El Plenari de Parlamentaris del País Valencià - CCOO

Los lectores de EL PAIS y todos los españoles entenderían también mejor el “caso
valenciano” y el enfrentamiento entre “País Valenciano” y el histórico “Reino de
Valencia”, como denominación para nuestra comunidad, si conocieran estos hechos,
estos documentos y quienes los firmaron.
Pero es que aún hay unas cosas que es necesario saber. Uno de los firmantes del
artículo, cuyo trasfondo respondemos, es el secretario general de Acción Cultural
del País Valenciano. Y es necesario, con todos los respetos, decir claramente que esta
organización, entre otras actividades culturales, es la que organiza unas trovadas
o aplecs a los que concurren en Valencia Letamendía, Xirinachs y Bernardet
Devlin, en los que además de exigir la unidad de los países catalanes, se exige su
“autodeterminación” y su “independencia”; se grita “ni Francia ni España, països
catalans”; se canta el himno nacional catalán Els Segadors; se critica el himno
regional valenciano, porque empieza diciendo “Para ofrendar nuevas glorias a
España” y se afirma que “ser valenciano es una forma de ser catalán”.
Sería importante saber y conocer todo esto para comprender el actual “caso
valenciano” y el por qué de la profunda oposición del pueblo valenciano a la
denominación “País Valenciano”, porque identifican esta expresión con la intención
disgregadora de algunos de considerarnos un país catalán que lucha por la
“independencia” y la “autodeterminación” frente a España.
No parace conveniente seguir con más citas demostradas y demostrables de políticos
valencianos y catalanes que ocupan posiciones preeminentes en la vida política
actual. No sólo de 1978, sino pronunciadas en 1980 y en 1982.
Pero sí queremos afirmar ahora –pendientes de demostrarlo más adelante–, que
en el actual “caso valenciano” se enfrentan dos concepciones distintas, que se
reflejan en la polémica popular y política de los símbolos en nuestro Estatuto de
Autonomía.
Concepciones nacionalistas
Estas posiciones son una concepción nacionalista y que tiende también a poner
las bases para afirmar en el futuro que la región valenciana es también una
Nación, cuya vocación de futuro sería convertirse en un Estado. Y nosotros, en
UCD, defendemos que el histórico “Reino de Valencia” es una región de España.
Que tiende en el futuro a crear de Valencia una parte de los países catalanes, que
unidos puedan “hablar de tú a Madrid e incluso ganarle”, como afirmaba uno de
los líderes de la idea de los países catalanes. Que tiende a afirmar en el futuro
que España es un Estado integrado por una pluralidad de naciones.
Y eso nosotros, los atacados por el artículo que hoy contestamos, queremos
clarificarlo y evitarlo a toda costa. Pero para ello, deseamos y pedimos el debate
público. Ese debate que el pasado día 9 de marzo no fue posible en el Congreso
de los Diputados, cuando sin debate se votó en contra de la constitucional e
histórica denominación de “Reino de Valencia” para nuestra comunidad autónoma
valenciana.
Si no todos los que defienden “País Valenciano” como denominación para nuestro
Estatuto piensan así, es sin embargo necesario clarificar las posiciones que latían
y aún laten en el fondo de ella.
416
El País | España - 14-03-1982
* Manuel Broseta es secretario de Estado para las Autonomías. Militante de UCD.
La construcción política de la Comunitat Valenciana
Tribuna: Pilar Brabo *
Los sin sentidos del Estatuto valenciano
El pueblo valenciano se encuentra insatisfecho y hasta perplejo ante la
elaboración y desarrollo de su estatuto. La autora del artículo acusa al cúmulo de
incoherencias pactadas entre UCD, PSOE y PCE de la situación creada.
La elaboración del Estatuto de la Comunidad Autónoma Valenciana, con su continuo
debate sobre los símbolos, banderas y nombres, produjo una profunda insatisfacción
en el pueblo valenciano –que no ha podido pronunciarse aún sobre su
estatuto debido a que le fue escamoteada, por sus fuerzas políticas representativas,
la posibilidad de utilizar la vía prevista en el artículo 151 de la Constitución– y
significó también el asombro y la perplejidad para todos los pueblos de España.
Pero la insatisfacción, el asombro y la perplejidad de los momentos previos y
coincidentes a la aprobación del Estatuto no pueden compararse con lo que se está
produciendo a medida que el Estatuto entra en vigor. El cúmulo de incoherencias
pactadas entre UCD, PSOE y PCE sin consultar al pueblo –que en su día fueron
denunciadas por la izquierda nacionalista valenciana– entran, simultáneamente
en juego, produciendo efectos catastróficos.
Uno de los más importantes es el que se deduce de la composición y funcionamiento
de la Asamblea provisional prevista en la disposición transitoria 31,
Asamblea que desempeñará, en cuanto sean aplicables, las funciones atribuidas
por el presente Estatuto a las Cortes valencianas, de forma transitoria hasta las
primeras elecciones a las mismas”. Según la disposición transitoria 7ª no podrán
convocarse dichas elecciones antes del 1 de febrero de 1983. Esta Asamblea está
constituida por “los parlamentarios elegidos en las elecciones generales de 1979,
más otros tantos miembros designados por los partidos políticos por los que
fueron presentados en la misma proporción”. Si ya el carácter híbrido entre
miembros electos y miembros designados por los partidos es dudosamente constitucional,
el colmo de los dislates es que sean las elecciones de 1979 las que
determinen la composición de la Asamblea provisional hasta como poco febrero
de 1983, incluso aunque se produzcan antes de esta última fecha unas nuevas
elecciones generales.
Es decir, si, como es previsible, se produce la disolución de las Cortes en el próximo
mes de septiembre, asistiremos a la extravagante situación de que unos señores
que han perdido su condición de diputados, de representantes legítimos del pueblo,
seguirán siendo diputados y representantes en la Asamblea provisional valenciana,
y con ellos sus dobles designados por unos partidos, que, como también es
previsible, no obtendrán en las próximas elecciones los mismos votos y escaños
que obtuvieron en 1979.
Pues bien, en este contexto, que, desde mi punto de vista, no sólo es un atentado
flagrante a la Constitución, sino también a la lógica y al sentido común, se
está desarrollando la gran batalla para que dicha Asamblea provisional elija al
presidente del Consell. Con el agravante de que el texto del Estatuto –pactado
entre UCD, PSOE y PCE, aunque este último partido a última hora decidiera votar
no al Estatuto– es deliberadamente ambiguo en este punto: no está prevista
explícitamente la elección durante el período provisional del presidente del
Consell, pero se en cambio, se contempla detalladamente, en la disposición
transitoria 31.2, la remodelación del Consell. Y, por otro lado, se establece en el
apartado primero de esa misma disposición transitoria que “las consecuencias
jurídicas del control político del Ejecutivo serán adoptadas por mayoría cualificada
de dos tercios”