01-32 el LEGAJO 40 MARZO Amparo - Ilustre Colegio de Abogados ...

EN PORTADA /Eduardo Murcia:“Los usos ycostumbres de unadisciplina científicason vitales”forenses, de compañías de seguro, demutuas laborales, inspectores de laSeguridad Social... Todo aquel cuyamisión profesional consiste en valorarlas lesiones y redactar un informe puedepertenecer a la asociación”.Eduardo Murcia, profesor titular deMedicina Legal de la Universidad deValencia desde 1.992, señala que la Asociaciónsurgió “para impulsar el desarrollocientífico de esta parcela de la MedicinaLegal. Es un punto de encuentro yreunión de médicos dedicados a valorarel daño personal”.Desde esta Asociación tratan dedivulgar en qué consiste su profesión,realizan cursos de reciclaje, intercambianconocimientos... La organización celebrauna asamblea ordinaria todos los años yEDUARDO MURCIA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN Y PROFESOR DE MEDICINA LEGAL.una extraordinaria cada dos meses paraponer en común casos, actualizar criteriosy aportar las novedades que surgena nivel nacional e internacional. “Losusos y costumbres de una disciplinacientífica son vitales”, subraya Murcia.Al preguntar al presidente sobre lasaspiraciones de la Asociación, en claraalusión a algunas críticas que recibenpor su difícil imparcialidad, Murcia responde:“Que se reconozca la misión delprofesional que valora el daño corporal yque se respete. Ese trabajo tiene unasnormas, una metodología y una doctrinaque aplicar, así que no se dictamina arbitrariamente”.Marzo 20055

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EN PORTADAEl médico forensees el perito titularoficial de lostribunales. Esabsolutamenteindependientedaño corporal y dedicados en exclusiva aeste campo, integrados, en alguns casos,en sus propias plantillas.Cursos complementariosPor estas razones, distintas Universidadesespañolas comienzan a formar de maneraespecífica a los licenciados en Medicinapara que desempeñen esta función, otorgándolesel título de Especialista Universitarioen Valoración del Daño Corporal. El cursopionero se dictó en la Universidad Complutensede Madrid, en 1.988.En la Comunidad Valenciana, la Universidadde Alicante, puso en marcha enel año académico 1.992- 1.993, el primercurso para obtener este título. Previamente,la Universidad de Valencia, en1.990, organizó las Primeras Jornadassobre Valoración del Daño Corporal,impartiendo desde el año 1.991- 1992,un Curso de Doctorado en Valoración delLOS DAÑOS PROVOCADOS EN ACCIDENTES DEBEN SER RECOMPENSADOS.Daño Personal. Tiempo más tarde, laAsociación de Valoración del Daño Corporalde la Comunidad Valencianaimpulsó la creación de un Máster enValoración del Daño Corporal y Medicinade Seguro que se imparte en la Universidadde Valencia.Como vemos, el colectivo médico,ante la demanda y necesidad social, harespondido ofreciendo una formaciónespecífica para los profesionales quequieran trabajar en este campo con rigory seriedad.No sólo son susceptibles de valoraciónlos daños físicos, sino también lospsíquicos. Sobre este tipo de lesiones, elpresidente de la asociación explica: “Nohay radiografías de la mente. Se llega alos diagnósticos con un grado de fiabilidadnotable a través de tests y entrevistas.La valoración la realizan los psiquiatrasque intervienen puntualmente, peroal no constituir el mayor porcentaje desu actividad no se integran, por elmomento, en la asociación”.Su función en los juiciosMurcia, que trabajó como forensehasta su excedencia voluntaria paraEstatutos de la Asociación...La Junta Directiva de la Asociación de Valoración del Daño Corporal de laComunidad Valenciana está integrada por los siguientes profesionales: EduardoMurcia, Angel González, Matilde Marqués, Jorge Almonacid, Mercedes Álvarez,Marisa Escandell, Marina Gisbert, Javier Grandia, Antonio Mas, Matilde Ochoa yFernando Verdú. Para la puesta en marcha de la Asociación, se redactaron unosestatutos que fijan sus objetivos y composición. Ofrecemos un extracto de los mismos:Art. 4Constituyen los fines de esta Asociación:1.- El desarrollo científico y la defensa del ejercicio profesional en el ámbito de laValoración del Daño Corporal y de la Pericia Médica.2.- Propiciar y dar cauce a la creación de cursos de formación continuada, gruposde investigación y trabajo y cualquier otra actividad que pueda elevar el nivel científicode los asociados.3.- Promover la colaboración y participación con Asociaciones de otras comunidadesautónomas, nacionales e internacionales, así como con organismos e institucionespúblicas o privadas relacionadas con la valoración del daño corporal.4.- Creación de una base de datos y centro de documentación en relación con ladisciplina de valoración del daño corporal.5.- La elaboración de publicaciones, con la periodicidad que permitan los recursoseconómicos de la Asociación, con la finalidad de mantener informados a los miembrossobre las actividades que se realicen en el ámbito nacional e internacional enrelación con la valoración del daño corporal, así como dar publicidad a los trabajoscientíficos y artículos que se realicen en la propia Asociación.Art. 51.- Podrán ser miembros de pleno derecho de la Asociación, los Licenciados yDoctores en Medicina y/o Cirugía, cuya actividad profesional esté en relación con laValoración del Daño Corporal, y realicen dicha actividad en el territorio de la ComunidadValenciana. Deberán presentar una solicitud por escrito a la Junta Directiva, yésta resolverá en la primera reunión que celebre.2.- Además podrán formar parte de la Asociación, como miembros supernumerarios,los Licenciados y Titulados Universitarios, que acrediten su actividad profesionalen relación con la Valoración del Daño Corporal, y realicen dicha actividad en elterritorio de la Comunidad Valenciana.3.- Excepcionalmente, por la Junta Directiva, se podrán nombrar miembrosHonorarios de la Asociación a las personas que por sus condiciones se hagan acreedorasde esta distinción.8 Marzo 2005

EN PORTADA /Debido a losfraudes, cada vezes más común quelas compañíasutilicen detectivesincorporarse a la Universidad, opina queúltimamente se logran muchos acuerdosentre las partes que hacen innecesarioslos juicios. Con todo, describe así elpapel de los médicos en los tribunales.“Los juicios se producen por laimprudencia cometida por quién causael daño. Hay dos tipos. Por una parteestá el penal, en el que se sanciona alque ha cometido la falta o delito. Eneste caso, el juez impone una pena, yademás, al haberse causado una lesiónal otro, una compensación a la víctimapor todas las consecuencias de suimprudencia. Si se produce controversiaen los daños personales causados,intervienen el forense y el médico de lacompañía de seguros, apreciándose enel médico forense su independencia encuanto está adscrito al juzgado y novinculado a ninguna de las partes. Silas lesiones no reunen el requisito deprocesabilidad penal o no se denuncian,la víctima puede reclamar indemnizacióna través del otro tipo de juicio,el civil, limitado a la exigencia de laindemnización compensatoria, no a lasanción del responsable.”Murcia especifica otra alternativa:“También puede suceder que la víctimade unas lesiones quiera ejercer las accionesciviles en un proceso posterior alpenal, por considerar esta jurisdicciónmás adecuada para la defensa de susintereses y aportar, en su caso, infortmescomplementarios más minuciosos. Enlos juicios civiles, los peritos médicospueden ser aportados pr las partes o pordesignación judicial”.Tras esta exposición, el presidentede la Asociación confiesa: “Si todos losque intervenimos en estas situaciones lohiciéramos correctamente, evitaríamosmuchos juicios”, haciendo referenciatanto a aquellos lesionados que intentandefraudar, como a aquellos médicos queen algún momento no han sido tan objetivoscomo es su obligación y también alas compañías de seguros.Los fraudesYa que hemos traído a colación elfraude, habría que esclarecer que éstepuede cometerse tanto por los lesionadoscomo por los peritos: “Un peritotiene que jurar, así que si miente cometeun delito. Conozco un caso de responsabilidadprofesional médica en el que unperito médico hizo un informe sobre lassupuestas negligencias de un colegapasando por alto intencionadamenteunas radiografías importantes. Al finalMarzo 20059

EN PORTADAMIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN.La autolesión es unacto totalmentevoluntario y no setiene ningúnderechotodo se averiguó. Al médico acusado loabsolvieron y al perito lo sancionaron.No es que mintiese, sino que omitióinformación relevante y con ello perjudicóal médico”, recuerda Murcia.También es frecuente encontrarsecon trabajadores que fingen una lesiónque, supuestamente, les impide hacerun trabajo que realmente sí puedenrealizar. Por este motivo, las entidadesaseguradoras cada vez en mayor medidautilizan detectives privados cuyoobjetivo es conseguir pruebas evidentesdel engaño para que “el juez puedacondenarles por fraude con las responsabilidadesinherentes”, asegura elpresidente de la Asociación.Haciendo hincapié en el tema,Murcia señala que en ocasiones “haylesiones de las que no se pueden obtenerdatos objetivos. El dolor un médicono lo puede medir. Es el caso de losesguinces cervicales. Hay gente que noengaña, sino que simplemente creeque se encuentra peor de lo que está.Al sufrir un accidente y ser otro el responsable,vive las cosas con másintensidad. Si el daño que sufrimos esinjusto, nos duele más que si se tratade un caso de fuerza mayor, como porejemplo la caída de un rayo”.Rememorando algún caso de estetipo, Murcia menciona el de un lesionadoque alegaba que le dolía el pie ycaminaba muy mal en terrenos irregulares.Llegado el momento del juicio, “seproyectó un video para demostrar queno era así. Como era obvio que estabamintiendo, el lesionado le pidió permisoal juez para levantarse y verlo junto alos abogados. Se tomó deportivamentey con sentido del humor que le habíancazado”, apostilla el presidente.Además, Murcia recuerda sonriendoque “también hay simuladores quefingen caídas a la hora de entrar en lasala, como el caso de una señora quelo hizo en el juzgado equivocado, y asíse lo hizo ver el juez al indicarle que eljuicio por lesiones era en la sala adyacente”.Pese a las divertidas anécdotas,también los profesionales puedenverse involucrados en situaciones comprometidas.Éstas llegan a darse cuando“los médicos de las compañías seven obligados a visitar el domicilio delos lesionados para seguuir su evolución:Te ven como al enemigo. El perrote muerde los pantalones y ni siquieraapagan la tele. Se han llegado a recibiramenazas”.Por último, habría que recalcarque si alguien se autolesiona no tieneningún derecho. Eduardo Murciaadvierte que “el accidente es un sucesoinvoluntario. Sin embargo, puedesuceder que una autolesión llegue aser considerada como accidente detrabajo porque se sigue el principiode presunción de que nadie quierehacerse daño deliberadamente, locual entra dentro del fraude. La Leyde la Seguridad Social establece queaccidente de trabajo es toda lesióncorporal sufrida por el trabajador enel trabajo o como consecuencia deéste. Para determinar que no lo es,hay que demostrarlo. La Ley protegeal trabajador con una presunción queadmite prueba en contrario.LOS ACCIDENTES DE TRABAJO TAMBIÉN SON VALORADOS POR ESTOS PROFESIONALES.10 Marzo 2005

