la mesa de bosques, integrada por Ongs, Agencias de Cooperación y laSecretaría de Estado de Medio Ambiente en la que cada una de las instituciones representadas exponen susideas en las mismas condiciones.Los actores de la sociedad civil participan desde el inicio de los anteproyectos en las discusiones del contenidoy su participación termina con la entrega del anteproyecto a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente yRecursos Naturales quien a su vez lo remite al Presidente de la República para su sometimiento al CongresoNacional.En cuanto a las opiniones emitidas por participantes de la sociedad civil en la elaboración de borradores oanteproyectos de Ley, las autoridades no están obligadas a tomarlas en cuenta, sin embargo, el no tomar encuenta la participación de los actores claves puede provocar protestas o reclamos de esos sectores que tienenun peso específico en los medio de comunicación masiva.Hay que destacar que el Consejo Nacional del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Sistema Nacional deGestión Ambiental, no están funcionando en la actualidad, ni se ha elaborado el reglamente de funcionamientode dicho Consejo, como lo establece el párrafo II del artículo 19 de la Ley 64-00, lo que evidencia que entérminos de legislación hemos avanzado, sin embargo, la aplicación ha sido limitada.De manera precisa la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su artículo 38, establece losinstrumentos para la evaluación ambiental, como forma de prevenir el impacto al medio ambiente de obras,proyectos y actividades; incorporando en esos instrumentos la “Consulta Pública” teniendo la SEMARENA quecelebrar vistas públicas en las comunidades donde se pretenda realizar obras de infraestructuras, proyectos yactividades que puedan impactar el medio ambiente y la salud de los lugareños.La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para cumplir con el mandato del artículocitado en el párrafo anterior, respecto a la consulta pública, ha habilitado la Unidad de Participación Públicaencargada de organizar vistas públicas en las comunidades donde se pretende construir proyectos querequieren de estudios de impacto ambiental en la que las opiniones de los participantes queda registradacontando los votos a favor y en contra del proyecto que se pretende construir.El procedimiento utilizado por la SEMARENA lo describe el Reglamento de Permisos y Licencias Ambientalesen su artículo 25 y siguientes definiendo tres niveles a) Información, b) Consulta a las partes interesadas comoparte de la realización del estudio ambiental. Esta consulta es responsabilidad del promotor y será coordinadapor el prestador de servicios contratado por este y c) Consulta a las partes y a las ciudadanías en sentidogeneral coordinada por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como parte de larevisión del estudio. Los estudios de impacto ambiental que realizan las empresas que procuran serfavorecidas con una licencia ambiental, se ponen a disposición del público en la Subsecretaría de GestiónAmbiental, por espacio de un mes, independientemente de que el reglamento establece 15 días, dondecualquier ciudadano puede verificarlo y hacer sus observaciones.37

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Río3.1.1 Desarrollo de Planes, Políticas y Programas.El desarrollo de planes, políticas y programas ambientales es responsabilidad de organismos colegiadoscreados por la Ley No. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales que facilitan una visión de manejoambiental integrado, como el Consejo Nacional del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y el SistemaNacional de Gestión Ambiental. Es importante recordar que estos organismos no han iniciado sus operaciones,sin embargo, se han elaborado políticas sectoriales como las del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y elPlan de reforestación Quisqueya Verde, en las que las organizaciones ambientalistas han tenido unaparticipación activa.La referida Ley estableció una serie de principios de políticas ambientales para el país, a los cuales debenapegarse las políticas y acciones tanto pública como privada. Esta Ley no solo reorganizó la política y el marcoinstitucional, sino que también estableció los instrumentos subyacentes a través de los cuales la política puedeser ejecutada y la base para el apoderamiento de los individuos, comunidades, ONGs, y otros interesados,para participar plenamente en el diálogo ambiental y en la planificación y ejecución de iniciativas ambientales.La Ley No. 64-00 estipula que las políticas, planes y programas del sector público, deben estar sujetos a lasevaluaciones ambientales y que tal análisis debe ser aplicado de una forma que sea consistente con laspolíticas ambientales nacionales vigentes. La planificación del desarrollo nacional, regional y provincial delpaís, debe incorporar la dimensión ambiental a través de un proceso dinámico, permanente, participativo yconcertado entre las diferentes entidades involucradas en el manejo ambiental 4 .La Ley 64-00 define también los instrumentos para que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y RecursosNaturales pueda poner en práctica las políticas ambientales, a saber:- Planificación ambiental.- Ley ambiental, leyes sectoriales y normas técnicas relacionadas.- Planificación del uso de la tierra a nivel nacional, incorporando la variable ambiental.- El sistema nacional de áreas protegidas.- Licencias y permisos ambientales.- Análisis de impacto ambiental.- Vigilancia e inspecciones ambientales.- Sistema nacional de información ambiental.- Desarrollo científico y tecnológico.- El fondo nacional para el medio ambiente y los recursos naturales.- Educación y divulgación ambiental- Convenios y tratados internacionales- Los incentivosEs importante señalar que no existe una política de la participación pública en la toma de decisionesambientales, pero sí se desarrollan actividades y programas donde la participación de los sectores interesadoses preponderante.3.1.2 Preparación del Ejecutivo de Borradores Legislativos y Proyectos de Ley para el Congreso.Una de las prerrogativas del Ejecutivo es la iniciativa legislativa, en materia ambiental la practica ha sido quelos proyectos de Ley son elaborados por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales,con la participación de los sectores interesados (Ongs, empresarios y expertos ambientales), cuyo contenidoes sometido a discusión en mesas redondas, vistas públicas y conferencias, tal como los proyectos que secitan a continuación:‣ Ley de Seguridad de la Biotecnología;‣ Ley Sectorial de Biodiversidad;‣ Ley Sectorial del Espacio Costero-marino;38

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Río‣ Ley Sectorial Forestal;‣ Modificación a la Ley 202-04La participación en la elaboración de estos borradores es limitada, en el sentido de que las organizaciones queparticipan en los mismos, casi siempre son las mismas y esos procesos no son publicados para que todos losinteresados puedan participar, sino, que las invitaciones a las organizaciones, en el proceso de elaboración deborradores legislativos, es facultativo del que dirige el proceso, esto no quiere decir que si alguna instituciónambientalista se entera por vía de la que están participando, no se pueda integrar.3.1.3 Desarrollo de Normas Generalmente Aplicables y Reglamentos (Legislación Delegada)La Ley 64-00 en su artículo 42 párrafo y siguiente, le otorga potestad a la SEMARENA para la elaboración delas normas técnicas y estructuras, nomenclaturas y guias metodológicas para regular los permisos, licencias,inspecciones, plazos, etc. así mismo el artículo 175 numeral 1 de dicha Ley establece que quien violare losreglamentos y normas y dañare de forma considerable y permanente el medio ambiente y los recursosnaturales incurre en delitos. Estas normas son de la exclusiva elaboración del Ejecutivo en la que el Congresono interviene y la violación a estas normas pueden ser procesadas como delito.3.1.4 Desarrollo de Estándares.La Subsecretaría de Gestión Ambiental de la SEMARENA, tiene una Dirección de Normas que se encarga dela elaboración de todas las normas correspondientes a la gestión ambiental, entre estas se encuentran: normapara la protección contra ruidos, de Junio 2003, norma sobre calidad del aire y control de emisiones, junio2003, normas de emisiones de contaminantes atmosféricos por fuentes fijas, normas para el control de lasemisiones de vehículos 2001, etc. La participación en la elaboración de estas normas generalmente esinterinstitucional, (SEMARENA, INDRHI, SESPAS, CAASD, DIGENOR, entre otras.), se le permite laparticipación también a las empresas que con la estandarización resultan interesadas en dicho proceso, lasONGs. no tienen participación activa.3.1.5 Toma de Decisiones sobre Actividades Específicas.Los procesos de toma de decisiones sobre actividades específicas, están previstas en los artículos 38 y 41 dela Ley No. 64-00, las personas físicas o morales que pretendan desarrollar un proyecto, deben dirigirse a laSubsecretaría de Gestión Ambiental y llenar el formulario de análisis previo en el que describe el proyecto,con su ubicación exacta y cada uno de los productos o sustancia que utilizará como materia prima, debeconsignarse en el referido formulario.Posteriormente un técnico de dicha Subsecretaría hace una inspección en el lugar del hecho para verificar loconsignado en el formulario de análisis previo, a partir de ese momento la Subsecretaría de Gestión Ambientalle autoriza o no continuar el proyecto, previa presentación de todos los permisos correspondientes, en estafase se elabora el estudio de impacto ambiental y después de esa evaluación dependiendo de los resultados,se emite la licencia ambiental.3.2 Recursos a las Decisiones Ambientales Administrativas.La Ley No. 64-00, le otorga la potestad sancionadora a la administración, la SEMARENA como organismo rector delmedio ambiente y los recursos naturales, es la responsable de la aplicación de las sanciones administrativa, de laemisión de permisos y licencias entre otras atribuciones. En los casos que los ciudadanos se sientan afectados por unadecisión administrativa, tienen el derecho de recurrir ante la misma persona o funcionario que ha tomado la decisión paraque reconsidere la misma y si este no obtempera, puede elevar un recurso jerárquico ante el superior jerárquico de esaadministración, conforme lo dispone la Ley No. 13-07 que crea el Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo.39

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoTabla 3-1: Resumen de la Participación Pública en la Toma de Decisiones EjecutivasÁrea/Asunto que requiereAtenciónObligación Generalpara la ParticipaciónPública (Si / No)Provisiones Legales RelevantesDesarrollo de planes, políticas yprogramasPreparación ejecutiva del borrador delegislación y proyectos de ley para elParlamento.Si Artículos 19 y 24 de la Ley 64-00NoDesarrollo de normas generalmenteaplicables y regulaciones(Legislación Delegada)NoExiste un Manuel de procedimiento departicipación para normas que no es oficial nitiene fuerza de Ley.Desarrollo de las directricesadministrativasDesarrollo de estándaresToma de decisiones en actividadesespecíficasSiNoResolución No.12/2006, que establece elreglamento para la ParticipaciónPública de la sociedad civil en el marco del DR-CAFTA y el Medio Ambiente.Si Artículos 38, numeral 8, y 41 de la Ley 64-00.Tabla 3.2: Visión general de las oportunidades de recurso no judicialesTipo de Proceso de Tomade DecisiónDesarrollo de planes, políticas yprogramasPreparación ejecutiva delborrador de la legislación yproyectos de ley para elParlamentoDesarrollo de normasgeneralmente aplicables yregulaciones (LegislaciónDelegada)Desarrollo de directricesadministrativasDesarrollo de estándaresToma de decisiones enactividades específicasPosibilidad de Recursono JudicialNoNoNoNoNoNoProvisión Constitucionalo Legal Relevante40

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Río3.3 Participación Pública en el Desarrollo de Posiciones Nacionales ante Negociaciones y ProcesosPolíticos Internacionales.La SEMARENA en su organigrama administrativo, tiene una oficina de Seguimiento a ConveniosInternacionales que dirige los procesos de negociación conjuntamente con los puntos focales y autoridadnacional de dichos convenios y con la cancillería, cuya oficina está bajo la dirección de la Dra. YocastaValenzuela a quien se le entrevistó sobre la participación pública en el desarrollo de posiciones nacionales y sepudo determinar que ha sido activo en algunos casos, en otra limitada y prácticamente nula en otros procesos,como se ilustra en la tabla 3.3 que se describe en lo sucesivo. Una de las formas en que la sociedad civilambiental, se involucra en los procesos, es a través de las agencias de cooperación y organismosinternacionales que les facilitan fondos para acompañar a las autoridades en los procesos.Tabla 3.3: Participación Pública en los Procesos Nacionales Relevantes Respeto a Acuerdos yProcesos Internacionales.Acuerdos y Procesos InternacionalesComisión del Desarrollo Sostenible (implementación de la CDS) y suseguimientoEstrategia Nacional de Desarrollo SostenibleConvenio Marco de la ONU sobre Cambio Climático y Protocolo deKyotoNivel de Participación Pública en ProcesosNacionales relevantes (alto, medio, bajo)MedioBajaAltoPanel Intergubernamental sobre el Cambio ClimáticoConvenio sobre Diversidad BiológicaProtocolo de Cartagena sobre BioseguridadForo de la ONU sobre los BosquesConvenio sobre Comercio Internacional de Especies en Peligro deExtinción (CITES)AltoAltoAltoAltoAltoConvenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono.Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Reducen la Capa deOzonoConvenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos PersistentesConvenio de Rótterdam sobre el Consentimiento Previo Informadopara ciertos Productos Químicos Peligrosos y Pesticidas en elComercioConvenio de Basilea para el Control Transfronterizo de ResiduosPeligrosos y su Eliminación.Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.AltoAltoAltoAltoBajoOrganización Mundial del Comercio (para procesos ambientales)MedioOtrosDR-CAFTAMedio41

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Río3.4 Análisis y Evaluación.La participación pública en la toma de decisiones relativas a la elaboración de borradores legislativos, no estáregulado en la República Dominicana, lo que constituye una limitante para los sectores interesados, sinembargo, se le ha permitido a los sectores interesados participar en la elaboración de los principalesborradores legislativos ambientales, motivado por los intereses colectivos y difusos que estos envuelven.Las regulaciones que contempla la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, como elprocedimiento estipulado en el Reglamento sobre Permisos y Licencias Ambientales y el Reglamento deParticipación Pública en la Implementación del DR-CAFTA, que explican de manera meridiana cada paso quedeben agotar los promotores de los proyectos y las autoridades ambientales para facilitar la participación a laspersonas en los proyectos de su interés, son efectivo, si se cumple con todos los requisitos, sin embargo, esimportante destacar que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, carece delpersonal necesario para dar respuesta oportuna a los proyectos que le son sometidos, lo que constituye unproblema, tanto para los promotores de los proyectos como para los ciudadanos interesados en laparticipación.Es importante destacar que en los procesos de toma de decisiones ambientales, relativos a los estudiosambientales, conforme lo estipula el artículo 38 de la Ley No. 64-00, y el Reglamento de Permisos y LicenciasAmbientales, respecto a la participación de los interesados, debe tomarse en cuenta las opiniones tanto a favorcomo en contra de los participantes de la comunidad y registrarse en los informes del encargado de la vistapública. Si los ciudadanos observan que se ha violentado el proceso de estudio ambiental pueden recurrir ladecisión de otorgar la licencia o permiso ambiental por ante el Tribunal Contencioso, Tributario yAdministrativo.En las entrevistas realizadas a los actores claves se le hizo una pregunta sobre la percepción de ellos respectoa sus opiniones en los procesos de participación pública, si entendía que las mismas eran tomadas en cuentapor las autoridades y la mayoría contestó que no y otra parte contestó medianamente, de manera que lasautoridades deben buscar mecanismos que hagan variar esa percepción de los actores claves.El país puede exhibir como fortaleza respecto a la participación pública en la toma de decisiones ambientales,el conjunto de instrumentos estipulados en el artículo 38 de la Ley No. 64-00 que obliga a las autoridades aconsultar los ciudadanos en los proyectos enumerados en el artículo 41 de la citada ley identificando 20proyecto de los que requieren evaluación de impacto ambiental, asimismo el Reglamento de permisos ylicencias ambientales que explica paso a paso los requisito para la obtención de dichos permisos y elReglamento sobre Participación Pública de la Sociedad Civil en la toma de decisiones relativas al DR-CAFTA.Estas son las herramientas jurídicas con que cuenta el país para garantizar la participación pública en la tomade decisiones ambientales.La SEMARENA cuenta con un registro de la mayoría de las organizaciones ambientalistas del país, igualmentelos Ayuntamientos tienen un registro de las Juntas de Vecinos de sus respectivos municipios, con estosregistros y aplicando el artículo 5 de la Ley No. 64-00, sobre la responsabilidad compartida, esas institucionespueden ser contactadas, cuando en sus respectivos municipios o provincias se pretenda realizar un proyectode los que establece el artículo 41, para programar las consultas públicas respecto al proyecto que sepretende instalar, independientemente de la publicación en un periódico de circulación nacional que estableceel Reglamento de Permisos y Licencias, pueden realizarse las siguientes actividades:‣ Conferencias‣ Charlas‣ Mesa redonda.El canal que se debe utilizar para la efectiva convocatoria de estas actividades, debe ser a través de losayuntamientos, organizaciones locales ambientalistas y juntas de vecinos, promoviendo dicha participación através de:42

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Río‣ Periódico de circulación nacional como lo establece el Reglamento.‣ Información por la radio y televisión,‣ Comunicación por escrito dirigida al público para la convocatoria a vistas públicasEl marco legal sobre participación pública en la toma de decisiones ambientales es insuficiente respecto a unaserie de actividades como participación en los borradores legislativos, elaboración de reglamentos y normas,entre otras. Las razones de las limitaciones son múltiples, en primer lugar la Constitución Dominicana no loprevé, en segundo lugar el marco regulatorio sobre derecho ambiental con garantía de cumplimiento yparticipación en sentido general en República Dominicana es resiente del año 2000. Esto implica que losciudadanos no tienen un nivel de conciencia de la importancia que tiene la participación pública en la toma dedecisiones ambientales, de manera, que el conocimiento y las exigencias de las personas obligue a lostomadores de decisiones a reformar la Constitución e introducir la participación pública en la toma dedecisiones ambientales, sin embargo, hay que tomar en cuenta que el país tiene una democraciarepresentativa que los Legisladores actúan en representación de los ciudadanos.La capacidad del gobierno es limitada para garantizar la participación pública en la toma de decisionesambientales. La SEMARENA no cuenta con la infraestructura, las herramientas y personal suficientes paragarantizar el cumplimiento de dicha legislación. Entre los principales obstáculos que presenta dicha Secretaríase encuentran:‣ Reducido presupuestos‣ Reducido número de recursos humanos para dar respuestas y seguimientos a todos los proyectos ypreparativos de participación.‣ Limitada especialización de algunos técnicos en sus respectivas áreas de trabajo.‣ Limitadas herramientas de trabajo.‣ Insuficiente Infraestructura.El marco regulatorio respecto de algunas actividades relativas a la participación pública en la toma dedecisiones, como las enumeradas en el artículo 41 de la Ley 64-00, y demás instrumentos citados garantizanuna participación pública efectiva si se aplicaran.En consultas realizadas a actores claves respecto a los principales obstáculos para la adecuada participaciónpública en la toma de decisiones ambientales, se elaboraron cinco respuestas enumeradas, para seridentificadas con números donde uno (1) era el más importante y cinco (5) menos importante; la mayoría delos entrevistados respondió que el desconocimiento del derecho a participar de la ciudadanía es el mayorobstáculos, seguido de la escasez de instrumentos para la participación y el temor a la generación de falsasexpectativas y conflictos.Uno de los elementos de debilidad de mayor arraigo en la participación pública, es la total discrecionalidad delos tomadores de decisiones en la mayoría de los asuntos ambientales, que no se garantiza que los temasconsensuados por los actores que han participado en un determinado proyecto, como por ejemplo: laelaboración de borradores sobre leyes, ordenanzas administrativas. Otro elemento no menos importante es lafalta de interés de los ciudadanos en participar en las vistas públicas establecidas por los reglamentos sobrepermisos y licencias ambientales, que en ocasiones, los empresarios para cumplir con la parte de las vistaspública utilizan mecanismos ilegítimos como el pago, a personas para que asistan y le validen el proyecto oinvitar personas que no pertenecen al lugar o afines que no objeten el proyecto. Estas actividades lesionan elespíritu de la Ley y del reglamento en el aspecto sobre participación pública.43

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoTabla 3.4: Resumen de la Evaluación sobre la Participación Pública - Áreas y Desarrollo de CapacidadesÁrea/ Asunto que requiereAtenciónCoordinación interinstitucional(SEMARENA, Ayuntamientos ySociedad Civil local y nacional)Fortalecimiento de capacidades delos Recursos HumanosIncremento del número de técnicos einspectores.Establecimiento de lasinfraestructuras necesariasProgramas de difusión sobre elderecho de participación de losciudadanos en la toma de decisionesambientales.Herramientas de trabajos (equipostécnicos y vehículosInformación oportuna a los actoresclaves y en la mayor cantidadposible.Sueldos o salarios bajosComunicación entre actores claves yla SEMARENAObstáculos en cuanto aCapacidades relevantes enÁreas ProblemáticasFalta de comunicación, Protagonismode las instituciones en las funcionesque desempeñan, falta de visiónintegral de los que dirigen lasrespectivas carteras, temor alestancamiento de los procesos por lacantidad de instituciones envueltas.Falta de Programas permanentes decapacitación de los recursoshumanos en esa área.Falta de motivación a lasuniversidades para que introduzcanen sus currícula programas continuossobre medio ambiente y recursosnaturales.La falta de una política defortalecimiento de capacidades de losrecursos humanosLimitado recursos económicosLimitado recursos económicosFalta de visión integrar, de recursoseconómicosFalta de recursos económicosFalta de recursos económicosBajo presupuesto a la SEMARENAFalta de voluntadActividad de Desarrollo deCapacidades Posible1. Establecer reuniones dealto nivel entre lasinstituciones responsablesde cumplir con lalegislación,2. Elaborar un reglamento defuncionamiento de lasrelacionesinterinstitucionales respectoa la participación.3. Elaborar una Ley departicipación pública enla toma de decisionesambientales que garanticesu aplicación,estableciendo sancionespara los violadores.La SEMARENA, firmar acuerdos decooperación reciprocas con lasuniversidades para programaractividades académicas en lasdiferentes áreas de medio ambiente ylos recursos naturales.44

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoCapítulo IV.Acceso a la Justicia en la Aplicación del Derecho Ambiental NacionalDe los tres pilares de la Gobernanza Ambiental Democrática, la garantía de acceso a la Justicia, es el finúltimo de los ciudadanos, siempre y cuando se les hayan violentado sus derechos sobre acceso a lainformación y la participación pública en la toma de decisiones plasmado en la legislación nacional einternacional adoptada por el país.El espíritu de la legislación ambiental, es eminentemente preventivo, no sancionador, así ha quedadoestablecido en el artículo 8 sobre el principio precautorio de la Ley 64-00, que se fundamenta en el principio15de la Declaración de Río Sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, de manera que el derecho utilizamecanismos de solución alternativa de conflictos, conforme lo estipula la Ley 76-02, Código Procesal Penal(CPP).Cuando se trata de ilícitos o infracciones administrativas, la potestad sancionadora es de la SEMARENA, envirtud de lo establecido en el artículo 167 de la Ley 64-00 que contempla sanciones desde medio (½) salariomínimo hasta tres mil (3000) salarios mínimos del sector público, así como la paralización de la actividadilícita, el decomiso de las herramientas y maquinarias utilizadas y revocación del permiso o licencia ambientalsi lo tuviere. Las decisiones administrativas pueden ser recurridas por los afectados por ante la jurisdicciónContenciosa, Tributaria y Administrativa, conforme lo establece la Ley No. 13-07 que crea dicho tribunal.Las sanciones penales y civiles estipuladas en los artículos 169, 176 y 183 de la Ley No. 64-00, soncompetencia de las salas penales y civiles del Tribunal de Primera Instancia de la jurisdicción correspondiente,así lo establece el artículo 177 de la referida Ley, y los artículos 50 y 53 del Código Procesal Penal, Ley No.76-02. Las acciones en materia ambiental pueden ser interpuestas tanto por la vía civil como por la vía penal,sin embargo, al ser una Ley de orden público, el ministerio público está en la obligación en un hecho penal, deapoderarse de oficio. Esto así porque los ciudadanos u organizaciones afectadas por daño ambiental, puedenelegir la vía civil o la vía penal. En caso de que se elija la vía civil y el ministerio público apodere la vía penaldel mismo caso, lo civil cesa hasta tanto se conozca lo penal. Es importante señalar que en materia deinconstitucionalidad el tribunal competente es la Suprema Corte de Justicia, en virtud del artículo 67 numeral 1de la Constitución.Las personas o asociaciones de ciudadanos tienen legitimidad procesal activa para denunciar y querellarsepor todo hecho, acción, factor, proceso, o la omisión u obstaculización de ellos, que haya causado, estécausando o pueda causar daño, degradación, menoscabo, contaminación y/o deterioro del medio ambiente ylos recursos naturales. Igualmente podrán exigir ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y RecursosNaturales y cualquier otra autoridad competente establecida por la Ley No. 64-00 y la legislación vigente, oante la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, todo ello en virtud de loestipulado en los artículos 2 sobre el orden público, 8 sobre el principio precautorio, 16 numerales 31 y 32sobre intereses colectivos y difusos y 178 sobre la legitimidad procesal activa.Estas prerrogativas, otorgadas a las personas físicas de denunciar y querellarse por infracciones en materiaambiental, fueron limitadas por la Ley No. 76-02, Código Procesal Penal, en sus artículos 51 y 85, cuando dice:Intereses colectivos o difusos. La acción civil puede ser ejercida por el ministerio público o por unaorganización no gubernamental especializada, cuando se trate de infracciones que afecten intereses colectivoso difusos. Así mismo las asociaciones de ciudadanos que pretendan querellarse y ser indemnizadas debenestar incorporadas con anterioridad al hecho punible, sin embargo, si cualquier persona ha resultado afectadapor daño al medio ambiente, puede perseguir penal y civilmente al infractor, en virtud de lo estipulado en elartículo 85 del Código Procesal Penal y el artículo 1382 del Código Civil dominicano.En un proceso penal existen varias fases, como la preparatoria o investigación, audiencia preliminar y la fasede juicio. En el procedimiento preparatorio, los documentos solo están disponibles para las partes45

