El Plenari de Parlamentaris del País Valencià - CCOO

La argumentación dada por los centristas para el incumplimiento del mandato
constitucional se basaba en la Ley Orgánica Reguladora de las distintas Modalidades
de Referéndum LOMR, que estipulaba que los acuerdos municipales
habían de establecer explícitamente la vía del 151 para acceder a la autonomía.
Esta era una excusa verosímil para los socialistas valencianos (teniendo en
cuenta que sus compañeros de partido en Madrid habían votado favorablemente
la Ley Orgánica de Modalidades de Referéndums, LOMR), que conseguían
de esta manera desautorizar la campaña de verano llevada a cabo por el
Consell. Efectivamente, de los 535 municipios valencianos (524 apoyaron el
acta autonómica y únicamente 11 no se pronunciaron a favor de la autonomía)
sólo 230 explicitaron la vía del 151, lo que representaba tan sólo el 43% del
total. Si a éstos les añadimos los que solicitaban la máxima autonomía u otras
fórmulas similares, sí se llegaba sobradamente a las 3/4 partes de los ayuntamientos
de las tres provincias valencianas. Los consistorios que solicitaban la
vía del 143 se reducían a siete (1’3%) y aquellos que no se definían o lo
hacían por la vaga fórmula del Art. 2 de la Constitución a 49 (9’16%), según
la Secretaria de Presidencia del Consell.
Además, sin entrar en ningún debate jurídico sobre la dudosa constitucionalidad
de la LOMR, la retroactividad de la ley no era pertinente y los requisitos del
Art. 8.1 no podían afectar, por tanto, a la tramitación valenciana, dado que
se había completado ya la iniciativa.
Hay que decir que la Disposición Transitoria Segunda de la LOMR establecía
un plazo adicional de 75 días a los ayuntamientos para especificar la vía por
la que querían acceder a la autonomía. Eso fue utilizado por la UCD para
suavizar su imagen antivalencianista cara al electorado y poder explicar a
muchos ayuntamientos la vía del 143. De hecho, si durante la campaña de
verano únicamente fueron 7 los que escogieron esta vía, ahora se añadieron 171
(en la circunscripción de Castellón llegaron a 93, siendo la única provincia
donde superaron a los que optaban por el 151). Frente a éstos primeros, 261
expresaron su voluntad de acceso por el 151 y sólo 90 continuaron manteniendo
otras fórmulas.
Los centristas valencianos, a finales de 1979, habían condicionado su
apuesta por la vía amplia del artículo 151 a un consenso sobre las cuestiones
de identidad del pueblo valenciano –denominación, lengua, bandera–, el
mantenimiento de la división provincial y el calendario de la iniciativa autonómica
ya que, supuestamente, no llegar a este consenso “provocaría una
división tal en el electorado que comportaría la no prosperabilidad del
referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica, por la que se
requería el voto favorable de la mayoría, no de los que fueron a votar, sino del
censo electoral, quedando, de esa manera, frustrado el proceso autonómico”
(Garrido, p. 82).
A UCD le interesaba más la vía del 143, no sólo porque se ajustaba mejor a
su ideología, sino también, básicamente, porque el PSPV-PSOE contaba con
mayoría en el Plenario de Parlamentarios, órgano encargado de elaborar el
proyecto de Estatuto si se llegaba a él por la vía de la autonomía plena
–art. 151–, mientras que el artículo 146 de la Constitución encomienda la
redacción de la propuesta del articulado estatutario de las autonomías del
143 a “una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano
interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores
elegidos en ellas y será elevada a las Cortes Generales para su tramitación como
ley”. Y en esta asamblea mixta Plenario-Diputaciones Provinciales, UCD sí
que contaba con mayoría, atendiendo a su superioridad en las diputaciones
de Alicante y Castellón, presididas por Luis Díaz Alperi y Joaquín Farnós,
respectivamente.
Manuel Broseta, José Luis Albiñana y Joan
Fuster: el debate de las vías de acceso a
la autonomía
A partir de la primavera de 1979 se abrió un duro debate respecto a cual
debía ser la vía constitucional de acceso a la autonomía, o la del articulo
143 de la Constitución, o la del 151, la vía lenta o la vía rápida. Si bien los
acuerdos del Consell del País Valencià tomados en Morella el 8 de enero
de 1979 encauzaban el proceso autonómico por la vía del 151, el ritmo
de los acontecimientos en las instituciones preautonómicas españolas,
prácticamente todas las regiones y nacionalidades españolas, inclinaron
al Gobierno de Suárez salido de las urnas de ese año, y a la UCD, a reconducir
el desarrollo autonómico mediante su generalización; esta debía
efectuarse con unas nuevas Comunidades Autónomas –al margen de las
tres “históricas”, Cataluña, País Vasco y Galicia– que se constituirían
siguiendo la “vía lenta” y con un menor nivel de competencias, al menos
inicialmente, del art. 143 de la Constitución, lo que fue interpretado por
amplios sectores políticos socialistas, comunistas y nacionalistas de
España como un recorte del grado de autogobierno que podrían alcanzar
las preautonomías constituidas hasta ese momento. Posteriormente,
ante la tensión inducida por el estamento militar, el PSOE se advino
tácitamente a reconducir todo el proceso por la misma vía propuesta
por la UCD, pactando ambos partidos las leyes orgánicas de modalidades
de referéndum y de armonización del proceso autonómico, de diciembre de
1979 y marzo de 1982.
Pero si bien el resto de regiones y nacionalidades disponían de un nivel de
conciencia autonómica y de autoorganización incipiente, ¿qué hacer con
Andalucía y el País Valenciano?; ambas, con una relativa fortaleza de las reivindicaciones
autonomistas, o con un sentimiento fuertemente diferenciado
y un incipiente nacionalismo organizado en el caso del País Valenciano. En
Andalucía, la UCD fracasó en su intento de reconducir el proceso; triunfó el
pacto de cosoberanía entre el pueblo español y el andaluz, que implica la vía
del 151, realizándose el referéndum autonómico en febrero de 1980. En
cambio, la UCD si triunfó en el País Valenciano, paralizando el referéndum y
reconduciendo el proceso por la vía lenta del art. 143.
El debate alcanzó a todos los ámbitos sociales valencianos, influyendo en
toda la concepción política posterior del proceso autonómico, en especial en
la redacción y aprobación del Estatuto de Autonomía en 1981 y 1982. Desde
el periódico Las Provincias, Manuel Broseta, elegido en febrero de 1979
senador por Valencia en las listas de UCD, defendió la vía lenta como la más
adecuada para los intereses valencianos, mientras que desde el Valencia
Semanal y posteriormente, desde el Diario de Valencia, Joan Fuster defendían
la vía rápida como la mejor. Pero detrás de la polémica no solo había el dilema
de las vías de acceso, sino, también, dos concepciones diferenciadas del
valencianismo político.
El Estatuto de Autonomía - La Batalla de Valencia (2ª parte): La dimisión del presidente José Luis Albiñana 347