El Plenari de Parlamentaris del País Valencià - CCOO

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Las encuestas para la convocatoria del referéndum autonómico del País Valenciano
El lunes, 23 de octubre de 1979, Joan Lerma, secretario general del PSPV-PSOE
y representante de este partido en la Comisión Mixta con la UCD (creada para
negociar el contenido del Estatuto, reestructuración del Consell y calendario
autonómico a causa de la suspensión de los trabajos de la comisión redactora del
Estatuto del Plenari de Parlamentaris en septiembre de ese año), declaraba a los
medios de comunicación que el apoyo a la iniciativa autonómica debía convocarse
en un plazo fijo, ya que “una vez concluida la vía institucional del pronunciamiento
mayoritario de los ayuntamientos a favor de la autonomía, no hay obstáculo para
que se convoque el primer referéndum, y no tiene por que condicionarse al contenido
del Estatuto. No es necesario en este primer referéndum conocer el texto del
Estatuto, que ya negociaríamos posteriormente las fuerzas políticas”. UCD no se
opuso, inicialmente, al considerar como más relevantes otros temas relacionados
con el futuro Estatuto, tales como denominación del territorio, lengua, bandera,
y número de diputados por circunscripción en las futuras Cortes Valencianas.
La Constitución española preveía, en su art. 151, los requisitos para aprobar un
proyecto de autonomía por una vía rápida, que haría innecesario el transcurso de
cinco años para ampliar sus competencias y la aceptación en su texto de amplias
prerrogativas políticas, tales como la disolución de la cámara autonómica a discreción
del presidente de la comunidad autónoma, o la reforma negociada del
Estatuto. La primera parte del proceso autonómico por esa vía se había cumplido en
esas fechas. Estaba efectuada la adhesión de las diputaciones y de las tres cuartas
partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas: Alicante,
Castellón y Valencia. La documentación oficial había sido protocolizada, mediante
entrega de actas notariales, ante el presidente de las Cortes Españolas por parte
del presidente del Consell, José Luis Albiñana, el 25 de octubre de 1979. 1 (Ver
página 333) Faltaba, en consecuencia, el referéndum popular cuyo resultado
debía ser positivo por mayoría absoluta.
El PCPV-PCE, a través de Antonio Palomares, representante en la comisión redactora,
el mismo día de las declaraciones de Joan Lerma, haría la propuesta de la
fecha para la celebración del referéndum de adhesión: el 28 de febrero de 1980,
coincidiendo con el de Andalucía que había seguido la misma vía constitucional
de acceso, fecha también compartida por el PSPV-PSOE. Las centrales sindicales,
CC.OO., UGT, USO y CSUT, se adhirieron por unanimidad a esa propuesta el 17 de
noviembre de ese mismo año en una reunión de trabajo con la Presidencia del
Consell. Por los plazos constitucionales de la iniciativa autonómica, esa resultaba ser
la fecha del referéndum autonómico que debía convocar el gobierno de Adolfo
Suárez, que nunca convocó a resultas de lo previsto en la Ley Orgánica de las
modalidades de Referéndum de diciembre de 1979, que puntualizaba, restrictivamente,
lo previsto en la Constitución española.
La pregunta que se hacían los valencianos era la siguiente: ¿Sería mayoritaria la
adhesión de los valencianos a la petición de la autonomía plena? Los datos
demoscópicos disponibles por el Consell del País Valencia en octubre de 1979
afirmaban que el Referéndum de iniciativa saldría adelante con una buena campaña
de movilización institucional.
En efecto, las conclusiones de los estudios de opinión publica así lo indicaban.
Se hicieron dos en el año 1979 desde la secretaria general de la Presidencia del
Consell. Uno encargado a la empresa Consulta, en marzo de 1979, con una
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La construcción política de la Comunitat Valenciana
Escrito del presidente Albiñana al presidente del Congreso de los
Diputados –25 de octubre de 1979– remitiendo la documentación por
la que los municipios del PV y las diputaciones solicitan que se inicie
el proceso autonómico, según la Constitución.
muestra de 1.500 encuestas; otra encargada seis meses después, en septiembre,
a la empresa Icsa-Gallup con el mismo tamaño muestral. Los resultados de
ambas permitían un alto optimismo respecto a la adhesión, pues el 77% de los
valencianos se mostraban favorables a configurar el País Valenciano como
comunidad autónoma, frente a la respuesta negativa de un 7%, y un 14% que
no tenía opinión, y un 2% que eludía la respuesta. Por tendencia política, el
mayor número de respuestas afirmativas procedían en ambos sondeos de la
izquierda y el centroizquierda, con porcentajes oscilantes entre un 87% y un
91% de entre los que se autoubicaban en ambos espacios ideológicos, mientras la
diferencia con el centro y el centroderecha no alcanzaba el 15%. Por el contrario, el
mayor porcentaje de adhesiones negativas se situaba en la extrema derecha, con
un 50%, y en la derecha, con el 17%.
Según los resultados del segundo sondeo, realizado entre el 17 y el 25 de septiembre,
en plena Batalla de Valencia, y erosionada la confianza ciudadana en el
proceso autonómico, tenían decidido participar en el referéndum, el 59,8% de
los votantes de Valencia, el 52,6% de Alicante y el 59,8% de Castellón. El 71%