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríoinvolucradas, artículo 290 del Código Procesal Penal (CPP). En la fase de juicio las informaciones estándisponibles a los interesados, en virtud de lo estipulado en el artículo 308 del Código Procesal Penal (CPP).La participación en los procedimientos jurisdiccionales solo está reservada para aquellos que la Ley les hapermitido, como se explica en el artículo 51 y 85 del CPP., y que se han querellado o constituido en actor civil.Fuera de esta condición, solo pueden ser observadores del proceso.Todo proceso que perjudique a una parte y le otorgue ganancia de causa a otra puede ser apelado en virtuddel doble grado de jurisdicción. En los casos de sanciones administrativas las apelaciones son conocidas porel Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo, compuesto por 5 jueces y en los casos penales en primergrado lo conoce un Tribunal Colegiado compuesto por 3 jueces y en apelación un Tribunal compuesto por 5jueces. Así mismo en materia civil, en primer grado lo conoce un juez y en segundo grado un Tribunalcompuesto por 5 jueces. En todo caso, ya sea por la vía administrativa, civil y penal, pueden ser recurridas lassentencia según sea el caso ante la Suprema Corte de Justicia.En materia administrativa no existen gastos procedimentales establecidos por ley, sin embargo, estosprocesos siempre requieren de determinados gastos procesales como los honorarios de los abogados y costosde notificaciones.4.1 Acceso a la Justicia en Materia de Cumplimiento del Derecho Administrativo4.1.1 Revisión judicial de la toma de decisiones administrativas de conformidad con las normasprocedimentalesEl procedimiento jurisdiccional administrativo está regido por la Ley No. 13-07, de fecha 5 de febrero, 2007,para los asuntos generales de violaciones a la normativa administrativa y la Ley No. 200-04 que se refiere a lasviolaciones a disposiciones de libre acceso a la información pública, el Reglamento para el Control, Vigilancia eInspección Ambiental y la Aplicación de Sanciones Administrativas Ambientales, puesto en vigencia mediantela Resolución No.18-07 de fecha 15 de octubre del año 2007 y la Resolución No. 12-2006, de fecha diecisiete(17) del mes de septiembre, del año dos mil seis (2006), que establece el reglamento para la participaciónpública de la sociedad civil en el marco del DR-CAFTA y el Medio Ambiente. Estos instrumentosjurídicos permiten que los ciudadanos que hayan sido afectados por una decisión administrativa puedanrecurrir en un grado de jurisdicción superior, pero además la Resolución No.12-2006 permite participar en latoma de decisiones ambientales relacionados con el tratado.En materia de acceso a la información ambiental, los ciudadanos que han sido afectados por una decisiónsobre la negación de acceso a la información o de obstrucción de la misma, tienen el derecho de recurrirdichas decisiones por las siguientes vías: Recurso de Reconsideración interpuesto por ante el mismofuncionario que ha emitido la decisión; Recurso Jerárquico, el que se interpone por ante la autoridadjerárquica superior; Recurso Jurisdiccional, el que se interpone ante el Tribunal Contencioso, Tributario yAdministrativo y el Recurso de Amparo, que se interpone por ante el Tribunal Civil. Así mismo los funcionariosde la administración pública pueden ser procesados penalmente por el hecho de obstrucción, impedimento odenegación de información pública ambiental y ser castigado con penas desde seis (6) meses hasta dos (2)años de prisión, sin perjuicios de las sanciones civiles y administrativa.La participación pública en la toma de decisiones ambientales, es una de las prerrogativas más frágiles quetiene el ciudadano, en cuanto a su sustentabilidad jurídica y aplicación. La Ley 64-00, establece en susartículos 19, 24 y 38 el Consejo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Sistema Nacionalde Gestión Ambiental y la Consulta Pública, respectivamente, sin embargo, ésta participación no ha sidoefectiva porque a excepción de los espacios de consulta pública en los casos de instalación de las señaladasen el artículo 41de referida ley, estos Instrumentos todavía no están en funcionamiento, ni existe unmecanismo para exigir su cumplimiento. El procedimiento para la participación pública en la toma dedecisiones ambientales de los ciudadanos respecto a actividades específicas, como la evaluación de impacto46

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríoambiental, se rige por el Reglamento sobre Procedimientos para la obtención de Permisos y LicenciasAmbientales en su artículo 25 y siguientes.Otros instrumentos jurídicos que permite la participación pública en la toma de decisiones ambientales son laLey No. 202-04 sobre Áreas Protegidas en sus artículos 16 y siguientes que contempla el co-manejo de lasáreas protegidas por parte de la sociedad civil con participación de las comunidades locales y repartimiento delos beneficios, La Ley No 176-07 sobre los Municipios y el Distrito Nacional, que instituye el Plebiscito enmateria ambiental, Resolución que aprueba el Reglamento de participación Pública en las cuestionesambientales del DR-CAFTA y los reglamentos de las cámaras legislativas en lo referente a las comisionesambientales, constituyen las herramientas de participación pública en la toma de decisiones ambientales demayor importancia en el país.En cuanto a la participación pública en la toma de decisiones ambientales, respecto a lo establecido en elartículo 38 de la Ley No. 64-00, el Reglamento de Permisos y Licencias Ambientales que se refiere a losrequisitos para la obtención de las licencias y permisos ambientales, los ciudadanos interesados puedenrecurrir las licencias o permisos ambientales, emitidos por la autoridad, que carezcan de alguno de estosrequisitos, por ante el superior jerárquico administrativo y en su defecto por el Tribunal Contencioso Tributarioy Administrativo. Es importante destacar que toda decisión emanada de la autoridad administrativa que afecteuna parte puede ser recurrida.4.1.2 Procedimientos de Cumplimiento contra Contaminadores que Violan la Ley.Como se ha establecido previamente, todo ciudadano o asociaciones de ciudadanos, tienen legitimidadprocesal activa para denunciar cualquier hecho que afecte al medio ambiente y los recursos naturales, portratarse de intereses colectivos y difusos y ser una ley de orden público, sin embargo, en el caso deincumplimiento de normas ambientales por parte de un contaminador, los ciudadanos, persiguen con ladenuncia la corrección de la situación y que se sancione a los infractores por el ilícito cometido, sin embargo,si la autoridad administrativa no obtempera al reclamo de los ciudadanos para someter a la Ley al infractor ycorregir la situación que ha provocado, los reclamantes pueden someter por ante el Tribunal Contencioso,Tributario y Administrativo la revocación de la licencia o permiso ambiental, por las prerrogativas otorgadas alas instituciones en la legitimidad procesal activa.4.1.3 Procedimientos de Cumplimiento Iniciados por el Público.El país cuenta con dos modalidades o procedimientos para las instituciones reclamar por violación a unanorma por la vía administrativa. El artículo 4 de la Ley No. 13-07 de fecha 5 de febrero del año 2007, que creael Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo, establece que el agotamiento del procedimientoadministrativo es facultativo, en virtud de que las personas competentes para reclamar en justicia puedenagotar la vía administrativa interponiendo recursos de reconsideración que se interpone por el mismofuncionario que emitió de decisión, recurso jerárquico que es el superior jerárquico del funcionario que haemitido la decisión, o puede obviar este proceso e irse directamente al Tribunal Contencioso, Tributario yAdministrativo y solicitar la cancelación de la licencia o permiso, por violación de la misma en virtud de losderechos que les confieren la Ley No. 64-00 en sus artículos 2 que declara la Ley de Orden Público, 3 queestablece que el medio ambiente y los recursos naturales son un patrimonio común de la nación, 8 queestablece el principio precautorio, 16 numerales 31 y 31 que establecen el interés colectivo y difusos y elartículo 178 sobre la legitimidad procesal activa..4.1.4 Procedimientos de Cumplimiento en contra de la Inacción Administrativa en Materias Requeridaspor la Ley.Los delitos ambientales se tipifican por acción u omisión conforme lo establece el artículo 174 de la Ley No.64-00, que establece: “Todo el que culposa o dolosamente, por acción u omisión, transgreda o viole lapresente ley y demás disposiciones que la complementen, incurre en delito contra el medio ambiente y losrecursos naturales y, por tanto, responderá de conformidad a las mismas. Así, de toda agresión o delitocontra el medio ambiente y los recursos naturales nace una acción contra el culpable o responsable”.47

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoTomando como referencia el artículo anterior, el artículo 184 de la referida ley ambiental estipula las sancionesa los funcionarios que por inacción dejen de aplicar las leyes y reglamentos bajo su cargo, castigando alfuncionario con sanciones penales de hasta tres años de prisión, sin perjuicio de las sanciones administrativa.Esta acción puede ser interpuesta por cualquier organización ambientalista legalmente constituida, por ante eltribunal de primera instancia de la jurisdicción correspondiente, elevando una instancia ante el MinisterioPúblico y señalando los hechos y el derecho que se ha violentado.La SEMARENA tiene competencia para elaborar Normas, Reglamentos y Resoluciones, si ésta institución nocumple con la elaboración de una norma que esté prevista elaborar, los ciudadanos ni las asociaciones deciudadanos poseen el derecho de exigir la elaboración de dichos instrumentos jurídicos por parte de lasautoridades, por carecer de disposiciones legales que así lo establezcan, esto trae como consecuencia quenumerosas leyes sean promulgadas y no se puedan aplicar con efectividad, por ausencia de reglamento. Enel caso de la Ley No. 64-00 establece que se elaboren un conjunto de leyes sectoriales, reglamentos ynormas, con un plazo determinado en la mayoría de los casos, sin embargo, siete años después de supromulgación una gran parte de estos instrumentos no se han elaborado.En caso de que un proceso haya sido sometido por ante la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente ylos Recursos Naturales, así como ante los Tribunales, y las autoridades retardan el proceso o simplementedejan de actuar sin justificar la inacción, pueden ser sometidos a la justicia y condenados por negligencia, sinperjuicio de las sanciones administrativas y civiles, conforme lo establecen los artículos 152, 153 y 154 delCódigo Procesal Penal aplicable a los jueces, en el caso referente a los miembros del ministerio público estáestipulado en el principio 12 sobre la responsabilidad, Ley No. 78-03, sobre el Estatuto del ministerio público,aprobada en el Senado de la República en fecha 2 de enero del 2003. 5La Tabla 4-1 resume los resultados de la discusión de la sección previa sobre el cumplimiento del derechoadministrativo.Tabla 4.1: Resumen del Acceso a la JusticiaTipo de DisputasLegalesOportunidades parala ParticipaciónPública (sí / no)TribunalResponsableCondiciones RelevantesRevisión Judicial de laToma de DecisionesAdministrativasSiTribunal Contencioso,Tributario y AdministrativoHaber sido afectado por unadecisión administrativa.Cumplimiento con lasnormas procedimentalesSiTribunal Contencioso,Tributario y AdministrativoSer parte en proceso comoorganización especializada en MedioAmbiente y estar reconocidalegalmente previo al incumplimientoCumplimiento con lasnormas sustantivasSiTribunal de PrimeraInstancia, Cortes deApelación y SupremaCorte de JusticiaProcedimientos deCumplimiento contraContaminadores noCumplidoresSiTribunal de PrimeraInstancia.Procedimientos decumplimiento iniciadosSiTribunal Contencioso,Tributario y Administrativo5 Ley No.78-03 Estatuto del Ministerio Público, del 200348

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríopor la administraciónProcedimientos decumplimiento iniciadospor el públicoSiTribunal de PrimeraInstancia.Procedimientos deCumplimiento contra laInacción en MateriasRequeridas por la LeyProcedimientos decumplimiento iniciadospor la administraciónProcedimientos deCumplimiento contra laInacción en MateriasRequeridas por la LeyInacción para desarrollarnormas generalmenteaplicables yreglamentaciónrequeridas por leySiSiNoTribunal Contencioso,Tributario y Administrativo.TribunalTribunal de PrimeraInstancia y Contencioso,Tributario y AdministrativoInacción para exigir quelos contaminadorescontrolen lacontaminación deacuerdo con lalegislación ambientalInacción para iniciarprocedimientos decumplimiento de lalegislación contracontaminadores nocumplidoresSiSiTribunal de PrimeraInstancia.Tribunal Ambiental.4.2 Acceso a la Justicia en Materia de Cumplimiento del Derecho Penal.La acción penal puede iniciarse o ponerse en movimiento por tres vías, apoderamiento de oficio por parte de laProcuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, apoderamiento al MinisterioPúblico por denuncia y por querella interpuesta por organizaciones o individuos. La acción pública escompetencia del ministerio público y puede ser promovida por los ciudadanos o por organizacionesambientalistas, en caso de querella o constitución en actor civil, los querellantes se convierten en parte delproceso y acompañan al ministerio público en la acusación y en la reclamación de daños y perjuicios. Se debereiterar en este caso que los individuos particulares, solo tienen derecho querellarse y reclamar indemnizaciónsi han sido afectados él o sus familiares directos (madre, padre e hijos), lo que lo convierte en victima, de locontrario solo las organizaciones con las calidades ya descritas pueden perseguir la acción hasta el final delproceso.49

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoTabla 4.2: Resumen sobre el Acceso a la Justicia en el Cumplimiento del Derecho PenalTipo de DisputasLegalesIniciación ciudadana opública de los procesosde derecho penal através del ProcuradorGeneral/Fiscal PúblicoOportunidades para laParticipación Pública(sí/noSiTribunal ResponsableSala Penal del Tribunal dePrimera InstanciaCondicionesRelevantesSer una organizaciónespecializada en materiaambiental y estarregistrada previo al hechopunible.Iniciación directaciudadana o pública delos procesos de derechopenalNoParticipación en losprocesos penales como"acusación popular"No4.3 Acceso a la Justicia en Cuestiones de Cumplimiento del Derecho Civil Privado.La Ley No. 64-00 estipula el acceso a la justicia de los ciudadanos y de las instituciones en materia ambientalpara hacer reclamaciones civiles, en virtud de lo establecido en el artículo 169 que reza: “Sin perjuicio de lassanciones que señale la ley, todo el que cause daño al medio ambiente o a los recursos naturales, tendráresponsabilidad objetiva por los daños que pueda ocasionar, de conformidad con la presente ley y las disposicioneslegales complementarias. Asimismo estará obligado a repararlo materialmente, a su costo, si ello fuere posible, eindemnizarlo conforme a la ley.Párrafo.- La reparación del daño consiste en el restablecimiento de la situación anterior al hecho, en los casos que seaposible, en la compensación económica del daño y los perjuicios ocasionados al medio ambiente o a los recursosnaturales, a las comunidades o a los particulares”.Así mismo el artículo 176 de la referida Ley, condena a las empresas que hayan causado daño ambiental porhaber realizado una actividad que es habitual para su beneficio, hasta por 20 mil salarios mínimos y el artículo182 de la misma Ley establece que el ejercicio de la acción judicial ambiental no implica renuncia a la acciónpor daños y perjuicios. En estas acciones se argumenta además la violación a los artículos 1382 y siguienteque el espíritu de dichos artículos es que todo aquel que causa un daño a otro obliga a aquel por cuya culpasucedió a repararlo.Sin embargo, en esta parte hay que dividir lo que es reclamación civil por daño al ambiente, en la que solo leestá permitido reclamar a las instituciones legalmente constituidas y que se dediquen a la protección del medioambiente y las reclamaciones de particulares que solo pueden hacerlo si han sido victima directa o indirectacomo se explica más arriba.El artículo 169 de la Ley No. 64-00 es claro cuando dice que todo el que cause daño al medio ambiente y losrecursos naturales tendrá responsabilidad objetiva, esto quiere decir que los criterios utilizados para laaplicabilidad de una sanción civil, son sencillamente que se compruebe que se ha causado un daño y quiencausó el daño, ya sea intencional o no, debe repararlo conforme a la Ley.4.4 Acceso a la Justicia en Asuntos Relacionados con el Cumplimiento del Derecho Constitucional.La Republica Dominicana no cuenta con Tribunal de Garantía Constitucionales, sin embargo, la Constituciónde la Nación, le otorga la potestad a la Suprema Corte de Justicia de conocer los Recursos sobre50

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoInconstitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos y resoluciones en virtud de lo establecido en el artículo167 numeral 1 de dicha Constitución.En el país hay experiencia en procesos de acceso a la justicia en asuntos relacionados con el cumplimiento delDerecho Constitucional. En el año 2004, un conjunto de instituciones y personas físicas incoaron un recurso deinconstitucionalidad en contra de la Ley No. 202-04 sobre áreas protegidas del 30 de julio del 2004. Losimpetrantes hicieron sus solicitudes basados en los artículos 46, 3, 8 numeral 5, 37 inciso 4, 39, 40,41, 46 y 67 inciso 1 de dicha Constitución y fueron analizado por la Suprema Corte de Justicia yconcluyó en que dicha Ley era conforme a la Constitución.Tabla 4-3: Resumen sobre el Acceso a la Justicia en el Cumplimiento del Derecho ConstitucionalTipo de Disputas LegalesOportunidades para laParticipación Pública(sí / No)Condiciones relevantesInconstitucionalidad de Leyes yDecretosViolación de Normas Ambientales porCongresistas, Funcionarios Electivos,Secretarios y Subsecretarios de EstadoSiSiArtículo 67 numeral 1 de la ConstituciónOrganización especializada en materiaambiental.4.5 Resolución Alternativa de Disputas.La legislación ambiental dominicana en materia penal, se rige por el procedimiento ordinario, el CódigoProcesal Penal, Ley No. 76-02, establece como principio en su artículo 2, lo siguiente: “Solución del conflicto.Los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible para contribuir arestaurar la armonía social. En todo caso, al proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de lapolítica criminal. En este sentido el referido Código estableció las formas siguientes de solución de conflicto:Conversión de la acción pública en acción privada, Criterio de Oportunidad, Conciliación, Suspensióncondicional del procedimiento y el juicio penal abreviado. En materia de orden público no se permite laconciliación y específicamente para aquellos casos en donde la mayor pena estipulada supere los dos años deprisión, en el caso de la Ley No. 64-00, la pena máxima es de 3 años, por lo tanto no procede la conciliación.La solución alternativa de conflicto en materia de delito ambiental, aplica en la suspensión condicional delprocedimiento y el juicio penal abreviado para aquellos casos que las penas no excedan de 5 años, en amboscasos, el ministerio público, los querellantes, la victima y el o los imputados se ponen de acuerdo medianteacuerdo notarial en el que el o los imputados reconocen los hechos que se les imputan y se comprometen arepararlo; este acuerdo entre las partes debe ser sometido al tribunal para que el mismo se pronuncie, siendofacultativo del juez aceptar o no dicho acuerdo. En los casos de solución alternativa de conflictos ambientalesel país tiene experiencia en varios casos, pero el más importante, fue en el que se procesó un Senador de laRepública por incursión y alteración de un parque nacional.4.6 Análisis y Evaluación.La Ley No. 64-00 sobre medio ambiente y recursos naturales, una de las más avanzadas de América Latinaen materia de acceso a la justicia, ha contemplado un conjunto de principios e instrumentos que garantizan laparticipación de las personas y organizaciones en las acciones judiciales. Estos principios y prerrogativas sesustentan en el carácter patrimonial de los recursos naturales y el medio ambiente, la responsabilidadcompartida, el interés colectivo y difuso y la legitimidad procesal activa. Sin embargo, estos derechos han sidolimitados con la promulgación del Código Procesal Penal, estableciendo que tienen derecho a querellarse yconstituirse en actor civil, las instituciones especializadas que ejerzan trabajos en materia ambiental y quehayan sido incorporadas previo a la ocurrencia del hecho, cuando se trate de intereses colectivos o difusos.51

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoLas instituciones responsables del cumplimiento de la Ley No. 64-00 son la Procuraduría para la Defensa delMedio Ambiente y Recursos Naturales, como rama especializada de la Procuraduría General de la República,con la función de perseguir el delito ambiental, en nombre del Estado y de la Sociedad, conforme lo estipula elartículo 165 y 166 del referido instrumento legal, además estipula que el tribunal de primera instancia de lajurisdicción correspondiente es el competente para conocer dichas violaciones en virtud de lo establecido en elartículo 177. De igual manera, se Crea mediante Decreto No. 1194-2000, de fecha trece (13) de noviembredel año 2004, el Servicio Nacional de Protección Ambiental o Policía Ambiental, como dependencia de laSEMARENA y conforme al derecho común Código Procesal Penal, Auxiliar de la PRODEMAREN y bajo ladirección de la investigación del ministerio público ambiental en la persecución del delito ambiental. Para loscasos jurisdiccionales contenciosos administrativo el Tribunal Competente como ya se ha señalado es elContencioso, Tributario y Administrativo.En sentido general, el país cuenta con buenos instrumentos legales nacionales e internacionales y con lasinstituciones de aplicación, para garantizar el acceso a la justicia ambiental, sin embargo, la legislaciónnecesita ser reforzada por un conjunto de leyes sectoriales, reglamentos y organismos que la misma leymanda a crear y todavía algunos de estos no están en funcionamiento, de manera que su aplicación eslimitada, tanto por las razones señaladas, como por los obstáculos identificados por las institucionesinvestigadas y los actores claves. Entre los obstáculos identificados podemos citar la falta de capacidad derespuesta oportuna a las denuncias y querellas por la limitación en número de los recursos humanos,herramientas de trabajo y capacitación continuada de los persecutores del delito ambiental y los auxiliaresestos, la falta de incentivo a las organizaciones especializadas que trabajan en la defensa del medio ambientey los recursos naturales, el alto costo de los procesos judiciales, el desconocimiento de la mayoría de losciudadanos respecto a sus derechos y deberes a reclamar en justicia, la limitada apreciación del valor jurídicoprotegido por parte de los jueces que conocen en materia ambiental, sobre todo la debilidad institucional,individual y sistémica.La SEMARENA cuenta con una Dirección Legal y cinco Subdirecciones, una en cada subsecretaría de lasestablecidas por la Ley 64-00, y es donde se imponen las sanciones administrativa establecidas por dicha Leymediante resolución motivada y hecha por escrito, la cual deberá ser notificada mediante acto de alguacil ypodrá ser recurrida conforme al procedimiento administrativo conforme lo estipulado en el párrafo II de la LeyNo. 64-00. Las decisiones que afectan a instituciones o personas, generalmente no son recurridas por ante elTribunal Contencioso Tributario y Administrativo, por el hecho de que tomar esta vía resulta más costoso en lamayoría de los casos, en el sentido de que se le retienen los instrumentos o maquinarias con que se cometióel hecho, hasta tanto pague la sanción, aunque el procedimiento que utiliza la SEMARENA es irregular, porquelas cosas privadas no pueden ser retenidas sin la orden de un juez conforme lo establece el Código ProcesalPenal, sin embargo, esta es la practica más recurrente. Esta actuación irregular por parte de la administración,limita el acceso a la justicia de los afectados.En los casos en que los ciudadanos recurren ante el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, por noestar conforme con la resolución sometida, pueden solicitar a dicho tribunal la revocación de sancióninterpuesta por la administración y la entrega de los objetos retenidos o incautados, en virtud de ese pedimentoexamina la ley y la resolución que impone la sanción y emite su sentencia conforme a la ley ya sea acogiendoel pedimento del recurrente o del recurrido, los cuales tienen derecho a recurrir ante la Suprema Corte deJusticia.En los casos de violación de permisos y licencias ambientales por parte de los promotores de proyectos, lasinstituciones especializadas pueden recurrir ante la administración y ante el Tribunal Contencioso, Tributario yAdministrativo para que regularicen la situación o le anulen dichas autorizaciones. Entre las decisiones demayor importancia que ha conocido dicho tribunal se encuentran la Sanción impuesta a la empresaMultiquímica Dominicana S. A. por violación a los términos de una Licencia Ambiental, así mismo en el casoRock Ash fue sancionado el Subsecretario de Estado que emitió el permiso de depósito del mismo a 3,000salarios mínimos, la sanción más alta en materia administrativa y esta fue recurrida, primero ante el Tribunal52

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoContencioso y Administrativo y posteriormente a la Suprema Corte de Justicia donde le ratificaron el pago de lasanción. En el caso de una empresa por extralimitarse en los términos de las licencias, cuya acción inicial antela SEMARENA había estado promovida por una institución de la Sociedad Civil, fue notificada durante todo elproceso para que realizara sus pedimentos.La Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, fue apoderada del mes deseptiembre del 2000 a diciembre del 2002, de 878 casos, bajo las diferentes vías de apoderamiento:denuncia, querella, de oficio o directo. De estos casos 326, fueron interpuestas por personas individuales, 137por juntas de vecinos, 133 remitidas por la SEMARENA y los demás casos por Salud Ambiental de laSecretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (ESPAS), la Policía Ambiental, Policía Nacional, elEjercito Nacional, la Marina de Guerra, compañías o empresas, entre otras. Estos datos demuestran unaparticipación activa de la ciudadanía respecto al acceso a la justicia ambiental. Independientemente de que elCódigo Procesal Penal establece la prohibición de conciliación para los casos que la pena máxima exceda de2 años, la práctica para resolver los distintos problemas presentados a la Procuraduría para la Defensa deMedio Ambiente y los Recurso Naturales (PRODEMAREN), es mediante el otorgamiento de plazos a losinfractores para la corrección de áreas afectadas y de fuentes contaminadoras como los generadoreseléctricos que sus emisiones pasan de los limites permisibles.Es importante establecer la diferencia entre una querella, una denuncia y un apoderamiento de oficio. Cuandonos referimos a denuncia es la acción ejercida por cualquier persona o institución que pone en conocimiento alas autoridades de un hecho punible o delito ambiental y este no tiene derecho a reclamar indemnización nipena de privación de libertad, las querellas y constitución en actor civil, solo pueden ser interpuestas por lasorganizaciones especializadas en el área que previo al hecho hayan sido incorporada conforme a la ley y losapoderamiento de oficio, es el que las autoridades toman conocimiento directo del caso sin que medie unadenuncia o una querella.Para observar el comportamiento que ha experimentado la población, respecto a reclamar en justicia susderechos a disfrutar de un medio ambiente sano, examinamos las acciones interpuestas durante el año 2006,entre los meses mayo y diciembre, por ante la PRODEMAREN, determinando que se conocieron 662 casos,de los cuales 47 fueron denunciados por Juntas de Vecinos y ONGs, 99 por personas individuales y los demásremitidos por la SEMARENA, Policía Ambiental, Ayuntamientos, Salud Pública, Publicación en medios decomunicación como el memorial de Telemicro Canal 5, entre otros. De enero a noviembre del año 2007, laPRODEMAREN fue apoderada de 832 casos de los cuales 112 fueron interpuestos por personas individuales,36 por Juntas de Vecinos y los demás casos fueron conocidos de las fuentes explicadas más arriba y unanueva dependencia de la Policía Nacional como la Policía Anti-Ruido, que tiene como misión principal lapersecución de la contaminación sónica, amparados en la Ley No. 287-04 de fecha 15 de agosto del 2004,sobre prevención, supresión y limitación de ruidos nocivos y molestos que producen contaminación sónica, laLey 64-00, la Ley General de Salud No. 42-01 conocida en la Cámara de Diputados en fecha 7 de febrero del2001.De los casos sometidos a la PRODEMAREN gran parte son remitidos a la SEMARENA para la sanciónadministrativa correspondiente, como los casos de transporte ilegal de materiales de la corteza terrestre(arena, piedra, etc.); algunos son resueltos otorgándoles un plazo a los infractores para que se ajusten a lalegislación ambiental, como el caso de los generadores eléctricos que producen contaminación sónica yatmosférica.; y otros son sometidos a la acción de la justicia. En los casos sometidos a la acción de la justicia,del año 2001 hasta la fecha, se han dictado más de 25 sentencias y resoluciones sobre medio ambiente yrecursos naturales, entre las más importantes se destacan la sentencia No. 84-06 de fecha 21 de julio del año2006, que consta de 342 páginas sobre Transporte Transfronterizo de Desechos (caso Rock ash), sustentadosobre la base jurídica del Convenio de Basilea y la Ley No. 218-84 del 28 de mayo de 1984 que prohíbe laintroducción al país, por cualquier vía, de excrementos humanos o animales, basuras domiciliarias omunicipales y sus derivados, cienos o lodos cloacales, tratados o no, así como desechos tóxicos provenientesde procesos industriales. En el proceso del citado participaron como actores civiles varias instituciones como el53

