Vistos y teniendo presente:
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del artículo 58 de la Constitución datos que podrían<br />
bastar para decretar la detención de un inculpado,<br />
el juez de primera instancia elevará los autos al<br />
Tribunal de alzada correspondiente, a fin de que si<br />
halla mérito, haga la declaración de que ha lugar a<br />
la formación de causa. Si viendo el proceso por<br />
cualquier otro motivo, el tribunal de alzada, halla<br />
mérito, hará igual declaración”.<br />
Por su parte el artículo 252 del mismo Código<br />
expresa que la detención es la orden por la cual “se<br />
priva de libertad por breve tiempo a un individuo<br />
contra quien aparecen fundadas sospechas de ser<br />
responsable de un delito…”.y el artículo 255 del<br />
mismo Estatuto establece los casos en que “el juez<br />
que instruye un sumario podrá decretar la<br />
detención”, señalando en su Nº 1 que uno de<br />
aquellos tendrá lugar " ... cuando establecida la<br />
existencia de un hecho que <strong>presente</strong> los caracteres<br />
de delito, tenga el juez fundadas sospechas para<br />
reputar autor, cómplice o encubridor a aquel cuya<br />
detención se ordene”.<br />
A su vez, el anterior artículo 58 de la<br />
Constitución Política de la República que, en el<br />
texto constitucional recientemente promulgado<br />
(Decreto Supremo Nº100), corresponde al actual<br />
artículo 61, señala, en su inciso segundo, que<br />
“Ningún diputado o senador, desde el día de su<br />
elección o desde su juramento, según el caso,<br />
puede ser acusado o privado de su libertad, salvo<br />
el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada<br />
de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza<br />
previamente la acusación declarando haber lugar a<br />
formación de causa…”.<br />
Por su parte, el artículo 30 de la misma Carta<br />
Fundamental, en virtud de las modificaciones<br />
introducidas por el artículo único de la ley Nº19.672<br />
de 28 de abril de 2000, dispuso que “el que haya<br />
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