PUBLICIDAD /Marzo 200511

ENTREVISTA“Los gabinetes de prensa jurídicosaún tienen mucho por hacer”AMPARO BOU, PRESIDENTA DE LA UNIÓ DE PERIODISTESLa relación entre el mundo jurídico yel periodístico nunca ha sido fácil. Unossiempre han necesitado más informaciónde la que los otros han facilitado. Lacreación de los gabinetes de prensa enJusticia ha venido a mejorar el día a díaentre ambos ámbitos, gracias a la canalizaciónde datos.Lourdes D. GarcíaAmparo Bou es la presidenta de la Unió de Periodistes. En 1995acabó la carrera de Periodismo, y tras pasar por medios como laagencia Europa Press y la emisora de radio Onda Cero, entró a trabajaren la cadena SER, donde lleva ya 9 años en la sección de informativos.Por sus manos ha pasado todo tipo de información, y entre ella,también la procedente del ámbito jurídico. Conseguirla, asegura queno siempre es tarea fácil, debido, sobre todo, a la complicada relaciónentre el mundo periodístico y el jurídico. “Hasta hace nada,prácticamente no había gabinetes de prensa en Justicia. El periodistatenía que buscarse la vida, y dependía de la relación y amistad quetuviera con jueces, fiscales...”, explica Amparo. Ahora, con los nuevosgabinetes, parece que el profesional de la información lo tiene másfácil, aunque en realidad, no es del todo así. “La creación de los gabinetesde prensa ha sido un acierto, porquecanalizan la información, pero aún quedamucho trabajo por hacer para normalizar lainformación que nos proporcionan. A vecesson muy estrictos a la hora de dar determinadosdatos para que los periodistas podamosdar una noticia en toda su extensión”. Esto esun problema, ya que su consecuencia es quelas informaciones no son completas. “A veces,no se nos facilitan determinados datos por sipueden ser ofensivos o perjudiciales, y en realidad,el efecto que se produce es el contrario“La falta deinformación hahecho que losperiodistasdependamos enexceso de losabogados”AMPARO BOU EJERCE SU PROFESIÓN EN LA CADENA SER.al perseguido, porque no podemos dar la información ni entera niveraz, y en caso de que nos hubieran dado lo que queríamos, nohubiera salido a la calle nada ofensivo”, explica la periodista. SegúnAmparo, esta situación provoca que “dependamos en exceso de losabogados, defensores o acusadores, que muchas veces nos utilizan asu favor”, incluso en ocasiones, “hay abogados interesados que nosfiltran información que no nos llega por otros medios”, asegura,consciente de que estos datos “es necesario contrastarlos, y para ellollamamos al gabinete de prensa del TribunalSuperior de Justicia”.De todos modos, aunque los “jueces y los fiscalesson bastante opacos” en cuanto a proporcionardatos, los medios pueden accederno sólo a las sentencias, sino también a lassalas en las que se celebran los juicios. Dehecho, la norma general es que se puede tantoacceder como grabar, a no ser que el juez digalo contrario “por una causa superior, comopuede ser el caso de los menores”, especificala locutora. Sin embargo, este libre acceso a la12 Marzo 2005

ENTREVISTA /sala está generando un problema:la falta de espontaneidadde los acusados. Por eso, en laCiudad de la Justicia se ha habilitadouna sala con tomas degrabación, para que la prensa ylos medios audiovisuales puedanasistir a los juicios y realizarsu trabajo de una manerasencilla, sin interferir en eldesarrollo de los mismos.La responsabilidad quetiene el periodista es muchaen cualquier ámbito, pero eneste especialmente. Puedeprovocar graves perjuicios poruna información errónea o malcontrastada, por mucho que serespete la presunción de inocencia,tal y como asegura lapresidenta de la Unió, queconfía en la rectificación a laque están abiertos los periodistascuando se equivocan. Peroel mal provocado por una equivocación puede no superarse conuna modificación. De ahí la importancia de la ética tanto del profesionalcomo del medio para el que trabaje. “En todos los mediosde comunicación no existe un código deontológico, pero existeuno general, el de la Federación de Asociaciones de la Prensa deEspaña, que sería deseable que se cumpliera”. No obstante, Amparoreconoce que no todo se puede regular al 100 por cien, y es quelos límites son tan finos en ocasiones, que el periodista ha deoptar por defender su decisión ante su medio si así le fuera pedido.Por ejemplo, “a veces, la línea entre la ética y la primicia esmuy delgada”, considera, al igual que ocurre con el derecho a laintimidad y el derecho a la información. “Cada caso es un mundo,y este ejemplo es un poco complicado porque hablamos de dosderechos fundamentales. En el supuesto de los menores no hayduda, prevalece el derecho a la intimidad”, y hace una aclaraciónpara referirse al derecho a la información que esgrimen en muchasocasiones “quienes se autodenominan periodistas”, puntualiza, entemas del corazón. “Eso no es periodismo, es un espectáculo, ynos utilizan como excusa. Los periodistas estamos en contra deque se utilice el derecho a la información en estos casos. En laConstitución aparece, pero haciendo referencia a una informaciónveraz, no a temas espectáculo de contenido picante”.Por otra parte, el ejercicio periodístico también está regulado, yel periodista, normalmente, protegido, aunque a tenor de las palabrasde esta profesional, no son protecciones a las que los periodistasacuden de manera muy habitual. Uno de sus derechos es el de norevelar sus fuentes. “No es muy frecuente que alguien te pida tusfuentes. De todos modos, depende de quién te lo solicite o a quétipo de información se refiera”, argumenta Amparo, que consideraque la “cláusula de conciencia no se da mucho tampoco. Más bien esuna leyenda urbana. Está claro que cada medio tiene su propia líneaeditorial y los periodistas lo que llevan a cabo es una especie deautorregulación”.SEGÚN AMPARO BOU, LOS PERIODISTAS RECTIFICAN SUS ERRORES.Justicia y PeriodismoLa Fundación COSO, en colaboración con el Tribunal Superior deJusticia de la Comunidad Valenciana, celebró una sesión de trabajo el pasado26 de febrero sobre “Justicia y medios de comunicación” en la Ciudad dela Justicia. Importantes personalidades del ámbito jurídico y periodísticohablaron del punto en que se encuentran las relaciones entre ambos mundos.Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de laComunidad Valenciana, y José Luis Boronat, presidente de la FundaciónCOSO, presentaron la Jornada, y pusieron de manifiesto el interés crecientede los medios por la actividad de la Justicia, además de la responsabilidad delos profesionales de la información a la hora de tratarla, y los problemas quehabitualmente se dan con los medios audiovisuales, y no tanto con la prensa.Otros nombres conocidos, como Francisco Monterde, magistrado de laSala 2ª del Tribunal Supremo explicó que, legalmente, la prensa y losmedios audiovisuales pueden acceder a las salas de los juicios siempre que nohaya una restricción expresa y fundada. El punto de vista de los medios lodio Maite Cunchillos, Jefa de Prensa de la Audiencia Nacional desde haceun año que, tras ejercer como periodista de tribunales durante varios años,dio a conocer el carácter batallador del profesional de este ámbito y la funcióndel gabinete al frente del cual está.Otras intervenciones fueron la del Decano del Ilustre Colegio de Abogadosde Valencia, Fernando Alandete, que desmitificó la figura de los jueces“que como seres humanos también se equivocan”, y admitió que los jueceshan de “estar sometidos a la sana crítica”. Razón por la cual aseguró nocompartir la idea de que las críticas periodísticas al poder judicial suponenun ataque a la independencia de los jueces.El acto de clausura corrió a cargo de Fernando de Rosa, SecretarioAutonómico de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, que abogópor la necesidad de un buen entendimiento entre los profesionales de losmedios de comunicación y de la Justicia.Marzo 200513

INFORMEEl Recurso contencioso-administrativoLos escritos de interposición y de demandaRafael Manzana LaguardaMagistrado Sala Contencioso Administrativo del TSJ de ValenciaEl autor realiza un análisisprofundo sobre el recursocontencioso-administrativo ysobre la relación entre losescritos de interposición y dedemanda. Advierte elmagistrado Rafael Manzanaque es preciso despojar dichoproceso de la imagen decomplejidad que tieneactualmente.El proceso contencioso administrativodebe abandonar la imagen de complejidadde la que tradicionalmente ha venidorevestido; en definitiva, se trata de unproceso en el que, a semejanza del civil,se ejercita una pretensión frente a unaparte demandada, que, a diferencia, eneste caso, de lo que ocurre en el procesocivil, normalmente será una AdministraciónPública; y la pretensión tendrá, deordinario, como premisa, la existencia deun acto emanado de la Administración yque el ciudadano impugna por afectarnegativamente a la esfera jurídica de susintereses; de la Constitución deriva unmandato expreso de que la Administraciónactúe con estricto sometimiento a laLey y al derecho (artas. 103.1º y 106.1ºCE), y a través de esta jurisdicción setrata, en definitiva, de revisar la legalidadde una determinada actuación administrativa(1) . Este carácter revisor, en cuantopresupone la existencia de una actuación14 Marzo 2005IMAGEN DE UNA SALA DE VISTAS.Debe existirconcordanciaobligada entre losescritos deinterposición ydemandaadministrativa que precede al procesojurisdiccional, va a conllevar determinadasparticularidades. Y así, en un primertérmino, va a ser significativo el hecho deque se va a producir una disociación dela pretensión, ya que ésta no se deduce através de un solo acto, sino mediante dosescritos diferenciados (2) :1.- De un lado, el de INTERPOSICIONdel recurso (3) , en el que se indicará cual esla actividad administrativa impugnada (4) .2.- De otro, el de formalización de laDEMANDA, en el que, con relación aaquellos se deducirán las pretensionesque interesen (5) . La pretensión, al igualque en el proceso civil, vendrá integradapor el petitum y la causa petendi. Y cuandose formaliza la demanda, como veremosposteriormente, no sólo va a estardeterminada objetivamente la pretensión,sino que asimismo se habrá producido ladelimitacion del ámbito subjetivo delprocedimiento, a través del emplazamientode los interesados.¿Cuál es el tipo de vinculación existenteentre ambos escritos?: la relación consisteprimordialmente en que debe existiruna concordancia obligada entre losescritos de interposición y el de demanda.El escrito de interposición del recursoexpresa el objeto preciso sobre el que hade proyectarse la función revisora de lajurisdicción contencioso-administrativa,ya que marca los límites del contenidosustancial del proceso (sentencias de22/Enero/1994,2/Marzo/1993,30/Marzo/1992 y 11/Septiembre/1991,entre otras muchas). Si se alteran losactos impugnados en el momento procesalulterior de la demanda se incurre endesviación procesal, que acarrea inexorablementela inadmisibilidad del recursofrente a ellos (6) .Las pretensiones que se entablen en lademanda no podrán afectar a actos dis-

INFORME /La Ley es pocoexigente con losrequisitos formalesdel escrito deinterposicióntintos de los inicialmente delimitados. Endefinitiva, en el escrito de interposicióndel recurso se señala e identifica el actoadministrativo que se recurre, y en lademanda se introducen y argumentan laspretensiones impugnatorias frente almismo.Por ello, la Ley es poco exigente conrelación a los requisitos formales delescrito de interposición, al indicar que setrata de un mero “escrito reducido a citarla disposición, acto, inactividad o actuaciónconstitutiva de via de hecho que seimpugne y a solicitar que se tenga porinterpuesto el recurso” (art.45.1º LJCA), yrequiere aportar, entre otra documentacion,la necesaria para identificar la actividadadministrativa, en cada caso impugnada;así, el art. 45.2.c) dispone que seacompañará al escrito de interposición“La copia o traslado de la disposición odel acto expreso que se recurran, o indicacióndel expediente en que haya recaídoel acto o el periódico oficial en que ladisposición se haya publicado. Si el objetodel recurso fuera la inactividad de laAdministración o una vía de hecho, semencionará el órgano o dependencia alque se atribuya una u otra, en su caso, elexpediente en que tuvieran origen, o cualesquieraotros datos que sirvan paraidentificar suficientemente el objeto delrecurso”. Requisito, cuya omisión será, entodo caso, subsanable.¿Y cuál es la justificación de esta fragmentaciónde la pretensión en dos diferentesescritos?; la razón debemos buscarlaen la importancia que suele tener elexpediente administrativo para poderdeducir eficazmente la pretensión impugnatoria(7) . La admisión del recurso porparte del órgano jurisdiccional conllevaque éste requiera de inmediato a la Administraciónpara que le remita el expedienteadministrativo (art.48.1º LJCA) (8) . Y aúncuando el particular podrá interponer elrecurso pese a no conocer el expediente,normalmente no podrá formalizar posteriormentesu demanda si no tiene a suvista el expediente administrativo (9) . Laentrega del expediente podrá efectuarse através de los soportes que permiten lasnuevas tecnologías, siempre que segarantice el derecho de defensa (10) .¿Cuales son las consecuencias de laexistencia de estos dos escritos diferenciados?:1.- En primer lugar, y como se ha dicho,no podrá dirigirse la demanda frente aactos administrativos que no hayan sidoidentificados previamente en el escrito deinterposición; Ahora bien, pese a que enel proceso contencioso-administrativo, lafase de alegaciones se limita para el actoral escrito de demanda, y con él precluyela posibilidad de introducir en el procesonuevas pretensiones. ello tiene tambiénsus excepciones, y va a ser posible en unprocedimiento impugnar actos administrativosdistintos del inicialmente recurrido;ello se posibilita básicamente a travésde las instituciones de la acumulación yde la ampliación del recurso; fuera detales cauces se incurriría en desviaciónprocesal.a.- Con relación a la acumulación, seregula en los arts. 34 a 39 LJCA, y se contemplanlos supuestos de acumulacióninicial de pretensiones (art. 35), acumulacionsucesiva por inserción o sobrevenida(art. 36) y acumulación sucesiva por reunióno acumulación de recursos pendientes(art. 37).b.- Y respecto de la ampliación, laLJCA (art.36.1º) permite ampliar el recursofrente a cualquier acto, disposición oactuación que guarde con el que seaobjeto del recurso, la relación prevista enel art.34; ello requiere 1º) que el acto sedicte, o sea conocido por el actor antes dela Sentencia –entiéndase de la votación yfallo del recurso–; la anterior Ley de 1956sólo la permitía antes de formalizar lademanda, y la jurisprudencia la admitióen el mismo escrito de formalización, y2º) que se solicite dentro del plazo pararecurrir dicho acto, ya que la impugnacióndel nuevo acto administrativo, a través dela ampliación, sólo podrá realizarse dentrodel plazo hábil para haber interpuestoel recurso contencioso frente al mismo,pues de lo contrario este nuevo actodeberá considerarse consentido y firme, yno podrá ser recurrido por el cauce de laampliación2.- En segundo lugar, no cabrá alteraren la demanda las pretensiones planteadasen sede administrativa, dado elcarácter revisor de esta jurisdicción. Elrecurrente, en su demanda no podráalterar su petitum –ya que viene vinculadopor la solicitud previa efectuadaen vía administrativa, y que le ha sidodenegada por la Administración-, perosí que podrá, sin embargo, a la vista delexpediente, modificar la causa petendi,introduciendo otros motivos de anulacióndel acto administrativo distintosde los inicialmente considerados, y quese desprendan del contenido del expediente;así expresamente lo autoriza elart.56.1º LJCA, que establece que enjustificación de los hechos de lademanda podrán alegarse “cuantosmotivos procedan, hayan sido o noplanteados ante la Administración”. Endefinitiva, aún cuando no se podrápedir en sede jurisdiccional cosa distintade la pedida en vía administrativa, sique cabrá, a la vista del expediente,aducir motivos y argumentos nuevos denulidad adicionales a los que se plantearonante la Administración; piénseseque, sólo el análisis del expedientepuede permitir al recurrente comprobareventuales defectos de trámites, plazos,etc.., que no podían deducirse porsí solos del acto recurrido. Tambiénpuede ser el Tribunal el que apreciedichos motivos, y en tal caso lo harásaber así a las partes (11) .Igualmente, entre uno y otro escritos–interposición del recurso y formalizaciónde la demanda– además de la remisióndel expediente administrativo, seproduce otro importante trámite quepermite la delimitación del ámbitosubjetivo del procedimiento (12) ; efectivamente,interpuesto y admitido el recursose requerirá a la Administración nosólo para que envíe el expediente, sinoasimismo para que lleve a cabo losemplazamientos de los posibles interesados(art.48.1º) (13) . En cualquier caso,deberá superarse el filtro constituidopor el control judicial de la validez de lainterposición, ya que sólo si se estimaválidamente interpuesto el recurso, elórgano jurisdiccional acordará tales trámites.Control, que en todo caso vienepresidido por los principios peo actioney de subsanabilidad.Marzo 200515