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoInstituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, Grupo Mundo Ecológico, Cámara de Comercio yProducción de Samaná, Junta de Vecinos Arroyo Barril, Samaná y el señor Ramón Peña, a titulo personalcomo victima directa del deposito del referido material denominado Rock Ash. Este mismo caso fue llevadohasta una Corte de Virginia, Estados Unidos de Norteamérica, por el Estado Dominicano, solicitando unaindemnización de 70 millones de dólares a la empresa AES-PUERTO RICO que es la institución generadorade la ceniza de carbón mineral depositada en el país. El proceso en la corte de Virginia concluyó en unaconciliación de las partes, recibiendo el Estado Dominicano seis (6) millones de dólares por concepto deindemnización.Otro caso de gran importancia que ha concitado la atención de la opinión pública, es el sometimiento a laacción de la Justicia de un Senador de la República por incursión y alteración del Parque Nacional LagoEnriquillo en fecha 17 de febrero del 2006, mediante una instancia elevada por el Procurador General de laRepública y el Procurador General para la Defensa del Medio Ambiente, presentando escrito de Acusación,Solicitud de Audiencia Preliminar, requerimiento de apertura y fusión de juicios a la Honorable Suprema Cortede Justicia.En el juicio seguido al Senador hubo otros implicados o autores materiales del hecho y en conjunto admitieronlos hechos imputados por la Procuraduría y fueron condenado mediante un juicio penal abreviado a pagar lasiguiente suma: el Senador 94 salarios mínimos ascendentes a la suma de doscientos cincuenta mil pesos(RD$250,000.00) a razón de dos mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos con cincuenta y cuatro centavos(RD$2,654.54) cada salario por concepto de multa, al tenor de las disposiciones el artículo 183 numeral 2 de laley 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, los otros tres (3) implicados se comprometen a pagaruna indemnización de 38 salarios mínimos ascendentes a la suma de cien mil ochocientos setenta y dospesos con setenta y seis centavos (RD$100,872.52) cada uno, lo que equivale a un total de quinientoscincuenta y dos mil seiscientos diecisiete punto cincuenta y seis pesos (RD$552,617.56).Otra acción importante en donde los grupos ambientalistas tuvieron una preponderancia manteniendo laquerella y constitución en actor civil en contra de Carlos Marcano y Agregados Marcano C. por A., lográndoseobtener la sentencia No. 379/2007 de fecha 22 de mayo del año 2007, dictada por el Segundo TribunalColegiado del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de San Cristóbal, por extracción ilegalde arena del río Nizao, cuyo dispositivo es el siguiente:FALLA:PRIMERO: Se declara culpable al ciudadano CARLOS MARCANO persona física, y AGREGADOS MARCANO C.POR A., persona jurídica, de violación a los Art. 64, 82, 83, 86, 87, 89, 91, 124, 125, 127, 129, 131, 138, 162, 164, 169de la ley 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 9 de la Ley 123-71, sobreCorteza Terrestre, y los artículos 1, 2, 5, 6, 7, del reglamento 1315 de aplicación de la Ley No.123-71 en perjuicio dela comunidad de Nizao de la Provincia San Cristóbal y del Estado Dominicano. SEGUNDO: En consecuencia condenaa CARLOS MARCANO, en calidad que ostenta en la entidad que arropa a AGREGADOS MARCANO C. POR A., acumplir una pena de seis (6) meses de prisión y al pago de una multa de Cinco Mil (5,000.00) salarios mínimos delvigente. TERCERO: Se ordena, el retiro temporal del permiso para efectuar las actividades de extracción deagregados en el Río Nizao, a AGREGADOS MARCANO, C por A., o cualquier persona física o jurídica que esteoperando en el lugar descrito por los testigos y acusados; a partir de la fecha de la presente sentencia, y ordena querepare en la medida de lo posible a su estado natural el recurso natural destruido, deteriorado y modificado. Ordenarealizar evaluación de impacto ambiental. CUARTO: Se condena al pago de las costas penales del proceso.QUINTO: En Cuanto a la forma declara regular y valida la querella y accion civil hecha por la Confederación Nacionalde Mujeres del Campo, Inc., (CONAMUCA), Fundación Unidos por la Vida, Fundación Pro-Desarrollo Forestal “PlanMucho agua”, Inc., Dominga Ruiz, Estania Caoete, y Silvana Mateo Rodríguez, por haberse hecho conforme a la leyen tiempo hábil, en cuanto al fondo se condena a CARLOS MARCANO Y AGREGADOS MARCANO C POR A,solidariamente al pago de una indemnización de cinco millones de peso (RD$5,000000), a favor y provecho de lacomunidad de Nizao como justa reparación por los daños y perjuicios ecológicos ambientales causados a estacomunidad. SEXTO: Se encarga a las organizaciones no gubernamentales constituidas en el presente proceso parala vigilancia del cumplimiento de la presente sentencia. SEPTIMO: Se condena al pago de las costas civiles delabogado que afirma haberlas avanzado en su mayor parte. OCTAVO: Se fija lectura integral de esta sentencia para eldía 22 de mayo del año 2007, vale citación para las partes presentes y representadas.54

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoSon evidentes las prerrogativas que tienen los ciudadanos para denunciar y querellarse en materia ambiental,sin embargo, los principales obstáculos al acceso a la justicia, según arrojan las entrevistas realizadas a losactores claves que han participado en procesos judiciales, son la falta de conciencia y conocimiento de losciudadanos sobre sus derechos ambientales, el alto costo de los procesos jurídicos, fundamentalmente loshonorarios a los abogados y la falta de incentivo a las instituciones que promueven acciones jurisdiccionalescontra los infractores para poder costear los procesos que se lleven a cabo.En el aspecto institucional la SEMARENA no cuenta con los recursos humanos suficientes para dar respuestaa las denuncias de los ciudadanos e instituciones y dar seguimiento a las instrucciones encomendadas a losindividuos o empresas que estén bajo vigilancia de dicha institución.A nivel sistémico los principales obstáculos presentados entre las instituciones son la falta de coordinación, lafalta de definición de roles institucionales fundamentalmente entre PRODEMAREN y SEMARENA, la falta dedelimitación de los delitos penales y las infracciones administrativa, la limitada colaboración con los informesque sirven de soporte por parte de la SEMARENA a la PRODEMAREN en los procesos judiciales, elprotagonismo entre las instituciones, el retardo de los informes por la burocracia imperante, la limitadapreparación de los técnicos en las Unidades de Gestión Ambiental para dar respuestas satisfactorias a losrequerimientos de la SEMARENA y PRODEMAREN en los procesos jurisdiccionales que se lleven a cabo.En sentido general los ciudadanos dominicanos tienen garantizado el acceso a la justicia ambiental,independientemente tengan o no recursos económicos en el sentido de que como se ha explicado, estederecho es de orden público y se ejerce de oficio o por denuncia, donde el ciudadano no está obligado aconstituir abogado, ni acompañar al ministerio público en el proceso de investigación y acusación de lapersona física o jurídica que ha causado el daño ambiental, pues el párrafo del articulo 176 de la Ley 64-00,así lo prevé.Tabla 4-4: Evaluación Sumaria sobre el Acceso a la Justicia en Asuntos Relacionados con elCumplimiento del Derecho AmbientalÁrea/Asunto que requiereAtenciónLimitación de CapacidadesRelevantes en el ÁreaProblemáticaActividad Posible de Desarrollo deCapacidadesCapacitación en legislación ambientaldel ministerio público ambiental.Ampliación del número deprocuradores o habilitación de unprocurador fiscal adjunto en cadadistrito judicial.Falta de disponibilidad de recursosoportuno a la Dirección Legal de laSEMARENA para las notificacionesde las Resoluciones sobre SanciónAdministrativa.Falta de recursos, políticas yprogramación de capacitaciónpermanente.Valoración limitada del bien jurídicoprotegidoDilación de los procesos y la limitadarespuesta a los delitos ambientales.1. Elaborar un plan de capacitación.2. Buscar financiamiento3. Impartir cursos especializados permanentea los miembros del ministerio público.1. Nombramiento o designación de fiscalesadjunto de primer grado en materiaambiental.2. Habilitación de Fiscales adjuntos en cadaDistrito Judicial.Estancamiento de los procesos. Evaluar el promedio denotificaciones por año y tener disponible lacantidad de recursos para ese capitulo55

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoEquipamiento de PRODEMARENEstancamiento de los procesos desometimiento e inspecciones.1. Hacer una evaluación sobre los equiposnecesarios.2. Hacer un presupuesto de los equipos3. Priorizar en orden de importancia dichosequipos.4. Identificar fuente de financiamiento odonación de dichos equipos o maquinarias.5. Elaborar un programa de adquisición deequipos en función de prioridad ydisponibilidad.Capacitación en materia ambientalpara jueces.Creación Tribunales Ambientales conjueces especializadosFalta de definición de roles respecto alas competencias entre SEMARENAy PRODEMARENFalta de promulgación de leyesespecíficas (biodiversidad, seguridadde la biotecnología, acceso arecursos genéticos, recursos costerosy marinos, Recursos Forestales, deProtección Atmosférica, entre otras).Elaboración de informes técnicos concalidad y oportunos.Falta de reglamento para especiesinvasoras.Elaboración del Reglamento deaplicación de la Ley No. 64-00Falta de Resolución o ley que pongaen vigencia el listado de especiesamenazadas y en peligro deextinción.Falta de valoración justa de losrecursos naturales y el medioambiente al momento de aplicarsanciones a los infractoresFalta de valoración de los recursosnaturales por desconocimiento de losmismos.Ambas instituciones ejercenfunciones que son competencia de laotra.Falta de aplicación y acceso a lasmismas.La carencia de rendimiento deinforme técnicos-jurídico provoca ladesestimación de los procesos, asícomo la tardanza en la entrega de losmismos.Imposibilidad de someter a la acciónde la justicia a los que trafiquen conespecies invasoras, si no estápreviamente prohibido o regulado elmanejo y tráfico.Limitación y confusión en laaplicación entre las subsecretarias ysus departamentos, así como en laaplicabilidad en función del espíritude la misma.Dificulta para el procesamiento de losque capturan, maltratan o dan muertea estas especies si no estándeclaradas legalmente enamenazadas o en peligro.Comprometer a la Suprema Corte deJusticia A través de la Escuela Nacional dela Judicatura para el desarrollo deprogramas de capacitación a jueces.1. Promover la elaboración de una ley que creedicho tribunal.2. Hacer opinión pública para sensibilizar aactores (legisladores, Poder Ejecutivo etc.)3. Seleccionar los Jueces y capacitarlosElaborar un reglamento de aplicacióninterinstitucional a los fines de Definirclaramente la competencia de cadainstitución.1. Remitir al Congreso los anteproyectosterminados.2. Elaborar las leyes que aún no se hanelaborado1. Designar un personal dedicado a laelaboración de ese tipo de informes.2. Elaborar un manual sobre informes.3. Capacitar a los técnicos en laelaboración de informes judiciales.4. Disponer de los equipos y herramientasadecuado1. Identificación de especies invasoras2. reglamentar el manejo de especiesinvasoras.3. Emitir Resolución que ponga envigencia dichas especies1. Contratar expertos en elaboración dereglamentos.2. identificar fuente de financiamientopara la elaboración del reglamento.3. Constituir una mesa de dialogorespecto al reglamento con actoresclaves.1. Depositar en el Congreso elanteproyecto de Ley sobrebiodiversidad que.2. Socializar el listados de especiesamenazadas y en peligro de extinciónque se está revisando.3. Emitir la resolución que lo pone envigencia y si es el caso se lo anexen aal anteproyecto de Ley sobreBiodiversidad56

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoModificación de la Ley Sectorial deÁreas ProtegidasElaboración de la Ley deOrdenamiento del Territorio.Elaboración del Reglamento deFuncionamiento del Consejo Nacionaldel Medio Ambiente y los RecursosNaturalesReglamento Orgánico de laSEMARENA para normar elfuncionamiento de la misma.Elaborar el Reglamento deFuncionamiento del Sistema Nacionalde Gestión Ambiental.Elaborar Reglamento deAdministración y acceso al SistemaNacional de Información AmbientalElaboración de Reglamento que fijeplazo de cumplimiento paracaracterizar los efluentes yemisiones.Si las categoría de uso de las áreasprotegidas, no están científicamenteestablecida conforme a la UniónMundial por la Naturaleza, puededársele un uso indebido.Si el uso del territorio no estálegalmente definido, se dificulta laaplicación de la legislación ambiental.La falta de reglamento no permite quelos ciudadanos puedan reclamar elcumplimiento de dicho reglamento enfunción de las actuaciones de losempleados del mismoChoque institucionales entre lasdiferentes Subsecretaría con relacióna sus funciones.Limita participación en la gestiónambiental y por la falta de reglamentono puede exigirse el cumplimiento oviolación del mismo por no existir.Limitado acceso a las informacionespor falta de funcionamiento delSistema Nacional de InformaciónAmbientalSin los reglamentos se limita elsometimiento a la justicia a losinfractores.1.- Modificar la Ley No. 202-04, sectorial deÁreas Protegidas,2.- Socializar el contenido.3.- Someter el Congreso.1. Identificación de los tipos de suelo.2. zonificación de los mismos.3. Determinar su uso.4. Proceso de sensibilización de laciudadanía sobre la importancia deelaboración de la Ley.5. Proceso de socialización del borradorde proyecto de Ley con los actores dela sociedad civil.6. elaboración y promulgación de la Ley1. Nombrar una comisióninterinstitucional en la que esténrepresentadas todos los miembros delConsejo para la elaboración delreglamento.2. Socializar el reglamento defuncionamiento entre los actoresclaves.1. Designar una comisión de expertospara la elaboración de dichoreglamento2. Elaborar resolución que ponga envigencia el reglamento.1. Designar una comisión de expertospara la elaboración de dichoreglamento2. Elaborar resolución que ponga envigencia el reglamento.3. Identificar Fuentes de financiamientopara su elaboración.1. Designar una comisióninterinstitucional integrada por lasprincipales instituciones queproducen información ambiental para laelaboración de dicho reglamento2. Elaborar resolución que ponga envigencia el Reglamento1. Elaborar el reglamento57

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoCAPITULO V.APLICACIÓN DE LOS DERECHOS PROCEDIMENTALES AMBIENTALES EN SECTORES AMBIENTALESESPECÍFICOS Y ÁREAS PROBLEMÁTICAS5.1 Calidad del Aire.Acceso a la informaciónEn virtud de lo establecido en la Ley 64-00, la SEMARENA entre sus funciones procurar el mejoramientoprogresivo de la gestión, administración y reglamentación relativas a la contaminación del suelo, aire yagua, para la conservación y mejoramiento de la calidad Ambiental. En tal sentido ha emitido la ResoluciónNo. 10/05 de fecha 24 de agosto del 2005, que promulga el Procedimiento para la Elaboración deInstrumentos de Regulación Ambiental; previo a esta Resolución han emitido otros instrumentos deregulación ambiental, lo que indica que sistematiza a ese rol que le es asignado por Ley.La SEMARENA está estructurada por 5 Subsecretarías como ya se ha dicho, cada una desempeñafunciones específicas. Con relación a la contaminación del suelo, aire y agua, la Subsecretaría de GestiónAmbiental es la encargada de la elaboración de las normas que contengan los estándares y losreglamentos de procedimientos a seguir para mantener los parámetros permisibles por dicha instituciónestatal, a través del Departamento de Normas.Entre los instrumentos jurídicos elaborados hasta el momento, relativos a la calidad del aire está NormasAmbientales de Calidad del Aire y Control de Emisiones, de fecha junio del 2003, NA-A1-001-03 quesustituye a la AR-CA-01, este instrumento establece los niveles permitidos de contaminantes de losdiferentes tipos y fuentes, estableciendo los costos de procedimiento de inspección y monitoreo, así comolos de corrección, a cargo de los contaminadores. Esta norma no contiene el impacto a la salud, queprovocarían los contaminantes regulados por la misma si se excedieran los límites permisibles.La información ambiental sobre la calidad del aire y los límites permisibles, está disponible en la páginaWeb de la SEMARENA y en formato digital e impreso en la Subsecretaría de Gestión Ambiental. Lainformación en Internet es gratuita y tiene un costo mínimo para obtenerla en CD o impresa.La participación pública en la toma de decisiones ambientales relativas a los estándares de calidad y limitespermisible del aire, no tiene un procedimiento de emisión de permisos relativo de hasta donde puedellegar el aire contaminando, se le permite emitir sus partículas hasta los limites permisibles, si se pasa deese límite, los ciudadanos que se sientan afectados pueden hacer uso de las disposiciones generales de lanorma, numeral 4.9, que dispone: las trasgresiones o violaciones a las disposiciones de esta norma podránser sancionadas a través de los mecanismos administrativos y/o judiciales consignados en la Ley 64-00.5.2 Uso de la Tierra.Acceso a la informaciónLa planificación y política agraria dominicana se sustentaba bajo los lineamentos generales de la Ley No. 5879del 27 de abril de 1962, y que ha sido objeto de numerosas modificaciones como la Ley No. 42 de 1972, la LeyNo. 570 del 22 de marzo de 1977, Ley No. 55-97 del 7 de marzo de 1997, que tenía por objeto dotar a loscampesinos de parcelas que les garantizara el sustento familiar y el progreso sistemático de su familia, con laayuda técnica y económica del Estado. Sin embargo, producto del cambio en los patrones económicosglobales y nacionales, este sistema de planificación es infuncional. Con la introducción en el país de las zonasfrancas en los años 80, el incremento del turismo y la proliferación de moto concho y otras actividadeseconómicas informales, se provocó una estampida de los campesinos a ciudades como el Distrito Nacional,Santiago de los Caballeros, San Pedro de Macorís, La Altagracia, entre otras, abandonando los prediosagrícolas para dedicarse a esas labores, lo que ha incrementado los cordones de miseria en las márgenes deríos y otras zonas vulnerables, provocando un impacto negativo a los recursos naturales y el medio ambiente.Las instituciones responsables de planificar y aplicar la política agraria del Estado son, la Secretaría de Estadode Agricultura (SEA), el Instituto Agrario Dominicano (IAD), el Banco Agrícola y el Instituto de Recursos58

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoHidráulicos (INDRHI). Cada una de estas instituciones dentro del sistema agropecuario, ejercen una funciónespecífica, la SEA que es el organismo rector de la política agraria se encarga de la vigilancia en el proceso deeliminación de plagas, mejoramiento de semillas, uso de suelos, etc., el IAD tiene como función la distribucióna los campesinos de parcelas para la producción agrícola, el Banco Agrícola es la entidad crediticia de losagricultores y el INDRHI encargado de la distribución de las aguas de regadío y de las presas, que a su vezha encomendado la tarea de administración local de las aguas a las juntas de regantes, lo que evidencia laparticipación publica en toma de decisiones respecto a la distribución de las aguas de regadío.La institución responsable de la distribución de tierras para fines agrarios es el Instituto Agrario Dominicano(IAD), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) vende terreno tanto para desarrollo rural como urbano y laAdministración General de Bienes Nacionales designa tierras para el desarrollo urbano; los asentamientos delIAD son gratuitos, en el caso del CEA y Bienes Nacionales, tienen una especie de inmobiliaria, pues vendenlos terrenos a las personas que ya los han ocupado por un determinado tiempo, además de tener ventasabiertas para todo ciudadano que solicite. Estas ventas y asignación de terreno han estado matizadas porinfluencias políticas y el valor mínimo dado a los terrenos.Los terrenos distribuidos por el IAD son intransferibles porque se convierten en bien de familia, mientras quelos inmuebles vendidos por la Administración Nacional de Bienes Nacionales y el CEA pueden ser transferidosporque se adquieren bajo compra y venta ordinaria.Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso de los inmuebles bajo la administración del CEA y BienesNacionales, mientras que para los terrenos del IAD sólo tienen derecho los campesinos que garanticen elcultivo de los mismos, así establecido en la Ley.Participación pública.En la República Dominicana no existen reglas específicas para la participación pública en la toma dedecisiones relacionada con la planificación, designación o prevención de la erosión en el uso de la tierra.Acceso a la justiciaEl país no cuenta con reglas ni procedimientos especiales en el acceso del público a la justicia con laplanificación de tierras; sin embargo, las instituciones ambientalistas tienen acceso cuando se ha cometidodaño considerable contra la naturaleza.5.3 Biodiversidad y Protección de la NaturalezaAcceso a la informaciónLa Ley Sectorial de Áreas Protegidas No. 202-04 de fecha 30 de julio del año 2004, permite el acceso a lainformación y a la participación de los ciudadanos en las áreas y especies protegidas para fines derecreación, estudios científicos y comanejo de las mismas, establece además la participación de lascomunidades locales en la distribución de los beneficios recursos naturales, con la participación de lasociedad civil. La elaboración de comanejo y el acceso a especies protegidas, está bajo la administraciónde la SEMARENA, que mediante acuerdos establece las condiciones de explotación del área protegidaasignada.Participación PúblicaLa Ley No. 202-04 incluye la participación pública en las áreas protegidas a través de acuerdos de comanejo,convenios o contratos previstos en la legislación dominicana con personas jurídicas especializadasque demuestren capacidad para hacerlo. Además se establece la participación de las comunidades localesy la distribución de los beneficios donde se encuentren las áreas protegidas. El funcionamiento operativode la participación, así como los costos y alcance estará regido por el reglamento que manda a elaborar elreferido instrumento legal y que todavía no se ha elaborado.Todas las actividades relacionadas con la explotación de áreas y especies protegidas, están reguladas porLey No. 202-04, La Ley No.85, del 4 de febrero de 193l, sobre Caza y la resolución que contiene el conjuntode especies que pueden ser cazadas y el período de veda para algunas especies. Estos recursos pueden59

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríoser explotados mediante permisos y licencias otorgadas por la SEMARENA, que tiene la responsabilidad dela vigilancia y seguimiento de las actividades que se realicen en las áreas y con especies.Acceso a la justiciaEl acceso a la justicia relativo a la protección de las especies y de los ecosistemas legalmente protegidosestá previsto en el articulo 175 numerales 2 y 3, de la Ley No. 64-00 que establece “Quien produzcaalteraciones, daños o perjuicios dentro del sistema nacional de áreas protegidas y quien corte o destruyaárboles en áreas forestales de protección y en zonas frágiles, declaradas legalmente como tales;Quien cace, capture o provoque la muerte de especies declaradas en peligro de extinción o protegidaslegalmente”.5.4 Organismos Modificados Genéticamente (OMGs)Acceso a la información.El país no cuenta con reglas específicas concernientes al acceso a la información, participación pública yacceso a la justicia relativo a los Organismos Modificados Genéticamente, sin embargo, fue elaborado unanteproyecto de Ley por la SEMARENA sobre Bioseguridad de la Biotecnología que regularía el acceso aestos organismos. Este ante proyecto aunque está listo para ser sometido aún no lo someten al CongresoNacional.5.5 Calidad del Agua.Acceso a la información.La regulación de los estándares de calidad del agua está prevista por la Norma de Calidad del Agua y Controlde Descarga, de fecha junio 2003, emitida por la SEMARENA, esta norma establece una clasificación de lostipos de descarga en función de la cantidad y permanencia, las sustancias de descargas o descargasresiduales municipales, estableciendo los parámetros permisibles. Se establecen los niveles de descargas enlas aguas subterráneas, superficiales y costeras, así como el tipo de contaminación para cada caso.Estas informaciones están disponibles al público en la página Web de la SEMARENA e impresas en laSubsecretaría de Gestión Ambiental a un costo de doscientos cincuenta pesos RD$250.00 por siete (7)normas impresas.Participación pública.La participación pública en la elaboración de estándares de calidad del agua no está prevista en la legislacióndominicana, sin embargo, en el sistema de distribución relativo a las aguas superficiales en los prediosagrícolas, los administradores son los agricultores.5.6 Recursos Energéticos.Acceso a la información.El país no cuenta con reglas especiales para el acceso a la información en materia energética, sino, que elacceso a la información abarca todos los sectores, en virtud de lo dispuesto por la Ley General de LibreAcceso a la Información No. 200-04, y en el aspecto ambiental por la Ley No. 64-00 sobre medio ambiente yrecursos naturales.Las leyes Nos.125-01 del 26 de julio del 2001, sobre Electricidad, y la 57-07, del 7 de mayo del 2007, sobreincentivo a las energías renovable y regímenes especiales, regulan el sistema eléctrico nacional; la generacióny distribución de energía se basa mayormente en termoeléctricas con la utilización de carbón mineral ycombustible (gasoil) y en menor medida hidroeléctricas.La República Dominicana ha carecido de una real política y planificación energética que garantice laefectividad en el servicio, siendo esto uno de los principales obstáculos en el desarrollo del país, sin embargo,en la actualidad se está desarrollando el “Plan Integral de Recuperación del Sector Eléctrico” con el objetivode erradicar los apagones para el año 2012. En la actualidad se cuenta con 257 circuitos dentro del programa60

