El Plenari de Parlamentaris del País Valencià - CCOO

Fuster y José Ramón Pin Arboledas por parte de los centristas de la UCD, Joan
Lerma Blasco y Felipe Guardiola Selles por los socialistas del PSPV-PSOE y
Antonio Palomares Vinuesa por los comunistas del PCE-PCPV. La propuesta
socialista de cuatro miembros centristas, cuatro socialistas y un comunista
(planteada teóricamente con el objetivo de dar mayor participación a las
diversas sensibilidades existentes en el seno de la federación socialista
valenciana y, concretamente, dar cabida al sector más valencianista) fue
desestimada en el Plenario por dieciocho votos en contra, dieciséis a favor y tres
abstenciones. Esto implicaba que “ni la UCD ni el aparato del partido socialista
deseaban que estuvieran en dicha comisión, a juzgar por el resultado de la
votación, considerando que al menos tres socialistas votaron a favor de la propuesta
centrista de que la Comisión contara con 5 miembros. Se pensaba que la
presencia de socialistas nacionalistas entorpecería seriamente la negociación
estatutaria” (V. Garrido. 154). El resultado fue que ningún miembro de los
sectores nacionalistas de los partidos parlamentarios participó directamente
en la redacción del Estatuto, dato importante a tener en cuenta.
Los representantes de estas tres fuerzas políticas coincidieron en esa reunión
de parlamentarios en valorar positivamente el desbloqueo del proceso autonómico
y el espíritu de concordia, siempre manteniendo sus diferencias:
Antonio Palomares, por el PCE-PCPV, expresó su postura favorable a la vía del
151, a la consulta popular sobre el Estatuto y a la estricta proporcionalidad
democrática –un valenciano, un voto–. Luis Berenguer, por la UCD, defendió
la propuesta homogeneizadora de los procesos autonómicos en el ámbito
estatal y el llegar a un mayor nivel competencial acogiéndose al artículo
150.2 de la Constitución. Joan Lerma, en representación del PSPV-PSOE, se
pronunció por la proporcionalidad del voto, por la igualdad entre castellanohablantes
y valenciano-hablantes y entre valencianos de origen y de adopción.
La comisión presentó en un tiempo récord el Anteproyecto conocido como
el Estatuto de Benicàssim, de acuerdo con los plazos previstos por el
Plenario. Para entender el consenso alcanzado en Benicàssim y la redacción
final del vigente Estatuto de Autonomía hay que hacer una breve mención
a los diferentes criterios defendidos por cada una de las tres fuerzas parlamentarias:
UCD, PSPV-PSOE y PCE-PCPV.
1.- Había un consenso básico para superar el techo competencial de las
autonomías de la vía del 143 e igualar en competencias al resto de nacionalidades.
Los estatutos de autonomía de Euskadi y Cataluña, ya aprobados
por aquellas fechas, fueron punto de referencia ineludible en este aspecto.
También había un acuerdo general respecto al parlamento, el ejecutivo y la
presidencia y los tres textos eran ambiguos por lo que se refiere al Tribunal
Superior de Justicia. Únicamente el proyecto centrista no especificaba el requisito
de conocimiento del valenciano para la provisión de jueces y funcionarios en
la Administración de justicia. A nivel anecdótico hay que decir que la UCD
no mencionaba el término ‘Generalitat’ para el conjunto de instituciones
autonómicas, mientras que sí rescataba el término Cortes Valencianas para
el legislativo (comunistas y socialistas, olvidando en este caso la tradición,
preferían nombrarlo respectivamente ‘Parlamento General’ y ‘Parlamento’).
