No. de Proceso 23-2011 - Organismo Judicial

artículo 27 de la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer,deroga el artículo 4 de la ley impugnada, en virtud de que esta norma se opone a la otraley, cuando se le deja desprotegida incurriendo en violencia económica. Es evidente queen el caso que nos ocupa se da la violencia económica en toda su dimensión, porqueagrede sicológica y físicamente a la victima y además utiliza los órganos jurisdiccionales,para tratar de evadir la obligación de responder económicamente por el menor de edad.Se entiende que el artículo 8, literal d) de la Ley contra el Femicidio y otras formas deviolencia contra la Mujer, decreto 22-2008 del Congreso de la República, es una leyaplicable al caso concreto porque regula la violencia económica, la cual se da cuando enla literal d) establece: “Somete la voluntad de la mujer por medio del abuso económico alno cubrir las necesidades básicas de ésta y la de sus hijas e hijos.” Por lo anteriormenteindicado, solicita el interponente se determine que el fallo recurrido aplicó indebidamenteel referido artículo 4, debiendo haber aplicado el artículo 8 literal d) de la Ley contra elfemicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Este planteamiento se basa en quela ley aplicada por el A quo, carece de sanción penal y las acciones realizadas por elsindicado encuadran en lo contenido en el citado artículo 8 literal d). Por lo anteriormenteindicado, solicita que se declare procedente el recurso, se case el fallo recurrido y sedeclare sin lugar el incidente de cuestión prejudicial.-III.ALEGATOS EN EL DIA DE LA VISTA:Para la diligencia señalada, compareció el Ministerio Público, a través del fiscal MiltonTereso García Secayda y el procesado VÍCTOR MANUEL ZAVALA SOLARES, a travésde su abogado defensor, ARMANDO SANTIZO RUIZ, quienes reemplazaron suparticipación mediante la presentación de alegatos por escrito.-CONSIDERANDOEn el análisis del presente caso, es posible determinar que en el fallo recurrido ha existidouna aplicación indebida de las disposiciones contenidas en la Ley para prevenir,sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, decreto 97-96 del Congreso de la Repúblicade Guatemala. Las disposiciones de esta ley son de tipo cautelar y de carácter protectorde la familia, las cuales no riñen con la aplicación de otros cuerpos normativos, tal y comolo refiere en su artículo 2, segundo párrafo, que contempla que las medidas de protecciónse aplicaran independientemente de las sanciones específicas establecidas por losCódigos Penal y Procesal Penal, en el caso que los hechos sean constitutivos de delito ofalta. Al emitirse el fallo recurrido, la sala yerra al estimar la necesidad de resolverpreviamente el asunto promovido en instancia de familia, y sujetar a la iniciativa del juezde dicho ramo, la posibilidad de certificar lo conducente por algún ilícito penal. Loanterior, en virtud que el decreto 97-96 del Congreso de la República, regula unprocedimiento puramente cautelar, lo cual no impide la promoción en forma paralela de unproceso penal a instancia de la victima, como ocurrió en este caso. Según consta enantecedentes, la víctima se presentó voluntariamente al Ministerio Público a presentardenuncia en contra del procesado por el delito de violencia contra la mujer, situación queno afecta ni depende de la decisión del proceso cautelar anteriormente promovido, puesen igual forma, las mismas medidas de seguridad pueden ser emitidas por el órgano queconoce de la denuncia penal, ya que el artículo 25 de la Ley contra el femicidio y otrasformas de violencia contra la mujer, decreto 22-2008 del Congreso de la República deGuatemala, permite la aplicación supletoria del mencionado decreto 97-96. Con estosargumentos se concluye que debe declararse procedente el recurso de casación, ydeclarar sin lugar la cuestión prejudicial planteada, toda vez que la sala ha impedido,