Informe Completo - Grupo.us.es - Universidad de Sevilla

2º. Invocaba diversas disposiciones legales, en concreto, el artículo20.2.B) de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas dereproducción asistida; la Ley 45/2003, de 21 de noviembre que modifica a laanterior; y el Real Decreto 176/2004, de 30 de enero, que recoge el Estatutodel Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa.3º. Sostenía que, de conformidad con las normas citadas, la Junta deAndalucía cometería una infracción muy grave si llevara a término supropósito de traslado de las referidas líneas celulares y que, en todo caso,debía solicitar con carácter previo un informe al Centro Nacional deTrasplantes y Medicina Regenerativa por tener dicho informe carácterpreceptivo en los proyectos de investigación y utilización de células en elcampo de la medicina regenerativa.La Ley 7/2003, de 20 de octubre (BOJA núm. 210 de 31 de octubre de 2003)por la que se regulaba la investigación en Andalucía con preembriones humanos noviables para la fecundación in vitro, creaba en su artículo 6 el Comité deInvestigación con Preembriones Humanos como órgano colegiado adscrito a laConsejería de Salud. A dicho órgano se le asignaban las funciones de autorización delos proyectos de investigación con preembriones sobrantes de las técnicas defecundación in vitro, garantizar el cumplimiento de las condiciones en que losdonantes deben prestar el consentimiento informados, así como establecer latrazabilidad de los mismos y mantener una base de datos en la que figure, entre otros,el objeto de la investigación, el número de preembriones utilizados y el período devalidez de la autorización del proyecto. La citada Ley 7/2003 fue objeto de desarrollopor el Decreto 364/2003, de 22 de diciembre, por el que se regula la organización,composición y funcionamiento del Comité de Investigación con PreembrionesHumanos y el procedimiento de autorización de los proyectos y centros deinvestigación con preembriones sobrantes de las técnicas de fecundación.El Presidente del Gobierno español interpuso recurso de inconstitucionalidadcontra la Ley 7/2003, en virtud del artículo 161.2 de la Constitución Española, sobrela base de la competencia exclusiva del Estado sobre el fomento y coordinacióngeneral de la investigación científica y técnica (artículo 149.1. 15º del textoconstitucional) así como sobre la sanidad exterior, bases y coordinación general de la27