El Plenari de Parlamentaris del País Valencià - CCOO

El Estatuto ha facilitado la superación
del conflicto lingüístico y da estabilidad
a la autonomía valenciana
Tal como hemos visto, el PSOE negoció la cuestión de los símbolos y la identidad
desde otro punto de vista ideológico y de poder: un partido con intereses
comunes en España y mayoritario en el entonces País Valenciano. Cualquier
cuestión que retrasase el Estatuto, y por lo tanto unas elecciones autonómicas,
y que crease batallas artificiales, era rentable a la derecha –entonces representada
por UCD, AP y el valencianismo conservador, los blaveros– ¿Alguien
discutió la lengua que se hablaba y habla en las Islas Baleares? Un acuerdo
estatutario, y por lo tanto elecciones democráticas, aseguraban un gobierno
socialista o de izquierdas –pacto PSOE y PCE–, como ya se hacia en multitud
de ayuntamientos desde 1979, caso del de Valencia ciudad, o el pacto en la
Diputación de Valencia.
Los socialistas, influidos por una minoría nacionalista proveniente del PSPV-
Bloc, absorbida en el PSOE en 1978, se vieron envueltos por las tácticas de
este sector nacionalista, que tenía como centro de su influencia la presidencia
de la Diputación de Valencia, desde 1979, con presupuesto y medios. El congreso
socialista de Benicàssim –enero de 1982–, llevaría a sectores liderados
por Joan Lerma Blasco, Antonio García Miralles, Felipe Guardiola Sellés,
Ciprià Císcar Casabán, y otros grupos internos del partido, a desplazar de la
dirección del socialismo valenciano al sector nacionalista, y a reconducir el
proceso de negociación estatutaria sin ellos, consiguiéndose limar asperezas
y llegar a consensos y acuerdos para desbloquear las negociaciones. Fue un
éxito político para la nueva dirección del PSOE dirigida por Joan Lerma a
costa de sus antiguos “socios” del ex PSPV-Bloc.
Está por estudiar y analizar el retraso que pudo suponer la influencia de los
socialistas nacionalistas del ex PSPV-Bloc en el papel negociador de los
socialistas con otras fuerzas parlamentarias de cara al Estatuto. Señalar que
el sector nacionalista del PSPV-FPS (liderado por los hermanos Joan y Vicent
Garcés) adoptarían posturas ideológicas de clase antes que nacionalistas, ya
que su postura era la defensa de la Unidad Popular de la izquierda, en la
línea del socialismo chileno, o francés, L’Unión de Gauche, y no obstaculizarían
las negociaciones (estructurados junto al ex PSP de Manuel Sánchez Ayuso
en lo que se denominaría los “críticos”, después Izquierda socialista).
El proceso histórico precipitó la decisión. La Batalla de Valencia perjudicaba
a la izquierda, y sobre todo al PSOE, que pudiendo tener una mayoría electoral,
no podía conseguirla, pues sin Estatuto no había elecciones y por lo tanto
Gobierno valenciano de izquierdas. Recordar que en medio de la Batalla de
Valencia se produciría el intento de golpe de Estado de 23 de febrero de
1981 –el 23-F–, y la amenaza de involución. La dirección federal del PSOE y
la valenciana reaccionarían y llegarían al acuerdo con una UCD, que caía
electoralmente en picado, y arrastraba una crisis que llevaría a esta organización
a desaparecer del mapa político dos años después (1983), y negociarían la
LOAPA, que en definitiva suponía conseguir el consenso necesario para un
acuerdo estatutario. Las reivindicaciones nacionalistas, minoritarias en la
sociedad, y en el PSOE, perderían la batalla del radicalismo, sin acabar de
asumir lo que significaban sus planteamientos en la ralentización de la
negociación. La historia jugaba a favor de los socialistas y de la izquierda, y
el mantenimiento del enfrentamiento beneficiaba a la derecha –UCD, AP y
los regionalistas–, que no quería autonomía en ese momento por la sencilla
razón que ésta iba a ser gobernada por la izquierda, como así sería, y la
retrasaban en espera de un cambio de tendencia electoral más propicia a sus
intereses, que les permitiese conseguir una mayoría electoral favorable a
sus siglas.
El PSOE desplazaría al sector minoritario nacionalista de los órganos de
dirección del partido en enero de 1982 (III congreso del PSPV-PSOE, 30 y 31
enero de 1982. Benicàssim, Castellón), pero no de los cargos institucionales, con
lo que la dirección socialista valenciana controlaba hipotéticas deserciones y
huidas de este sector minoritario a partidos nacionalistas extraparlamentarios,
posibilidad nunca realizada; fuera hacia mucho frío, tal como enfatizaba
Alfonso Guerra.
Mientras tanto, Joan Lerma –desde la secretaria general de su partido y como
miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE– encabezaría los planteamientos
federales del PSOE en la federación valenciana y sabría conducir el proceso
negociador con éxito y habilidad. Prueba de ello es que el PSOE, después de
haber apoyado el Estatuto en las Cortes Generales a lo largo de 1981 y 1982,
obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones generales de octubre de 1982
y autonómicas de 1983. Y los nacionalistas, que no defendían el modelo
aprobado en las Cortes Generales, no tendrían presencia electoral, o esta
seria escasa, tras las elecciones de mayo de 1983: Unitat del Poble Valencia
–UPV– obtenía 58.712 votos, un 3,1%–, sin entrar en las Cortes Valencianas.
El compromiso con el valenciano sería defendido con una decidida voluntad
política por el nuevo Gobierno valenciano desde noviembre de 1982, y sobre
todo desde su triunfo electoral de mayo de 1983. El conflicto lingüístico
quedaría solventado por la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, aprobada
en las Cortes Valencianas, en 1984 –la Ley de Alicante–, que impulsaría con
éxito el conseller de Cultura, Educación y Ciencia, el socialista Ciprià Císcar, que
desbloquearía y pondría fin al conflicto, yendo más lejos que lo que había
acordado su partido en su congreso. Dos décadas después de la aprobación
de la Llei d’Ús, esta sigue vigente y no se ha modificado, ni es cuestionada.
La actual Acadèmia Valenciana de la Llengua así lo ha vuelto a sancionar.
La apertura del periodo transitorio de
la Generalitat Valenciana: Joan Lerma
presidente
De acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera, en un período de treinta
días se había de convocar una asamblea transitoria que haría las funciones de
las Cortes Valencianas (excepto las expresamente prohibidas o condicionadas
por el propio Estatuto) hasta la convocatoria de elecciones autonómicas al
año siguiente. Esta asamblea la integraron todos los parlamentarios elegidos
en las elecciones generales de 1979, más otros miembros designados por los
partidos políticos que fueron elegidos y en la misma proporción.
La adopción de la vía del 143 en la Comunidad Valenciana tuvo claras
consecuencias negativas por lo que respecta al déficit democrático del
Estatuto. En este sentido “ninguna disposición parecida se puede encontrar
El Estatuto de Autonomía - Nace la Comunidad Valenciana 409