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Río“24 Horas”, lo que equivale al 48 por ciento de los 531 circuitos existentes, según discurso del presidenteLeonel Fernández publicado en el Periódico Listín Diario el 28 de febrero del año en curso.El Ing. Radhames Segura, Vice-presidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales(CDEEE), en un comunicado de prensa publicado en su página Web http://www.cdeee.gov.do, explica que de1,860.56 megavatios (MW) de demanda energética, hay 1,548 en línea, lo que equivale a un 83.23 por cientode la demanda total. La planta generadora AES-Andrés de 300 megavatios está aportando 272 y las unidadesItabo I de 128 megavatios está aportando 80, mientras que Haina IV de 84 megavatios está generando 60,Haina I de 54 se mantiene en 46, al igual que Los Minas VI que de 118 está aportando 95.2 megavatios alsistema de electricidad.La planta generadora Sultana del Este está en funcionamiento con 117 de 150 megavatios, y BarahonaCarbón, de 45 está produciendo 43 MW. En ese mismo orden las centrales CEPP-I de 18 MW genera 17.9 y laCEPP-II de 58 megavatios instalados está aportando 35.5. Así mismo la Central Monte Río de 100 megavatiostiene disponibles 72.6, la Generadora San Felipe de 180 megavatios se mantiene trabajando hasta el momentocon 172.9 y Metaldom de 42 megavatios está aportando al sistema eléctrico dominicano 16.9.La planta Wartsila de una capacidad de 43 megavatios tiene disponible 37 MW, lo mismo que la unidadEdemar, que de 72 está generando 70.0 megavatios, mientras que Diesel-Palamara de 107 está generando80, Diesel-La Vega de 87.5 dispone de 70.2 y Diesel-Pimentel de 55 tiene una disponibilidad de 31megavatios.La tendencia del gobierno en cuanto al sector eléctrico es incentivar las energías renovables, amigables alambiente, por el ahorro económico y la mitigación del impacto al medio ambiente, conforme lo establece la LeyNo. 57-07, así como la Ley No.112-00, del 29 de noviembre del 2000, que establece un impuesto al consumode combustibles fósiles y derivados del petróleo y de la Ley General de Electricidad, No.125-01, del 26 de juliodel 2001, destinados específicamente a programas y proyectos de incentivos al desarrollo de las fuentesrenovables de energía a nivel nacional y a programas de eficiencia y uso racional de energía.En el área de generación se están construyendo siete (7) proyectos hidroeléctricos, entre los cuales estánPinalito, Palomino y Las Placetas, con una capacidad de 235 megavatios, lo que representa un incremento del50 por ciento de la capacidad actual, a un costo de más de 800 millones de dólares. En la actualidad hay másde 700 megavatios concesionados en energía eólica.El impacto negativo al medio ambiente lo constituye el proyecto de construcción de dos centrales a carbón, de600 megavatios cada una, que dejarían las secuelas de las cenizas que constituyen una fuente decontaminación considerable, sin embargo, es positivo la conversión de plantas de gasoil a gas natural, comoes el caso de Cogentrix en Santiago, con 300 megavatios.Participación pública.La participación de los ciudadanos no varía en este aspecto de planificación energética con relación a loexpuesto anteriormente, en el sentido de que se ha reiterado que la participación de los ciudadanos se limita ala consulta pública cuando se van a desarrollar proyectos que requieren de estudio de impacto ambiental, delos estipulados en el articulo 41 de la Ley No. 64-00 que en lo relativo al sector eléctrico establece en susnumerales 2 y 3 líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus sub-estaciones; centrales hidro ytermoeléctricas y plantas nucleares de generación.Acceso a la justicia.El acceso a la justicia ambiental no se concibe en materia de planificación energética, sin embargo, si productode la planificación energética incorrecta se produce un daño al ambiente o se violara alguna ley, reglamentos onormas, los ciudadanos pueden acudir a la justicia ante la jurisdicción que corresponda.61

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríogarantizaría en el sentido de que involucran un conjunto de actores de la sociedad civil como empresarios,ONGs y Universidades, en la elaboración de las políticas y la planificación.Acceso a la justicia.En el país no existen reglas específicas respecto al acceso del público a la justicia en los casos relacionadoscon la planificación del cambio climático, pero sí con relación al uso y manejo de sustancias que puedenincidir en el cambio climático, y que están prohibidas, en virtud de lo establecido en el articulo 95 de la Ley No.64-00 que declara de interés nacional la protección de la capa de ozono y la disminución paulatina, hasta laeliminación total, del uso de las sustancias y productos que causen deterioro, menoscabo, contaminación uotros efectos nocivos a la atmósfera y la estratosfera. Se ordena la elaboración y aplicación de unprograma nacional de sustitución del uso de sustancias que agoten la capa de ozono.5.8 Gestión de los Productos Químicos.Acceso a la información.Las reglas generales que permiten el libre acceso a la información pública no excluyen ninguna información,excepto aquellas que pongan en peligro la seguridad nacional o el pudor de las personas, así mismo la LeyNo. 64-00, establece en su artículo 102, que todo accidente o acontecimiento extraordinario con incidenciaambiental real o probable, pérdida de vidas o lesiones, o el inminente riesgo de su ocurrencia, que tenga lugaro existan probabilidades de ocurrencia, en asentamientos humanos, industrias, instalaciones o en lugaresdonde existan depósitos de sustancias peligrosas, deberá ser notificado de inmediato a la oficina de laDefensa Civil, al Cuerpo de Bomberos, a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y ala Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social de la localidad, por los propietarios, directivos orepresentantes de la comunidad, empresa o instalación generadora del hecho, o por cualquier ciudadanoque se percate de ello.Los estándares de calidad de los alimentos son mayormente verificados para fines de exportación como loestablece la Resolución 21/2006, en la que la Secretaría de Estado de Agricultura acepta el sistema delServicio de Inspección de Inocuidad e Inspección de Alimento (Food Safety Impection Service- FSIS) delDepartamento de Agricultura de los Estados Unidos, específicamente para las especies bovina, porcina yavícola, así como otras medidas como el Decreto No. 217-91, de fecha 15 de junio del 1991, que prohíbe laimportación, elaboración, formulación, comercialización y uso de un conjunto de plaguicidas agroquímicos, porhaberse comprobado su alta peligrosidad a la salud humana y al medio ambiente.La Subsecretaría de Gestión Ambiental de la SEMARENA posee un listado mínimo de instalacionespeligrosas, que lo han levantado, a través de las denuncias que han realizado los ciudadanos por problemasprovocados por empresas o instalaciones nuevas que deben estipular en el formulario de análisis previo, todolo relativo a la materia prima que va a utilizar, y por este medio se determina la factibilidad o no de suoperación, quedando registrada la información en dicha subsecretaría y disponible al público en la institución,previa solicitud, y sin costo para todos los ciudadanos.La Ley No.226-06, de fecha 19 de julio del 2006 le otorga competencia a la Dirección General de Aduanaspara verificar y controlar las distintas operaciones aduaneras, embarque, desembarque y despacho demercaderías, emitir criterios obligatorios de clasificación para la aplicación de la nomenclatura arancelaria,hacer el registro de datos para la elaboración de las estadísticas del comercio exterior relativos a los productospeligrosos.El Departamento de Sanidad Vegetal y Animal de la SESPAS, tiene como atribuciones‣ Apoyar políticas y proyectos normativos relativos a sanidad y calidad vegetal y animal,‣ Aplicar las normas para el control sanitario, normas técnicas en los aspectos fitosanitarios, calidadde productos vegetales e insumos agrícolas, residuos de plaguicidas y alimentos para animalesque ingresen al país.‣ Verificación y certificación del cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de lascuales la República Dominicana es parte, para el comercio de vegetales, productos vegetales einsumos agrícolas y residuos de plaguicidas.63

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Río‣ Desarrollo, administración y supervisión del sistema de protección y vigilancia fitosanitarianacional.Los productos químicos peligrosos están regulados en el país, por un conjunto de disposiciones legales comola Ley No.4990 del 29 de agosto de 1958, sobre Sanidad Vegetal; Ley No.8 del 8 de septiembre de 1965, quedetermina las funciones de la Secretaría de Estado de Agricultura; Ley No.311 del 24 de mayo de 1968,que regula la fabricación, elaboración, envase, almacenamiento, importación, expendio y comercio encualquier forma de insecticidas, zoocidas, fitocidas, pesticidas, herbicidas y productos similares y susreglamentos; Ley No. 259 del 31 de diciembre de 1971 regula la producción, calidad y comercialización de losalimentos para el ganado; Decreto No.1193 del 7 de Agosto de 1975 y la Resolución de la Secretaria deEstado de Agricultura No. 15-75 del 4 de Septiembre de 1975, mediante los cuales se crea un sistema dedistribución de los insumos destinados a la producción agropecuaria, que se conocerá como Programa deCentros de Ventas de Materiales Agropecuarios, (CVMA), bajo la dependencia de la Secretaria de Estado deAgricultura; Ley No.602, del 20 de mayo de 1977, sobre Normalización y Sistemas de Calidad; Ley No.409 del12 de Enero 1982, sobre Fomento, Incentivo y Protección Agroindustrial;Resolución No. 02-2006 que promulga el Reglamento para la gestión de sustancias y desechos químicospeligrosos, el reglamento de etiquetado e información de riesgo y seguridad de materiales peligrosos, el listadode sustancias y residuos peligrosos.Resolución No. 09-2005 que promulga el Reglamento Ambiental para Uso, Manejo, Transporte y Disposiciónde Bifenilos Policlorinados (PCB´s)Participación pública.La Ley General de Salud No. 42-01, del 7 de febrero del año 2001, es el instrumento que regula elestablecimiento de estándares de salud, etiquetado, así como el registro de sustancias dañinas a la salud,como lo estable el artículo 109 y siguientes: “Corresponde a la Secretaría de Estado de Salud Pública yAsistencia Social, mediante la reglamentación correspondiente y a través de las instituciones y organismoscreados a tal efecto:a) El control sanitario del proceso, la importación y la exportación, la evaluación y el registro, el control de lapromoción y publicidad de alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, cervezas, medicamentos,cosméticos, productos de higiene personal y del hogar; tabaco, plaguicidas, sustancias tóxicas que constituyanun riesgo para la salud y todas las materias que intervengan en su elaboración;b) El control sanitario del proceso, el uso, el mantenimiento, la importación, la exportación y la disposición finalde equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de usoodontológico, materiales quirúrgicos y de curación y productos higiénicos.Art. 110.- Sólo se podrá importar, exportar, elaborar, producir, maquilar, envasar, conservar, almacenar,transportar, distribuir, expender, comercializar y realizar todo tipo de contratación con relación amedicamentos, cosméticos, productos de higiene personal y del hogar, cuando hubieren sido registradospreviamente en el departamento correspondiente de la SESPAS y cumplido con las condiciones yrequerimientos consagrados en la presente ley y las disposiciones legales y reglamentarias.Art. 111.- La naturaleza de los productos indicados en el artículo 109, su fórmula, su composición, su calidad,su denominación distintiva o marca, denominación genérica o específica y sus etiquetas y contraetiquetas,deberán corresponder a las especificaciones autorizadas por la SESPAS y cumplir con los requisitos queemita, de conformidad con las disposiciones aplicables y los reglamentos que elabore al efecto, encoordinación con las demás autoridades competentes.Art. 112.- Deberán inscribirse en el idioma español las leyendas y los textos de las etiquetas de los productosa que se refiere el presente libro.64

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoAcceso a la justicia.El acceso a la justicia de los ciudadanos cuando han sido afectados directamente está garantizada en elderecho común y en la legislación ambiental, respecto a las organizaciones ambientalistas la legitimidadprocesal; ya hemos dicho, se basa en el carácter patrimonial de los recursos naturales y del medio ambiente,en el interés colectivo y difuso, la Ley No. 64-00 y la Ley 42-01 califican como delito el uso ilegal de losproductos químicos contaminantes y si por el uso, manejo y disposición final inadecuado muriera algunapersona se le aplicará las penas estipuladas en el Código Penal que puede ser hasta de 30 años.5.9 Gestión de Desechos.Acceso a la información.El acceso a la información respecto a la gestión de desechos no está regulado por procedimientos especiales,se rige por lo previsto en la Ley de Libre Acceso a la Información (200-04) y la Ley No. 64-00. Entre lasinstituciones responsables de la gestión de desechos se encuentran la SEMARENA a través de laSubsecretaría de Gestión Ambiental y los Ayuntamientos.SEMARENA ha elaborado algunas normas sobre desechos peligrosos como la Norma de Gestión deDesechos Radiactivo NA-DR-001-03, de Junio 2003, que sustituye la DE-RA-01. Esta norma hace unaclasificación de los distintos tipos de desechos radiactivos. La Norma sobre Gestión de Desechos Infecciosos,está en borrador.Participación pública.La participación pública en los procesos ambiéntales está prevista en los espacios de opinión contemplados enel articulo 38 de la Ley 64-00, sobre consulta pública en los procesos de evaluación de impacto ambiental, elplebiscito municipal que establece la Ley No. 176-07 de fecha 20 de julio del 2007, que regula losAyuntamientos del Distrito Nacional y los Municipios, el Reglamento de Permisos y Licencias Ambientales, laResolución 12 de 2006, que establece el Reglamento para la Participación Publica de la Sociedad Civil en losprocesos relacionados con el Capitulo XVII del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, RepublicaDominicana y los Estados Unidos de América.Acceso a la justicia.En los casos de acceso a la justicia relacionados con gestión de productos químicos peligrosos, no existenreglas especiales de legitimación ni procedimentales, el acceso a la justicia se fundamenta por elprocedimiento común en los casos de peligro o daño ambiental.5.10 Otros Asuntos Ambientales Relevantes.Los proyectos o actividades que describe la Ley No. 64-00 en su artículo 41, son los de mayor relevancia, queameritan una evaluación de estudio de impacto ambiental; en tal sentido, sabiendo que existen instalacionescon mayores riesgos que otras y observando que todo no queda previsto en este articulo se le otorga lafacultad a la SEMARENA para ampliar el listado de los 20 proyectos señalados en dicho artículo, además en elpárrafo III manda a dicha institución a elaborar una nomenclatura explicativa de la actividades, obras yproyectos que requieran evaluación de impacto ambiental, declaración de impacto ambiental o informeambiental, según la magnitud y significación del impacto ambiental que puedan producir.5.11 Análisis y Evaluación.Los nueve (9) temas abordados en este capitulo son de suma importancia, sin embargo, el de mayor prioridadnacional en la actualidad, es el de los Recursos Energéticos, por el impacto económico, social y ambiental queenvuelve. El sistema eléctrico dominicano es de los más deficientes en América, lo que provoca que lamayoría de empresas y residencias satisfagan estas deficiencias comprando generadores eléctricos quecausan impactos negativos al medio ambiente como la contaminación atmosférica y sónica. La deficienciaenergética se ha caracterizado por la falta de planificación, de una política coherente y aplicable en el tiempode cobro y suministro del servicio; una gran mayoría de la población dominicana no paga el servicio eléctrico y65

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríopara los que pagan el servicio, la tarifa resulta es muy elevada con relación a otros países del área. El EstadoDominicano subsidia una gran cantidad de usuarios en el servicio energético.El gobierno dominicano se ha visto en la obligación de tomar medidas por la gran presión económica y socialen el sector energético, a esto se le suman los altos costos del petróleo, que no se explota en el país, plantasgeneradoras de alto consumo y la búsqueda de divisas para cumplir con los compromisos. Esta situación haobligado al gobierno a incentivar la transformación de las fuentes de energía convencional a no convencional,así como el caso de los combustibles. Para establecer el nuevo régimen de las energías, se promulgó la LeyNo. 57-07, sobre incentivo a las energías renovables y regimenes especiales con el objetivo de otorgarfacilidades a los inversionistas, para que exploten las diferentes fuentes de energías, como la eolica, solar,hidroeléctricas y la generación de combustible a través de la biomasa y el etanol. Las principales acciones eneste sentido que ha emprendido el gobierno se verifican en proceso de construcción de 7 proyectoshidroeléctricos con una capacidad de 235 megavatios, lo que representa un incremento del 50 por ciento de lacapacidad actual, entre los cuales están Pinalito, Palomino y Las Placetas y más de 700 megavatiosconcesionados en energía eólica. En cuanto a la producción de etanol se están concluyendo las negociacionesdel proyecto de consolidación de la industria de la caña.Este proyecto tiene como objetivo la construcción de un ingenio con capacidad para moler diariamente 15 miltoneladas de caña, una planta de co-generación de energía eléctrica a través del bagazo y otra planta paraproducir etanol, con una capacidad de 50 millones de galones anuales.Ese proyecto, que será ejecutado por el Grupo Vicini y el Central Romana, conllevará una inversión de 500millones de dólares y generará más de 30 mil empleos directos para la zona Este del país. Si estos proyectosconcluyen su ejecución estaríamos hablando de una reducción considerable en la emisión de gases de efectoinvernadero que inciden en el cambio climático.Otro tema de gran importancia y que se relaciona con la explotación de fuentes de energías renovales es elcambio climático y las sustancias que agotan la capa de Ozono, en ese tenor el país ha estado elaborandoestudios Proyecto de Actividades Habilitantes para la Autoevaluación de las Capacidades Nacionales para laGestión Ambiental Mundial (NCSA) – PIMS 2778, con el auspicio técnico-financiero del Fondo para el MedioAmbiente Mundial (FMAM), que revela el impacto negativo del cambio climático desde 2030 -2100, en la salud,en la agricultura en la zona costera y a las especies de flora y fauna. Con este estudio la RepúblicaDominicana está en condiciones de desarrollar un plan nacional estratégico como se está elaborando paramitigar los efectos del cambio climático.Acceso a la información.La Ley No. 57-07 no contempla el acceso a la información y mucho menos crea un procedimiento especial, sinembargo, respecto a la participación publica en la utilización de energías renovables, el articulo 13 de dichoinstrumento establece: “Todas aquellas instituciones de interés social (organizaciones comunitarias,asociaciones de productores, cooperativas registradas e incorporadas) que deseen desarrollar fuentes deenergía renovables a pequeña escala (hasta 500Kw) y destinado a uso comunitario, podrán acceder a fondosde financiamientos a las tasas más bajas del mercado para proyectos de desarrollo, por un monto de hasta el75% del costo total de la obra y su instalación. A estos fines la CNE afectará anualmente el 20% de losrecursos ingresados al fondo para desarrollo de energía renovable y ahorro de energía, previsto en la LeyNo.112-00, del 29 del quince (15) de noviembre del 2000, que establece un impuesto al consumo decombustibles fósiles y derivados del petróleo. Si bien esta participación no influye en el sistema eléctriconacional, pero sí en todos aquellos proyectos locales que las organizaciones se animen a participar en lageneración de energías. La referida ley no contempla el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos encaso de violación.En cuento a los demás temas como la biodiversidad y protección de la naturaleza, organismos genéticamentemodificado, calidad del agua, gestión de productos químicos y gestión de desechos, calidad del aire y de latierra se está trabajando en ello, en cuanto a la biodiversidad la SEMARENA ha elaborado un ante-proyecto deley listo para ser sometido al Congreso y el reglamento de especies amenazada y en peligro de extinciónconforme a la legislación nacional y CITES que se está revisando auspiciado por IRG y la SEMARENA, eniguales condiciones se encuentra el ante proyecto de Ley de la Biotecnología, en cuanto a la calidad del agua66

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríoestá depositado un Proyecto de Ley que cursa en la cámara de Diputados y está en la Comisión de MedioAmbiente para su examen. En la gestión de productos químicos se está desarrollando el Proyecto AsistenciaInicial para Habilitar a la República Dominicana a cumplir sus Obligaciones con el Convenio de Estocolmosobre Compuestos Orgánicos Persistente, con el auspicio del PNUD.Es importante destacar que en los temas tratados en el presente capitulo, no existe procedimiento especial enel acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia. Lo másrazonable en los temas tratados no es que cada una de las leyes creadas y las que están en proceso adoptenun procedimiento especial para el acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y elacceso a la Justicia, sino que establezcan en cada una de las legislaciones que se creen en uno de susprincipios estas prerrogativas y que sean desarrolladas en un reglamento, en el sentido de que ya contamoscon una Ley General de Libre Acceso a la Información y un Sistema Nacional de Información Ambiental creadomediante la Ley No. 64-00 que de funcionar garantizarían el libre acceso a la información.Acceso a la justicia.En cuento al acceso a la justicia ambiental está claramente definido y garantizado por el procedimiento común,algunos entrevistados entienden que se deben crear los tribunales especiales ambientales, mientras que otraparte entiende que no porque limitaría el accionar a nivel nacional.La participación pública en la toma de decisiones requiere de la elaboración de una ley que garantice esaparticipación y que la misma sea efectiva, pues la participación en la toma de decisiones ambientales no estágarantizada, a excepción de las evaluaciones ambientales.VariableTabla 5.1: Evaluación de Asuntos y Sectores Ambientales EspecíficosImportancia delAsunto(alto, medio, bajo)Asunto que requiereAtención (según los 3pilares del Convenio)Calidad del aire Medio Educación Ambientalrespecto a los productos queUso de las tierrasProtección de labiodiversidad y de lanaturalezaOMGsMedioMedio1- Promulgación de la Leyde Biodiversidad.2- Poner en vigencia ellistado de especiesprotegidas.3- Nombrar la cantidad degurda parques necesariospara el cuidado de lasespecies.Divulgación de lasespecies protegidas através de todos losmediosLimitación deCapacidades para elÁrea Problemática1.- Falta de una Ley deBiodiversidad yBiotecnología.2.- Falta de listado de lasespecies protegidas.3.- Reducido número depersonal que labora enlos parques.4.- Salarios muy bajos.5.- Poca preparación yconciencia de losguarda parques.Posible Actividad deDesarrollo de Capacidades1. Sometimiento del anteproyecto de Ley deBiodiversidad y biotecnologíaal Congreso.2.- Reunión de expertos con lasComisiones de MedioAmbiente del Congreso paraexplicarle la importancia y laurgencia de la aprobacióndel proyecto.3.- Reuniones con los actoresclaves y lideres de opiniónpara que apoyen el proyecto.4. Nombrar más guardaparques,5.- Incrementar el Salario de losguarda parques.6.-Capacitar a los GuardaParques.7.- Poner el Vigencia el listadode especies protegidasmediante reglamento ydifundirlo.8.- Emitir una resolución delProcurador Generaldesignando en cada DistritoJudicial un fiscal adjunto quese encargue de los asuntosambientales.Calidad del agua Medio 1. Equipos de laboratorios. 1.- Número considerable 1.- Identificación de las fuentes67

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Río2. Monitoreo de las aguas.3. Monitoreo de las fuentesde contaminación.4.- Poca capacidad de lasautoridades para darrespuesta.Recursos energéticos Alto Divulgación de los incentivosestablecidos por la Ley a lascomunidades y asociaciones.Energía nuclearBajoCambio climático Alto 1.- Elaboración de una Leysobre protección atmosférica.2.- Elaboración de Ley sobreOrdenamiento del Territoriopara regular todas las áreasvulnerables a los efectos delcambio climáticoGestión de productosquímicosMedioElaboración de una Ley deGestión de Productosquímicos.Inventario de todas lasempresas que trabajan conproductos químicos.Monitorear dichas empresasGestión de desechos Medio Elaborar Ley sobre reciclajecon incentivo a la población.Educar a la población parade fuentes decontaminación previo a laregulación ambiental.2.- Limitada capacidad derespuesta de laSEMARENA para ajustardichas fuentes decontaminación.3.- Poco personal paralabores de monitoreo yseguimiento.4.-Carencia de equipospara examinar la calidaddel agua.5.- Limitados recursospara combatir lacontaminación.6.- Gran influencia de lasempresas quecontaminan.7.- Fuentes decomunicación que sonproblemas sociales.1.- Falta de conocimientode las organizacionescomunitarias ONGs.1.- Las fuentes principalesque producen el cambioclimático escapan delcontrol dominicano.2.- Limitada capacidad delGobierno para resolver laszonas vulnerables comolas viviendas a la orilla delos ríos.3. Protección a altastemperaturasFalta de una ley queregule los productosquímicos.Falta de listado de losdiferentes químicos y suubicación física.Falta de lugares dedisposición final de los delos desechos químicos.Falta de una ley queregule los productosquímicos.de contaminación.2. Disponer de personal encantidad y calidad paracomenzar un proceso deadecuación de las fuentes queestén contaminando.2. Dotar de equipos de trabajo alos inspectores.3.- Imponer sanción penal oadministrativas a los infractoressegún sea el caso y otorgándoleun plazo para que se adecue.1.- Cursos sobre los incentivos alas comunidades para laexplotación de energíarenovable.2. Dotar a las comunidades deliteraturas sencillas conteniendolas facilidades y beneficios de laexplotación de las energíasrenovables,3. Difundir a través de losmedios de comunicaciónmasiva.1.- Planificación y elaboraciónde la Ley de ordenamiento delterritorio.2.- Traslado de las familias queviven en zonas vulnerables ainundaciones.3. Desarrollo de jornadas deeducación sobre los efectos delcambio climático.4. Desarrollo de proyectos conenergías renovables.5. Reducción de emisiones debióxido de carbono.1.- Elaborar una Ley que regulelas actividades con productosquímicos.2.- Elaborar un reglamento conun inventario de todas lasempresas que trabajan conquímicos.3.- monitoreo periódico a lasempresas para determinar elmanejo.4.- Identificación de los sitios dedisposición final.5 Divulgación de lasinformaciones1.- Elaboración de una Ley dereciclaje.2. Desarrollo de jornada de68

