Centro de Implementación de Políticas Públicas E. y C. y otro c ...

ever la forma, justicia o acierto con que los demás poderes ejercer sus facultades privativas,lo que es un principio fundamental del sistema de división de poderes.VII. Séptimo Agravio: Se revoque la imposición de costas y la regulación de honorarios porinsólita y abultada.Las costas deben imponerse en el orden causado, pues se dan en al f especie los extremos quepermiten apartar el principio objetivo de la derrota procesal, teniendo en cuenta que almomento de la traba de la litis el Senado ya estaba dando cumplimiento a lo que a la postreconstituyó la parte dispositiva de la sentencia. En subsidio solicita se reduzca el monto de loshonorarios regulados a los letrados de las actoras, por no guardar las pautas de mesura yrazonabilidad que deben regir en la materia. Agregó que la acción no ofrece una complejidad,envergadura jurídica o una extensión temporal que justifique la suma de dinero impuesta.Corrido el traslado de los agravios, el apoderado de las adoras lo contestó a fs. 135/132 vta.En tanto el señor Fiscal General se expidió a fs. 134/141 por la revocación del fallo recurrido.IV. La ley 16.986 no ha sido derogada por la reforma constitucional de 1994, en tanto no seoponga a los recaudos de admisibilidad de la acción de amparo establecidos por aquélla (cfr.Sala I en autos "Soñez", del 22/12/94, "Ositiansky", del 26/10/95, "Toscano" y "Ruiz deArechavaleta", ambas del 22/12/95, "Aydin", del 21/5/96 "Asociación Bancaria", del 1/10/96;y esta Sala en "Ortíz Almonacid", del 22/4/97 (LA LEY 1998-B, 590; DJ 1998-2, 58); "GómezPellón ", 8/8/00). Entre los recaudos de admisibilidad que permanecen vigentes aún despuésde la reforma, se encuentra el plazo de caducidad de la acción de amparo establecido por elart. 2, inc. e) de la ley 16.986, cuyo término de 15 días ha sido considerado razonable (cfr.plenario de la Cám. Nac. Civ. y Com. Fed. "Capizzani de Galdi", y Sala I del fuero, "CarlosBerisso S.C.A.", del 3/6/99; Consid. III.I; "Villafañe, Rita Micaela Alejandra c/UBA -Dir. Gral.de Obra Social- DOSUBA Disp. 59/00 s/amparo ley 16.986", del 28/02/02 y "Miling. SA, del25/9/03, entre otros.Tal criterio, que guarda congruencia con la estrictez del amparo, no puede ser de planoaplicable a todos los supuestos, sino que es necesario que se precise en cada caso, puesto quede lo contrario, se arribaría a soluciones reñidas con la justicia.En ese contexto jurídico, si bien es admisible que pueda sostenerse que cuando se cuestionanactos de alcance general el plazo de caducidad comience a contarse desde su publicación (cfr."Fallos"; 307:1054 y 317:1655, consid. II), ello no significa que, a través del juego armónico delo preceptuado en los arts. 1° y 2°, inc. e) de la ley 16986, se descarten de plano lasparticularidades de cada caso (cf. Sala I, "in re" "La Segunda ART", del 20 de junio 2000 y"Milling SA ya citado).Más allá que los requisitos de admisibilidad formal deben ser apreciados con estrictez, "encaso de dudas sobre el inicio del plazo de caducidad, parece conveniente atenerse a lo quesea más propicio para los reclamantes, si éstos han actuado con una celeridad razonable, deacuerdo con las particularidades de cada caso, pudiendo incluso llegar a excluirse, a surespecto, la aplicación del art. 2, inc. e) de la ley 16986 (conf. Sagúes, Néstor Pedro,"Derecho Procesal Constitucional, Acción de amparo", 2a. ed., Buenos Aires, 2988, p. 266, vertambién del mismo autor "El plazo de caducidad de la ley de amparo ante la reformaconstitucional", JA del 5/4/00, comentario al plenario "Capizzno de Galdi, en Morillo, AugustoMario y Vallefín, Carlos A "El amparo Régimen Procesal", 3a. Ed. La Plata 1998, p. 44, Sala I,en fallos "La Segunda ART", y "Miling SA", antes cit.).Las particularidades de la situación analizada en autos autorizan en la especie a apartar elrigor formal que la aplicación del plazo de caducidad de la acción de amparo establecido enel art. 2, inc. e) de la ley de amparo supone, ya considerar, por ende, la interposición de laacción tempestiva.Ello es así, pues en autos se acusó al demandado de omitir las publicacionesreglamentariamente por él establecida en relación los decretos administrativos yparlamentarios en su sitio de Internet; observándose la reiteración de esa conducta omisivamaterial obtenido de la Biblioteca Virtual de mejordemocracia (www.mejordemocracia.gov.ar)