No. de Proceso 23-2011 - Organismo Judicial

diciembre de dos mil diez, declaró sin lugar el incidente de Cuestión Prejudicial, fundandosu decisión en que la promoción del juicio de violencia intrafamiliar ante el Juzgado deFamilia y la correspondiente emisión de medidas de seguridad, es distinto y accesorio a ladenuncia promovida por el delito de violencia contra la mujer, razón por la cual no debeagotarse un juicio previo para iniciar proceso penal por el referido delito. D) Del recursode apelación especial: El sindicado presentó recurso de apelación, arguyendo que elplanteó la Cuestión Prejudicial fundamentado en que los hechos en que se basa elproceso penal iniciado en su contra, son los mismos por los cuales se basó la denunciade violencia intrafamiliar, tramitándose ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia deFamilia de Quetzaltenango. De ello se desprende que es factible declarar con lugar lacuestión prejudicial, tomando en cuenta el principio de mínima intervención del derechopenal, pues no pueden discutirse en dos vías judiciales distintas los mismos hechos quemotivan una acción judicial. Por razón de especialidad resulta evidente que el asunto setramite ante el Juzgado de Primera Instancia de Familia, como de hecho se está haciendoy como consta en antecedentes. Solicitó que se declare procedente el recurso deapelación y en consecuencia se suspenda el proceso penal instaurado en su contra. E)De la sentencia del tribunal de alzada: La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones delramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, consideró que en el presentecaso el proceso penal tiene su génesis en Diligencias de Violencia Intrafamiliar. Esteproceso se basa en una ley que en ningún momento ha sido derogada, puesto que nocontraviene o se opone a la Ley Contra El Femicidio y otras Formas de Violencia Contrala Mujer. Por el contrario, la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la ViolenciaIntrafamiliar es complementaria, e integra otras leyes, porque de lo contrario quesucedería con las medidas solicitadas al amparo de esta ley, sencillamente los Jueces deFamilia no podrían decretarlas. Por otro lado esta ley, da un plazo de veinticuatro horaspara trasladar el expediente, ya sea a un Juzgado de Familia o al Ministerio Público,precepto del cual no están exentos los Jueces de Familia, por lo que si ellos establecen lacomisión de un posible ilícito, deben certificar lo conducente en dicho plazo al MinisterioPúblico. Si en este caso la Juez de Familia no lo hizo es porque hasta el momento, no loconsideró necesario, pues las diligencias aun están en trámite. En ese sentido se tieneque el Juez a quo mal interpretó la Ley de Femicidio en el artículo citado, y obvió que elilícito que se imputa al sindicado, tiene su origen en una denuncia de violenciaintrafamiliar que aún está en trámite, y que del resultado de la misma depende la posibleparticipación del sindicado y la existencia de un ilícito penal. Caso contrario sería, si setratase de hechos independientes, o en caso que se hubiere certificado lo conducente,porque en este caso se aplicarán independientes las medidas de protección y seguridad yel proceso penal seguirá su tramite independiente y su curso normal, lo cual no es elcaso, por lo mismo procede acoger el recuro de apelación y revocar la resoluciónimpugnada y así debe resolverse. Por lo considerado declaró: Con lugar el recurso deapelación especial interpuesto y con lugar la cuestión prejudicial planteada por VICTORMANUEL ZAVALA SOLARES, mandando suspender el trámite del presente proceso.-II. MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN:El interponente presentó recurso de casación por motivo de fondo, invocando el caso deprocedencia contenido en el numeral 5) del artículo 441 del Código Procesal Penal,denunciando violación por indebida aplicación del artículo 4 de la Ley para Prevenir,Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. Indicó que es evidente que la referida leyes exclusivamente para la prevención de la violencia que se genera en la familia, pero noaplicable al ramo penal. Esta circunstancia deja en la indefensión a las víctimas. Losórganos jurisdiccionales deben procurar su protección, en ese sentido es evidente que el