INFORMESerá, pues, la Administración la que, apriori, determine quienes son los destinatariosdel emplazamiento, y en todo caso,se deberá distinguir entre aquellos interesadosque necesariamente deben seremplazados personalmente y aquellos,que si bien pueden tomar parte en el procedimiento,no hay obligación legal deemplazarlos, sino que su conocimientode la existencia del procedimiento vendráa través del anuncio de la interposicióndel recurso, mediante su publicación enel diario oficial que en función del ámbitoterritorial de la competencia del órganoadministrativo (47.1º). Debe advertirse, noobstante, que la eficacia de este instrumento,en cuanto medio de conocimientogeneral de la interposición del recurso, havenido disminuida por la doctrina del TribunalConstitucional (14) acerca de la necesidadde los emplazamientos personalesde quienes resulten interesados, por loque sólo mantiene sentido con relación aposibles interesados que resultaran desconocidos,y, por tanto, no pudieran serobjeto del emplazamiento personal queprevé el art.49.1º.Los demandados legalmente emplazadospodrán personarse en autos dentrodel plazo concedido. Los emplazados poredictos podrán personarse hasta elmomento en que hubiere de dárselestraslado para contestar a la demanda (art.49.4º). La personación producida dentrode plazo confiere a los interesados elderecho a la participación plena en lostrámites procesales. La personación se1.- Como señala el Tribunal Supremo en Sentenciade 9/Febrero/04: “La cláusula del Estado deDerecho, que se traduce en la garantía de justiciabilidadde las Administraciones Públicas, que seproclama en los artículos 1 y 106 de la Constitución,y que promueve la acomodación constitucionaldel Derecho Administrativo y de la justiciaadministrativa, impone límites al actuar administrativo,que se encuentra sometido al principio delegalidad administrativa, y al control plenario delJuez de los actos discrecionales, que no permiteaflorar espacios inmunes a la fiscalización jurisdiccional.“2.- Existen procedimientos, sin embargo, quese inician directamente por demanda, como son elde lesividad (art. 45.4º), el contencioso electoral(arts. 49.1º y 112.1º L.O. 5/85 Regimen ElectoralGeneral), el recurso contra disposiciones generales(art. 45.5º), o el procedimiento abreviado(art.78).3.- No abordaremos, por lo escueto de estaslíneas, las actuaciones previas a la interposicióndel recurso –auténticos presupuestos de procedibilidad-,y que se requieren en supuestos como elrecurso de lesividad (art.43), los litigios entrehará en la forma prevista en el art.23, enfunción de que se realice ante un órganounipersonal, un tribunal colegiado, o setrate de un funcionario público en cuestionesde personal., mediante un escritoen el que se solicitará ser tenido por personadoy parte.Si la demanda no se presenta dentro deplazo, el órgano judicial, de oficio ymediante Auto, declarará la caducidad delrecurso. La jurisprudencia, interpretandoel correlativo precepto de la ley precedente(art.67.2º LJ.56), abandonando el criterioque consideraba subsanable la presentaciónextemporánea de la demanda,había establecido que nos hallábamosante un plazo de caducidad, y que el norespeto del plazo determinaba necesariamenteel archivo del recurso (15) . No obstante,la actual redacción añade que el escritode demanda se admitirá y producirá susLa personacióndentro de plazo daa los interesados elderecho a laparticipaciónefectos legales, si se presentare dentro deldia en que se notifique el citado Auto decaducidad (art. 52.2º), por lo que el criteriose ha modificado de nuevo.Por lo demás, y en orden a la forma dela demanda, contenido de la misma yNOTASAdministraciones Públicas (art.44), la reclamaciónen el caso de inactividad de la Administración(art. 29.1º), la solicitud de ejecución de los actosadministrativos firmes (art. 29.2º), o el requerimientointimatorio de cese de la via de hecho (art.30).4.- Con arreglo a los arts. 25 a 30 LJCA, puedetratarse de un acto expreso o presunto, una disposicióngeneral, una situación de inactividad de laAdministración, una via de hecho, etc...5.- Conforme a los arts. 31 a 33 LJCA, se podráejercitar una pretensión de anulación, de reconocimientode situaciones individualizadas, deindemnización, de cese de vía de hecho, etc...6.- La acción contencioso administrativa apareceasí desdoblada en un acto de interposición,limitado a la indicación del acto que se recurre, yla demanda, en la que han de formularse los fundamentosfácticos y jurídicos de dicha impugnación.Se trata, pues, de un acto complejo, escindidoen dos trámites por la razón práctica de tener ala vista el expediente para formular la demanda,pero con identidad objetiva y subjetiva, por lo quedebe darse entre ambos una estrecha correlación,consistente en que la demanda no puede referir ladocumentos a acompañar (16) , la regulaciónde estos aspectos va a guardar, en loesencial, similitud con la establecida concarácter general en la LEC, por lo que soninnecesarios más comentarios al respecto.Así, en el escrito de demanda se consignaráncon la debida separación loshechos, los fundamentos de derecho y laspretensiones que se deduzcan (17) , siendola finalidad de esta exigencia formal elpermitir al Tribunal y a las demás partesel conocimiento de los elementos fácticosy jurídicos que sirven de soporte a la pretensión(18) , por lo que debe ser objeto deuna interpretación flexible (19) , y ante cualquierdeficiencia procederá el requerimientode subsanación de las faltas deque adolezca en un plazo no superior adiez dias, que, de no ser atendido, determinaríael archivo de las actuaciones(art.56.2º) (20) .En sucesivos comentarios haremosreferencia a otras especialidades procedimentalesdel recurso contencioso-administrativoque pondrán de manifiesto loinjustificado de la consideración que enla práctica forense diaria se suele tener deeste ámbito jurisdiccional como algocomplejo y desconocido, y cuyo imparableauge, consecuencia necesaria e inevitablede la progresiva presencia de laAdministración en todos los ámbitos dela vida ciudadana, requiere que cuantosoperadores jurídicos se relaciones con elmismo lo hagan con las imprescinciblescondiciones de seguridad y de capacitaciónprofesional.impugnación a actos o disposiciones no mencionadasen el escrito de interposición. Por consiguiente,la fijación del acto objeto del recurso sehace en el escrito de interposición y ningunanorma procesal permite cambiar el objeto del procesoen la demanda; así vino considerándolo unareiterada doctrina jurisprudencial - sentencias,entre otras, de 16 de febrero de 1976, 4 de octubrede 1979, 4 de febrero de 1983, 16 de octubre de1984, 2 de octubre de 1990, 6 de febrero de 1991 -,expresiva de que queda fuera del proceso todaconsideración sobre el acto que no fue impugnadoen el escrito de interposición, lo que obligasólo a tener en cuenta la pretensión del escritoinicial o de interposición del recurso, so pena deincurrir en desviación procesal” (S. TS. 5/Julio/04).7.- Su importancia es puesta de manifiesto porel propio Tribunal Constitucional, que consideraque la tardanza en la remisión del expediente porla Administración y la inactividad jurisdiccionalante dicho retraso vulneran el derecho a un procesosin dilaciones indebidas (STC. 18/83, de14/Marzo).8.- Tampoco analizaremos, por lo sumario deeste comentario, las garantías con las que reviste16 Marzo 2005