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríoque clasifique los desechos.Falta de listado de losdiferentes químicos y suubicación física.Falta de lugares dedisposición final de los delos desechos químicos.educación.3.- Desarrollo de mecanismosde compensación por elreciclaje.69

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoCAPÍTULO 6.GRUPOS NO GUBERNAMENTALES INVOLUCRADOS EN LA TOMA DE DECISIONESAMBIENTALES.6.1 Grupos no gubernamentales relevantes.La República Dominicana desde su nacimiento ha regulado los recursos naturales, fundamentalmente la ramaforestal y acuífero como lo indica la ley de “Protección de Bosques y Selvas” del año 1884. El sector nogubernamental comienza a preocuparse por la defensa del medio ambiente y los recursos naturales en ladécada de los ochenta, aunque existen organizaciones ambientalistas anteriores a esta fecha como laSociedad Ecológica del Cibao (SOECI), fundada en los años 70s. Amparadas en la Ley No. 520 del 1920, queincorporaba las instituciones sin fines de lucro, derogada por la Ley No. 122-05 de Regulación y Fomento delas Asociaciones Sin Fines de Lucro de fecha 8 de abril del 2005.La Ley No. 218 de fecha 28 de mayo de 1984, que prohíbe la introducción al país, por cualquier vía, deexcrementos humanos o animales, basuras domiciliarias o municipales y sus derivados, cienos o lodoscloacales, tratados o no, así como desechos tóxicos provenientes de procesos industriales, es producto de lasprotestas escenificadas a raíz de la introducción al país de un lodo cloacal por la comunidad de Oviedo,Provincia Pedernales, por las comunidades que se opusieron y tuvo que ser devuelto a su lugar de origen. Sinembargo, la legitimidad procesal activa, el acceso a la información y la participación pública en la toma dedecisiones ambientales, nace con la promulgación de la Ley No. 64-00, incrementándose el número deorganizaciones no gubernamentales defensoras del medio ambiente y los recursos naturales, destacándoseentre ellas:‣ El Grupo Jaragua Inc. que tiene como misión lograr el manejo efectivo de los recursos de labiodiversidad de la República Dominicana a través de la investigación y el desarrollo de proyectospara resolver los problemas de conservación local. Pone atención especial al desarrollo regional delas áreas protegidas a través de los procesos de participación comunitaria, principalmente el ParqueNacional Jaragua y las comunidades aledañas a éste en la Región sur del País.‣ El Consorcio Ambiental Dominicano (CAD), que agrupa un conjunto de instituciones que abarcantodas las áreas de trabajo sobre el medio ambiente, saneamiento, reforestación con el programa demitigación del efecto invernadero, uso de tecnología limpia, producción de café orgánico, etc.‣ El Centro para la Conservación y Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná y su Entorno, tiene comomisión lograr la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos naturales y culturales de laBahía de Samaná y las áreas naturales circundantes, con la participación activa de las comunidades.‣ La Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), tiene como misión promover acciones orientadas hacia lasostenibilidad en las relaciones ser humano y Naturaleza, a través del afianzamiento de la gestión,desarrollo del conocimiento y respeto por el entorno natural y la Biodiversidad.‣ El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente Inc. (INSAPROMA), tiene comomisión contribuir a la preservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales a travésde programas y proyectos dirigidos a defender la implementación de las normas nacionales einternacionales en materia de Derecho Ambiental, así como convertirse en un foro de denuncia encontra de toda acción, persona moral o física que actué en desmedro de los recursos naturales y delmedio ambiente.‣ La Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECOM), tiene como misión defender losderechos de los consumidores y usuarios del país y orientarlos para que tengan una mejor calidad devida.70

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Río‣ La Fundación Plenitud, funciona como un centro de investigación y divulgación sobre desarrollosostenible, a través de varias áreas de interés, entre estas la salud, la educación, el ambiente y eldesarrollo socio-económico que permita garantizar la salud del planeta como un todo, a la vez que unamejor calidad de vida para las presentes y futuras generaciones.En los diferentes medios de comunicación radial, televisivo, electrónico y escrito existen espacios de difusiónde temas ambientales; Digital 15 TV transmite el programa semanal “Mundo Ecológico”, GEOVIDATELEVISON, el Programa Ecológico-Educativo, transmitido por los canales 19UHF y 65UHF Canal del Sol, 6de Aster, 40 Telecable Nacional, Sistema de Satélite Panamsat, Canal Virtual 1, con cobertura en los EEUU,Centro, Sur América y Europa; el programa radial Educación y Medio Ambiente en la emisora Radio EducativaDominicana, difundido dos veces a la semanal. En todos los periódicos locales se difunden noticias relevantesde medio ambiente.No obstante, en el país son pocas las personas que hacen opinión pública sobre temas relacionados con elmedio ambiente, entre las que se encuentran Geraldino González, Luís Carvajal, Euren Cuevas Medina,Eleuterio Martínez, Ivonne Arias, Osiris de León, Ana Mercedes Henriquez Vda. de Núñez, Domingo Collado,Miriam Calzada, entre otros, usando medios de comunicación masiva como la televisión, la radio, el periódico,etc.En el sector empresarial existen instituciones promotoras del uso sostenible de los recursos naturales queimplementan diversos programas, como reforestación, producción orgánica, utilización de energía limpia, comoGrupo Ramos, Orange Dominicana, Cervecería Nacional Dominicana, Optica Almanzar, Elados Bon,Asociación de Industrias de Herrera, CEMEX dominicana, entre otros..La producción bibliógrafa ambiental en la República Dominicana es limitada, aunque algunos intelectuales hanabordado esta temática como la Magistrada Santa Moreno, con sus obras “El Derecho del Medio Ambiente”,“Fundamentos de Derecho Ambiental”, “La Deforestación en República Dominicana y sus ConsecuenciasJurídicas” y “Derecho y Medio Ambiente”, Geraldino Uribe González “Haiti SOS, Ambiental y Social”,“Recopilación de los Convenios Internacionales”, “Ríos y Arroyos de la República Dominicana” y EleuterioMartínez con su libro “Los Bosques Tropicales”.Gran número de universidades del país han introducido el tema ambiental en sus cátedras y programas,también desarrollan programas de investigación como el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), asícomo el derecho ambiental en la Universidad INCE y UNIBE.Tabla 6.1: Resumen de los Principales Grupos no GubernamentalesTipo de grupo Nombre del grupo Información de Contacto delGrupoProtección ambientalConsorcio Ambiental Dominicano(CAD), Grupo Jaragua, SOECI,INSAPROMAcad@verizon.net.dojaragua@tricom.net,info@soeci.org,insaproma2000@yahoo.esProtección del consumidor FUNDECON fundecom.org@gmail.com,fundecom@hotmail.comProtección de la salud Fundación Plenitud info@fundacionplenitud.orgMedios de comunicación Digital 15,Radio Educativa Dominicana.Diario Librehttp://digital15.com.do/television/www.redfm.gov.do,http://www3.diariolibre.com/71

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoIndustria y sector privadoSindicatosGrupo Ramos, Cervecería NacionalDominicana, Orange Dominicana,Asociación de Industrias de Herrera,Helados Bon, Optica Almanzar.Colegio Medico Dominicano, Foro(809) 530-6221(809) 530-7901, (809) 238-5550info@cmd.org.doAlternativoUniversidades INTEC, UNIBE, INCE, PUCAMAIMA www.intec.edu.doderecho@unibe.edu.doOtrosGeraldino González, Euren Cuevas.Luís Carvajal, Ana María Henríquez,Ivonne Ariasinsaproma2000@yahoo.esban01@codetel.net.do.grupo@jaragua.net6.2 Reconocimiento Legislativo y Legitimación de Grupos no Gubernamentales.Las Organizaciones No Gubernamentales están regidas por la Ley No. 122-05 de Regulación y Fomento delas Asociaciones Sin Fines de Lucro, de fecha 08 de abril del 2005 y su reglamento. Estas organizacionestienen personalidad jurídica. Su incorporación, conforme al artículo 2 de dicha Ley, es el acuerdo entre cinco omás personas físicas o morales, con el objeto de desarrollar o realizar actividades de bien social o interéspúblico con fines lícitos y no tengan como propósito u objeto el obtener beneficios pecuniarios o apreciables endinero para repartir entre sus asociados.Para la obtención del Registro de Incorporación de una Asociación sin Fines de Lucro deberá someterse a laProcuraduría General de la República por el Departamento Judicial de Santo Domingo o la ProcuraduríaGeneral de la Corte de Apelación del Departamento correspondiente, mediante solicitud formulada por el/aPresidente/a de dicha asociación, la siguiente documentación: A. Acta de la Asamblea Constitutiva,B. Estatutos,C. Relación de la membresía con los datos generales (nombres, nacionalidad, profesión, estado civil, númerode la Cédula de Identidad y Electoral o pasaporte y dirección domiciliaria),D. Misión y objetivos de la constitución,E. Área geográfica donde realizará sus Labores,F. Domicilio principal de la institución.G. Una certificación de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, Departamento de NombresComerciales y Marcas de Fábrica, autorizando el uso del nombre.El organismo competente para otorgar el registro de incorporación, como ya se ha dicho, es la ProcuraduríaGeneral de la República o la Procuraduría General de la Corte de Apelación del Departamento JudicialCorrespondiente, los cuales tienen un plazo de 60 días para decidir sobre el registro de incorporación. Sidentro de este plazo no se recibe ninguna respuesta, los interesados pondrán en mora el/a Procurador/aGeneral de la República o de la Corte de Apelación para que en el plazo de quince (15) días dicte el Registrode Incorporación, si no lo hace se tendrá por registrada la Asociación sin Fines de Lucro y se podrá proceder alcumplimiento de las medidas de publicidad. En este sentido fue adoptada la teoría jurídica del silencio positivo.Párrafo I. El Registro de Incorporación no surtirá efecto y la asociación no será considerada como unapersona jurídica, sino después de cumplir con los requisitos de publicidad en el término de un (1) mes de laexpedición del Registro de Incorporación.Para la toma de decisiones ambientales, las instituciones deben de tener personería jurídica, conforme lodispone el articulo 51 del Código Procesal Penal, por lo tanto las organización que carecen de estaprerrogativa no tienen los mismos derechos.72

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoLa obtención del registro de incorporación de una organización requiere únicamente del cumplimiento de losrequisitos establecidos en la Ley No. 122-05 y el pago del registro del nombre que es emitido por la OficinaNacional de Propiedad Industrial (ONAPI) y los costos de registros que no exceden en total RD$10,000.00.El país no cuenta con una clasificación de grupos de interés de las organizaciones nogubernamentales, ya que las organizaciones de interés privado no se consideran organizaciones sinfines de lucro, es importante aclarar que las ONGs, son instituciones privadas de interés social, por losobjetivos que persiguen.El gobierno aporta incentivos a las asociaciones sin fines de lucro, como las partidas presupuestariaque tienen un matiz discrecional, tanto del Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, de la mismamanera pueden ser exoneradas del pago de algunos aranceles aduanales a discreción de la autoridadtributaria, en el sentido de que no se cuenta con un procedimiento y unos requisitos que se le impongana la autoridad. Las ONGs., reciben apoyo del Estado, empresas nacionales, organismos y agenciasinternacionales de cooperación que financian proyectos de su interés, así como de los propiosmiembros.Las organizaciones sin fines de lucro pagan impuestos, sin embargo, pueden ser objetos deexoneraciones dependiendo de las gestiones y de lo que se importe, como una ambulancia, furgonesde medicamentos y alimentos para distribuirlos gratuitamente etc.6.3 Organización de Grupos No Gubernamentales.Los grupos no gubernamentales, se organizan en función de intereses comunes y se constituyengeneralmente en órganos de dirección y participación, los primeros como junta directiva que son electas por unperíodo determinado establecido por los estatutos y la Ley, y la Asamblea General constituida por la totalidadde los miembros. Cada organización se rige por sus normas estatutarias, que entre otras cosas, establecenlos requisitos de sus miembros, sin embargo, la Ley No. 122-05 establece que las organizaciones no puedendiscriminar por razones de sexo, raza, credo o condición social o política.Las relaciones entre gobierno y organizaciones No Gubernamentales son armoniosas, independientemente dela actitud crítica de éstas, se desarrollan proyectos conjuntos en áreas de interés común. La participación enla toma de decisiones de las ONGs., está centrada en los proyectos de corte social, ambiental y de desarrollo yse ve influenciada por los aportes realizados a dichas organizaciones por organismos internacionales yagencias de cooperación que exigen la participación de la sociedad civil. Las oportunidades de participaciónotorgadas por el gobierno a las ONGs, depende de la capacidad de influencia social de dichas organizacionesy los recursos que puedan agenciarse con organismos internacionales, ONGs, gobiernos extranjeros, gruposempresariales y Agencias de Cooperación para desarrollar proyectos conjuntos, donde hayan aportes deambas partes. Es importante mencionar el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sinFines de Lucro, que es un espacio plural integrado por cinco (5) representantes del sector gubernamental yseis (6) del sector de la sociedad civil, de manera que es un espacio de concertación plural y equilibrado.Los proyectos desarrollados por las ONGs son dirigidos a mejorar el nivel y calidad de vida de las personas, demanera que existe una relación directa entre población y ONGs permitiendo que los ciudadanos se beneficiende programas de educación, salud, generación de empleo, asistencia alimentaría, reparación de viviendas ysaneamiento ambiental. La población más favorecida con las programas implementados por las ONGs sonsectores de estratos social más bajo, fundamentalmente aquellos que viven en zonas vulnerables en campos yciudades.6.4 Análisis y Evaluación.El marco regulatorio que instituye las organizaciones No Gubernamentales, Ley No.122-05, fomenta este tipode organizaciones sin fines de lucro, así como su incidencia en la toma de decisiones. Las ONGs son pilaresfundamentales de la gobernabilidad, instrumentos de concertación, vías de cooperación y estructuras de73

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríocambios, fuentes de esperanza y medios idóneos de desarrollo con justicia e igualdad de oportunidades, ysobre todo símbolos de pluralismo, democracia y paz institucional, tal como lo plantea Juan RamónLarancuent, Presidente del Bloque de Organizaciones No Gubernamentales de la República Dominicana, en laedición del periódico el Nuevo Diario de fecha 29 de febrero del año 2008, cuyo espíritu está reflejado en estalegislación con un procedimiento más expedito que el de la legislación anterior.Se puede decir que la Ley No.122-05 es relativamente nueva, con solo tres años de vigencia, esta ley crea losmecanismos de control y vigilancia sobre los recursos que le son asignados, teniendo que justificar losminimos recursos que invierten, pero esto no limita para nada la participacion y la incorporación de nuevosgrupos como organizaciónes con personería jurídica con derechos y obligaciones.El país no cuenta con la capacidad suficiente para asistir en el desarrollo de grupos de interés, por variasrazones, por un lado está la inequidad en la distribución de los recursos a las ONGs, en el sentido de que noexisten mecanismos y reglas claras que establescan un conjunto de requisitos que cada organización debecumplir para recibir la subenciones para los propósitos de desarrollo de sus proyectos, y por otro lado el traficode influencia en las aasignaciones de recursos a las organizaciones no gubernamentales. No obstante existirla Ley No.122-05, no existen los mecanismos para que las ONGs que cumplan los requisitos de subvención encaso de no ser favorecida, puedar reclamar dicha subvención.El gobierno dominicano debe diseñar una política de integración de la sociedad civil, en la que se persiba a lasONGs y los demás sectores de la sociedad civil como instrumentos efectivos de socializacion y organos dearticulación con los estractos sociales más bajo y que el gobierno debe apoyar para desarrollar proyectos debien comúnLa siguiente tabla puede ser útil para resumir los resultados de la discusión sobre las áreas y asuntos arribaexpuestos que requieran atención adicional y refuerzo de capacidades en relación con el marco general parala participación pública en la toma de decisiones.Tabla 6-2: Evaluación resumida de la participación de los grupos No GubernamentalesRestricciones a su participaciónÁrea/Asuntoque requiere AtenciónRestricción de CapacidadesRelevante para el ÁreaProblemática.Posible Actividad deDesarrollo de CapacidadFalta de mecanismos idóneos paragarantizar los recursos a las ONGsen función de su capacidad deacción.Capacitación técnica en laelaboración y desarrollo deproyectos.Falta de un reglamento queestablezca los requisitos paraasignación de recursos que contengauna tabla, estableciendo una escalade cuanto se le puede otorgar a lasONGs u otras instituciones de lasociedad civil, en función del trabajosocial que realicen.Insuficiente oferta de proyectos ypersonal técnicos para desarrollarlos.Elaboración Ley de participaciónPública en la Toma de decisiones.El impedimento legal en laparticipación de laFalta de obligación legal de los Falta de establecimiento depoderes del Estado para la entrega sanciones al incumplimiento por1.- Elaboración de un reglamentocon requisitos de asignación derecursos que contenga una escalade calificación en cuanto a lacantidad de recursos.1.- Elaborar proyectos decapacitación, cursos, charlas,conferencias, mesas redondas etc.2.- Difundir materiales sobreelaboración de proyectosElaborar una Ley de participaciónpúblicaEstablecer por ley la obligación delEstado en el fortalecimiento de las74

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríode Recursos a las ONGs. parte del gobierno ONGs sin distinción.Errónea percepción de que las Poco interés en los incentivos para el 1.- Poner en funcionamiento elONGs son grupos de oposición alas ejecutorias del gobierno.desarrollo de las organizaciones. Centro Nacional de Fomento yPromoción de las Asociaciones sinDesigualdad en las asignacionespresupuestario.Debilidad institucionalFines de Lucro.Elaboración de un reglamentoconteniendo detallado el proceso.75

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoCAPÍTULO 7.EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES EXISTENTES Y DE LAS LIMITACIONES DE CAPACIDADES PARAIMPLEMENTAR EL PRINCIPIO 10 DE LA DECLARACIÓN DE RÍOLa Republica Dominicana cuenta con un marco regulatorio para los derechos procedimentales ambientales dederecho común, en los aspectos administrativos, civiles y penales, ya que la Ley No. 64-00 no prevé unprocedimiento especial ni la Ley Sectorial de Áreas Protegidas.De los tres pilares de la gobernanza ambiental democrática, los de mayor regulación procedimental congarantía de cumplimiento son, el acceso a la información y el acceso a la justicia ambiental, en cuanto a laparticipación pública en la toma de decisiones, es muy limitativo en las regulaciones y sobre todo en laobligatoriedad de los tomadores de decisiones a garantizar dicha participación.Los derechos procedimentales comprendidos en la legislación y las normas en cuanto a los elementos de lagobernanza, se aplican de manera limitada, en lo que se refiere al acceso a la información, el desconocimientode los ciudadanos de sus derechos en esta materia y el desconocimiento del procedimiento para obtenerlo nopermite que se avance en este sentido. Los funcionarios y empleados públicos no están lo suficientementecapacitados en cuanto a los deberes establecidos por la legislación para ofrecer las informaciones al público,estos y otros elementos crea disparidad entre lo establecido en la legislación y la practica, lo mismo ocurre conla participación pública en la toma de decisiones, sin embargo, en el acceso a la justicia ambiental, laspersonas tienen mayor conocimiento de sus derechos y los usan con mayor frecuencia.Para garantizar una mayor eficacia de las capacidades existentes, se deben diseñar programas decapacitación del personal que opera en las oficinas de acceso a la información, desarrollar una campaña deconcienciación sobre los derechos de los ciudadanos de acceder a las informaciones y del procedimiento paraobtenerlas, poner el funcionamiento el Sistema Nacional de Información de Medio Ambiente y RecursosNaturales, creando una comisión mediante decreto integrada por la SEMARENA, SEA, SESPAS, INDRHI,ONAMET, ADN dirigida por la SEMARENA para la aplicación de este sistema, identificar recursos financierosen Agencias de Cooperación y Organismos Internacionales, desarrollar una labor de integración a lasorganizaciones de la Sociedad Civil para el desarrollo de programas educativos dirigidos a la población,Sensibilizar las autoridades de la importancia de la aplicabilidad de los elementos de la gobernanza.7.1. Evaluación Resumen de las Capacidades Existentes Relacionadas con el Acceso a la Información.Las capacidades legales adoptadas y establecidas en el país respecto al libre acceso a la información estánestipuladas en:‣ Ley General de Libre Acceso a la Información No. 200-04;‣ Reglamento de aplicación a la Ley No. 200-04, puesto en vigencia mediante Decreto No. 130-05 de fechaveinticinco (25) de febrero del año 2005,‣ Ley No. 64-00, que crea un Sistema Nacional de Información de Medio Ambiente y Recursos Naturales,‣ Ley No.13-07, que instituye el Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo‣ Ley Sectorial de Áreas Protegidas No. 202-04‣ Código Procesal Penal, Ley No. 76-02.‣ Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Principio 10.‣ Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, 2002,‣ Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad Ambiental de la Convención sobre Diversidad Biológica (2003);‣ Convenio de Rótterdam sobre el procedimiento fundamentado previo para ciertos productos químicospeligrosos y pesticidas en comercio internacional (2004).‣ Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (2004),El desarrollo de las políticas gubernamentales sobre libre acceso a la información pública, han beneficiado engran parte la habilitación del país para la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río, en el sentido deque las instituciones gubernamentales han tenido que crear las oficinas de libre acceso a la información y sus76

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríopáginas Web, fundamentalmente aquellas que ofrecen servicios ambientales como el INDRHI, INAPA,CDEEE, ONAMET, SEA, SESPAS, ADN, entre otras, como se evidencia a continuación:‣ La instalación de 73 Oficinas de acceso a la información pública con personal de 4 a 7 en cadaoficina.‣ Implementación de un geoservidor y centro de documentación, cuyo objetivo es sistematizar y publicartodas las informaciones geoespaciales de recursos naturales y biodiversidad del país, las cuales pusoal acceso del público mediante un sistema de mapas por Internet. (SEMARENA, Subsecretaría deEducación e Información Ambiental/ DIARENA)7.2. Evaluación Resumen de las Capacidades Existentes Relacionadas con la Participación Pública.Como se ha indicado anteriormente, la participación pública en la toma de decisiones es el elemento de lagobernanza ambiental democrática de mayor debilidad legal e institucional con que cuentan los ciudadanos, noexiste una ley de participación pública que obligue a los tomadores de decisiones a permitir la participación delas personas interesadas, sin embargo, existen algunas herramientas jurídicas que permiten la participacióncomo:‣ Ley No. 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales en sus artículos 19, 24 y 38.‣ Reglamento del sistema de Permisos y Licencias ambientales‣ Reglamento de la Cámara de Diputados‣ Reglamento de la Cámara de Senadores‣ Reglamento de participación pública de la Sociedad Civil en la Implementación del DR-CFTA para losasuntos ambientales.Respecto a la capacidad operativa instalada en el país para garantizar la participación pública en la toma dedecisiones se encuentran:‣ Oficina de atención a la comunidad de SEMARENA‣ Las comisiones de medio ambiente y recursos naturales del Senado y de la Cámara de Diputados(con sus oficinas).‣ Departamento de vistas públicas de proyectos con asiento en la Subsecretaría de Gestión Ambiental.7.3. Evaluación Resumen de las Capacidades Existentes Relacionadas con el Acceso a la JusticiaEl acceso a la justicia ambiental es un instrumento utilizado de última ratio por los ciudadanos para hacer valerderechos que les han sido vulnerados, como el derecho a la información y a la participación pública en la tomade decisiones. Este derecho, en algunos aspectos procedimentales, tiene algunas limitaciones para garantizarla eficacia o la suficiencia en la aplicabilidad, fundamentalmente en el aspecto de la participación pública losciudadanos tienen limitados mecanismos legales de presión, y otros elementos de carácter individual, como lafalta de conocimiento de los ciudadanos al derecho a la información y la poca preparación técnica de los queofrecen las informaciones.La subjetividad y legitimidad procesal de las instituciones y de las personas que han sido afectada, estágarantizada en la legislación dominicana, en la actualidad el país cuenta con:‣ Ley No. 64-00, artículos 2 (orden público), 3 (carácter patrimonial del ambiente), 6 (acceso a lainformación veras y oportuna), 8 (principio precautorio), 16 numerales 31 y 32 (interés colectivo ydifusos), 38 (consulta pública), 49-52 (acceso a la información) 178 (legitimidad procesal activa) y elarticulo 51 del Código Procesal Penal sobre el Interés Colectivo y Difuso.‣ Ley Sectorial de Áreas Protegidas No. 202-04‣ Ley General de Libre Acceso a la Información No. 200-04‣ Ley General de Salud No. 42-01‣ Ley 305 del 1968, que prohíbe la construcción en la franja marítima de 60 metros.‣ Ley No. 123 que prohíbe la extracción de agregado de la corteza terrestre y su reglamento‣ Ley 287, sobre Limitación y Supresión de Ruidos Molestos77

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Río‣ Ley No. 13-07 que crea el Tribunal Contencioso y Tributario‣ Capitulo XVII del DR-CAFTA‣ Reglamento de Permiso y Licencias Ambientales‣ Normas ambientales,( ver página Web de la SEMARENA, www.medioambiente.gov.do )78

