El Plenari de Parlamentaris del País Valencià - CCOO

La UCD, dirigida por Calvo Sotelo, irá experimentando sucesivos descalabros
electorales en las convocatorias a los parlamentos autonómicos de Cataluña,
País Vasco, Andalucía y Galicia; en esta última, Fraga Iribarne, encabezando
una coalición en torno a AP, desbancaría el peso electoral de UCD en las
generales de 1979. Pero lo más relevante fue la falta de apoyo del Grupo
Parlamentario de la UCD en las Cortes Generales al Gobierno. La fractura entre
conservadores, democratacristianos, socialdemócratas y reformistas “azules” y
“liberales” en el interior de la UCD, precipitaría una serie de escisiones como la
del PAD antes citada, o la encabezada por el mismo Adolfo Suárez, su fundador,
que con el Centro Democrático y Social (CDS) se presentaría a las elecciones de
octubre de 1982. La desaparición política de la UCD se anticipaba por el desenlace
de su crisis interna de liderazgo, restando el apoyo necesario al Gobierno de Calvo
Sotelo para, tristemente, terminar la primera legislatura de la democracia
española con la desaparición de uno de sus principales actores: la UCD.
Los acuerdos autonómicos UCD-PSOE
Pasados más de dos años desde la aprobación de la Constitución, en la primavera
de 1981, las dos principales fuerzas políticas parlamentarias, UCD y
PSOE, consideraron necesario ordenar desde una perspectiva completa el
proceso autonómico y asumir, como principio definidor del modelo, la generalización
del sistema con un horizonte que permitiese, a medio plazo, que
el nivel de autogobierno de todas las Comunidades Autónomas españolas
alcanzase hasta el marco permitido por el art. 149 CE. El momento era el
oportuno. Después de los efectos que el 23-F produjo en las direcciones de
ambos partidos, era posible “consensuar” la ordenación territorial del Estado
y llegar a un acuerdo entre los dos modelos interpretativos del Título VIII de
la Constitución: el “cuasifederal” del PSOE y el “descentralizador” de la UCD.
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Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo. UCD.
25 de febrero de 1981
Presidente del Gobierno: Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo
Ministros:
• Economía y Comercio: Juan Antonio García Díez. Vicepresidente de la
comisión delegada para Asuntos Económicos
• Administración Territorial: Rodolfo Martín Villa. Vicepresidente de la
comisión delegada para Política Autonómica
• Asuntos Exteriores: José Pedro Pérez Llorca
• Justicia: Francisco Fernández Ordóñez. Le sustituye Pío Cabanillas Gallas
el 1 sept. 1981
• Defensa: Alberto Oliart Saussol
• Hacienda: Jaime García Añoveros
• Interior: Juan José Rosón Pérez
• Obras Públicas y Urbanismo: Luís Ortiz González
• Educación, Universidades e Investigación: José Antonio Ortega Díaz-Ambrona
• Trabajo, Sanidad y Seguridad Social: Jesús Sancho Rof
• Industria y energía: Ignacio Bayón Mariné
• Agricultura: Jaime Lamo de Espinosa y Michels de Campourcín
• Presidencia: Pío Cabanillas Gallas. Le sustituye Matías Rodríguez Inciarte
el 1 sept. 1981
• Transportes y Comunicaciones: José Luís Álvarez Álvarez
• Cultura: Iñigo Cavero Lataillade
La construcción política de la Comunitat Valenciana
La LOAPA
El presidente del Gobierno de España Leopoldo Calvo Sotelo, de UCD, y el
secretario general del PSOE Felipe González, líder de la oposición, pactan la
política autonómica consensuada por Fernando Abril Martorell y Alfonso
Guerra. La LOAPA será el resultado del acuerdo, que invalidará parcialmente
el Tribunal Constitucional.
Con las Comunidades Autónomas del art. 151 constituidas y en funcionamiento
o próximas a constituirse, y con un Régimen de Preautonomías prácticamente
generalizado en los demás territorios, solo quedaba cerrar los procesos de
elaboración de los estatutos de autonomía pendientes, entre los que se
encontraba el valenciano. Con esta finalidad se firmaron los Acuerdos Autonómicos
del 31 de julio de 1981 que contenían unos acuerdos político-administrativos,
unos acuerdos económico-financieros y los anteproyectos de Ley del Fondo
de Compensación Interterritorial y de Ley Orgánica de Armonización del
Proceso Autonómico (LOAPA). El desarrollo de todo ese inmenso “paquete
legislativo” ordenó el Estado de las Autonomías previsto por la Constitución de
1978, aunque la LOAPA, la norma más relevante de todas ellas, fruto de esa “presión”
devenida del 23-F, fuera recurrida por CiU en el Tribunal Constitucional
y rectificada posteriormente en profundidad a través de su sentencia.
Los acuerdos suscritos por la UCD y el PSOE, de carácter político-administrativo,
fueron de seis tipos:
Primero.- Cierre del mapa autonómico. Se acordó que todo el territorio se
organizase en Comunidades Autónomas y se definieron las 17 CC.AA. con
sus respectivos ámbitos territoriales, eliminando algunas incertidumbres
existentes en los casos de las provincias de Segovia y León. Respecto de Ceuta
y Melilla se contempló dos posibles opciones: su constitución en Comunidades
Autónomas o que permaneciesen como Corporaciones Locales con Régimen
Especial de Carta.
Segundo.- Calendario de aprobación de todos los Estatutos de Autonomía,
fijándose como fecha límite el 1 de febrero de 1983.
Tercero.- Ámbito competencial inicial de las Comunidades Autónomas,
fijándose en el permitido por el art. 148 CE, y las posibilidades de ampliación