INFORME /la LJCA todas las actuaciones relativas al expedienteadministrativo; baste aludir a las relativas asu pronto envío -exigencia de responsabilidadpatrimonial a la Administración (art. 145 LRJ yPAC), o disciplinaria al funcionario causante delretraso (RD.33/86, de 10/Enero), reiteración de suremisión, imposición de multas coercitivas (art.48.7º), traslado al Ministerio Fiscal, inadmisión dela contestación (art. 54.2º), o de la formulación dealegaciones previas (art. 58.2º), por parte de laAdministración si no acompaña dicho expedientecomolas referentes a los efectos de su remisióntardía, las medidas complementarias a su reclamación,como la práctica de los emplazamientosde interesados (art.48.1º), las consecuencias de suremisión en orden a la personación de las Administracionespúblicas (art. 50.2º), las garantías dela integridad de su contenido (art. 48.6º), y laposibilidad de su completación a instancia departe (art.55.1º), entre otros muchos aspectos.9.- Por ello, el recurrente puede pedir la suspensióndel plazo para formalizar su demandacuando requiera la completación del expediente(art.55 LJCA), debiendo, una vez resuelto este trámite,formalizar en el tiempo que le reste paraello, es decir, descontando el comprendido entreel día que se inició el plazo para formalizar y eldía.en que se solicitó la ampliación, excluyendoéste último del plazo ya consumido (S.TS. 9/Febrero/79).Y, en todo caso, al objeto evitar dilacionesimputables a la Administración morosa en laremisión del expediente, también la parte, por sí oa iniciativa del Tribunal, puede pedir que se leconceda plazo para formalizar, pese a no habersido remitido el expediente (art. 53.1º). Ahorabien, la decisión de formalizar sin expedientecorresponde exclusivamente a la parte recurrente,de modo que si ésta precisa necesariamente elexpediente administrativo para formalizar y ésteno le es remitido, será el órgano jurisdiccionalquien valore la necesidad o no del mismo, y casode considerarlo imprescindible acudirá al empleode las medidas coercitivas del art.48.7º LJCA., sinperjuicio de las demás responsabilidades que procedan.10.- El TC.en Sentencia num. 11/93, de18/Enero, señala que “no sólo era posible la remisióndel expediente original bajo custodia y conlas garantías necesarias, sino que cabía la entregapor fotocopia autenticada, siguiendo el ejemploque brinda el art. 790 LECr. e incluso la utilizaciónde otros medios de implantación reciente como elfax, haciendo compatible la buena marcha delprocedimiento y la flexibilidad adecuada para facilitaral interesado la defensa en juicio de sus derechos”.La negativa de la Administración a hacerloasí “no puede calificarse como razonable o proporcionadaal caso, sino como rutinaria y apegadaa la letra pequeña de la norma, sin trascender susignificado, su función y, en definitiva, su finalidad.”.11.- Dispone el art.65.2º LJCA que “Cuando elJuez o Tribunal juzgue oportuno que en el acto dela vista o en las conclusiones se traten motivosrelevantes para el fallo y distintos de los alegados,lo pondrá en conocimiento de las partes medianteprovidencia, dándoles plazo de diez dias para seroídas sobre ello”.12.- El concepto de interesado debe buscarseparticularmente en el art.21.1º.b) LJCA (“las personaso entidades cuyos derechos o intereseslegítimos pudieran quedar afectados por la estimaciónde las pretensiones del demandante”; asimismo,el art.18 otorga capacidad procesal anteeste orden jurisdiccional a “los grupos de afectados,uniones sin personalidad o patrimonios independienteso autónomos”, y , con arreglo al art.19.1.a) se reconoce legitimación a “las corporaciones,asociaciones, sindicatos y grupos o entidadesa que se refiere el art.18, que resulten afectados oestén legalmente habilitados para la defensa delos derechos o intereses legítimos colectivos”. Noobstante, y pese a no ser partes procesales, laLJCA va a permitir además a los que denomina“personas afectadas por el fallo” promover incidentede ejecución de la Sentencia (art. 109), y alos terceros que se encuentren en idéntica situaciónjurídica que los favorecidos por el fallo, enmateria tributaria y de personal, solicitar la extensiónde los efectos de la Sentencia (art. 110).13.- Los interesados serán emplazados por laAdministración para que puedan personarse comodemandados en el plazo de 9 dias (art.49.1º, 2º y3º). El emplazamiento se llevará a cabo mediantela notificación de la resolución por la que seacuerda remitir el expediente, dentro de los 5 diassiguientes a su adopción (art.49.1º) –se trata deun plazo que excepciona el general de 10 dias queestablece el art. 58.2º LRJ y PAC para todas lasnotificaciones-; y en todo caso no se trata éste deun plazo preclusivo, pues una vez transcurridopueden seguir practicándose emplazamientos.14.- Señala la STC.2ª, núm. 44/03, de3/Marzo/03, que: “A este respecto, hemos advertido,en lo que aquí interesa, que los legitimadospasivamente como parte demandada en un procesocontencioso-administrativo deben ser emplazadosdirecta y personalmente siempre que seanconocidos o identificables a partir de los datosque figuren en el escrito de interposición delrecurso, en el expediente administrativo o en lademanda, y que la falta de ese obligado emplazamientopersonal en estos supuestos supone unavulneración del art. 24.1 CE (entre otras, SSTC63/1982, de 20 de octubre; 150/1986, de 27 denoviembre; 97/1991, de 9 de mayo; 100/1994, de 11de abril; 122/1998, de 15 de junio; 26/1999, de 8 demarzo; 197/1999, de 25 de octubre; y 62/2000, de13 de marzo). En esta misma jurisprudencia estásubrayado también el mandato, implícito en elart. 24.1 CE, de que incumbe al correspondienteórgano judicial promover en lo posible el ejerciciodel derecho de defensa, mediante la correspondientecontradicción. De ahí que en lo que importa,sin negar validez constitucional al emplazamientoedictal, este medio de comunicación, porsu condición de último y supletorio remedio, sóloes admisible cuando no conste el domicilio dequien deba ser emplazado o se ignore su paraderoy siempre que se hayan agotado antes todasaquellas otras modalidades que aseguren más eficazmentela recepción por el destinatario de lacorrespondiente notificación (por todas, STC197/1999, ya citada) “15.- Así, en STS. de 28/Octubre/2003, se afirmaque “una reiteradísima doctrina de esta Sala,con relación al art. 121 de la anterior Ley, que esel aquí aplicable, y al art. 67,2 de la misma, para elque si la demanda no se hubiese presentado en elplazo concedido para ello, se acordará de oficiocaducado el procedimiento, ha declarado que enbuena técnica procesal, la caducidad no implicaríala inadmisibilidad del recurso contencioso administrativopor vía del art. 82 f) de la Ley anterior,que alude a la presentación del escrito inicial delrecurso fuera del plazo establecido, sino la declaraciónde caducidad que reviste el carácter deauténtica cuestión de orden público procesal, enel supuesto legal establecido de falta de presentación,en tiempo, de la demanda, toda vez que, ensíntesis, el mecanismo de rehabilitación de losplazos establecidos en el art. 121,1, de la Ley dedicha Jurisdicción, en su versión anterior, no esaplicable tratándose del plazo de presentación dela demanda, en cuanto que dicho precepto autorizala rehabilitación de trámites procesales siemprey cuando el trámite de cuya extemporánea formulaciónse trata aparezca insertado en unproceso “ya abierto” y “en curso”, que permita, portanto, aún fenecido el trámite, proseguir el procesomediante el impulso procesal del Tribunal, mascuando se trata de escritos, como el de demanda,que, por albergar la pretensión, -dado que ésta nose contiene en el escrito de interposición-, inicianel proceso y formalmente lo constituyen, no sepermite la aplicación de dicho mecanismo derehabilitación, porque, en caso de formulaciónextemporánea de la demanda, es de prevalente yespecífica aplicación el mandato de dicho art. 67,2de la mencionada Ley, única aquí aplicable, siendoesta la línea o criterio jurisprudencial dominante,aunque haya habido lugar a una cierta fluctuaciónde la jurisprudencia, siempre sobre labase de que la caducidad opera ope legis, y quesu declaración por el Tribunal es actividad demera constatación por ser el plazo de formulaciónde la demanda un término improrrogable e insubsanable,al ser lo afectado por la caducidad no untrámite sino el propio recurso contencioso administrativo.CUARTO.- Lo anteriormente explicado ha sidoreiteradamente recogido por este Tribunal desde,al menos, su sentencia de 19 de mayo de 1994, yel criterio y la interpretación expuestas han sidoplenamente consolidados en el sentido de la inaplicacióndel art. 121,1 de la Ley de esta Jurisdicción,en cuanto al supuesto de presentaciónextemporánea de la demanda, tal como resulta deAutos de esta Sala como los de 10 y 25 de juniode 1996 y 9 de febrero de 1998 , y de sentenciascomo las de 22 de junio de 1987, 16 de diciembrede 1994 , 20 de abril de 1995, 30 de octubre de1999 y 12 de marzo de 2001 y 7 de diciembre de2001, y de tantísimas otras resoluciones de innecesariamención, razones todas que imponen elmantenimiento de la caducidad declarada en losAutos aquí recurridos, sin que, por ello se adviertavulneración de la tutela judicial efectiva del art.24,1 de la Constitución, principio que no puedeser entendido en sentido puramente formal quesuponga la desvirtuación de los plazos procesalestaxativamente señalados en las leyes en garantíade otro principio constitucional, el de la seguridadjurídica”16.- Se acompañarán a la demanda los documentosen que la parte funde directamente suderecho, y si no obran en su poder, designarán elarchivo, oficina, protocolo o persona en cuyopoder se encuentren (art. 56.3º). Constituye unacarga procesal cuyo incumplimiento determina losefectos previstos en la L.E.Civ. Añade el num.4º deeste precepto que después de la demanda y contestaciónno se admitirán a las partes más documentosque los que se hallen en alguno de loscasos previstos para el proceso civil; no obstante,el actor podrá aportar, además, antes de la citaciónde vista y conclusiones, aquellos documentoscuyo objeto sea desvirtuar alegaciones contenidasen las contestaciones a la demanda y quepongan de manifiesto disconformidad con loshechos.17.- Esta exigencia no se entiende cumplidapor la mera remisión y reproducción de los argumentosesgrimidos en vía administrativa (S,TS.9/Marzo/92).18.- TS. Sentencia de 20/Diciembre/96, portodas.19.- No obstante, el Tribunal Supremo ha sidoexigente con esta exigencia de separación claraentre hechos, fundamentos jurídicos y pretensiones,entendiendo que constituye una obligaciónde las partes que, aunque se opere con una interpretaciónflexible y no rigorista, no puede sersuplida por el órgano jurisdiccional (Ss.TS.2/Marzo o 6/Octubre/94) y su incumplimientohacía incurrir en la causa de inadmisibilidad delart. 82.g) LJCA 1956 (hoy inexistente en el art.69de la vigente).20.- Ello no constituye sino la asunción legislativade la doctrina que al respecto ya había sentadoel Tribunal Constitucional (Ss.TC. 159/95, de6/Noviembre, o 147/97, de 16/Septiembre, portodas).Marzo 200517

LEGISLACIÓNNACE EN EL ICAV UNA NUEVA SECCIÓN DE DERECHO VALENCIANOLa reforma estatutaria recuperará lapotestad legislativa de la GeneralitatTras las comparecencias de52 representantes de todoslos sectores políticos, institucionalesy sociales en lasCortes Valencianas el procesode reforma del Estatutode Autonomía de la ComunidadValenciana continúaadelante con dos reivindicacionesfundamentales: elreconocimiento de la potestadlegislativa de la Generalitaty la recuperación delDerecho Civil Valenciano.Inma CalvoLa Ponencia Especial para la Reforma delEstatuto de Autonomía plantea distintas cuestionespara modificar nuestra norma institucionalbásica. Uno de los aspectos más importanteses la recuperación del Derecho Civil ForalValenciano, abolido por el Decreto de NuevaPlanta de 29 de junio de 1707. Sus competenciasabarcarían lo que hoy podríamos llamarDerecho de la Persona, Derecho de Familia,Derecho de Sucesiones, Derecho de Obligacionesy Contratos, Derechos Reales y fuentes delderecho; y, dentro de las mismas, usos muycaracterísticos, como el valor dominante de laLAS CORTES VALENCIANAS, FORO PARA LA REFORMA DEL ESTATUTO VALENCIANO.costumbre sobre la Ley, el régimen económicomatrimonial de separación de bienes o laabsoluta libertad de testar.Sin embargo, el gran paso adelante porencima de la recuperación de la legislaciónanterior a 1707 es el reconocimiento de lapotestad legislativa de la Generalitat Valenciana,su competencia para legislar sobre DerechoCivil y su capacidad plena de cara a aprobartextos normativos en este campo. Se trata,pues, de recuperar mecanismos propios paraaprobar el derecho valenciano en materias tanimportantes como la familia, las sucesiones olas materias contractuales...Una competenciatotal que aspira a ejercer la Comunidad Valencianasin ningún tipo de cortapisas, salvoaquéllas residenciadas de forma exclusiva enel Estado y salvaguardadas en la Constitución.Este deseo de recuperación de la legislaciónpropia y de las competencias legislativases defendida por la mayor parte de los abogadosvalencianos, y también por la Real Academiade Jurisprudencia y Legislación, que remitióun informe a favor de la recuperación de losfueros valencianos remitido en noviembre delaño pasado a la Generalitat Valenciana. Cataluña(1716), Islas Baleares (1715), Aragón(1711)...recuperaron su derecho privado, peroesta restitución no se produjo en el caso valenciano.Vicente Garrido es presidente del ConsellJurídico Consultivo y autor de la ponenciaque se presentó el 12 de enero en las Cortessobre la reforma del estatuto. Sobre esteaspecto, en el capítulo titulado “Las competenciasde la Generalitat Valenciana en materia dederecho civil: perspectivas de futuro” y publicadoen la Revista Valenciana de Estudios Autonómicos,Garrido explica que tal injusticia nose reparó en la Constitución Española de 1978puesto que el Estado se reservó la competenciaexclusiva en materia de legislación civil,permitiendo a las Comunidades Autónomascon derecho civil foral o especial su conservación.De esta forma, “se estableció una discriminaciónentre Comunidades Autónomas, aldistinguir entre las que contaban con compilacionesde derecho Civil y las que no”.Sin embargo, a pesar de no contar conDerecho Civil compilado en el momento deentrar en vigor la Constitución, la ComunidadValenciana sí tiene reconocida la competenciade conservar, modificar y desarrollar el derechocivil valenciano, porque así lo dispone el Estatutode Autonomía (art. 31.2). Fruto de su ejercicio,las Cortes Valencianas aprobaron la Ley6/1986 de 15 de diciembre, de arrendamientoshistóricos valencianos, en virtud de la cual sepositivó el derecho consuetudinario que venía18 Marzo 2005