2.- Por lo que se refiere a denominación y símbolos, la propuesta de UCD era
partidaria de la denominación de Reino de Valencia, frente a las propuestas
socialista y comunista de mantener el término de País Valenciano, consensuado
por todas las fuerzas políticas, incluidas las de centro-derecha, durante la
Transición. Por su parte, el PCPV especificaba que la bandera habría de ser
diferente de otras nacionalidades o regiones del Estado en base a las cuatro
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La construcción política de la Comunitat Valenciana
barras rojas sobre fondo amarillo; los centristas incluían la bandera de la señera
coronada con los tres escudos de las diputaciones provinciales sobre las
barras. Los tres anteproyectos definían la lengua propia como ‘valenciano’ o
‘valenciana’ y admitían su cooficialidad, aunque los comunistas la limitaban al
ámbito interno, atendiendo a que en las relaciones oficiales entre el País
Valenciano y el resto de España, así como con las autoridades del Estado, la
lengua oficial sería el castellano (esta idea del artículo 3.2 del texto comunista
llevaría a la incongruencia de, aun defendiendo la unidad lingüística
entre el valenciano y el catalán, obligar al uso del castellano –y limitar, por
tanto, el idioma compartido– en las relaciones institucionales entre la
Generalitat Valenciana y la Generalitat de Cataluña o el Gobierno Balear).
La diferencia básica residía en el deber de conocer el valenciano y el derecho
a usarlo en las propuestas socialista y comunista, y únicamente el derecho a
utilizar ambas lenguas oficiales en la centrista. Hay que destacar en la
redacción socialista la creación de un Consell de Cultura del País Valencià
como “máxima autoridad en materias lingüísticas en el ámbito territorial del
País Valenciano”. Paradójicamente esta iniciativa no ha sido llevada a buen
término durante las tres legislaturas en que el PSPV-PSOE ha dirigido la
Generalitat Valenciana.
3.- La comarcalización del territorio estaba prevista en las propuestas
estatutarias de los dos partidos mayoritarios, aunque la UCD planteaba el
respeto a la actual división en provincias y en el capítulo IV (sobre las diputaciones
provinciales), proponía crear un Órgano Consultivo Interprovincial
con el presidente del Consell y las tres diputaciones valencianas, al tiempo
que ratificaba la autonomía provincial prevista en el texto constitucional. El
artículo 42 del anteproyecto del PSPV-PSOE inspirará, con matizaciones, el
artículo 46 del vigente Estatuto de Autonomía. El PCPV-PCE no contemplaba
en ninguno capítulo la Administración local ni la cuestión comarcal, aunque
planteaba que los servicios de las diputaciones provinciales serían asumidos
progresivamente por la Generalitat del País Valenciano.
4.- Las diferencias más irreconciliables, a priori, se centraban en la cuestión
electoral. Únicamente la UCD explicitaba normas electorales, ya que socialistas
y comunistas habían optado, como en otros temas polémicos, por la remisión
estatutaria a posteriores leyes del parlamento valenciano. La propuesta ucedista
era de carácter mayoritario —circunscripción provincial, mismo número de
escaños a cada provincia y barrera electoral provincial del 5%—. El profesor Manuel
Martínez Sospedra estableció, tomando los resultados de las elecciones
generales de 1979, las siguientes coordenadas de diferencia electoral entre las
tres propuestas: la de UCD otorgaría el 52’3% de los diputados a los centristas,
el 43’34% a los socialistas y el 4’45% los comunistas; la del PSPV-PSOE
implicaría el 42’05% de los representantes para los centristas e idéntico
resultado para los socialistas, con un 11’37% a los comunistas, un 3’41% a
la Coalición Democrática y la presencia de otras fuerzas minoritarias en
Castellón y Valencia; la del PCPV-PCE establecería un empate a 41’75% de
la representación para las dos fuerzas mayoritarias, un 13’60% para ellos,
además de un 1’95% para CD y con la presencia testimonial de otros grupos.
El acuerdo de Benicàssim incorporó como anexos las redacciones alternativas
de la UCD a los artículos 1 y 5 y sus reservas a los artículos 46 y 47 y la
disposición transitoria primera. Finalmente, el texto fue entregado la madrugada
del 1 de mayo al presidente del Plenario. Hay que destacar que a título
personal los dos redactores de la UCD asumieron el contenido del Estatuto
de Benicàssim, dejando a un lado los anexos incorporados.