Revista - Página/12

Bernardino AvilaEn los últimos años un gobierno conservador obligóa la sociedad a ponerse en alerta: el intento derestringir el acceso a los hospitales públicos.años, incluso, el desembarco de un gobierno conservadorobligó a la sociedad a ponerse en alerta: el intento de restringirel acceso a los hospitales públicos a extranjeros ypersonas provenientes de otras provincias apenas inició sugestión; el desalojo violento y clandestino de las personasen situación de calle; la construcción descontrolada de edificios,que además del daño ambiental ha provocado derrumbesfatales, son apenas algunos ejemplos.La gestión PRO casi no invirtió en ladrillos y cementopara vivienda, pero no se fijó en gastos a la hora de cubrirel empedrado o reemplazarlo por asfalto, de manerade favorecer la circulación ágil y rápida de vehículos, queluego saturan el centro.En numerosas ocasiones, ciudadanos y organizacioneshan debido recurrir a otra garantía constitucional, la deun recurso de amparo ante la Justicia “contra todo acto uomisión de las autoridades” que lesione derechos reconocidosen la ley. Así, muchas veces los jueces frenaron medidasarbitrarias u obligaron a adoptar otras y salvar asíomisiones que vulneraban derechos. Ejemplos: la construcciónde salas para jardines maternales o preescolares,que se hace en cumplimiento de un acuerdo judicial; o laurbanización de la Villa 20, que pese al fallo que lo dispone,para poner a salvo de la contaminación a miles defamilias, no se cumple.Así, en ocasiones, los jueces se convirtieron en cogobernantes,como corresponde a un sistema republicano, contres poderes. Hubo, es cierto, algún abuso del amparo y laconsiguiente queja del oficialismo –este y los anteriores– deque los jueces les impedían gobernar. Pero nada parece tangrave cuando se trata de resguardar derechos. Sobre todoen una ciudad donde tantos derechos no han podido torcerlesel brazo a las desigualdadesPI39