LEGISLACIÓN /rigiendo la materia. Se trató, en definitiva, depositivizar una costumbre haciendo una ley.“¿Sólo tenemos competencias en lo que serefiere a derecho consuetudinario? “se preguntaVicente Garrido. “Si fuera así, el panoramasería desolador”. ¿Cómo podemos recuperar lacompetencia para legislar en Derecho Civil?Hay varias vías. La forma más clara seríamediante la reforma de la Constitución, demanera que se reservase al Estado las basesdel Derecho Civil y se permitiese a las ComunidadesAutónomas legislar el desarrollo de lasmismas. Sin embargo, el propio Garrido reconocela dificultad de este proyecto, entre otrasrazones porque la Comunidad Valenciana sequedaría sola en esta reivindicación. “No olvidemosque somos la única Comunidad Autónomafuera del ámbito castellano que en elpasado contó con Derecho Civil propio y quetodavía no lo ha recuperado”. Otra soluciónsería, en virtud de lo dispuesto en el artículo150.2 de la Constitución, que el Estado transfiriesea los valencianos las facultades correspondientesen materia de titularidad estatalque por su propia naturaleza sean susceptiblesde delegación. Garrido indica que parece quelas últimas corrientes quieren huir de esta técnica.Por tanto, Garrido propone en su comparecenciauna tercera vía resolutoria: a tenor delartículo 31.2 del Estatuto, se podría añadir lasiguiente puntualización: “...con el límite deaquéllas materias que el art. 149.1.8ª de laConstitución reserva a la competencia exclusivadel Estado”. De esta manera, podría entenderseque la Generalitat Valenciana asumecompetencias en materia de derecho civil, conexcepción de lo relativo a las formas de matrimonio,las bases de las obligaciones contractuales,etc. Esta sería, siempre según VicenteGarrido, la solución más fácil y realista.Nueva sección de Derecho ValencianoEnlazando con este tema, comienza laandadura de una nueva sección dedicada alDerecho Valenciano en el Ilustre Colegio deAbogados de Valencia (ICAV). En el momentode la publicación de este reportaje, se habíapresentado un borrador con los estatutos y seestaba a la espera de la aprobación de los mismos,así como de la celebración “inminente”de la Asamblea General de Constitución. Lapropuesta para la creación de la sección seaprobó en la Junta de Gobierno del pasado 23de febrero y su ejecutiva quedará compuestapor los letrados Francisca Ramón, José HoyosRodrigo, Margarita Vicente Torres, Pedro Vila y“Somos la únicaComunidad que en elpasado contó conDerecho Civil ytodavía no lo ha recuperado”Miguel Ángel Barona. A partir de este momento,a esta sección le espera una vida muy intensa,con infinidad de aspectos y propuestaspendientes de analizar y preparar. Además, trasla presentación oficial comenzarán las colaboracionescon otras instituciones. Precisamente,entre las tareas de este nuevo equipo de trabajodestaca el estudio del Derecho Consuetudinarioy del la legislación sobre Derecho Civilvalenciano para dar a conocer entre los letradoslos usos y costumbres que todavía se mantienenpor tradición. Los abogados de estareciente sección lo tienen muy claro: “Reformarel Estatuto no es excepcional. Se tiene que vercomo un proceso natural del que ya disfrutanotras Comunidades. Este sentimiento, estavoluntad de cambio, es común entre la mayoríade los abogados valencianos porque somosnosotros y no otros, quienes tenemos querecuperar nuestro Derecho Civil. La transcendenciade este proceso es enorme en todos losniveles”.Sin embargo, para Vicente Garrido, la abogacíavalenciana no ha tomado verdadera concienciade la enorme importancia que tiene elderecho valenciano. Prueba de ello es que enlas facultades la asignatura de Derecho Autonómico,sigue siendo una optativa, de maneraque muchos abogados terminan su carrera sinhaber estudiado jamás derecho autonómicovalencianoNo obstante, la propuesta de reformade nuestra norma institucional más básicarecoge más modificaciones que la recuperacióndel derecho foral y la competencialegislativa. El reconocimiento expreso dela Comunidad Valenciana como nacionalidadhistórica, la inclusión de una declaraciónde derechos y deberes de los ciudadanosde la Comunidad o la posibleampliación del techo competencial recogidoen el Estatuto de Autonomía, son algunasde las modificaciones que se plantean,junto con el criterio de valencianizar ladenominación de las instituciones queintegran la Generalitat o la potestad dedisolución de las Cortes Valencianas. Destacaespecialmente la incorporación de laAcademia Valenciana de la Llengua y delConsell Jurídic Consultiu al Estatuto deAutonomía dentro del conjunto de institucionesque integran la Generalitat.En el momento de cierre del presentenúmero de El Legajo, fuentes de las CortesValencianas señalaron que entre marzo yprincipios de abril se planteaban los plazospara llegar a una puesta en común entre las52 propuestas presentadas en la Cámara y, apartir de ahí, continuar con el calendario previstocon el objetivo de presentar la reformacomo proposición de ley en el Congreso delos Diputados. Existe voluntad por llegar a unacuerdo, aunque también hay que limar posturasen algunos puntos divergentes, como laposible reducción al 3% del número de votosnecesarios para obtener representación enlas Cortes.Calendario previstode los trabajosparlamentarios sobrela modificación delEstatuto-Pleno de Cortes Específico: 5 deabril. Toma en consideración de laProposición de Ley.-Reunión de la Mesa de las Cortes:5 de abril. Se abre el plazo para lapresentación de las enmmiendas.-Finalización de la presentación deenmiendas: 11 de abril.-Comisión de coordinación,organización y régimen de las institucionesde la Generalitat: 14 de abril.Nombramiento de la ponencia y elaboracióndel informe-Debate del proyecto en Comisión:19 de abril.-Pleno de Cortes específico: 25 deabril. Debate y votación deldictamen de la Comisión. Senombrarán los diputados que defenderánla reforma en el Congreso(elaboración, Proposición de Ley delas Cortes Valencianas con el textoaprobado)-Presentación en el Congreso delos Diputados: 29 de abril.Marzo 200519

MEDIO AMBIENTELA RATIFICACIÓN DEL ACUERDO POR PARTE DE LA FEDERACIÓN RUSA HACE POSIBLE SU APLICACIÓNEl nuevo marco internacionaldel Protocolo de KyotoEl Protocolo de Kyoto es unaherramienta de DerechoInternacional que pretendeconciliar el desarrollo económicocon el sostenimientomedioambiental. Su aplicaciónplantea cuestionesLA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO AFECTA A LA INDUSTRIA ESPAÑOLA Y VALENCIANA.como la regulación delcomercio de los derechos deemisión de gases. Aproximadamente100El pasado 16 de febrero entró en vigorel Protocolo de Kyoto. Ratificado por 128paises (entre ellos España) y de obligadocumplimiento, pretende conciliar el desarrolloeconómico con el sostenimientomedioambiental.Algunos científicos auguran que se llegaráa un punto de no retorno en el cambio climáticoen menos de 10 años si no se ponenen marcha medidas a nivel global que frenenlas emisiones de gases de efecto invernadero.A este desafío pretende dar respuesta actualmenteel Derecho Internacional a través de laConvención Marco de las Naciones Unidassobre el Cambio Climático (de 1992) y delpropio Protocolo de Kyoto (de 1997) que, noobstante, es de aplicación para los paises quelo han suscrito desde el mes pasado, ya que20 Marzo 2005empresasvalencianas se han vistoafectadas.en el Protocolo se establece que la normasólo entra en vigor si es ratificada por almenos 55 paises cuyas emisiones igualen al55% de las emisiones de CO2 producidasdurante el año 1990. De esta forma, la ratificacióndel Protocolo por parte de la FederaciónRusa en noviembre de 2004 (uno de los dospaises, junto a Estados Unidos, que por sísolo representa más del 50% de las emisionesmundiales de CO2) ha hecho posible su aplicación.CompromisosEl acuerdo establece un serie de normasque los diferentes paises deben aplicar. Parala Unión Europea planea, sobre todo, la obligaciónde reducir en un 8% anual hasta el año2012 las emisiones de gases de efecto invernaderoque se produzcan en la propia UE,tomando como referencia el año 1990. Estaobligación varía según el país, ya que a losque contaminan menos se les ha permitidoaumentar su producción de CO2 en unos porcentajesque oscilan entre el 4% de Suecia, el28% de Portugal o el 15% de España. Sinembargo, los paises que más contaminanestán obligados a reducir sus niveles de 1990.La cuestión es cómo se llevan a cabo esasreducciones o ajustes de emisiones contaminantesteniendo en cuenta que las actividadesrelacionadas con la energía (procesado,transformación, consumo, etc) representan el80% de las emisiones de CO2 a escala mundial,y que el incremento descontrolado de lasemisiones procedentes del transporte, especialmentedel transporte por carretera, es laprincipal razón de que las reducciones proyectadas(en algunos casos como el de España,difíciles de cumplir) no sea mayor.España y el ProtocoloEspaña es el país que emite menos toneladasper cápita de dióxido de carbono y delresto de gases que provocan el efecto invernadero,pero también es el que más se ha alejadohasta la fecha de los compromisos fijadosen 1997 en Japón y que hoy deben ser asumidos.Al ratificar el Protocolo el compromisode España era que sus emisiones en 2012 fuerancomo máximo un 15% superiores a las de1990. Hoy por hoy las mismas se sitúan entreun 40 y un 45% por encima de las de ese año.Así que nuestro país debe, en estos momentos,reducir sus emisiones contaminantes.Para lograrlo ha puesto en marcha por unlado un plan de derechos de emisión que pretendeestabilizar durante los próximos añoslas emisiones de CO2 en los niveles de 2000-2002. Al mismo tiempo se pretende llevar acabo una política de reforestación de bosques

MEDIO AMBIENTE /El Protocolopuede suponeruna emigraciónindustrial haciapaises menosdesarrollados.que equivale a absorber más CO2. En cualquiercaso, estas medidas, que afectarán a lacompetitividad de las empresas españolas yeuropeas, no serán suficientes, por lo queEspaña deberá acogerse a los denominadosmecanismos de flexibilidad que establece elpropio tratado.Mecanismos de flexibilidadExisten tres tipos de mecanismos de flexibilidaddestinados a facilitar a los paisesdesarrollados el cumplimiento de sus obligaciones.Por un lado, está el denominadocomercio de emisiones que permite la transferenciade parte de la cuota de emisión aotro país. Los otros dos mecanismos suponenla puesta en marcha de proyectos internacionalesespecíficos que permiten a un paísinvertir en otro, de forma que se produzca unareducción de emisiones que contabiliza enfavor del país inversor. En el caso de la implementaciónconjunta los dos paises tienencompromisos de limitación de emisiones. LosMecanismos para un Desarrollo Limpio seponen en marcha con naciones en desarrollo,de forma que el país receptor obtiene financiaciónadicional y tecnología para proyectosdestinados al desarrollo sostenible y a lareducción de sus emisiones. El país desarrolladocontabiliza de esta forma la reducciónde emisiones certificada en el país receptor.La cuestión para los paises de la UniónEuropea es que si EEUU no se ajusta al protocolode Kyoto se convierte en un competidordesleal. Además siguen creciendo sus emisionesde gases y, por lo tanto, el esfuerzo de lospaises que sí han ratificado el Protocolopuede resultar baldío.Por otro lado, si los mecanismos de flexibilidadse convirtieran en el principal elementoque facilite el cumplimiento de las exigenciasdel Protocolo se correría el riesgo deconseguir sólo la exportación de la contaminación(merced al comercio de emisiones).EL TRANSPORTE ES EL PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA EMISIÓN DE CO2.Invertir en paises que no tienen compromisosde reducción como China o India podría suponertambién un proceso de exportación decapital por causas “supuestamente” medioambientales.Si la reducción de la emisión degases en los paises desarrollados que aplicanel Protocolo se consigue como consecuenciade la deslocalización de empresas hacia el tercermundo no se habrá avanzado demasiadoen materia de mejora medioambiental.Según informa la Agencia Europea deMedio Ambiente, además del régimen comunitariode comercio de derechos de emisión,la Unión Europea ha adoptado recientementeotras medidas para reducir las emisiones ymejorar el rendimiento energético de los edificiosy tendentes a fomentar la cogeneraciónde calor y energía. Se pretende fomentar laelectricidad procedente de fuentes renovablesde energía; mejorar la eficiencia energética degrandes instalaciones industriales; fomentarla utilización de aparatos con un buen rendimientoenergético; promocionar todavía máslos biocarburantes en el transporte y llegar aacuerdos con la industria automovilística parareducir las emisiones de dióxido de carbonoen los nuevos vehículos de pasajeros; ademásde desarrollar procesos de recuperación demetano en vertederos.El cambio climático plantea cuestionesde derecho internacional como la regulacióndel comercio de los derechos de emisión degases de efecto invernadero, además de unnuevo marco para el establecimiento de lasrelaciones económicas Norte-Sur. Por otrolado, se hace necesario el establecimiento demedidas disuasorias efectivas y la aplicaciónde sanciones penales derivadas del Derechocomunitario ambiental , aplicables tanto apersonas físicas como jurídicas.Las empresas valencianas ante el reto de KyotoUn total de 96 empresas valencianas (45de la provincia de Castellón; 36 de Valencia y 15de Alicante) de diferentes sectores (entre los quedestacan el de la cerámica y las instalaciones decogeneración) serán las primeras que podránparticipar en el llamado comercio de derechos deemisión de gases de efecto invernadero. Al mismotiempo deberán llevar a cabo un exhaustivoseguimiento de sus emisiones de CO2 y darcuenta a la administración de sus emisiones. Laaplicación del Protocolo de Kyoto obliga a estasfirmas a llevar a cabo un esfuerzo para reducirsus niveles de emisión de gases, aunque en principiopueden optar por adquirir los derechos deemisión de sus excedentes de contaminación.Según los datos ofrecidos por la Conselleriade Territorio y Vivienda, la Comunidad es unade las autonomías con menor ratio de emisionespor habitante (6,80 toneladas frente a las 8,29toneladas de la media nacional).Marzo 200521

