Discapacidades e inclusión social - Cortes de Aragón

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incapacidad fue de 801 euros/mes (14 pagas), y el de las 199.000 pensionesno contributivas, de 324 euros. Además, 46.000 hogares recibieron prestacioneseconómicas de la Ley de Integración Social del Minusválido (LIS-MI) en concepto de ingresos mínimos, ayuda a tercera persona, movilidady transporte, y farmacia (véase apartado 6.7). Si nos limitamos al colectivoen edad laboral (16-64 años) tales ayudas sumaron en 2008 un presupuestoaproximado de 11.000 millones de euros (620 euros/mes de mediapor persona), lo que supone algo menos de la mitad del total deingresos percibidos por los hogares correspondientes.Según un estudio promovido por la Comisión Europea a partir de la Encuestade Condiciones de Vida de 2004, los ingresos de las personas condiscapacidad en edad laboral de ambos sexos en España eran, antes de lasayudas, un 34% inferiores a la media de la población y pasaban a ser un13% inferiores después de las ayudas, pese a lo cual la proporción de personasdel colectivo bajo el umbral de la pobreza (19,5%) era mucho mayorque el de las personas sin limitaciones (12,8%) (APLICA et al., 2007: 183-185).A partir de 2007 se pusieron en marcha las prestaciones del Sistema parala Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), financiadas de formacompartida por la administración central, las comunidades autónomasy las personas beneficiarias. Entre 2007 y 2010 el Estado aportó 5.390millones de euros, cantidad que supera en más de un 60% lo previsto inicialmente,debido, a su vez, a un número de solicitantes muy superior alesperado. Sin embargo, los incrementos anuales de la financiación estatalen 2008 y 2009 (+122 y 131%, respectivamente) se estancaron en 2010(–0,1%), en correspondencia con la reducción del gasto público a partir deeste año. Las comunidades autónomas debían aportar al menos una cantidadigual a la de la administración general del Estado en su territorio, alo que se añaden las aportaciones o sistema de copago de las personasbeneficiarias, en función de su capacidad económica personal, de acuerdocon los criterios establecidos por el Consejo Territorial del SAAD en noviembrede 2008.En septiembre de 2011 había 733.000 personas beneficiarias del SAAD,que percibían 901.000 prestaciones, de ellas el 52% económicas y el 48%en servicios. De estos últimos destacan la atención residencial (121.000Extensión y características de las discapacidades en España 43
personas), la teleasistencia (118.000), la ayuda a domicilio (117.000) y loscentros de día/noche (55.000). A su vez, la mayoría de las prestacioneseconómicas corresponde a cuidados familiares proporcionados por losparientes de la persona en situación de dependencia (el 93,5% mujeres). Elcriterio establecido por la Ley de Dependencia era primar los serviciosprofesionales sobre las prestaciones económicas a parientes cuidadores;sin embargo, según un informe del SAAD de 2011, «del total de los serviciosy prestaciones, el 48,1% corresponden a cuidados en el ámbito familiar.Varios son los motivos que explican la importante presencia de “prestacionesde cuidados”: la tradición de cuidados en el entorno familiar; lavoluntad de las personas mayores de vivir en su domicilio, ya que, segúnla Encuesta sobre Personas Mayores 2010 del IMSERSO, es algo que eligenel 87,3%; el tener una vivienda en propiedad; o el importante peso dela atención en el medio rural. Estas razones también explican la importantepresencia de servicios en el domicilio, 240.316 en total, el 30% de todaslas prestaciones del sistema» (SAAD, 2011, 4).Las prestaciones del SAAD se reparten muy desigualmente por comunidadesautónomas (gráfico 1.6). Las tasas más elevadas de implantación seproducen en las comunidades de Cantabria, La Rioja, Andalucía, Castillay León y el País Vasco; y las más bajas en Canarias, Comunidad Valenciana,Baleares, Galicia y Madrid. Asimismo, es interesante comprobar quesólo el 0,36% de los beneficiarios son extranjeros, cuando su peso generalen la población total del país supera el 13%.Uno de los mayores problemas en la aplicación de la Ley de Dependenciaviene siendo el retraso que se produce entre la presentación de las solicitudesy la resolución de los expedientes y, sobre todo, entre el reconocimientoformal y la percepción efectiva de los servicios y prestaciones. Asíen septiembre de 2011, junto a las 733.000 personas que recibían dichasayudas había 100.000 a la espera del dictamen y otras 307.000 en lista deespera, una vez resuelto el expediente. Este problema ha saltado a la opiniónpública, hasta el punto de que el propio Real Decreto-ley de 20 demayo de 2010 por el que se adoptaron medidas extraordinarias para lareducción del déficit público estableció que el plazo para resolver las solicitudesy recibir la correspondiente prestación no podía pasar de seismeses.44 DISCAPACIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL
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