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoCAPÍTULO 8.OPORTUNIDADES PARA LA TOMA DE ACCIONES PERTINENTES Y REFUERZO CONCRETO DECAPACIDADESLa República Dominicana posee capacidades reales legislativas referentes al derecho de acceso a lainformación pública y al acceso a la justicia ambiental, y en menor medida de participación pública en la tomade decisiones, independientemente de que estos elementos no están estipulados en la ConstituciónDominicana. En tal sentido el país debe tomar medidas y diseñar estrategias para maximizar el eficazcumplimiento de la legislación existente y crear las que hagan falta, para poder lograr esa eficacia que serequiere, tales como:‣ Inclusión del componente ambiental en la nueva Reforma Constitucional.‣ Elaborar una ley de Participación Pública.‣ Capacitación continúa de los operadores jurídicos (jueces, fiscales y abogados).‣ Dotar de las herramientas e instrumentos de trabajo a los técnico de la SEMARENA y de laPRODEMAREN.‣ Elaborar un reglamento de definición de roles.‣ Elaborar un reglamento que defina el concepto y alcance del delito penal en blanco.‣ Terminar el manual sobre procedimiento interno en la Procuraduría para la Defensa del MedioAmbiente y los Recursos Naturales‣ Divulgación mediante diferentes fuentes de información (brochure, radio, televisión, periódicos, revista,página Web etc.) de los requisitos para acceder a la justicia ambiental.‣ Establecer alianzas estratégicas con la sociedad civil para impartir charlas, conferencias y cursossobre los derechos de acceso a la información, a la participación y la justicia ambiental.‣ Colocar en la Página Web todas las informaciones relativas a los elementos de la gobernanzaambiental democrática.‣ Identificar fuentes de financiamiento para la ejecución de los proyectos.‣ Disponibilidad de Fondos en Organismos de Cooperación Internacional para promover la gobernanzaambiental democrática.‣ Inclusión de la República Dominicana en los acuerdos compromisarios de acceso a la justiciaambiental, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia.‣ El funcionamiento del Consejo Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales con lo que quedaríaresuelto el problema de la participación pública en la toma de decisiones respecto al diseño de lapolítica ambiental.‣ Elaborar y poner en vigencia el Reglamento General de la Ley 64-00 para poder lograr unfuncionamiento más efectivo de las funciones de las instituciones que trabajan el temaambiental.‣ Crear comisiones interdisciplinarias e interinstitucional para el funcionamiento del Sistema Nacional deInformación Ambiental.79

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoANEXO 1. IDENTIFICACIÓN DE LAS LIMITACIONES DE CAPACIDADES PARA LOS ASUNTOS A NIVELSISTÉMICO, INSTITUCIONAL E INDIVIDUAL.1. Valoración de las Limitaciones de Capacidades a Nivel Sistémico.‣ Falta de claridad, estrategia y definición de roles entre las instituciones como la SEMARENA y laProcuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.‣ Falta de funcionamiento del Sistema Nacional de Información Ambiental‣ La Oficina de Acceso a la Información en la SEMARENA‣ Falta de recursos humanos calificados para ofrecer a las informaciones.‣ Falta de disponibilidad de recursos económicos para la implementación del Sistema Nacional deInformación Ambiental.‣ Ausencia de procedimiento interno de sistematización y entrega de información‣ Dispersión de las informaciones entre las diferentes Subsecretaría y las demás instituciones queproducen información ambiental.‣ Falta de clasificación de las informaciones.‣ Desconocimiento de los ciudadanos de sus derechos a la información.‣ Desconocimiento de los ciudadanos de los procedimientos establecidos por la ley para acceder a lainformaciones‣ Limitados conocimiento de los funcionarios y autoridades de la obligación que tienen de entregar lasinformaciones permitidas.‣ Limitada claridad en las competencias de los funcionarios referentes a las faltas administrativas y losdelitos ambientales.‣ Limitada planificación, por falta de herramientas, recursos humanos tecnificados y recursoseconómicos.‣ Falta de disponibilidad de recursos financieros para lo relativo al acceso a la información, laparticipación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia ambiental.‣ Deficiencia en la capacitación técnica continuada.‣ Falta de leyes y reglamentos específicos sobre la participación pública en la toma de decisiones.‣ Falta de Ordenamiento territorial que defina los usos y protección de los recursos para poder facilitar elacceso a la información y la participación.‣ Débil cumplimiento de los compromisos asumidos con la firma de las convenciones.‣ Falta de introducción de la variable ambiental en la Constitución de la República.Las debilidades que presenta el acceso a la información es de diferente naturaleza, individual, institucionaly sistémica, como la falta de aplicabilidad de los instrumentos jurídicos existentes, los limitadosconocimientos de las personas de sus derechos de acceso a la información, la falta de capacitacióntécnicas de los funcionarios y empleados que brindan el servicio, limitados recursos financieros y la faltade complementación de la legislación o sus reglamentos, como se presentan a continuación:Valoración de las limitaciones de capacidades a nivel institucional‣ Insuficiente personal, capacidad técnica y recursos económicos en las diferentes Subsecretarías de laSEMARENA para detectar, instrumentar y notificar el delito ambiental.‣ Insuficiente personal, recursos económicos y equipos adecuados en la Procuraduría Ambiental para laDefensa del Medio Ambiente.‣ Insuficiente coordinación institucional y protagonismo entre las instituciones vinculadas con elestablecimiento y aplicación de las leyes/regulaciones.‣ Carencia de incentivo salarial a los empleados responsables de la detección, instrumentación ynotificación del delito ambiental.‣ Insuficiente personal idóneo en distintos ámbitos institucionales para aplicar las legislaciones.‣ Limitada credibilidad, consistencia y constancia en las acciones que se toman en torno a la detección,instrumentación, notificación y seguimiento del delito ambiental.80

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Río‣ Retraso en los procesos a causa de la burocracia interna en la SEMARENA y la Procuraduría del MA.‣ Insuficiente coordinación institucional a nivel local para aplicar las leyes ambientales.‣ Poca garantía de participación en consulta pública en los estudios de impacto ambiental por eldesconocimiento de la población de este derecho‣ No se aprovechan las condiciones existentes para un mayor flujo de información acerca de losaspectos ambientales.‣ Poca presencia del personal encargado de acceso a la justicia a la información y la participaciónpública de la SEMARENA y la Procuraduría para la Protección del Medio Ambiente.‣ Falta de un fondo nacional para programa y proyecto de educación ambiental para acceso a lainformación, participación pública y acceso a la justicia.‣ Incumplimiento con la Ley de Libre Acceso a la Información y la Ley No. 64-00, por parte de lasInstituciones del Estado.‣ Falta de una estrategia nacional para el Acceso a la Información Participación Pública en la Toma deDecisiones y Acceso a la Información.‣ Multas bajas impuestas a quienes violan las leyes medioambientales.‣ Falta de claridad en la definición de las funciones en el trabajo lo que limita las destrezas y lascapacidades.‣ Limitada rendición de cuentas de los empleados en sus actuaciones‣ Ineficiente acceso a la información por la falta de concentración, sistematización y clasificación de lasmismas.‣ Reducido intercambio de los empleados con su contraparte y otros profesionales.‣ Debilidad en la evaluación de los empleados del sector ambiental, por las limitadas herramientas detrabajo.‣ Limitados incentivos salariales, preparación continua y de escala a los empleados para promover laexcelencia.‣ Limitada valoración de la integridad y las actitudes existentes.‣ Falta de motivación para mantener la moral‣ Limitado trabajo en equipo y falta de eficaciaValoración de las Limitaciones de Capacidades a Nivel Individual:‣ Insuficiente concienciación a nivel de los jueces que penalizan el delito ambiental.‣ Falta de conocimiento de los ciudadanos sobre sus derechos y el procedimiento para acceder a lainformación ambiental.‣ Complicidad de determinado personal destinado a la fiscalización y aplicación de las leyes yregulaciones con los infractores de las mismas.‣ Falta de conocimiento de las personas del derecho que tienen a participar en las consultas públicaspara las evaluaciones ambientales‣ Limitado conocimiento de las leyes ambientales vigentes por parte de la ciudadanía.‣ Irrespeto a las leyes establecidas como la 64-00 y la 287, sobre Supresión y Limitación de RuidosMolestos por parte de la Población.‣ Escasez de querella y constitución en actor civil por parte de los/as ciudadanos /as e instituciones concalidad ante los tribunales cuando se comete delito ambiental.La naturaleza de estas limitaciones se debe a la falta de recursos económicos, la relativa juventud del derechoambiental del país, jueces, fiscales, técnicos e inspectores, con limitados conocimientos del derecho ambiental,falta de dotación de herramientas y la difusión de los derechos y los deberes para el medio ambiente y losrecursos naturales. Esta situación puede ser revertida utilizando estrategias como alianza con los sectores dela Sociedad Civil para el aspecto de concienciación de la importancia en la protección del medio ambiente y losrecursos naturales, con los Organismos Internacionales y Agencias de Cooperación para financiar proyectosde capacitación de los operadores jurídicos del sistema.81

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoPara movilizar las capacidades existentes y asegurar la implementación más eficaz de leyes y políticasnacionales se debe diseñar un proyecto que contemple:‣ La elaboración de cada uno de los reglamentos y manuales de administración y de ordenamiento ysistematización de los datos que se ofrecerán al público.‣ Capacitación contínua del personal que ofrece las informaciones.‣ Dotar de las herramientas e instrumentos de trabajo las OAI‣ Poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Información Ambiental.‣ Desarrollar procesos de información en los medios de comunicación masiva sobre los derechos de losciudadanos del libre acceso al información.‣ Establecimiento en brochure de los requisitos para obtener las informaciones‣ Establecer en un brochure las informaciones que se le pueden ofrecer al público y cuales no.‣ Establecer alianzas estratégicas con la Sociedad Civil para impartir charlas, conferencias y cursossobre los derechos del libre acceso a la información.‣ Colocar en la Página Web todas las informaciones.‣ Identificar fuentes de financiamientos para la ejecución de los proyectos.Nota: ver la participación pública en la página No. 3682

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoANEXO 2: ANÁLISIS DE CASOS ESPECÍFICOS DE TOMA DE DECISIONES:CASO ROCK ASHAsunto: Querella y Constitución en Actor Civil por Transporte Transfronterizo de desechos denominado RockAsh.Demandantes: Por la Sociedad Civil, Instituto de Abogados Para Protección del Medio Ambiente(INASPROMA) Inc., Grupo Mundo Ecológico Inc., Junta de Vecinos Arroyo Barril, Samaná, Cámara deComercio y Producción de Samaná y el Sr. Ramón Antonio Peña, por el Estado y la Sociedad la Procuraduríapara la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.Inicio del Proceso: Querellantes y Actores Civiles (grupo de interés público y particulares, haciendo uso de lasubjetividad procesal plasmada en los intereses colectivos y difuso y el carácter patrimonial del medioambiente y los recursos naturales.Tipo de Proceso: PenalDemandados: Sres. Frank Moya Pons, Rene Ledesma, la empresa Trans Dominicana de Desarrollo S. A.,Multigestiones Valenza, S. A., y Silver Spot Enterprises de Puerto Rico, S. A.Tribunal Competente: El de Primera Instancia del Distrito Judicial de SamanáInstitución encargada de tomar la decisión: Tribunal de Primera Instancia (Juez de la Instrucción y TribunalColegiado) Corte de Apelación del Departamento Judicial de Duarte y la Suprema Corte de Justicia todos enatribuciones penales.Discrecionalidad de las Autoridades en la toma de decisiones: La Ley no contempla discrecionalidad oíntima convicción de los tomadores de decisiones (jueces), sino que los elementos de prueba deben valorarsesobre la base del buen juicio y la sana crítica. En cuanto al Ministerio Público encargado de poner enmovimiento la acción de la justicia y presentar acusación debe hacerlo en función de los elementos de pruebasrecolectados o presentados por los querellantes y actores civiles y debe limitarse a valorar esos elementos deprueba, para determinar si son suficientes y contundentes para encausar al imputado.Legislación o reglamentación involucrada:Ley 64-00 artículos 8, 38, 40, 41 numerales 1, 14, 17 y 18 párrafo II, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 90, 91, 100,153, 171, 172, 174, 175, 184 y 185, Ley No. 70 que instituye la Autoridad Portuaria Dominicana, así comotambién la Ley 218 del 13 de Marzo de 1984, y específicamente en todo su contenido donde la misma prohíbela introducción al país por cualquier vía, de excrementos humanos o animales, basuras domiciliarias omunicipales y sus derivados, cienos o lodos cloacales, tratados o no, así como desechos tóxicos provenientesde procesos industriales, el Convenio de Basilea, ratificado por la Republica Dominicana, el 10 Marzo de2000, sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación,particularmente en su artículo 9, y el Reglamento para el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ytambién el Reglamento del Sistema de Permisos y Licencias Ambientales.Argumentos: Las ONGs y demás instituciones y personas querellantes y actores civiles sustentan que eltransporte de material de ceniza de carbón mineral compactada denominada Rock Ash, traído desde lasinstalaciones de la empresa AES-PUERTO RICO (generadora de electricidad) es un desecho industrial,contaminante y toxico, que fue traído al país y depositado de manera ilegal en zonas frágiles, con la anuenciade las autoridades de turno, en violación al Convenio de Basilea que regula el transporte transfronterizos dedesechos peligrosos y otros desechos, la Ley No. 218-84 que prohíbe la introducción al país por cualquier vía83

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríode basura, lodo cloacales……, la Ley No. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Reglamentode Permisos y Licencias Ambientales.Otra información sobre el contexto relevante:El caso Rock Ash ha sido de los de mayor importancia en el país por el interés que despertó a nivel nacional einternacional, logrando pronunciamiento en contra de la importación de dicho material de la más alta direcciónde las instituciones dominicanas como la jerarquía eclesiástica, el Presidente de turno en cuyo período seimportó dicho material, los principales líderes políticos como Leonel Fernández hoy presidente de la República,el Congreso interpeló al entonces Secretario de Estado de Medio Ambiente y al Subsecretario que emitió elpermiso ambiental, los medios de comunicación radial, escrita televisivo se hicieron eco de la situación, laSociedad Civil en su conjunto (ONGs, Juntas de vecinos, asociaciones de comerciantes y personasindividuales ) asumieron la defensa del medio ambiente y los recursos naturales en este caso, lo que hacontribuido a crear conciencia ambiental.Otro aspectos relevantes es que el imputado que autorizó la descarga sin las debidas observaciones ha sidosancionado administrativamente con una multa de 3000 salarios mínimos, el perjudicado recurrió ante elTribunal Contencioso Tributario y Administrativo y le confirmaron la decisión de la autoridad administrativa desancionarlo, recurrió en casación el sancionado y la Suprema Corte de Justicia remitió el caso para nuevoexamen para el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo. Esta decisión aun está pendiente.Antecedentes.El hecho previo al juicio:En fecha 24 de noviembre del dos mil tres (2003), la empresa Multigestiones Valenza S. A. a través de supresidente Roger Charles Fina, solicitó el permiso para la importación del Rock Ash al Subsecretario deGestión Ambiental Héctor Rene Ledesma, solicitándole permiso para importar 50,000 toneladas de materialRock Ash desde Puerto Rico y que se utilizaría para aumentar la capacidad portante del Puerto de ArroyoBarril Samaná, en tal virtud de dicha petición, en fecha 16 de diciembre del 2003, el señor Héctor ReneLedesma Hernández, le remite una comunicación al señor Rosendo Arsenio Borges Rodríguez, preguntando siautorizaba el deposito de ese material en el Puerto citado y este respondió que no tenía objeción.En fecha 15 de Enero del año dos mil cuatro (2004), la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y RecursosNaturales, a través de la Subsecretaría de Gestión Ambiental emitió la constancia DEA 193-04 “PROYECTODE DESCARGA DE MATERIAL ROCK ASH EN EL PUERTO DE SAMANA”, donde hace constar que laactividad a realizar consiste en el desembarque de cincuenta mil (50,000) toneladas de material Rock Ash,para la preparación del patio de carga del puerto de Samaná, con el fin de aumentar la capacidad portante ydisminuir la plasticidad del mismo, la cual fue firmada por el titular de esa subsecretaria Héctor Rene LedesmaHernández y establece en la misma que no requiere de estudio ambiental.En virtud de lo anterior fecha treinta (30) de Septiembre del año dos mil cuatro (2004), el Instituto de AbogadosPara Protección del Medio Ambiente, Grupo Mundo Ecológico Inc., Junta de Vecinos Arroyo Barril, Samaná,Cámara de Comercio y Producción de Samaná y el Sr. Ramón Antonio Peña, interpusieron una querella conconstitución en parte civil por ante el Procurador Fiscal del Distrito Nacional, en contra de los Sres. Frank MoyaPons, Rene Ledesma, la empresa Trans Dominicana de Desarrollo, Multigestiones Valenza, S. A., y Silver SpotEnterprises de Puerto Rico, S. A., la referida querella fue declinada a la Procuraduría para la Defensa delMedio Ambiente y los Recursos Naturales y remitida mediante oficio No.12022 de fecha veintiséis (26) deOctubre del dos mil cuatro (2004), por dictamen de fecha 19 de Octubre del dos mil cuatro (2004) delProcurador Fiscal del Distrito Nacional.En fecha primero de noviembre del año dos mil cinco (2005), la Procuraduría para la Defensa del MedioAmbiente y los Recursos Naturales, presentó formal escrito de acusación y solicitud de Apertura a Juicio encontra de los imputados Héctor René Ledesma Hernández y Rosendo Arsenio Borges Rodríguez, Roger84

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoCharles Fina y la Empresa Multigestiones Valenza S. A. por ante el Juzgado de la Instrucción del DistritoJudicial de Samaná. En ocasión de la denuncia pública realizada en fecha 23 de Marzo del 2004 por elSenador Ramiro Espino de la Provincia de Samaná y la querella y constitución en actor civil promovida por laSociedad Civil citado;Consideraciones FundamentalesEl Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Samaná.En fecha 8 de diciembre del dos mil cinco (2005), el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Samaná,emitió Auto de Apertura a Juicio, mediante la Resolución No. 409/2005, en contra de DR. HÉCTOR RENÉLEDESMA HERNÁNDEZ Y ROSENDO ARSENIO BORGES RODRÍGUEZ, solicitada por los magistrados LIC.ANDRES M. CHALAS VELAZQUEZ, Procurador General para la Defensa del Medio Ambiente y los RecursosNaturales y LIC. JOSE CALAZAN MOREL, Procurador Adjunto para la Defensa del Medio Ambiente y losRecursos naturales del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís haber violado los artículos 8, 38,40, 41 numerales 1, 14, 17 y 18 párrafo II, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 90, 91, 100, 153, 171, 172, 174, 175, 184y 185 de la Ley 64-00, así como también la Ley 218 del 13 de Marzo de 1984, y específicamente en todo sucontenido donde la misma prohíbe la introducción al país por cualquier vía, de excrementos humanos oanimales, basuras domiciliarias o municipales y sus derivados, cienos o lodos cloacales, tratados o no, asícomo desechos tóxicos provenientes de procesos industriales, y así como también el Convenio de Basilea,ratificado por la Republica Dominicana, el 10 Marzo de 2000, sobre el control de los movimientostransfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, particularmente en su artículo 9, y el Reglamentopara el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y también el Reglamento del Sistema de Permisosy Licencias Ambientales.Previo a esta resolución, el magistrado Juez de la Instrucción había impuesto a los imputados una medida decoerción consistente en una garantía económica de cien pesos (RD$100,000.00) e impedimento de salida delpaís, así mismo se declaró la rebeldía del imputado Roger Charles Fina por no comparecer a las citaciones,por lo que se hizo un desglose para conocer el caso a los imputados que se envían a juicio del la resolucióncitada.Decisión del Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Departamento Judicial de San Francisco deMacorís, del Distrito Judicial de Duarte.En fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil seis (2006), el Tribunal Colegiado de Primera Instancia delDepartamento Judicial de San Francisco de Macorís, Distrito Judicial de la Provincia Duarte, dictó la sentenciamarcada con el número 84/2006, que descargó de toda responsabilidad civil y penal a los imputados por nohaber cometido los hechos que se les imputan, en virtud de la valoración de todas las pruebas incorporadas aljuicio las cuales no lograron destruir su estado de inocencia, por tanto se les descarga de toda responsabilidadpenal, rechazando así las conclusiones vertidas al respecto por el Ministerio Público y los Querellantes enActores Civiles; Ordena el cese de las medidas de coerción que pesan contra los señores Héctor ReneLedesma y Rosendo Arsenio Borges, consistentes en una garantía económica de RD$100,000.00 (cien milpesos) cada uno e impedimento de salida; Rechaza la solicitud de ordenar a los señores Héctor ReneLedesma y Rosendo Arsenio Borges costear el traslado del material denominado Rock Ash a su lugar deorigen, a consecuencia del descargo pronunciado mediante esta sentencia a favor de dichos señores; Declarabuena y valida en la forma la constitución en Querellante y Actores Civiles del señor Ramón Antonio Peña y delas entidades Grupo Mundo Ecológico Incorporado, Instituto de Abogados Para la Protección del MedioAmbiente, Cámara de Comercio y Producción de Samaná y Junta de Vecinos de Arroyo Barril, en contra delseñor Héctor Rene Ledesma H., por haber sido hecha en tiempo hábil y conforme a los preceptos legalesvigentes. En cuanto al fondo, las rechaza en relación al señor Ramón Antonio Peña por no haber probado eldaño o perjuicio sufrido y en cuanto a las entidades Grupo Mundo Ecológico, Instituto de Abogados para laProtección del Medio Ambiente (INSAPROMA), Cámara de Comercio y Producción de Samaná, y Junta deVecinos de Arrollo Barril, por no haber probado sus personalidades jurídicas para demandar en justicia;85

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoRecurso de Apelación interpuesto por los querellantes, actores civiles y el ministerio publicoEn fecha 11 de agosto del año 2006, los querellantes actores civiles, Instituto de Abogados Para la Proteccióndel Medio Ambiente (INSAPROMA); el Grupo Mundo Ecológico; la Junta de Vecinos Arroyo Barril, Samaná;Cámara de Comercio y Producción de Samaná y el Señor Ramón Antonio Peña, conjuntamente con laProcuraduría para la Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, interpusieron formal recurso deapelación en contra de de la Sentencia Penal No.84-2006, de fecha veintiuno (21) de Julio del año dos mil seis(2006), dictada por el Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Francisco deMacorís.Decisión de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco deMacorísEn fecha ocho (08) del mes de agosto del año 2007, la Cámara Penal de la Corte de Apelación delDepartamento Judicial de San Francisco de Macorís emitió la Sentencia Motivada No. 085, la cual notificaron alos querellantes-actores civiles en fecha seis (06) 2007, en cuyo dispositivo rechazó los Recursos interpuestospor los actores civiles y querellante y de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente, argumentadoque la sentencia recurrida había sido bien valorada y ponderado todos sus elementos de prueba.Recurso de Casación Interpuesto por los querellantes y actores civilesEn fecha quince (15), del mes de Septiembre del año Dos Mil Siete (2007), los querellantes y actores civilesdepositaron formal Recurso de Casación en contra de la Sentencia Motivada No. 085 de fecha ocho (08) deagosto del año 2007 emitida por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de SanFrancisco de Macorís y notificada a los recurrentes en fecha seis (06) del mes de septiembre del año 2007,cuyo recurso fue acogido para discusión por la Honorable Suprema Corte de Justicia y se convocó paraaudiencia el día cinco de marzo del 2008 y se encuentra pendiente de fallo.2. Visión General del Proceso de DecisiónLas instituciones de la Sociedad Civil que iniciaron el proceso judicial tenían claro el derecho que le asistía aparticipar desde los inicios, sin embargo, no se desarrolló un plan de participación pública previo alsometimiento, independientemente de la ausencia de iniciativa de plan por parte de los actores del proceso,las personas a nivel nacional e internacional participó con sus opiniones escritas, verbales por todos losmedios de comunicación lo que generalmente influye en la decisión final si esta opinión publica se mantiene.Las instituciones querellantes fueron las responsables de dirigir el proceso de participación ante los tribunalesy los medios de comunicación conjuntamente con otras organizaciones y actores claves que no seinvolucraron directamente en la demanda, utilizando notas de prensa, ruedas de prensas, entrevistas,conferencias relacionadas con el tema y las notificaciones a los actores envuelto en el caso, como forma deinvolucrar la mayor parte de la población posible.Los grupos de ONGs produjeron una gama de informaciones relativo a los componentes químicos del materialdepositado y buscaron informaciones vía Internet y otras organizaciones extranjeras, así como los argumentosy documentos estaban disponible al público para que pueda opinar sobre el mismoEntre las personas que participaron en comentarios de televisión respecto al Rock Ash están Geraldino UribeGonzález y Dany Alcántara Director y Subdirector de prensa de Telémicro canal 5, Ramón Núñez y HuchyLora de Telesistema canal 11, en los periódico de circulación nacional Lito Santana periódico Diario Libre defecha 25 y 26 de marzo del 2004, Socorro Arias 1 (uno) de abril del 2004, Universidad Intec dice no hubomanejo adecuado del Rock Ash periódico Diario Libre del 27 de Abril del 2004, Nicanor Leyba periódico elCaribe 25 de noviembre del 2004.86