MEDIO AMBIENTELa custodia delterritorioNuevos métodos para la protección jurídica del patrimonio naturalCarlos FerrísLicenciado en Derecho y miembro de la Asociación Valenciana de Custodia del Territorio “Avimença”. E.mail: carlosferris@msn.com22 Marzo 2005Bajo el nombre de “custodia del territorio”se agrupan una serie de técnicas y principios,que proporcionan nuevas perspectivaspara la conservación y la gestiónsostenible de los espacios naturales y culturales.Estas técnicas jurídicas de conservaciónson complementarias con la intervenciónque realiza la Administración pública enmateria de protección de espacios naturalesen nuestra Comunidad y resto de España.Los orígenes de la “Custodia del territorio”provienen del mundo anglosajón, y principalmentede Inglaterra, EEUU y Canadádonde esta práctica tiene una gran tradicióny ha sido extendida por ONG ambientales ylos grandes Trust ingleses. La custodia, sebasa en el establecimiento de acuerdosvoluntarios con características muy diversasentre propietarios (privados y municipales) yentidades conservacionistas (fundaciones,ONG…) con el objetivo de desarrollar unagestión determinada de los terrenos o de loselementos singulares objeto del trato. Lacustodia aparece aquí como un instrumentoespecialmente útil en situaciones en las queresulta adecuado compatibilizar los beneficiosque los propietarios esperan obtener desus tierras con un ejercicio de responsabilidadde quien es el depositario de valoresque afectan a toda la sociedad.Aunque la custodia está muy extendidaen otros países del mundo, en la ComunidadValenciana y en España es una práctica muyincipiente.Para los propietarios de terrenos la custodiaes una manera de obtener ayuda para conservarlos valores y recursos de su finca, quepuede ser compatible con una actividad económicarentable. Para las entidades de custodia(ONG, fundaciones…) es un conjunto demecanismos que quieren facilitar que los propietariospuedan compartir con ellos la responsabilidadde gestión de ese territorio.Los acuerdos de custodia contienen unconjunto de cláusulas para potenciar aquellasactividades de las fincas que ayuden aconservar el patrimonio natural. El documentode acuerdo es abierto y flexible, yaque las condiciones e intereses son diferentesen cada finca. Pero ¿cuales son las opcionesde acuerdo entre el propietario y la entidadde custodia?Son muy diversas las opciones quepueden ponerse en marcha. Los acuerdosse clasifican según haya o no transmisiónde la propiedad entre el propietario de lafinca y la entidad de custodia (ONG, Fundación…).Un acuerdo de custodia sintransmisión de la propiedad se puede concretara través de acuerdos de gestión,adopción de elementos singulares, cesióno transmisión de derechos reales (usufructoy servidumbres), arrendamientos y otrasopciones legales (refugio de fauna, planestécnicos de gestión forestal…). En cambiolos acuerdos de custodia que implicantransmisión de la propiedad suponen quela Entidad de custodia recibe la plena propiedadde manos del propietario anterior,y en este caso asume capacidad para decidirsobre el futuro de la finca y su forma deconservar los valores: estamos ante opcioneslegales de donación, compraventa,permuta y la herencia/legado. Como podemosentender, tras esta diferenciación enlas formas de acuerdos caben múltiplesmecanismos de custodia, desde el puroacuerdo verbal o soporte técnico al propietariopor parte de una ONG para conservarmejor un paisaje, hasta la compra o donaciónpor una entidad de custodia. La decisiónfinal pasa por el dialogo y la confluenciade intereses entre los propietarios y lasentidades, siempre bajo la premisa de laconservación de la finca, añadiendo o quitandovariables de mayor/menor coste,compromiso, efectividad y participación enla gestión sostenible.Pueden haber por tanto acuerdos concompromiso jurídico (cesión, venta, arrendamiento,etc...) pero también acuerdos sincompromisos jurídicos (acuerdos verbalesde uso entre las dos partes).En Europa se han extendido las entidadesde Custodia, y concretamente hace 4años en Cataluña se creó la Zarza de Custodiadel territorio (www.custodiaterritori.org),con el objetivo de difundir y divulgar el usode la custodia entre los agentes directamenteimplicados en la conservación del paisajey de los valores naturales. Desde esta asociaciónse ha impulsado grupos de trabajoen los campos jurídicos, fiscales, económicosy sociales que mejoran nuestros acuerdosde gestión de un territorio.En la Comunidad Valenciana un grupode entidades y fundaciones ambientales sehan reunido en dos ocasiones desde el 2003para debatir sobre la situación en el territoriovalenciana y constituir una AsociaciónValenciana. En concreto en octubre de 2004se celebró una jornada en Benasal, patrocinadapor Bancaixa-Castellón que concluyócon la aprobación de unos estatutos para lafutura Asociación Valenciana de custodia delterritorio, denominada “Avinença”, que agrupaa diversas entidades ambientales, universidadesy fundaciones con intereses conservacionistasmuy variados (microreservas,reservas de fauna, árboles monumentales,protección de zonas costeras, conservacióndel paisaje rural, protección de aves, adopciónde ríos…).El Colegio de Abogados debe tratar estainiciativa pionera en la CV, y fomentar el usode estas fórmulas jurídicas -plenamentevigentes en nuestro ordenamiento- que hansido poco utilizadas en nuestra Comunidaden la forma que lo plantea la custodia delterritorio. La Asociación valenciana precisaademás de profesionales (juristas, biólogos,ecólogos...) que colaboren en trabajos deinvestigación y fomento de estos mecanismosjurídicos en la gestión sostenible denuestros maltratados paisaje.

EL COLEGIO INFORMA /La Junta de Gobierno del ICAVincorpora nuevos miembrosDiez nuevos letrados se han incorporadoa la Junta de Gobierno del IlustreColegio de Abogados. Los nuevos miembrosson Tomás Trenor (diputado 1º),Olga Vilardell (diputada 2ª),MarianoDurán (diputado 4º), Sofía de Andrés(diputada 6ª), José Luis Espinosa (diputado8º), José Manuel de Lorenzo (diputado10º), Soledad Gomis (diputada 11ª),Carmen Soucase (diputada 12ª) y JuanAñón, que repite en el cargo de Tesorerode la Entidad.Los letrados que se han incorporadoa la Junta forman parte de la candidaturaganadora del proceso electoral que tuvolugar en noviembre de 2004 y que fueencabezada por Luis Jordán Ligorit, electocomo Secretario de la Corporación.Cuatro de los nuevos miembros seharán cargo de las carteras ocupadashasta la fecha por Rafael Bonmatí, LuisJavier Jordán y Raquel Ainoa Boix.Todos ellos pertenecían, a excepción deesta última –elegida con la candidaturade Fernando Alandete– al equipo degobierno elegido hace cuatro años, yhan abandonado sus cargos voluntariamente,en aplicación de los nuevosestatutos de la Entidad que establecenla obligatoriedad de renovar el 50% delequipo de gobierno reduciendo elperiodo de 5 a 4 años.Por otra parte, cuatro letrados más,recientemente incorporados a la Juntade Gobierno, responden a la ampliacióndel número de diputados aprobada enlos nuevos estatutos de la Corporación,en consonancia con el aumento delcenso electoral y también en respuesta ala solicitud de las Secciones de AbogadosJóvenes y de Abogados Jubilados.Letrados que salen del Equipo de GobiernoRAFAEL BONMATÍRAQUEL AINOA BOIXANDRÉS GÓMEZNuevos diputados de la Junta del ICAVLUIS JAVIER JORDÁNMARIANO DURÁNOLGA VILARDELLMANUEL DE LORENZOCARMEN SOUCASESOFÍA DE ANDRÉSJOSÉ LUIS ESPINOSATOMÁS TRENORSOLEDAD GOMISJUAN AÑÓNMarzo 200523

EL COLEGIO INFORMALa Generalitat premia a la AcademiaValenciana de JurisprudenciaSus casi 150 años de existencia confirmanla relevante trayectoria de la AcademiaValenciana de Jurisprudencia yLegislación.Su historia, junto con su vital importanciaen el ámbito jurídico valenciano,han motivado que, este año, la Generalitatle conceda, de manos de su President,Francisco Camps, un galardón en la cuartaedición de los “Premios Justicia de laGeneralitat Valenciana”.Breve historiaLa Real Academia Valenciana deJurisprudencia y Legislación fue fundadaen 1832 y desde entonces, se ha convertidoen un referente para formación de losletrados valencianos de toda España.La entidad tiene sus antecedentes enel Colegio de Abogados de Madrid y enlos Estatutos de 1838, promulgados parael gobierno de los Colegios de Abogadosde España, en los que se insistía en lanecesidad de crear estas academiascomo punto de encuentro de los profesionalespara el examen y discusión deleyes.Por tanto, la finalidad de la entidadha sido, desde sus inicios, el estudio teóricoy práctico de la legislación y la jurisprudenciaespañola y, especialmente, lavalenciana, como es el caso del recienteestudio para la recuperación del DerechoCivil Valenciano.El Presidente de la Entidad, FernandoAlandete, ha explicado que “en la actualidad,la Real Academia es una instituciónadaptada a las exigencias sociales y profesionalesdel siglo XXI”. Y ha destacadoentre sus actividades la elaboración denumerosas publicaciones, el dictado deconferencias y los nombramientos deAcadémicos recayentes en personas dedestacado relieve en el entorno jurídico.Además, Fernando Alandete ha destacadola labor que se desempeña desdePráctica Jurídica; una sección creada en1962 y por la que han desfilado miles denuevos abogados para su formación postacadémica.Listado de AcadémicosExcmo. Sr. D. FERNANDO ALANDETE GORDÓPresidente de la real Academia Valenciana de jurisprudencia y Legislación.Excmo. Sr. D. LUIS MIGUEL ROMERO VILLAFRANCAPresidente emérito y Vicepresidente 1º de la Real Academia Valenciana de Jurisprudenciay Legislación.Ilmo. Sr. D. MIGUEL GUILLOT HOSPITALERVicepresidente 2º de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación. AbogadoIlmo. Sr. D. JOSÉ LLORCA ORTEGABibliotecario de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación. Fiscal delTribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.Ilmo. Sr. D. JUAN PIQUER PASCUALTesorero de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación. Abogado.Ilmo. Sr. D. MANUEL JORDÁN MONTAÑÉSSecretario General de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación. Abogado.Excmo. Sr. D. LUIS DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓNAbogado.Excmo. Sr. D. MIGUEL RAMÓN IZQUIERDOPresidente emérito y abogado.Excmo. Sr. D. ENRIQUE GRAU ASENSIPresidente emérito y abogado.Ilmo. Sr. D. VICENTE LUIS SIMÓ SANTONJANotario.Ilmo. Sr. D. ENRIQUE LALAGUNA DOMÍNGUEZAbogado.Ilmo. Sr. D. JUAN FERRANDO BADÍAExcmo. Sr. D. GUZMÁN GUÍA CALVOPresidente emérito y abogado.Ilmo. Sr. D. RAFAEL GÓMEZ-FERrER SAPIÑANotario.Ilmo. Sr. D. JUAN MANUEL LLOPIS GINERRegistrador de la Propiedad.Excmo. Sr. D. LUIS DELGADO DE MOLINA HERNÁNDEZAbogado.Ilmo. Sr. D. ENRIQUE MONTAGUD CASTELLÓAbogado.Ilmo. Sr. D. VICENTE DOMÍNGUEZ CALATAYUDRegistrador de la Propiedad.Excmo. Sr. D. JOSÉ DÍAZ DELGADOPresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J.C.V.Ilmo. Sr. D. JAVIER BOIX REIGCatedrático y abogado.Ilmo. Sr. D. JUAN MARTÍN QUERALTCatedrático y abogado.Excmo. Sr. D. JOAQUÍN SAPENA TOMÁSDecano Honorario del Ilustre Colegio Notarial de Valencia. AbogadoPróximamente, será nombrado académico de número elIlmo. Sr. D. RAFAEL FERNÁNDEZ SANCHÍS.Abogado24 Marzo 2005

