El Plenari de Parlamentaris del País Valencià - CCOO

Diseño y puesta en marcha del Estado
Autonómico (1978-1982)
A partir de 1977 se instituyen los regímenes preautonómicos por medio de
Decretos-Leyes emitidos por el Gobierno del presidente Suárez. Comenzando
con Cataluña y el País Vasco, con la finalidad de ir dotando desde un primer
momento de presencia institucional y competencias administrativas, fundamentalmente
a las nacionalidades históricas, el proceso se generaliza en todo el
territorio del Estado de manera que cuando se aprueba la Constitución en
1978, existen 13 preautonomías, faltando únicamente La Rioja, Cantabria y
Madrid, cuyo futuro no estaba todavía decidido, además de Navarra en virtud
de su régimen foral.
Los Reales Decretos-Leyes de institución de los regímenes preautonómicos
establecen los órganos superiores de la institución: un presidente y un órgano
colegiado formado por parlamentarios estatales y representantes de las
Corporaciones Locales, y dejan abierta la cuestión de las competencias, que
serán las que transfiera la Administración del Estado. Las competencias
transferidas son limitadas y de naturaleza administrativa, centrándose en
materias como agricultura, ganadería y pesca, comercio interior, urbanismo
y vivienda, industria, transportes terrestres, sanidad o cultura.
La fase preautonómica y las decisiones que se adoptan durante la misma,
suponen, 1º.- Una orientación hacia la generalización del sistema de
Comunidades Autónomas, sin perjuicio del nivel de autogobierno que en su
momento pudiera adquirir cada una de ellas, y del diseño definitivo del
mapa autonómico; y 2º.- Una práctica de funcionamiento en los traspasos,
a través de las Comisiones Mixtas de Transferencia, y una experiencia organizativa
y de gestión por parte de las Instituciones Preautonómicas de gran
utilidad para el futuro.
Señalaremos brevemente los rasgos más sobresalientes del modelo de
Estado configurado por la Constitución de 1978, exclusivamente a los efectos
de apreciar con claridad la evolución posterior del Estado Autonómico diseñado
por el “consenso” constitucional de 1978.
Mesa del Plenario de Parlamentarios del País Valenciano. De izquierda a
derecha: F. de P. Burguera (UCD), José A. Noguera (UCD), el presidente del
Plenario Joaquín Ruiz Mendoza (PSOE), Emèrit Bono (PCE) e Inmaculada
Sabater (PSOE). Foto Juan Villalba, archivo PCPV.
El Plenario de Parlamentarios del País Valenciano celebraría sus sesiones
en distintas ciudades: Alicante, Castellón, Sagunto, etc. La foto recoge un
Plenario celebrado en el ayuntamiento de Sagunto.
Foto Juan Villalba, archivo PCPV.
Primero.- Modelo de Estado abierto. Dado que en 1978, no existían las condiciones
necesarias para que se acordase con carácter permanente una concreta organización
territorial del poder, más allá de la necesidad asumida por el constituyente
de satisfacer las aspiraciones de autogobierno de las nacionalidades históricas, la
Constitución no establece directamente ninguna comunidad autónoma, ni decide
qué comunidades autónomas han de existir, ni en qué ámbitos territoriales. La
Constitución se fundamenta en el principio dispositivo, es decir el reconocimiento
del derecho de acceso a la autonomía de las nacionalidades y regiones.
Este derecho a la autonomía se reconoce a todos los territorios, aunque se
fijan dos vías de acceso que conducen en una primera etapa a Comunidades
con distinto nivel de autogobierno: CC.AA. del art. 143 CE y CC.AA. del art.
151 CE. A su vez, con el límite apuntado, en función de la vía de acceso, la
Constitución admite que los territorios puedan fijar sus competencias, es
decir su grado de autonomía política, en el sentido de que no necesariamente
tenían que alcanzar los techos competenciales fijados constitucionalmente
para cada tipo de Comunidad Autónoma.
Segundo.- Modelo de Estado dinámico, de desarrollo progresivo. De acuerdo
con lo expuesto, la Constitución determinó que la construcción del Estado
Autonómico en toda su potencialidad, es decir el acceso a la máxima autonomía
política por parte de las CC.AA. del art. 143 que así lo decidieran,
requería una etapa de maduración en el funcionamiento, tanto de las instituciones
autonómicas como del conjunto del Estado, para asegurar que el
diseño final del sistema autonómico fuera un éxito. A este criterio responde
el plazo de 5 años de funcionamiento exigido a las CC.AA. del art. 143 para
ampliar sus competencias más allá de las previstas en el art. 148.1 CE y
poder, en su caso, equipararse a las CC.AA. del art. 151.
Tercero.- Los Estatutos de Autonomía: bloque de constitucionalidad.
Definido en los términos expuestos el modelo de Estado, resulta evidente
que las iniciativas autonómicas de los distintos territorios, en cuanto a la vía
de acceso y en cuanto al contenido, eran un factor clave en la concreción
inicial del Estado Autonómico que se había de plasmar jurídicamente en los
respectivos Estatutos de Autonomía que, junto con la Constitución, habrían
de formar el bloque de constitucionalidad.
El Estatuto de Autonomía - El Consell Preautonòmic del País Valencià 277