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoLa representación sustentada por personalidades, grupos y público en general, tenía un perfil patriótico,defendiendo el derecho de no convertirse en un basurero de un país extranjero, de manera que se estabadefendiendo el orgullo nacional, así lo asumió la mayoría de la población. La documentación para sustentar laparticipación podía ser obtenida por los querellantes del expediente, en el idioma español, pero fuera de ahí, lainformación se encontraba dispersa.Evaluación de los Aspectos Procedimentales del Proceso de Toma de DecisiónLos procesos jurisdiccionales están conformados por varias partes, Ministerio Público que representa losintereses del Estado y de la Sociedad, los querellantes y actores Civiles que representan los intereses en estecaso colectivos y difuso, otra parte que representan sus intereses particulares por afectación directa y la partequerellada o demandada que es la acusada de cometer los hechos que se juzgan. Todos tienen los mismosderechos en cuanto a tomar la palabra y defender sus posiciones, sin que una de las partes tengapreponderancia con relación a la otra. La obligación de las notificaciones formales después de iniciado elproceso jurisdiccional está a cargo de la Secretaría del Tribunal que esté llevando el caso, los grupos según suinterés involucran otros actores, dando a conocer en los medios de comunicación el día de la audiencia, losargumentos que se esgrimen, en fin todas las herramientas que sirvan para influir en la decisión definitivaLa participación del público se originó antes del sometimiento del caso y se incrementó su participación con ladenuncia del Senador por Samaná Ramiro Espino de que se había depositado lodo cloacal en Puerto deArroyo Barril Samaná.La debilidad del presente caso fundamentalmente provino de la autoridad ambiental administrativa, en elsentido de que no hicieron los estudios pertinentes para determinar el impacto negativo en todos los renglonesde la actividad provincial (salud, medio ambiente, turismo, etc.) y mostró desinterés en gran parte del proceso,siendo este uno de los elementos, además de las influencias, que pudieran haber incidido desde el punto devista político, para que se produjera un descargo en el primer grado que todavía está pendiente deconocimiento porque fue recurrido en apelación y luego en casación.Evaluación del Resultado de la DecisiónLa última decisión tomada en la Suprema Corte de Justicia, es la acogencia del Recurso de Casación de losActores Civiles y Querellantes en contra de la Sentencia No. 85-2007, que confirmaba la Sentencia No. 84-2006, que declaraba no culpable a los imputados. La influencia de la participación pública a través de losmedio de comunicación ha sido preponderante en mantener el caso en la justicia.Este mismo caso se llevó ante una Corte de Virginia, Estados Unidos de Norteamérica, alegando el EstadoDominicano que el material provino de las instalaciones de la empresa AES de Puerto Rico Generadora delRockash, por lo tanto debía resarcir al Estado Dominicano. Tanto el Estado Dominicano como la empresaAES llegaron a un acuerdo conciliatorio donde la AES Puerto Rico, le pagó la suma de 6 millones de dólares algobierno dominicano para la limpieza del lugar y la disposición adecuada del material.Los resultados de la decisión de descargar de toda responsabilidad a los responsables de la importación ydescarga del material fue criticada por una gran parte de los medios de comunicación y los actores envueltos,lo que posiblemente haya influido para que se acogiera el recurso de los actores civiles.Resumen de las Lecciones AprendidasDurante el proceso se evidenció el poder de las opiniones y la participación de amplio sector de la sociedadque provocó pronunciamiento y acciones tan importantes como la de:‣ Cardenal de Santo Domingo.‣ El Presidente de la República Dominicana (200-2004),‣ Candidato Presidencial Leonel Fernández, para la época‣ El Presidente de la Suprema Corte de Justicia87

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Río‣ Interpelación al Secretario de Estado de Medio Ambiente y al Subsecretario de Estado de GestiónAmbiental que emitieron el permiso ambiental.La opinión pública y la participación no solo es importante por el castigo que le garantiza a los infractores, sinoque lo más importante es la conciencia ambiental que se crea con cada caso de esa magnitud, garantizandoque en el futuro no se cometan actos de esta naturaleza o por lo menos que no queden impune.Las personas que se ven involucradas acusadas de este tipo de casos no solo reciben la sanción pecuniaria oprisión, sino que reciben la sanción moral que lamentablemente la familia sufre las consecuencias de losparientes implicados.Se hizo sentir la influencia política en algunas decisiones acomodadas a los infractores que trajo consigo elrechazo de la mayoría de la población.Los actores partes en el proceso hicieron uso de las prerrogativas del interés colectivo, de la legitimidadprocesal y del carácter patrimonial del medio ambiente y los recursos naturales que hasta el día de hoy estánenarbolando.La precariedad económica con que se manejaron los actores civiles y querellantes, puso en juego lacontinuidad del proceso por los altos costos de los mismos, por lo que se hace necesario incentivar este tipode iniciativas de participación en cuanto al acceso a la justicia.CASO MULTIQUIMICA DOMINICANA S.A.Asunto: Querella y Constitución en Actor Civil por instalación de tanque de almacenamiento de productosquímicos inflamables, corrosivo en la playa de Gringo Haina, Provincia San Cristóbal.Demandantes: Fundación Pro-Desarrollo la Trinitaria Inc. (ONGs)Inicio del Proceso: Querellantes y Actores Civiles (Fundación Prodesarrollo La Trinitaria Inc.)Tipo de Proceso: Primera Fase Administrativa, Segunda Fase PenalDemandados: Multiquimica Dominicana S.A y Celso Marranzini PérezTribunal Competente: Para la fase administrativa el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, para lafase penal el de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal.Institución encargada de tomar la decisión: En la Fase Administrativa la SEMARENA y el TribunalContencioso Tributario y Administrativo y la Suprema Corte de Justicia; por la vía penal el Tribunal de PrimeraInstancia, Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal y la Suprema Corte de Justicia.Discrecionalidad de las autoridades en la toma de decisiones: A la fecha de imponerse la SanciónAdministrativa en el caso en cuestión el monto de las multas administrativas estaban a discreción delfuncionario que las interponía sin ningún instrumento jurídico que le permitiera imponer en cada caso la multacorrespondiente. En la actualidad existe un reglamento para corregir esas distorsiones, en cuanto a la víapenal, al momento de someterse el caso la legislación penal contemplaba la intima convicción del juez lo quele permitía un alto grado de discrecionalidad, esto fue corregido con el Nuevo Código Procesal Penal y nocontempla discrecionalidad de los tomadores de decisiones (jueces), sino que los elementos de prueba debenvalorarse sobre la base del buen juicio y la sana crítica.88

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoEn cuanto al Ministerio Público encargado de poner en movimiento la acción de la justicia y presentaracusación debe hacerlo en función de los elementos de pruebas recolectados o presentados por losquerellantes y actores civiles y debe limitarse a valorar esos elementos de prueba, para determinar si sonsuficientes y contundentes para encausar al imputado, en caso de desestimar la persecución por entender queno procede, los querellantes y actores civiles pueden impugnarla.Legislación o reglamentación involucrada:1. Constitución de la República del 2002, Art.55 numeral 10;2. Ley No. 64-00 Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales del año 2000.3. Reglamento de Permisos y Licencias Ambientales del 8 de marzo del 2002.4. Ley 305, del 23 de mayo de 1968, sobre protección de las costas marinas terrestres que prohíbe laconstrucción dentro de la franja marina de 60 metros de la pleamar5. Ley de Ordenamiento Municipal6. Ley No. 70 de fecha 17 de diciembre del año 1970, modificada por la Ley No.169, de fecha 19 demayo del año 1975, que crea la Autoridad Portuaria Dominicana;7. Reglamento de implementación de la Ley portuaria que crea el Consejo Portuario8. Decreto No.299, de fecha 8 de noviembre del año 1974, que declara de utilidad publica e interéssocial la adquisición por parte del Estado Dominicano, para ser incorporadas o incluidas en eldesarrollo de la primera etapa de la Zona Industrial de Haina varias parcelas pertenecientes al DistritoCatastral No.8, San Cristóbal (Bajos de Haina);9. Decreto No.2581, de fecha 10 de diciembre del 1976, mediante el cual se declara de utilidad publicae interés social, la adquisición por el Estado Dominicano, para ser incorporados o incluidos en laconstrucción y ampliación de la Zona Industrial de Haina, del Distrito Catastral No.8 San Cristóbal(Bajos de Haina);10. Decreto 15-97. de fecha 15 de enero de 1997, transfiere 550,372.47 MT2, ubicados dentro de laparcela No. 239 del Distrito Catastral No.8 de San Cristóbal (Bajos de Haina), a la Autoridad PortuariaDominica, los cuales eran propiedad del Concejo Estatal del Azúcar, con el fin de implementar unprograma de reordenamiento, remodelación y ampliación del muelle de Haina;11. Decreto No. 572 del año 1999, en su articulo 11 le otorga la facultad a Autoridad Portuaria el deconceder arrendamientos de espacios en edificios, terminales para pasajeros o para cualquier otraactividad inherente al quehacer portuario estableciendo las condiciones y los precios al suscribirse loscontratos, debiendo tomarse en consideración la ubicación y el tipo de operación que se vaya arealizar;Argumentos: La Fundación Prodesarrollo La Trinitaria, representando la comunidad de Haina, sustentaronque el Contrato de Arrendamiento realizado entre Autoridad Portuaria Dominicana y Multiquímica DominicanaS.A., era irregular, en el sentido de que se estaba cediendo una porción de terreno en arrendamiento queexcedía de los 20,000 pesos y no había pasado por el Congreso, como lo estipula la Constitución de laRepública, además argumentaba en su escrito que el Consejo Portuario que es el organismo competente no lohabía aprobado porque en dicho contrato no se especificaban los linderos o ubicación exacta del terreno; otroargumento de los querellantes y actores civiles es que estaba construyendo dentro de la franja de los 60metros de la pleamar en violación a la Ley No.305 y la Ley No. 64-00, que talaron árboles y que ese era ellugar de esparcimiento de la comunidad que la vivienda más cercana está a menos de 20 metros, porque lodivide una calle, todo esto sin estudio de impacto ambiental y sin permiso.Otra información sobre el contexto relevante:Producto de las protestas de los lugareños, se comenzó con el procedimiento establecido por la Ley No. 64-00y los Reglamentos sobre estudios ambientales, permisos y licencias, se celebraron consultas públicasconforme lo establece el articulo 38 numeral 8 de la referida ley, quedando manifiesta la inconformidad de loslugareños respecto a la instalación de los tanques, argumentando que corrían un eminente peligro porque untanque de esos que iban a instalar cerca de sus casas se recalentó en el almacén que tiene la empresa y89

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríotuvieron que ir bomberos de Haina, San Cristóbal y Santo Domingo, aun así duró más de tres días caliente apunto de explotar.Antecedentes.El hecho previo al juicio:En fecha 18 del mes de mayo del año 2001, Autoridad Portuaria Dominicana le cedió en arrendamiento aMultiquimica Dominicana S. A., una porción de terreno de 5,197.01 MT2, con los siguientes linderos: al NorteCarretera Penetración al puerto, al Sur la playa, al Oeste el resto del solar, al Este el parqueo No. 1, por lasuma de RD$51,970.10 mensuales, la concesión del terreno fue para que la empresa pueda desarrollaractividades de recepción, almacenamiento y despacho de productos químicos y materia prima a granel liquida,además de la instalación de tuberías soterradas de succión las cuales serán utilizadas desde el Muelle hastalos terrenos arrendados.En el formulario de análisis previo de las evaluaciones ambientales que llenó la empresa Multiquimica el día 11de mayo del 2001, señala los productos a ser almacenados, como aceite vegetal que son Xileno,Dietilenglicol, Vinyl Acetato Monómero etc. y la dirección que presenta no es donde se va a desarrollar elproyecto, sino en las instalaciones de Multiquimica al momento de la solicitud.Al comenzar los trabajos en el lugar señalado por la empresa Multiquimica Dominicana S. A. en la Playa deGringo, la comunidad comenzó a protestar y se quejaron en la SEMARENA; atendiendo a esa denuncia de losmoradores del lugar, la Subsecretaria de Estado de los Recursos Costeros y Marinos realizo una inspecciónen fecha 13 de junio del año 2001 al lugar donde se estaban construyendo los silos y rindió un informerecomendando la rescisión del contrato por estar violando la Ley No. 305 y la Ley No. 64-00 porque se estabaconstruyendo dentro de la franja marina de los 60 metros, que apenas estaba a 45 metros del mar.En fecha 16 de enero del 2002, una comisión técnica de la Dirección de Protección de la Subsecretaria deGestión Ambiental realizo una inspección, a petición de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente,rindiendo un informe que establecía que la construcción estaba fuera de los 60 metros establecidos en la LeyNo. 305 y la 64-00 y que el propietario informó que su empresa elabora un estudio de impacto ambiental, noobstante tener el trabajo muy adelantado, recomendó dicha comisión la paralización de los trabajos hasta tantotenga un permiso ambientalEn fecha 5 de marzo del año 2002, una comisión de la Dirección de Evaluación de Calidad y de ProtecciónAmbiental, procedió a dar seguimiento al proyecto de construcción de tanques de almacenamiento a granel yrindieron el siguiente informe se realizaron talas de gran parte de los árboles que existían en el sitio,constituidos principalmente por palmeras y almendros, los linderos del solar en que se realizan lasconstrucciones se encuentran a una distancia de cuarenta y dos (42) y cincuenta (50) metros de la pleamar porlo que recomendaron no otorgar permiso ambiental hasta tanto no se realice la evaluación ambiental delproyecto, tal como lo establece la Ley No. 64-00.En el mes de marzo del año 2002, Multiquimica Dominicana S. A., solicitó permiso a la SEMARENA, para laconstrucción de un tanque.En fecha 27 de marzo del año 2002, el mismo mes que la empresa solicita el permiso le es otorgado, para laconstrucción del tanque de almacenamiento de aceite de soya, mediante DEA683-02, sin haber cumplido conninguno de los requisitos que establecen los artículos 38, 40, 41numeral 14, 45, 145, 146 y 147 numeral 1, dela Ley No. 64-00 y la Ley 305 del 30 de abril del 1968, que prohíbe la construcción en la franja marina de los60 metros.90

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoQUERELLAEn fecha 25 del mes de julio del año 2002, la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los RecursosNaturales “DESESTIMA” una querella interpuesta por la Junta de Vecinos Santiago Castro, Bloque de Juntasde Vecinos, Fundación Acción Comunitaria Inc. Sindicato de arrimo Aquino Pilarte, Asociación de Comerciantede Haina, Asociación de Estudiantes Universitarios de Haina y por el Dr. Víctor Manuel Báez.En sus “por cuanto”, la Procuraduría para la Defensa del Medio ambiente y los Recursos naturalesargumentaba que la Junta de Vecinos Brisas del Mar no se opone a la construcción de Multiquimica, S.A.,señalando estos que son los únicos perjudicados en todo caso y por tanto ninguna otra entidad tiene autoridadpara oponerse a la construcción de la misma por considerar que esa empresa va a contribuir con el desarrollodel país.En virtud de lo anterior la Procuraduría falla desestimando la querella por haber presentado los permisoscorrespondientes y no estar violando ningún articulo de la ley 64-00 sobre Medio Ambiente y los RecursosNaturales. (ver art. 38 y 184 de la ley 64-00).FASE ADMINISTRATIVAConsideraciones Fundamentales.En fecha 7 de agosto del año 2002, la Fundación Pro-Desarrollo la Trinitaria, Inc. Interpone formal recursojerárquico en contra del otorgamiento del permiso DEA 0683-02, alegando nuevamente el alto riesgo querepresenta la construcción de esos tanques.En fecha 11 de octubre del año 2002, la Subsecretaria de Estado de Gestión Ambiental ordeno la paralizacióny suspensión total e inmediata de las construcciones que realizaba la empresa “Multiquimica Dominicana S.A.”, en la Playa de Gringo, cuyo dispositivo dice: ordena la paralización de los trabajos, la remediación yrecuperación de las áreas afectadas, obligándose la empresa a cubrir los costos económicos necesarios paratales fines, que inicie inmediatamente un programa de información al publico sobre la construcción de tuberíasde transportación de tanques de almacenamiento de sus productos químicos, se sanciona por suinobservancia a las recomendaciones técnicas emanadas de esta Secretaria de Estado, al pago de sesentasalarios mínimos actuales, equivalentes a RD$105, 420.034.RECURSO DE REVISION INTERPUESTO POR MULTIQUIMICA DOMINICANA S.A.En fecha 30 de octubre del 2002, la empresa Multiquimica Dominicana S. A. eleva un recurso de revisión porante el Subsecretario de Gestión Ambiental en contra de la resolución SGA No. 0010/02,RESOLUCION DE RETIFICACION DE LA RESOLUCION SGA NO. 0010/02 QUE ORDENA LAPARALIZACION DE LOS TRABAJOSEn fecha quince del mes de noviembre del año 2002, mediante resolución SGA No.0013/02, fue ratificada laresolución SGA No.0010/02 de fecha 11 de octubre del año 2002 y le fue rechazado el recurso de revisión.RECURSO JERARQUICO INTERPUESTO POR LA FUNDACION PRO DESARROLLO LA “TRINITARIA”EN CONTRA DEL PERMISO 0683/02De este recurso jerárquico no encontramos ninguna decisión, solo se hace mención y se argumenta en unescrito de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, pero no concluye.91

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoRECURSO JERARQUICO INTERPUESTO POR LA EMPRESA MULTIQUIMICA DOMINICANA S.A.” ENCONTRA DE LA RESOLUCION NO. 10/02 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2002.En fecha 17 del mes de febrero del año 2003, mediante resolución RJ05/2002 el Secretario de Estado deMedio Ambiente y Recursos Naturales resoluto la confirmación de la Resolución No. 10/02 y rechazo elrecurso Jerárquico.RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOEn fecha 16 de abril del año 2003, la razón social MULTIQUIMICA DOMINICANA, S.A., interpuso un recursocontencioso administrativo en contra de la Resolución No. RJ05-2002, el cual fallaron de la siguiente manera:declara inadmisible por extemporáneo, el recurso contencioso administrativo interpuesto por la razón socialMULTIQUIMICA DOMINICANA, S.A. contra la Resolución No. RJ05-2002, de fecha 17 de febrero del año2003, emitida por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y los Recursos Naturales.OTORGAMIENTO DE LICENCIA AMBIENTALLa Subsecretaria de Estado de Gestión Ambiental en fecha 23 del mes de junio del año 2003, emitió la licenciaambiental No.0048-03 por medio de la cual se le otorga licencia definitiva a la empresa MultiqumicaDominicana S.A.FASE O VIA PENALDEPOSITO DE QUERELLA DIRECTA CON CONSTITUCION EN PARTE CIVIL.La Fundación Pro-desarrollo La Trinitaria, por intermedio de los Abogados del Instituto de Abogados para laProtección del Medio Ambiente (INSAPROMA) incoaron una querella directa por ante la Cámara Penal delDistrito Judicial de San Cristóbal, en fecha 27 de agosto del año 2003, conforme lo establece el art. 180 delCódigo de Procedimiento Criminal (derogado), en contra de Multiquimica Dominicana S.A.DECISION DE LA CAMARA PENAL DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIALDE SAN CRISTOBALLa Sentencia No. 650/2004 de fecha 31 de mayo del año 2004, en su numeral primero condena a la empresaMultiquímica Dominicana S. A. y a Celso Marranzini Pérez a pagar 1000 salarios mínimos a razón deRD$1,757.00, ascendente a la suma de RD$1,757,000.00 y al pago de las costas; en el SEGUNDO numeralsuspende, retira y deja sin efecto la licencia ambiental No. 0048-03 de fecha 23 de junio del año 2003,expedida por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales; en el TERCER numeralordena la rehabilitación a su estado natural (ante de iniciado el proyecto) y el retiro de las instalacionesconsistentes en ocho (8) tanques de diferentes diámetros y dimensiones. En cuanto a los actores civilesrechaza el pedimento de indemnización por no demostrar un daño y se le encomienda la vigilanciaconjuntamente con el Ministerio Público para el cumplimiento de la presente sentencia.En fecha 2 de junio del año 2004 la empresa Multiquimica Dominicana S. A. y Celso Marranzini apelaron laSentencia 650-2004 según acta de apelación de la misma fecha.En fecha 17 de febrero del 2005, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de SanCristóbal evacuó la siguiente sentencia se REVOCA la sentencia recurrida y descarga a la sociedadMultiquimica Dominicana S. A. y/a Celso Marranzini Pérez de los hechos puesto a su cargo por insuficiencia depruebas.92

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoEn fecha 11 de marzo del 2005 el Dr. Jhonny Miguel Tejeda Soto y el Lic. Juan Arias interpusieron un recursode casación actuando a nombre y representación de la Fundación Pro-Desarrollo La Trinitaria en contra de ladecisión de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal.DECISION DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIAResolución No.404-2005 de fecha 6 de abril del 2005 de la Suprema Corte de Justicia, en su parte dispositivadice: Primero: Declara inadmisible el recurso de casación incoado por la Fundación Pro-Desarrollo LaTrinitaria, Inc. contra la decisión dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamentojudicial de San Cristóbal el 17 de febrero del 2004, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de estaresolución; Segundo: Ordena que la presente resolución sea notificada a las partes.Visión General del Proceso de Decisión.El presente caso es uno de los más completo que se han dilucidado en el país recorriendo todos los grados,administrativo, civil y penal; sobre todo, se pusieron de manifiesto los pilares de la gobernanza ambientaldemocrática. La Fundación Prodesarrollo La Trinitaria, para iniciar el proceso, solicitó una serie dedocumentos que independientemente de que no existía la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, lospudo obtener aunque con dificultades, así mismo se celebraron consultas públicas y el acceso a la justiciaambiental, que es el fin último o la última ratio, que fue utilizado por dicha fundación por la vía administrativa,civil y penal, amparado en la subjetividad procesal activa de los intereses colectivos y difusos, el carácterpatrimonial del medio ambiente y los recursos naturales y la legitimidad procesal activa, de manera que eneste caso se conjugan los pilares de la gobernanza ambiental democrática.Las vistas públicas que se llevaron a cabo fueron dirigidas por la SEMARENA, pero el proceso penal, civil y enparte administrativo lo dirigía la Fundación Prodesarrollo La Trinitaria. Una gran parte de la población se sumóde manera pasiva a la demanda.La representación sustentada por la Fundación Pro-Desarrollo La Trinitaria Inc. (FUNPRODET), tenía un perfilpatriótico, defendiendo el espacio común de los ciudadanos del barrio de Gringo, de Haina, haciendo uso delos instrumento de participación y acceso a la justicia que le otorga la Ley No. 64-00Evaluación de los Aspectos Procedimentales del Proceso de Toma de DecisiónLos aspectos procedimentales se dieron correctamente, sin violentar el debido proceso de ley, sin embargo,las influencias pesaron en este caso para, por encima de la Ley, emitir una sentencia de descargo, con todaslas irregularidades que se evidenciaron sobre el proceso. Al igual que el caso anterior, la obligación de lasnotificaciones formales después de iniciado el proceso jurisdiccional está a cargo de la Secretaría del Tribunalque esté llevando el caso, los grupos según su interés involucran otros actores, dando a conocer en losmedios de comunicación el día de la audiencia, los argumentos que se esgrimen, en fin todas las herramientasque sirvan para influir en la decisión definitiva.La fragilidad del presente caso, provino fundamentalmente de la debilidad institucional y el peso específico delos demandantes versus los demandados que no tiene influencia social, sin embargo, la valoración que hayque hacer es la posibilidad que tienen las instituciones de reclamar sus derechos y el acceso a este derechoestá garantizado, independientemente que haya que seguir trabajando para fortalecer la independencia de lasinstituciones y de los hombres y mujeres que imparten justicia.Evaluación del Resultado de la Decisión.El resultado de esta decisión fue desalentador para los lugareños, en razón de que los objetivos perseguidosno fueron alcanzados; evidenciaron cómo se instalaron unos tanques de almacenamiento de productosquímicos en su vecindario en violación a un conjunto de normas que la misma autoridad reconoció y sancionó,sin embargo, los tanques están instalados en ese lugar. Este tipo de decisiones desactiva el espíritu demuchos ciudadanos que entienden no vale la pena luchar, no obstante, incrementa el espíritu de otros que93

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríodicen falta mucho por recorrer, hay que hacer algún aporte y continuar la lucha por el derecho a disfrutar de unmedio ambiente sano.Resumen de las Lecciones AprendidasDurante todo el proceso se pudo observar el poder de acción que tienen las instituciones, que no importa elpoder que tengan las instituciones o personas infractoras, que cualquier institución con calidad moral puedeacusar y llevar por ante las jurisdicciones competentes a los infractores que son juzgados independientementede los resultados. Con este tipo de casos se crea conciencia ambiental, no solo a los promotores de la acciónjudicial, sino también a los infractores que a partir de esas acciones tienen mayor cuidado en abusar del medioambiente y los recursos naturales.En este caso se hizo sentir la influencia política, económica y de linaje a favor de los infractores, esto endetrimento del medio ambiente y del derecho de la población reclamante.Los actores partes en el proceso hicieron uso de las prerrogativas del interés colectivo, de la legitimidadprocesal y del carácter patrimonial del medio ambiente y los recursos naturales, que hasta el día de hoy estánenarbolando.Uno de los grandes escollos en el uso del acceso a la información, es la limitación económica, por la falta deincentivo a las organizaciones para este tipo de acciones.ESTUDIO DE CASO No. 3PARTICIPACION PUBLICA EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, REALIZADO POREL PROYECTO YARA-RI PUNTA CANA BEACH WINE & SPA RESORTNombre de la decisión:Consulta Pública del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Yara-Ri Punta Cana Beach Wine & SpaResort, que consiste en la construcción y operación de doce (12) villas de cuatro (4) habitaciones y una Suiteroyal para un total de cincuenta y cinco (55) habitaciones, con todos los servicio complementarios, entre ellosrestaurantes, piscina, SPA, salón de convenciones, oficinas, lobby, instalaciones eléctricas, sanitarias ylavandería. Así como un generador eléctrico y una planta de tratamiento de aguas residuales.Este proyecto ingresó al proceso de evaluación ambiental en diciembre del año 2004. La publicación en laprensa de este proyecto se efectuó el veinte (20) de julio del año dos mil cinco (2005), a partir de ese momentoel estudio estuvo disponible al pública por más de 15 días para su revisión y observaciones y concluyó enoctubre del 2005, con la expedición de la Licencia Ambiental No.081-05 de fecha 11 del mes de octubre del2005.La ubicación de dicho proyecto se encuentra en la Provincia La Altagracia, municipio de Higuey, secciónAnamuya, sobre la zona costera del litoral noreste, dentro del ámbito costero, comprendido entre Punta Macaoy Uvero Alto, en un área de 46,000m2, con una construcción de siete mil (7000) metros cuadrados.Este proceso fue iniciado por el promotor del proyecto (Yara-Ri Punta Cana Beach Wine & Spa Resort), através de una consultora (Consorcio Empaca-Redes), sin embargo, el 12 de junio del 2005, la Procuraduríapara la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en compañía de técnicos de Secretaría deEstado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA), paralizó los trabajos, por haber iniciado sinpermiso ambiental, hasta tanto regularizara su situación y en consecuencia fue sancionadaadministrativamente, por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.94