EL COLEGIO INFORMA /Letrados valencianos denuncian problemasprocesales con algunos organismos públicosLa comisión de justicia del IlustreColegio de Abogados (ICAV) tramitóen 2004, 23 expedientes sobre problemasprocesales de los letrados condiferentes organismos públicos y privados.El 30% de estos expedientes serefieren a quejas delos abogados contraorganismos públicoso contra alguno desus miembros. Unacifra que difiere ennúmero de las tresquejas recibidas enel ICAV por la actuacióno actitud inapropiadade losletrados valencianos.Sobre esta cuestión, el Decanodel ICAV, ha manifestado que “elnúmero escaso de quejas se debe a laespecialización y el trabajo que se estállevando a cabo desde las seccionesde ética y deontológía; lo que permitela mejora no sólo de la profesión, sinoUno de los logros delICAV ha sido lareducción progresivadel número deexpedientes sobreintrusismotambién de sus profesionales”.Por otra parte, Fernando Alandetetambién ha destacado el amparo que elICAV ha ofrecido a 6 abogados en el últimoejercicio ante los tribunales, lo queeleva a 200 la cifra de casos asistidos enla última década.A parte de estoscasos, se hanregistrado 5 solicitudesde intervención,mediación,asesoramiento oapoyo institucionaldel Colegio enasuntos que losletrados han planteadode formaindividual. De estamanera, el ICAV, no sólo cumple unafunción de control y mejora de los profesionales,sino que, según palabras deAlandete: ”También es una entidad deapoyo, tanto para los abogados comopara los clientes, en los procesos y reclamacionesde éstos ante la justicia”.Decrece el intrusismoOtro de los logros del ICAV, ha sidola reducción progresiva del número deexpedientes sobre la intrusión deotros profesionales en el ámbito de laabogacía, o sobre la actuación deletrados no habilitados. Así, no seabrió ningún expediente sobre intrusismo,frente a la decena de informesabiertos a mediados de los 90.Esta disminución demuestra laefectividad de las medidas impulsadasdesde el Colegio para garantizarel ejercicio profesional de los abogados.Fernando Alandete se ha mostradomuy satisfacho por este logro y haseñalado que el Colegio es “particularmenteceloso con la defensa de lascompetencias de la abogacía en ladefensa y asesoramiento jurídico”.Como consecuencia de esto, el Decanoha explicado que desde el ICAV sededican muchos esfuerzos a la denunciaante la Fiscalía de todos los casosde invasión de dichas competencias.Se reducen un 20% las sancionesimpuestas a los letrados valencianosEl presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados(CVCA), Francisco Real, presentó un informe sobre lassanciones de abogados en la Comunidad Valenciana. Segúneste documento, un total de 75 letrados fueron sancionadosen 2004, un 20% menos que en el ejercicio anterior, en el queresultaron sancionados más de 90 profesionales.Por otra parte, Francisco Real, el Conseller de Justicia,Miguel Peralta, y el Presidente de la Real Academia Valencianade Jurisprudencia y Legislación, Fernando Alandete, hanfirmado un acuerdo de cesión de los locales de la antiguasede del ICAV , al objeto de ubicar en los mismos la sededefinitiva del CVCA.Asimismo se ha rubricado un acuerdo de colaboración entrela Conselleria de Justicia y el Consejo, con el objetivo de constituiruna Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación encuestiones jurídicas.LOS LETRADOS VALENCIANOS CADA VEZ MENOS SANCIONADOS.Marzo 200525

EL COLEGIO INFORMAÉxito de participación en el CursoNacional sobre Violencia DomésticaPor segundo año, el Ilustre Colegio deAbogados de Valencia ha convocado elCurso de Especialización en ViolenciaDoméstica, coincidiendo con la entradaen vigor de la Ley Integral contra la Violenciade Género. Esta segunda ediciónha contado con un elevado índice departicipación, ya que más de 350 letradosasistieron al ciclo formativo que sedesarrolló en la sede del ICAV, del 4 defebrero al 12 de marzo.Este curso fue organizado conjuntamentepor el ICAV y la Real AcademiaValenciana de Jurisprudencia y Legislación,y estaba dirigido a profesionalesdel ámbito de la Psicología, TrabajoSocial, Educación, Justicia, Policía Localy miembros de las Fuerzas y Cuerpos deSeguridad del Estado, entre otros.El curso fue inaugurado por la Adjunta1ª al Síndic de Greuges de la ComunidadValenciana, Emilia Caballero, ycontó con la intervención de profesionalesde renombre en el ámbito jurídicocomo el Magistrado-Juez y Presidente dela Fundación por la Justicia, José MaríaTomás y Tío, quien abordó los principiosrectores y el objeto de la Ley Orgánicade Medidas de Protección Integral contrala Violencia de Género.Durante el desarrollo del curso, tuvieronlugar interesantes aportaciones,como la de Manuela Martínez, ProfesoraFRANCISCO REAL Y EMILIA CABALLERO EN LA INAUGURACIÓN.Titular de Psicobiología dela Universitat de València,quien impartió una conferenciasobre los problemasde salud derivados de la violenciadoméstica. En estasesión también participaronel Director del Curso, JoséAntonio Burriel, y la representantede la Agrupaciónde Mujeres Abogados de Alicante,Mª Pilar Chamorro.En esta segunda edicióntambién han intervenido lapsicóloga Ángeles ArechederraOrtiz y el Profesor de Psicologíade la UniversidadPública de Navarra, JavierFernández Montalvo.En una de las jornadass se abordó laimplantación de programas para larehabilitación de hombres y mujeresimplicados en casos de violencia degénero. Esta sesión, que fue inauguradapor Javier Boix, Catedrático de DerechoPenal de la Universitat de València,contó con la participación de los especialistasMª José Beneyto, Pablo Cuéllary Soledad Querol.Otra de las intervenciones más interesantesacontecidas durante el desarrollodel curso, fue la conferenciaimpartida por la Jueza Decana de Barcelona,María Sanahuja, quien se mostrópartidaria de que fueran los profesionalesde la Justicia quienes corrigiesenel vacío que ocasionan la leyes conun enfoque incorrecto y que generanun dolor innecesario en las víctimas dela violencia doméstica.Dado el gran éxito de convocatoria dela segunda edición del Curso Nacionalsobre Violencia Doméstica, el Decanodel ICAV, Fernando Alandete, ha anunciadouna tercera edición para estemismo año, a celebrar, previsiblemente,durante el próximo mes de mayo.Más de 200 profesionales asisten a larevisión del Plan contra el Fraude FiscalALANDETE Y ALTOZANO DURANTE LA REUNIÓN.Fernando Alandete y el DelegadoEspecial de la Agencia Tributaria en laComunidad Valenciana, InocenteAltozano, se reunieron para revisar elPlan de Prevención contra el FraudeFiscal en una charla abierta en la queparticiparon más de 200 profesionales,y que contó, para su celebración,con la colaboración de la Sección deAsesores Fiscales del ICAV.En este encuentro se habló de lareorientación de las actuaciones inspectorashacia la investigación y deldescubrimiento de las rentas nodeclaradas que se recogen en elnuevo Plan de Prevención del FraudeFiscal. Además, se trató la aplicacióninmediata de medidas contra la economíasumergida y la falsificación demarcas; así como la investigación deresidencias y patrimonios vinculadosal narcotráfico y la puesta en marchade un portal de educación tributariaen Internet.26 Marzo 2005

En 2004 el ICAV destinó 600.000euros a prestaciones socialesEl Ilustre Colegio de Abogados deValencia destinó, en 2004, cerca de600.000 euros a prestaciones sociales, un4% más que en el ejercicio anterior. Deestas aportaciones se beneficiaron mediadocena de entidades sin ánimo de lucro.Este año el ICAV destinará 31.000euros -la mitad de lo que se dotó en2004 con la partida del 0,7 del presupuesto-a apoyar el trabajo que realizanAspadis y UNICEF.Aspadis es una asociación benéficosocial,sin fines lucrativos, fundada porel Padre Vicente Aparicio, en 1980, quededica sus esfuerzos a la asistencia yrehabilitación de niños y jóvenes disminuidospsíquicos profundos. Este año,Aspadis recibirá del ICAV el 50% de ladotación de la partida del 0,7. El restose distribuirá entre UNICEF, Cruz Roja,Manos Unidas e Intermón Oxfam.Fernando Alandete ha manifestadoque estas aportacioneseconómicas sonuna prueba de laimplicación del ICAVen el tejido social dela ciudad: “Con ellasqueremos contribuira la mejora de la calidadde vida y el bienestarde los ciudada n o s ,especialmente deaquellos que no disponende los mediosbásicos para desarrollarsus capacidadesindividuales”.Por otra parte, losletrados valencianos ofrecen prestacionesa 59 viudas y huérfanos quepertenecen al extinto Montepío, y disponende un subsidio de defunciónEL COLEGIO INFORMA/FERNANDO ALANDETE Y VICENTE APARICIO. (FOTO CEDIDA POR PARAULA)para los familiares de los colegiados,que en 2004 ofreció un total de 34ayudas, con un coste de 188.000euros.“La cuestión delos daños morales”El concepto de dañomoral, la prueba, jurisprudencia,evolucióndoctrinal, supuestos dedaños morales,responsabilidadadministrativa, dañosanímicos...EdicionesRevista General deDerechoJosé María Ferrer Vicente.AbogadoTel: 902/ 154 064669/ 797 466606/ 962 14196/ 351 71 00www.rgid.comMarzo 200527

