Centro de Implementación de Políticas Públicas E. y C. y otro c ...

El Centro de Implementación de Políticas Publicas E y C. contribuir de manera significativa aconsolidar una sociedad democrática, justa y en crecimiento integrada constructivamente a lacomunidad de naciones, donde cada ciudadano pueda desarrollar su potencial en libertad.Para ello, la fundación promueve el análisis riguroso, el diseño estratégico y laimplementación electiva de políticas públicas en los distintos niveles de gobierno, ayudandoal Estado a cumplir sus Funciones de manera electiva y eficiente y sirviendo como fuentepermanente de consulta para la implementación de políticas públicas. En particular, sepropone: a) informar a la sociedad civil a través de seminarios, publicaciones y otros mediospara acercarle instrumentos permitan incrementar su capacidad de control y evaluación delas políticas del Estado (...), etc. (fs. 28/29).Por su parte, la coactora, cuyos objetivos estatutarios obran agregados a fs.38/44 cuenta,entre sus cometidos, "la creación de un espacio de activismo y control ciudadano, destinado apromover el fortalecimiento institucional y la construcción de la ciudadanía comprometidacon el respecto de los derechos fundamentales... En particular defender (...) los derechosreconocidos en la Constitución Nacional y aquellos de incidencia colectiva (...).Por ende, pudo razonablemente concluirse que esta intervención, en sede judicial,enderezada a lograr la publicación de decretos emitidos por el H. Senado de la Nacióntendiente a lograr una mayor transparencia en ejercicio de la función administrativa en elámbito de dicho órgano, comprende, razonablemente, la obtención de la informacióninvolucrada a fin de que se cumpla con la aludida publicidad.En el caso, según surge autos, las actoras no obtuvieron remedio alguno en sede delorganismo demandado en relación al cumplimiento por parte del Secretario Parlamentario dela publicación establecida reglamentariamente de los decretos de esa índole (confr. fs.50/53), por lo que se han visto privadas de poder concretar sus objetivos en cuanto al accesoa la información que solicita.Ello devela, en el caso, la existencia de afectación de un derecho subjetivo pues la noprovisión de la información requerida cobra relevancia a electos de los intereses esgrimidos,enderezados a cumplimentar sus objetivos estatutarios (arg. esta Sala, "C.P.A.C.F., cit., cons.VII).En este escenario, pudo razonablemente interpretarse que dichas asociaciones se hallandotadas de un derecho a la información a tenor de los propósitos, finalidades o competenciasque poseen (arg. esta Sala, "Tiscornia Sofía y otro c. E.N. - M° del Interior y otro s/amparo",causa: 28.833/96, del 17/12/97; C.P.A.C.F.", cit.), y el ejercicio de ese derecho depara, enprincipio, el acceso a la información solicitada.Dicho derecho, si bien no enumerado expresamente en la Norma Fundamental (en igualsentido. Sala 1, "Fundación Accionar Preservación Ambiente Sustentable c. Comité EjecutorPlan GayM Cuenca Matanza-Riachuelo y otro s/amparo", del 16/4/02, cons. X.3), ha sidoreconocido por la jurisprudencia de la Corte Suprema como derecho de naturaleza social, quegarantiza a toda persona -física o jurídica, pública o privada- el conocimiento y laparticipación en todo cuanto se relaciona con los procesos políticos, gubernamentales yadministrativos (conf. doctr. "Vago, Jorge Antonio c/ Ediciones de La Urraca SA. y otros",Fallos 314:1517, del 19/11/91), y se evidencia -conforme señalara el Alto Tribunal-, en tantoenderezado a la obtención de información sobre los actos públicos (arts. 14 y 32 de laConstitución Nacional), como inherente al sistema republicano ya la publicidad de los actosde gobierno ("Urteaga, Facundo", Fallos: 321: 2767, del 15/10/98, voto del Dr. Carlos S. Fayt -LA LEY, 1998-F, 302; RCyS, 1999-1086-).IX. Se ha corroborado, pues en autos que el pedido de las asociaciones actoras, efectuado el19 de mayo de 2004, en sede del Honorable Senado de la Nación, apunta a obtenerinformación a través del cumplimiento de la publicación establecida reglamentariamente enlo atinente, en lo sustancial, a decretos administrativos y parlamentarios emitidos a partir del14 de mayo de 2004.material obtenido de la Biblioteca Virtual de mejordemocracia (www.mejordemocracia.gov.ar)