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoEl proceso sobre Consulta Pública abarcó varios niveles: Estudio Socio Económico del área con la aplicaciónde una encuesta, la instalación del letrero en el lugar donde se construye el proyecto, estableciendo que estáen proceso de obtener permiso ambiental y la vista pública que se realizó el sábado 02 de abril del 2005, en elHotel Catalonia, Bavaro, Higuey, a las 10:00 AM. El procedimiento para la participación en dicha vista, fue lapresentación del estudio de impacto ambiental por los promotores del proyecto y la compañía consultoraEMPACA-REDES, a la que asistieron diecinueve (19) personas de 42 invitados, conforme listados anexos.Esta vista no fue representativa y no incluyó a la comunidad (juntas de vecinos, clubes y residentes engeneral), sino que los asistentes fueron dueños de complejos turísticos de la zona, según el estudiopresentado, todos tuvieron de acuerdo y las opiniones del Lic. Franklin Díaz, encargado de la Unidad deConsulta Públicas de la Subsecretaría de Gestión Ambiental de SEMARENA y la Lic. Yadira Comas ejecutivadel Consorcio Empaca-Redes, en entrevistas realizadas por separado, manifestaron que la falta de interésmostrada por las comunidades por participar, influyeron varios factores:‣ En principio existía una pequeña comunidad que luego vendieron sus derechos de propiedad apersonas para construcción de casa de veraneo ó desarrolladores de proyectos turísticos y emigrarona otras comunidades cercanas.‣ La lejanía de comunidades que se encuentran a unos 35 kilómetros, cuyo vecinos más cercanos son:el hotel Secrets que se encuentra ubicado más o menos a un kilómetro y el próximo es el hotel Sirenasque se encuentra a uno 2 kiilómetros.‣ El proyecto que se desarrolla es de las actividades económica habituales que se realizan en la zona(el turismo) y por tanto lo ven como una oportunidad de trabajo y de desarrollo de la zona, no comouna actividad que pueda dañar el medio ambiente;‣ La limitada conciencia ambiental y los medios para hacer Valer los derechos a un medio ambientesano y al desarrollo sostenible de los ciudadanos;‣ Los asistentes a la vista pública de los complejos turísticos de la zona, tenían interés en compartiralgunos servicios con el proyecto Yara-Ri, no así en proteger el medio ambiente que es el espíritu dela Ley Ambiental, de manera que no fue legítima.La institución responsable de la toma de decisión sobre el Estudio de Impacto Ambiental y la Consulta Pública,es la SEMARENA quien después de realizar el análisis previo para determinar el tipo de estudio, emite lostérminos de referencia (TdR), indicándole los requisitos al promotor del proyecto, con los cuales debe cumplirpara obtener una Licencia Ambiental. En tal sentido la SEMARENA utiliza un conjunto de herramientas yorganismo evaluadores como el Comité de Evaluación, Equipo Técnico de Revisión y el Comité de Validación,este ultimo es el organismo responsable de autorizar o no los permisos y licencias ambientales. Otrasinstituciones que intervienen en la emisión de permisos o no objeciones para este tipo de proyectos, son elAyuntamiento local, la Secretará de Estado de Turismo (SETUR) e Instituto Nacional de Aguas Potable yAlcantarillado (INAPA), que aprueba o no los permisosLa Unidad de Consulta Pública después de examinar los resultados de la Consulta Pública realizó lasobservaciones siguientes: Asistencia reportada no representa todos los actores implicados, (Junta de vecinos,Prestadores de Servicios, POLITUR, etc.) En vista de que el proceso fue considerado insuficiente y norepresentativo, recomendó realizar una nueva consulta con por lo menos 25 personas o instituciones querecojan las posiciones de las autoridades y los munícipes.El grado de discrecionalidad de las instituciones tomadoras de decisiones es muy mínimo, en el sentido de quesi los promotores del proyecto cumplen con los requisitos que establecen las leyes y reglamentos, lasautoridades están obligadas a otorgarles el permiso, sino no lo hacen, pues el promotor del proyecto, puedeacudir al Tribunal Contencioso, Administrativo y Tributario para hacer valer sus derechos.Para realizar la Consulta Pública se tomó como fuente legislativa la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente yRecursos Naturales y el Reglamento de Permisos y Licencias Ambientales de la SEMARENA.95

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoComo instrumentos de medición del grado de aceptación o no del proyecto de las personas de lascomunidades de Macao, El Salado y la Ceiba, se le aplicó una encuesta en la que la mayoría estuvo deacuerdo con el proyecto.El proceso de Consulta Pública tiene tres niveles: a) Información, b) Consulta a las partes interesadas comoparte del proceso de realización del estudio ambiental. Esta consulta es responsabilidad del promotor y serácoordinada por el prestador de servicios contratado por éste, y c) Consulta a las partes interesadas y a laciudadanía en general coordinada por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales comoparte de la revisión del estudio. En este caso del Proyecto Yara-Ri Punta Cana Beach Wine & Spa Resort, nose inició conforme lo establece la Ley No. 64-00 y el Reglamento del Sistema de Permisos y LicenciasAmbientales, pues fue sancionado administrativamente por iniciar los trabajos antes de obtener la licenciaambiental, sin embargo, posteriormente a la sanción se continuó con el proceso y se obtuvo la licencia.El objetivo de la participación pública en este proceso no estuvo claro desde el principio para los participantes,en el sentido de que el espíritu de la participación es garantizar el cumplimiento de las normas ambientales,que protegen el medio ambiente, sin embargo, el interés de participar estaba ligado a intereses particulares deservicios que se compartirían con el proyecto como, planta de tratamiento, energía eléctrica y agua.La institución responsable del proceso de participación pública lo fue Consorcio Empaca-Redes, dirigido por elLic. Mario Méndez, contratados por los promotores del proyecto Yara-Ri Punta Cana Beach Wine & SpaResort.Los instrumentos utilizados para la participación pública fueron: un letrero en el lugar donde se construye elproyecto, cartas y una guagua anunciadora, encuesta y un taller para explicar los impactos a la biodiversidaddel proyecto.No fueron planificadas actividades de refuerzo de capacidades como paso previo o paralelo a la participación,para motivar a los munícipes a participar.Las provisiones para respaldar la participación fueron mínimas como el comunicar por una guaguaanunciadora, cartas a los hoteleros de la zona y dueños de villas y en las comunidades más cercana sobre lavista pública.Según los informes rendidos por los promotores del proyecto se le brindó la oportunidad de participar y fueroninvitados el sindicato de transporte Sitrabapuca, Sitratural, Radio Kool 106.9 FM. Al señor Víctor Ramón Rosa,el Ayuntamiento de Higuey, Sindicato Politur, Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos y a la Secretaría deEstado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin embargo, ninguna de estas organizaciones participaronen la vista. Las informaciones brindadas en la Vista Pública fueron en español, de manera verbal y no hubo lanecesidad de traductores.La vista pública se realizó con los participantes para explicar por parte del consultor de manera verbal, elimpacto que causaría el proyecto al medio ambiente y los beneficios que arrojaría a la Provincia La Altagracia.Los límites del proceso para los participantes estuvo claro y fue escuchar de manera verbal al consultor delproyecto sobre el estudio de impacto ambiental de los cuales no hubo ninguna objeción, porque eran parteinteresadas en compartir servicios con los promotores del proyecto.No fue adecuado el nivel de participación, porque no fueron representados los segmentos relevantes delpúblico.Los grupos de presión no mostraron ningún interés en participar en este proceso, por lo tanto no le dieronimportancia.96

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoEvaluación del Resultado de la Decisión:Los resultados de la Participación Pública contribuyeron con el otorgamiento de la Lic. Ambiental a lospromotores del proyecto, cuya influencia de la participación en comparación con la propuesta inicial depresentarle el estudio, no fue variada en ninguno de sus componentes, en el sentido de que los participantes,eran parte interesada en lo referente al intercambio comercial o de servicios, no de garantía del cumplimientode la Ley, y los recursos naturales, independientemente de que los tomadores de decisiones hicieronobservaciones puntuales, como volver a hacer una consulta para recoger la impresión de las autoridades,porque no fue representativa dicha consulta.En este sentido no se puede medir la percepción de los participantes con relación a la decisión tomada en elsentido de que los mismos no hicieron oposición a ninguno de los puntos, por lo ya explicado, de manera queno fue una consulta representativa y diversificada donde no se integraron los sectores de mayor disidencia.Resumen de las Lecciones Aprendidas.Del estudio de este caso, donde fueron examinadas cada una de las piezas que componen el expediente delestudio de impacto ambiental del Proyecto Yara-Ri y específicamente lo concerniente a la participaciónpública, se realizaron dos entrevistas, una al señor Franklin Díaz, encargado de la Unidad de Consulta Públicay otra a la Lic. Yadira Comas ejecutiva del Consorcio Empaca-Redes empresa encargada del Estudio deImpacto Ambiental, se pudo determinar lo siguiente:‣ El acceso a la información para la obtención de la información del expediente fue limitado, por laburocracia institucional, el temor a los superiores, a los promotores de los proyectos y la falta dedefinición sobre las informaciones que pueden brindar al público y la que no pueden brindar.‣ El promotor del proyecto inició los trabajos a sabiendas de que debía obtener primero la LicenciaAmbiental que había solicitado.‣ Los ciudadanos no fueron informados con la frecuencia necesaria para interesarlos en laparticipación.‣ No se le anunciaron los beneficios de la participación en la vista pública.‣ Los ciudadanos tienen limitados conocimientos de la importancia de sus derechos en la consultapública.‣ Los medios para que asistieran a la consulta no fueron dispuestos (transporte al lugar de la vista)‣ La Secretaría fue invitada un día antes lo que indica que no fue oportuna la invitación, con un tiempoprudente de antelación y confirmada su participación, sin embargo, trató de participar y no fue posible.‣ El Proyecto se desarrolló distantes a las comunidades que podían influir en la consulta pública.‣ El proyecto que se desarrolló estaba acorde con los proyectos habituales que se realizan en la zona,por lo que no despertó mayor interés.‣ La lejanía de las comunidades del proyecto dificultaba la presencia de los ciudadanos.‣ Los grupos de presión no cuentan con suficientes recursos e interés para participar.‣ La SEMARENA debe tener mayores controles con relación a la participación pública, respecto almonitoreo, para garantizar la legitimidad del proceso y la participación de todos los sectores.‣ Deben desarrollarse proyectos de concienciación a los ciudadanos sobre los derechos y deberes delos ciudadanos a participar y sobre todo los beneficios de la participación.Se requieren de sanciones más severas por parte de la SEMARENA en el sentido de que los promotores deproyecto sabiendo que es ilegal comenzar los proyectos sin permiso, lo hacen y pagan una multa queentienden no es sustancial y luego continúan el proyecto y “ganan tiempo”.97

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de RíoESTUDIO DE CASO No. 4PARTICIPACION PÚBLICA EN ORDENANZA AMBIENTAL DEL MUNICIPO DE DUVERGÉ:Nombre de la decisión:Elaboración de Ordenanzas Ambientales Municipales:En el municipio de Duvergé, de la Provincia Independencia, ubicado en la Zona Sur de la RepúblicaDominicana, en la Frontera con Haití, en el año 2005, se inició el proceso para la elaboración de instrumentosde regulación ambiental, culminando en el 2007 con la propuesta y aprobación los proyectos siguientes:1. Anteproyecto de Ordenanza sobre control de emisión de ruidos molestosos y perjudiciales para elmedio ambiente, los recursos naturales y la salud humana2. Ante proyecto de Ordenanza sobre el control de la deforestación y el arbolado urbano.3. Anteproyecto de Ordenanza que prohíbe lavar vehículos de motor en los ríos, arroyos y lagunas, yabandonar chatarras en lugares públicos y carreteras del Municipio de Duvergé.4. Ante proyecto de Ordenanza sobre el control de descargas de efluentes líquidos provenientes de lostalleres de mecánica, ventas de repuestos de partes de automóviles y otros vehículos de motor ylavaderos de vehículos.5. Ante proyecto de Ordenanza Que ordena la clasificación de los desechos sólidos municipales en suorigenEl proceso sobre elaboración de estas Ordenanzas Ambientales Municipales, fue iniciado de maneracoordinada entre la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (SEMARENA) y el IPEP/USAID, quienes lepresentan al Ayuntamiento de Duvergé la propuesta de colaborar técnica y financieramente con ellos en esteproyecto.Las instituciones promotoras del proyecto, en sus inicios se apoyaron en la Unidad de Gestión AmbientalMunicipal del Ayuntamiento de Duvergé, dirigida por el señor Menelio Herasme y del Comité InterceptorialMunicipio Saludable, coordinado por Hurís Maria Medrano, cuya directiva estaba conformada por losdiferentes sectores organizados del municipio de Duvergé.El procedimiento utilizado para la participación fue la creación de un “Foro por la Gestión Ambiental Municipal”,con el propósito de integrar al proyecto una matriz amplia de interesados. Los miembros del foro crearon unacomisión técnica para coordinar los trabajos de elaboración del diagnostico ambiental y de los proyectos sobreOrdenanzas Ambientales Municipales. Para las discusiones en el foro fueron conformados grupos de trabajospor áreas temáticas. Esos grupos de trabajo discutían los temas y las posiciones de mayor consenso, sellevaban a plenaria.La institución responsable de la toma de decisión sobre las ordenanzas es el Ayuntamiento Municipal deDuvergé, promovido y coordinado por la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAN) del mismoAyuntamiento.El grado de discrecionalidad de la institución en la toma de decisión es bastante alto, en el sentido de queindependientemente del nivel de participación publica y el consenso arribado por los munícipes, en elcontenido de las ordenanzas, el Ayuntamiento Municipal de Duvergé, no tiene ningún impedimento legal paramodificar, omitir o aprobar los instrumentos de regulación consensuados, sin embargo, este proceso queintegró a los sectores ambiental, cultural, religioso, castrense, los niños, los estudiantes, las mujeres, losregidores del Ayuntamiento y el Sindico que dispuso de todo el apoyo necesario; fue valorado y se respetaron98

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríolos aportes de comunidad, ya que fueron aprobadas las cinco (5) ordenanzas municipales tal y como seconsensuó en el Foro, porque los tomadores de decisiones fueron parte desde el inicio en la elaboración dedichas ordenanzas.La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, vía la Dirección de Protección Ambiental dela Subsecretaria de Estado de Gestión Ambiental, específicamente el Departamento de Gestión AmbientalMunicipal y la IPE/AID, jugaron un rol fundamental en el acompañamiento de todo el proceso, como soportetécnico en la elaboración de las ordenanzas, organización de la participación, relatorías, desde las decisionesmetodológicas hasta la conclusión final de entrega de los borradores al Ayuntamiento.Los instrumentos jurídicos utilizados para la elaboración de las Ordenanzas Ambientales Municipales en esteproceso son: los Artículos 82, 83, 84 y 85 de la Constitución de la República promulgada el 25 de Julio del año2002, la Ley 3422 del 1961, sobre Autonomía Municipal, Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y RecursosNaturales del 18 de agosto del 2000, la Ley 675 del 31 de agosto del 1944, sobre Urbanización, Construcción yOrnato público y sus modificaciones, la Ley 3455 de 1952, sobre Organización Municipal, derogada en julio delaño 2007, por la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, así como las normas ambientalesemitidas por la SEMARENA.El objetivo fundamental en este proceso, fue la participación de la mayor diversidad de los actores claves delmunicipio de Duvergé en la elaboración de las ordenanzas ambientales municipales. Este proceso estuvoclaro desde el principio en lo que respecta a las ordenanzas, pues se diseñaron mecanismos de participacióncomo la disposición de un documento sobre fortalecimiento de capacidad local, elaborado por el Departamentode Gestión Ambiental Municipal, de la Subsecretaria de Gestión Ambiental de SEMARENA, financiado porUSAID/ IPEP / IRG, y se discutió entre los participantes, pero no estuvo claro sobre el contenido de lasordenanzas, de manera que en las discusiones en el foro fue que determinaron los problemas que debían serregulados y el principal problema detectado por los munícipes fue la contaminación sónica.La dirección del proceso en principio estuvo a cargo de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAN), delMunicipio de Duvergé, sin embargo, luego se conformó un foro de participación y de dirección, sustituyendo eneste sentido la UGAN.Los instrumentos utilizados para la participación pública fueron:‣ El Foro de Gestión Ambiental‣ Mesas de Trabajos Sectoriales‣ Asambleas Plenarias para consensuar propuestasAsí como la participación en actividades de concienciación sobre las distintas problemáticas entre las quese destacan:‣ Dramatizaciones‣ Talleres de Formación y‣ Llamado con megáfono de parte de los niños para que los adultos cuiden el medioambiente.Para el fortalecimiento de actividades de refuerzo de capacidades como paso previo a la participación setrabajó a varios niveles, en una primera etapa se elaboraron los textos que servirían de guía practica en laparticipación, posteriormente se capacitaron los líderes municipales, de Ongs, comerciales, cuerpos castrense,asociación de mujeres, de profesores, religiosos, productores, etc. y a su vez estos líderes se convirtieron enfacilitadores en la transmisión del mensaje de los demás miembros de sus respectivas organizaciones. Estascapacitaciones se realizaban concomitantemente, con el proceso de identificación de la problemática yelaboración de propuestas.Las provisiones para respaldar la participación estuvieron sustentadas en las fuentes de información, perosobre todo en la interacción entre los distintos sectores de las discusiones en las reuniones y talleres donde se99

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríodiscutía la metodología para la participación, en la elaboración de las ordenanzas, así como la identificación delos sectores y organizaciones del municipio para integrarlos en los trabajos de discusión.Los medios utilizados para anunciar la participación de los munícipes de Duverge, fueron circulares, teléfonos,todos en la lengua de origen (español), y con una frecuencia continua (dependiendo la necesidad) dos días,semanal, mensual etc. todas las organizaciones sociales, políticas, religiosas culturales, sin distinción de raza,religión, Ongs, empresarios, se le invito a participar..Los grupos de mayor participación lo constituyeron los ecologistas, grupo de mujeres, juntas de vecinos,comerciantes, los niños, grupos culturales, Pastoral Juvenil, y Don Menelio Herasme encargado de la UGAN.La participación de grupos y del público fue por representación, fundamentalmente uno (1), dos (2) o tres (3)delegados por grupo, donde cada delegado transmitía los resultados de las discusiones en el Foro o su grupode trabajo.La documentación suministrada en el proceso de toma de decisión a los participantes fueron en el idiomaEspañol, guías de trabajo, cuestionarios, posteriormente estos documentos se procesaron y se devolvían a losciudadanos para ser enriquecidas y luego se procedía a su redacción final.El procedimiento utilizado para la participación en la elaboración de las ordenanzas ambientales municipalesde Duvergé, estuvo dirigido desde el principio por un foro que se conformó para la coordinación del proyecto.El foro estaba integrado por todos los sectores. En este le permitía la participación por igual a cada uno de lossectores de manera verbal, se redactaban los resultados y se incorporaban a los instrumentos que se estabanelaborando, estos resultados de las discusiones eran revisados por una comisión técnica que le daban el perfilcorrecto desde el punto de vista técnico respetando el contenido de las resoluciones del foro.Los medios utilizados para anunciar la participación fueron variados: talleres, teléfonos, carta, visitas,recorridos por el municipio conversando con actores claves, cuya frecuencia variaba dos veces por mes. Enalgunos lugares del municipio se celebraban actividades dos veces por semana o semanales.Los documentos suministrados a los participantes estaban redactados de manera sencilla y consistían encuestionarios, síntesis de una reunión etc.El objetivo de la participación fue la elaboración de las ordenanzas ambientales municipales con la mayorintegración de los actores claves del municipio y estuvo claro y comprensible desde sus inicios por parte delos sectores interesados. Un indicador lo es su buena participación y aportes en todas las etapas del procesoy que se mantuvieron desde el principio hasta el final. Los resultados finales del proyecto fueron presentadosen Barahona y la delegación que asistió fue muy amplia.El alcance y limites del proceso estuvo claro desde el principio, a los participantes se le orientó sobre losobjetivos de la participación y las metas a alcanzar, estableciendo los instrumentos de participación y losresultados esperados de esa participación como:1.- Crear un foro2- Escoger una comisión del foro, que se encargue de elaborar el diagnostico.3.- Crear grupos de trabajo por áreas temáticas4.- Identificar y sacar prioridades del diagnostico. Se priorizan los temas relevantes para convertirlos enordenanzas que deben ser usados como instrumentos de gestión.El proceso de integración entre los participantes fue satisfactorio para los mismos, donde sus ideas erantomadas en cuenta en igualdad de condiciones. No se sintieron discriminados y no hubo mayoresoposiciones, porque se estuvo claro desde el principio sobre qué se debía trabajar y cuáles eran los resultadosesperados en el Foro y las comisiones, pero posteriormente cada líder transmitía los resultados de las100

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríoreuniones a los demás miembros de sus respectivas organizaciones. Los impactos esperados con laaplicación de las ordenanzas ambientales municipales en el municipio de Duvergé eran sumamente positivos,en el sentido de que iban a disminuir la tala de árboles urbanos, el lavado de vehículos en los ríos, arroyos ylagos. El ruido, se clasificarían los desechos y prohibía el abandono de chatarra en el municipio.Las opiniones emitidas por los participantes eran registradas en las memorias de las reuniones e incorporadascon las depuraciones de la comisión técnica a los documentos. El Foro fue el instrumento de facilitación de laparticipación donde las partes estaban representadas por igual, el Ayuntamiento de Duvergé y la SEMARENAque fungieron como mediadores del proceso, se confundían entre los participantes por el grado de igualdadsuministrado, de manera que no hubo parcialidad en el proceso.interés demostrado por los grupos participantes fue muy alto, así como la confianza que le impregnaron lasautoridades municipales a los participantes, por ser parte presencial en la elaboración de los borradores de lasordenanzas, de manera que respetarían lo acordado allí.La capacidad y coordinación organizativa, fue muy buena, las actividades que se coordinaban eran realizadascon más de un 85 por ciento de efectividadLos grupos de presión cuentan con los recursos de infraestructura y recursos humanos con experiencia enparticipación comunitaria, pues están compuestos por asociaciones de profesores, comerciantes, Juntas deVecinos, de Mujeres, de Productores, Ecologistas, Pastoral Juvenil, etc., sin embargo, tienen muchaslimitaciones económicas para la realización de las actividades y cubrir la logística.El público interesado se pronunciaba a través de su representante en el foro, quien llevaba las opiniones de sugrupo a dicho foro.Evaluación del Resultado de la DecisiónLos resultados de la Participación Pública produjeron cinco (5) Proyectos de Ordenanzas AmbientalesMunicipales, cuya influencia de la participación en comparación con la propuesta inicial fue efectiva,aprobándose las Ordenanzas tal y como fueron consensuadas, producto de que los tomadores de decisiones(los regidores de la Sala Capitular del Municipio de Duvergé y el Sindico) fueron parte activa en la elaboraciónde esas ordenanzas.La percepción de los participantes con relación a la decisión de no variar el contenido de los proyectos deOrdenanzas que habían sido consensuados y entregados a los tomadores de decisiones, impregnó en losmunícipes un sentimiento de utilidad y satisfacción en un grado optimo como lo han manifestado el profesorJorge Eberto Pérez Santana, Magalis Medrano, Presidenta de la Asociación de Mujeres de la ProvinciaIndependencia, Huris María Medrano, coordinadora del Comité Intersectorial Municipio Saludable y el señorMenelio Rehazme.Resumen de las Lecciones Aprendidas.‣ El acceso a la Información de este caso fue positivo por las facilidades prestadas al consultor por elencargado de la Unidad de Consultas Públicas y la Unidad de Gestión Ambiental Municipal de laSubsecretaria de Gestión Ambiental de la SEMARENA;‣ El involucrar los actores claves o grupos organizados en la preparación de las ordenanzasambientales municipales, garantiza su cumplimiento con más efectividad porque los munícipes lahacen suyas y se sienten comprometidos con su ejecución‣ La participación de los Regidores Bartolina Cuevas Volquez, Maria Linda Peña Pérez, TeoduloSánchez, Bienvenido Pérez Cuevas y José Altagracia Volquez, así como el apoyo del Síndico en todo101

SEMARENAProyecto de un Perfil para la Implementación del Principio 10 de la Declaración de Ríoel proceso de participación con las organizaciones del municipio, garantizó que el consenso arribadohaya sido respetado y plasmado sin alteraciones.‣ Falta de instrumentos legales que garanticen que la voluntad de la participación pública sea respetadapor los tomadores de decisiones.‣ Se debe elaborar un instrumento legal de participación pública que garantice que las voluntadesproducto de un proceso de participación sean tomadas en cuenta.‣ Los ciudadanos que participaron en este proceso sintieron que fueron ellos, junto a las autoridades,que tomaron la decisión de regular el ruido, contaminación de las aguas, el corte de árboles,clasificación de la basura etc.‣ Los actores del proceso no perciben que se están aplicando en su totalidad las ordenanzas, porinfluencias políticas.‣ Los actores que participan o influyen en las tomas de decisiones cumplen con un grado de efectividadmayor que aquellos que no participan.Bibliografía102

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