EL COLEGIO INFORMAEl ICAV convoca el certamen literario“Anecdotario Jurídico Valenciano”La Tertulia Literaria del Colegios de Abogadosde Valencia es la organizadora del certamen“Anecdotario Jurídico Valenciano”, cuyoobjeto es la publicación de una antología derelatos inspirados en anécdotas o situacionesjurídicas, reales o imaginarias, pero siemprerelacionadas y ambientadas en el ejercicio dela abogacía, la judicatura y otras tareas relacionadascon la actividad de los tribunales.A este certamen podrán concurrir abogados,magistrados, fiscales y procuradores,colegiados en activo o jubilados, con el únicorequisito de haber estado o estar colegiadosen el ICAV. También podrá participar cualquierciudadano o ciudadana que haya tenido algunaexperiencia en del ámbito jurídico de laComunidad Valenciana. Cada concursantepodrá presentar un número ilimitado de relatos,con la única condición de que sean originales,y no hayan sido difundidos por ningúnmedio de comunicación. Deben estar escritosen idioma español y presentados por triplicado,por una sola cara, debidamente cosidos ycon una extensión máxima de de 10 páginasen formato A-4 y a doble espacio.Asimismo, los trabajos deberán presentarsebajo el sistema de plica, es decir, firmadoscon seudónimo y en un sobre que, ademásdel relato, deberá contener otro sobre cerradoy, en su interior, los datos personales delautor: domicilio, D.N.I., teléfonos de contactoy relación de los títulos de los trabajos presentados.Los originales se presentarán en el Registrode Entrada del ICAV, desde la fecha de apariciónde las bases, hasta el 31 de julio de2005.La naturaleza de los trabajos será literaria ylos relatos presentados deberán tener el tratamientode relatos de ficción, aunque se basenen hechos reales. En ningún caso se acepataránaquellos trabajos en los que puedanresultar identificables personas o situacionesjudiciales reales.De todos los trabajos presentados, seseleccionarán 50 relatos para su publicaión,bien a expensas de la entidad convocante,bien en colaboración con alguna editorialvalenciana. De entre ellos, los tres primerospremios recibirán un premio en metálico y undiploma. El primer premio recibirá 600 e , elsegundo 300 e,y el tercero 150 e .Estos premios se entregarán en el acto, porlo que es obligada la asistencia a la sede delColegio de Abogados de Valencia. La entiddaanunciará, en su momento, los nombres delos concursantes seleccionados.El jurado estará compuesto por seis personasrelacionadas con la profesión jurídica y laactividad literaria. Para la selección de losrelatos se tendrá en cuenta la calidad literaria,el sentido del humor, la originalidad y la calidadtécnica de las obras. El fallo del juradoserá inapelable y todos los concursantes secomprometen a aceptar las bases, así como lacesión de los derechos de autor a la entidadconvocante para su publicación, sin menoscabode poder publicarlos en otros medios.El ICAV se reserva el derecho de conservarlos trabajos que no hayan sido seleccionadosy las plicas de los conscursantes, cuya identidadquedará en el anonimato para poderpublicarlos en posteriores ediciones o en “ElLegajo”, la revista del Ilustre Colegio de Abogadosde Valencia.Los letrados Fernando Lloret y JuanAparisi exponen su obra en el ICAVEl hall del ICAV fue el escenario elegidopara ofrecer, del 26 de enero al 14 defebrero, una muestra de los últimos trabajosen hierro del letrado y escultor FernandoLloret. En total se expusieron 23obras en forja, representantes de lasdiversas líneas de trabajo del artista,desde escenas cotidianas y paisajes típicosde la Comunidad Valenciana, hastacomposiciones más abstractas, en lasque se integra la piedra.A la obra escultórica de Lloret, le siguió OBRA DE FERNANDO LLORET.la colección de trabajos pictóricos deltambién letrado Juan Aparisi. El artista presentóel pasado 24 de febrero, una retros-encuadra en el expresionismo académico,nal valenciana. El estilo de Aparisi sepectiva pictórica de sus últimos trabajos con una obra que busca la representaciónsobre la fiesta taurina y la música tradicio-del objeto, a través de colores planos y for-“CUERDAS”, CUADRO DE APARISI.mas esquematizadas. Esta colección, quereunía cerca de 50 obras en acrílico sobrepapel, permaneció abierta hasta el 15 demarzo, en la sala de exposiciones del ICAV.28 Marzo 2005

Red Abogacía garantiza el ejerciciode la profesión a través de InternetEl Departamento de Innovación Tecnológica(IT) y de Servicios Telemáticosde la Autoridad de Certificación de laAbogacía (ACA), pertenecientes al ConsejoGeneral de la Abogacía Española(CGAE), ha puesto en marcha el portalRed Abogacía, una red de servicios telemáticospara los letrados, de maneraque éstos puedan acceder a serviciosdiseñados para el ejercicio de su profesiónen Internet, de una forma segura ypersonalizada.A este portal se accede mediante elcertificado digital ACA, emitido y gestionadopor el Consejo General de la AbogacíaEspañola.Funciones del ACAEsta firma electrónica es el únicointrumento técnico y con respaldo legalque cubre necesidades de seguridadprecisas para asegurar la identidad delemisor del mensaje, así como la integridady confidencialidad del mismo.El certificado ACA tiene también eficaciaprobatoria y es el único capaz degarantizar la condición de abogado enla Red. A travésdel ACA, los abogadoscolegiadosentrarán en elportal Red Abogacía,mediante elcual podrán accedera los serviciostelemáticos quedesarrollan lasEl certificado ACA esel único instrumentotécnico y conrespaldo legal quecubre lasnecesidades deseguridadadministracionespúblicas, el Ministeriode Justicia yla abogacía institucional. Además, elcertificado ACA permite el firmado ycifrado de documentos y correos electrónicos.Actualmente, además de acceder alos servicios telemáticos de las admisnitracionescentrales y autonómicas antelas que el Consejo General de la AbogacíaEspañola (CGAE) se ha acreditado,los letrados que disponen de un certificadoACA emitido por su Colegio puedenobtener, a través de Internet, Pasesde Prisiones desde cualquir lugar. Paragarantizar la seguridad de este proceso,los Colegios de residencia y de destinoserán adecuadamente informados, y losfuncionarios de prisiones podrán verificarla validez de lospases emitidos.Con el ACA los letradostambién podránrealizar las Comunicacionesde IntervenciónProfesionaldesde cualquier lugara través de la Red. Elsistema almacena eldocumento firmado ycomunica convenientementea los colegiosdonante y receptor, así como a losconsejos implicados.Esta certificación también permiteconsultar el Censo General de Letrados,manteniendo un estricto cumplimientode la LOPD.El portal Red Abogacía asímismoofrece correo electrónico seguro. Permitea todos los colegiados tener cuentade correo propia de cada colegio,conEL COLEGIO INFORMA /PRESENTACIÓN DE ACA EN CGAE A GERENTES Y SERVICIOS IT DE LOS COLEGIOS.independencia de la ubicación física, através de cualquier navegador web.Mediante el portal Red Abogacía, losletrados recibirán noticias de actualidaddel entorno jurídico y de los avancesque se vayan produciendo en materia defirma electrónica.Este portal sigue trabajando paraampliar su red de servicios telemáticos.De hecho, en un plazo breve de tiempo,estarán disponibles otros servicioscomo la Presentación Telemática deescritos al Juzgado que permitirá alletrado, mediante su certificado ACA,presentar los documentos a los juzgadosen los procedimientos en los queno se necesita procurador. El abogadorecibirá una notificación de recepcióndel escrito por parte de la plataformaLexNet; así como la posterior notificacióndel traslado al órgano judicialcorrespondiente.Otros de los servicios que se van aimplantar es la Comunicación telemáticacon el Registro Mercantil y de la Propiedad.En sucesivos números de “El Legajo”se ofrecerá más información sobre losservicios y otros avances que se produzcansobre la firma electrónica.Marzo 200529

MI PCLa firma electrónica como firma manuscritaPedro Tur. AbogadoLa firma electrónica, como mecanismoequivalente a poner nuestrafirma manuscrita en un documentoen formato electrónico, es un concepto jurídicoque puede definirse, de conformidad con laLey 59/2003, de 19 de diciembre (apartados 3 y4 del artículo 3) de Firma electrónica, como elconjunto de datos en forma electrónica consignadosjunto a otros o asociados con ellos quepermiten verificar la identidad del firmante y laintegridad de los datos al haber sido creada adhoc con un mecanismo seguro que está bajo elcontrol exclusivo del firmante y estar acreditadasu intervención mediante un certificadoreconocido.Por tanto, la nota esencial de lo que la Ley59/2003 distingue como firma electrónica reconocidaque, asociada a un documento electrónico,equivale a la firma manuscrita en undocumento en papel es la intervención de untercero al que la citada ley cataloga como “certificador”(adverada, a su vez, por las denominadas“entidades de acreditación”) y cuya intervenciónabarca dos aspectos relevantes delproceso de creación de una firma electrónica algarantizar que ésta ha sido creada mediante undispositivo seguro de creación de firma y permitirla comprobación de la autenticidad delfirmante y la integridad del documento electrónico,de forma que tenemos garantizado elaspecto técnico a través de la aplicación informáticade creación segura de la firma y elaspecto jurídico mediante la existencia deldenominado “certificado reconocido”, acreditadoconvenientemente para que pueda desplegartodos sus efectos de equivalencia a unafirma manuscrita, denominada por ello “firmaelectrónica reconocida”, ya que, precisamente,la vía judicial para impugnar un documentoelectrónico siempre debe comenzar por poneren tela de juicio a la entidad de certificaciónque es quien asegura la identidad del firmantey la integridad del documento, y lo determinantees la consideración de su certificadocomo reconocido o no puesto que, si finalmentese comprueba que no es tal “certificado electrónicoreconocido” (por no cumplir los requisitosestablecidos en la citada Ley 59/2003), yano sería equivalente a la firma manuscrita, sinode alguna de las otras modalidades de firmaelectrónica (simple y avanzada), no por ellocarentes de eficacia jurídica.La intervención del tercero certificando laidoneidad del dispositivo seguro de creación30 Marzo 2005de firma, la identidad del firmante y la integridaddel documento, son pues las notas esencialesque posibilitan asimilar firma manuscritaen un documento redactado en papel a undocumento redactado en un soporte electrónicofirmado electrónicamente de forma quetambién en este caso están plenamente identificadaslas partes, asegurada la integridad deldocumento o sus modificaciones y aseguradoel no repudio de los firmantes.¿Qué eficacia tiene un documento electrónicofirmado electrónicamente?De forma rotunda, el legislador, a pesar deestar autenticada la identidad de los firmantesy la integridad del documento (fecha, hora,contenido…), le niega el carácter de públicosalvo que esté intervenido por quienes tienenlegalmente atribuida la facultad de la fe pública,judicial, notarial o administrativa y siempreque hayan actuado en la esfera de sus competenciasy con los requisitos establecidos.Serán, por tanto, documentos que, a pesarde su firma y formato electrónicos, tendrán elvalor que corresponda a su naturaleza de conformidadcon la legislación que resulte aplicable,pudiendo presentarse en juicio como talprueba documental el soporte en que se hallentales datos (documento y firma electrónicos).¿Puede impugnarse la firma digital?La impugnación de la firma digital asociadaal documento electrónico está regulada deforma expresa en la Ley de Firma Electrónica yva a depender de si se trata de una firma electrónicaavanzada (la que no está basada en uncertificado reconocido ni ha sido creadamediante un dispositivo seguro), siendo en talcaso el cauce de impugnación de la firma elestablecido en el apartado 2 del artículo 326 dela Ley de Enjuiciamiento Civil, o bien si se tratade una firma electrónica reconocida, en cuyocaso el procedimiento está regulado en elapartado 8 del artículo 3 de la Ley 59/2003 yconsiste básicamente en la necesidad de unapericial dirigida a demostrar que el prestadordel servicio de certificación no cumple losrequisitos de la Ley de Firma Electrónica “encuanto a la garantía de los servicios que prestaen la comprobación de la eficacia de la firmaelectrónica y las obligaciones de garantizar laconfidencialidad del proceso”.¿Cómo saber si nos encontramos ante unafirma electrónica reconocida?El procedimiento es muy sencillo porqueexisten los dispositivos de verificación de firmaque nos deben permitir, entre otros extremos,la verificación de si nos encontramos ante unafirma electrónica avanzada basada en un certificadoreconocido y su validez, es decir, si sigueen vigor o si, por el contrario, ha sido revocadoo finalizado su periodo de vigencia, así como laintegridad del documento, incluyendo obviamentelos datos de identificación del firmantey, en su caso, la referencia al documento deapoderamiento si la intervención es por cuentade un tercero.¿Sólo la firma electrónica reconocidapuede tener eficacia jurídica?Después del fracaso de la precedente regulaciónde esta materia que intentó introducirseen 1999, el legislador de 2003 procuró no cerrarninguna vía que posibilitase que el uso decualquier tipo de firma digital (simple, avanzaday reconocida) pudiese llegar a tener plenaeficacia jurídica; así, incluso posibilita que seael acuerdo de las partes el que atribuya la eficaciaa la firma digital de que puedan haceruso en sus relaciones, con independencia de sinos encontramos o no ante una certificadoreconocido.¿Para qué sirve la firma electrónica?En la esfera profesional son cada vez máslos procedimientos en los que puede hacerseuso de la misma con plena eficacia y evidentecomodidad; de sobra son conocidos los procedimientostributarios, las autoliquidacionesy declaraciones informativas de impuestos,cotizaciones a la Seguridad Social,comunicaciones de accidentes, contratoslaborales, diferentes procedimientos administrativos…En breve, será la Administraciónde Justicia la que establecerá el uso dela firma electrónica reconocida en sus comunicacionesy notificaciones a los profesionalesque colaboramos con la misma.Las bondades del procedimiento son evidentes:autenticidad de los firmantes, integridadde los documentos, no repudio en origen,privacidad, celeridad, inmediatez,archivado digital, comodidad… Desde elpunto de vista de nuestras relaciones conotros profesionales y clientes, nos brinda,además, la posibilidad de encriptar las comunicacioneselectrónicas asegurándonos la privacidady el mantenimiento del secreto de lasmismas frente a terceros.Direcciones de interéshttps://www11.mcyt.es/prestadores/SETSI.htmhttp://www.acabogacia.org

EL COLEGIO INFORMA /Marzo 200531

32 Marzo 2005/EN PORTADA